COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA.

Antofagasta, a dieciséis de abril de dos mil catorce.- VISTOS:

Comparece Evelyn Damary Araya Pérez, abogado, en representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Limitada o Detacoop Limitada, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado; de doña nombre reservado, fiscalizadora, ambos domiciliados en domicilio reservado; y Dirección Regional del Trabajo Antofagasta, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservadoº Piso de esta ciudad, por considerar que las recurridas han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº3 y Nº24 de la Constitución Política de la República, al imponerle la multa Nº9967/13/45 de fecha 12 de julio de 2013.

A fojas 45 y 207 comparece Eduardo Machuca Cereceda, abogado, en representación de los recurridos, quien informa el presente recurso solicitando su rechazo por considerar que el mismo es extemporáneo, que no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna que haya vulnerado los derechos que el recurrente señala como amagado y que, finalmente no existe un derecho indubitado del recurrente que proteger mediante esta acción.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente pide que por esta vía se deje sin efecto o invalide la resolución de multa Nº9967/13/45 de fecha 12 de julio de 2013, confirmada por las resoluciones 440 de 01 de octubre de 2013 y 75/2013 de 19 de diciembre de 2013. Funda su pretensión en que con fecha 12 de julio de 2013 se constituyó la fiscalizadora recurrida en su domicilio domicilio reservado, oportunidad en que dicha funcionaria sancionó al recurrente con una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales por “no pagar la semana corrida a la trabajadora nombre reservado, ejecutiva de plataforma, en relación a los bonos de colocación, enero, febrero, marzo y mayo 2013. No pagar semana corrida a la trabajadora nombre reservado, jefa de sucursal, en relación al bono de captación período junio 2013. Situación constatada en comprobantes de remuneraciones habiéndose constatado que se remunera en forma mixta, sueldo base más remuneración variable; esta última se compone de los bonos de colocación y captación.” Contra esta resolución recurrió de reconsideración, reclamándose la improcedencia de pagar semana corrida por dichas remuneraciones variables y por la falta de competencia de la fiscalizadora para realizar tal calificación, manteniéndose la multa por resolución Nº440-2013 de 01 de octubre de 2013, de la Inspección Provincial del Trabajo. Finalmente, recurre de Revisión, por los mismos argumentos, rechazándose dicho recurso por resolución Nº75-2013 de 19 de diciembre de 2013 del Director Regional del Trabajo de Antofagasta.

Estima que la fiscalizadora carece que facultades legales para calificar en el caso concreto si procede el pago de semana corrida y, además, no indica si dichas remuneraciones variables cumplen con los requisitos exigidos para hacer exigible dicho pago y se limita a determinar esta obligación por la sola consideración que existen remuneraciones variables.

Estima que hay ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de los recurridos por cuanto han realizado interpretaciones y calificaciones jurídicas de la legislación laboral y de los contrato de trabajo y tipo de remuneraciones percibidas, estableciendo de modo indirecto derechos permanentes a sus trabajadores.

La vulneración al Nº3 del art. 19 se produce justamente por irrogarse los recurridos facultades propias de los tribunales de justicia, actuando en este sentido como una comisión especial que ha procedido a un juzgamiento. En cuanto al numeral 24, la vulneración se produce al tener que ver mermado su patrimonio con la obligación al pago de la multa y de la semana corrida a sus trabajadores.

Cita las normas legales y constitucionales pertinentes, así como jurisprudencia en el sentido de sus interpretaciones.

SEGUNDO: Que al informar los recurridos, todos lo hacen en idéntico tenor solicitando se rechace el recurso, con costas por los siguientes argumentos:

En primer lugar, considera que la presente acción es extemporánea por cuando lo que ataca como actuación ilegal y arbitraria es la resolución de multa Nº9967/13/45 de fecha 12 de julio de 2013, siendo la misma sólo ratificada por las resoluciones dictadas por la Inspección y la Dirección del Trabajo de Antofagasta. Cita al efecto jurisprudencia.

En segundo término, reconoce los hechos referidos en el recurso en cuanto a las resoluciones recurridas y afirma que en cuanto al fondo de las alegaciones vertidas en sede administrativa, se verificó que cada una de las operaciones que dieron lugar a las comisiones se identifican específicamente por día de su ejecución, momento en que se devenga de acuerdo al contrato de trabajo que consta en el expediente de fiscalización, por lo que se cumple con el requisito planteado, aún cuando las comisiones sean pagadas mensualmente. Otra alegación efectuada por la recurrente fue que dichas comisiones se pagaban bajo la modalidad de pozo, sin embargo no acreditó dicha circunstancia. Por último, alego la intangibilidad de sus prestaciones, sin embargo consider que esta sola circunstancia no implica la exclusión del pago del beneficio de semana corrida. En consecuencia, sostiene la fundamentación de fondo de la multa impuesta al recurrente.

En tercer lugar, afirma la legalidad del actuar de la fiscalizadora, de la Inspección y de la Dirección del Trabajo, todas de Antofagasta, por cuanto es la Ley la que pone en la esfera de sus atribuciones tanto la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral como la interpretación de la misma, citando al efecto la normativa del código del ramo como del DFL Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo). En el mismo sentido, cita diversa jurisprudencia de los Tribunales superiores de justicia. En este orden de ideas, mal pudo constituirse en una comisión especial que se haya irrogado facultades jurisdiccionales cuando es la legislación quien le entrega la facultad de fiscalizar y multar las infracciones que detecte, quedando a salvo el derecho del recurrente de acudir a los tribunales de justicia a reclamar la multa interpuesta.

En cuarto lugar, niega la arbitrariedad al haberse seguido el procedimiento reglado legal y encontrarse justificada la multa impuesta, de modo que no ha existido por parte de los recurridos un actuar caprichoso, carente de razón o simplemente arbitrario. En este sentido, no existe vulneración al derecho de propiedad al haberse puesto la misma recurrente en situación de infracción a la normativa laboral.

En último lugar, señala que no existe un derecho indubitado pre existente que proteger mediante este arbitrio constitucional, y no es esta la vía procesal para constituir o declarar derechos, como sí lo es la vía judicial establecida como procedimiento de reclamo de multa, vía que la actora decidió no ejercer.

TERCERO: Que habida consideración de lo expuesto por las recurridas, debe esta Corte pronunciarse previamente sobre la oportunidad del recurso.

Al efecto, ha de tenerse en cuenta que el recurrente, pese a indicar que los actos que lo motivan son la resolución de multa N°9967/13/45, la resolución que rechazó la reconsideración administrativa Nº440-2013, y la que rehazó su recurso de revisión, Nº75-2013, en parte alguna de su libelo desarrolló razones o argumentos relativos a la reconsideración o revisión denegadas, o sea, el haber acreditado fehacientemente que dio íntegro cumplimiento a las disposiciones legales cuya infracción motivó la sanción o que aparezca de manifiesto que se incurrió en un error de hecho al imponerse la multa, respecto de la primera o, en el segundo caso, la existencia de alguna de las causales que hace procedente la revisión; por el contrario, se limitó a explicar por qué la multa impuesta carece, en su opinión, de fundamento, para terminar pidiendo, en su conclusión, que se deje sin efecto la resolución de multa Nº 9967/13/45 confirmada por las otras dos resoluciones referidas.

Con lo expuesto en el párrafo anterior, queda claro que el recurso cuestiona, por aspectos de forma –competencia- y de fondo –procedencia de la remuneración- la resolución que impuso multa, y no aquella que denegó la reconsideración ni la revisión pedida.

CUARTO: Que el recurso denuncia como ilegal que la recurrida “…se arrogue facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dichas materias, esto es, los juzgados de letras del trabajo…” (fojas 34) y que “…las resoluciones recurridas han sido dictadas en razón de haber realizado el fiscalizador actuante y sus superiores jerárquicos con posterioridad, interpretaciones y calificaciones jurídicas de la legislación laboral y de los contratos de trabajo y del tipo de remuneraciones percibidas a los trabajadores en cuestión” (fojas 35).

Sin embargo, olvida que con la interposición de la reclamación administrativa, al invocar el error de hecho como fundamento, admitió tácitamente la competencia de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta para fiscalizar y para cursar multas, en cumplimiento de la labor que le encomienda el citado artículo 505 del Código del Trabajo, al punto de pedir reconsiderar la multa, dejándola sin efecto.

QUINTO: Que con el mérito de lo expuesto por las partes, unidos a la abundante documentación aportada, apreciada con arreglo a las normas de la sana crítica, se desprende inequívocamente que la recurrente, pudiendo reclamar directamente en contra de la resolución de multa, dentro del plazo de quince días contado desde el 19 de julio de 2013, optó por el la vía administrativa que le conceden los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, sin ejercer del reclamo que establece el artículo 503 mismo Estatuto; de ese modo, el acto administrativo de sanción ha de entenderse firme.

Y siendo el fundamento último del recurso que en definitiva se deje sin efecto la resolución de multa 996713/45 de 12 de julio de 2013, notificada el 19 de dicho mes y año, resulta que el plazo para interponer la presente acción de protección ha debido contarse, precisamente, a partir de esa fecha; por ende, al 17 de febrero de 2014, fecha en que ésta fue promovida, el plazo para recurrir estaba sobradamente vencido, por lo ella resulta ser extemporánea.

SEXTO: Que no obsta a lo razonado en los fundamentos precedentes, el examen formal de admisibilidad de fojas 38, en la medida que el recurso señala como agraviante –además de la multa que impugna- las resoluciones 440-2013 de 01 de octubre de 2013 que rechazó la reconsideración administrativa; y 75-2013, notificada el 29 de enero de 2014, que rechazó el recurso de revisión, lo que hacía plausible su tramitación.

SÉPTIMO: Que habiéndose establecido que el recurso de protección es extemporáneo, se hace innecesario todo otro análisis y decisión relativos a los fundamentos de la protección promovida, por resultar ello contradictorio e incompatible con lo resuelto.

Sin embargo, no pueden perderse de vista pronunciamientos anteriores de esta Corte sobre este punto, así y por ejemplo en el recurso de protección Nº 139-2013, en cuya sentencia se asentó lo siguiente:

“SÉPTIMO: Que en lo concerniente a la citada Resolución de Multa, pronunciada sobre la base del informe de Fiscalización practicada el 8 de abril de 2013, y que corre agregado en copia a fojas 80, debe consignarse que la Inspección del Trabajo recurrida ha actuado dentro de la esfera de las atribuciones legales que expresamente le han sido conferidas, en conformidad con la legislación laboral vigente.

En efecto, de conformidad con el artículo 505 del Código del Trabajo, tanto la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral cuanto su interpretación, corresponden a la Dirección del Trabajo, facultades que se han consagrado también en el artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, norma ésta que contiene las funciones que le competen a dicho Organismo”

OCTAVO: Que en este marco regulatorio, la multa impuesta a la recurrente por infracción a las normas laborales que se detallaron en la resolución recurrida, carecen del sesgo de ilegalidad o arbitrariedad que le reprocha la recurrente, en la medida que dicha sanción le fue impuesta en virtud de las facultades que la ley expresamente le otorga a la Dirección del Trabajo, a las Inspecciones del Trabajo y a sus fiscalizadores; al respecto, no debe olvidarse que esta instancia administrativa ha sido creada para velar por el cumplimiento de las leyes del Trabajo, y que quienes se sientan afectados por sus decisiones, pueden hacer uso del arbitrio contenido en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo para reclamar la ilegalidad de la sanción, mediante el procedimiento pertinente ante el Juez de Letras del Trabajo;

NOVENO: Que de lo dicho anteriormente, resulta de meridiana claridad que el hecho reprochado a los recurridos no puede calificarse como un acto que constituya el juzgamiento de la empresa recurrente por su incumplimiento de las cláusulas del contrato de trabajo, máxime si la Inspección del Trabajo ha obrado en virtud de la potestad Reglamentaria que le otorgan el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de la República y la legislación laboral vigente. En este sentido, mal puede estimarse que exista un atentado a la garantía consagrada en el artículo 19 numeral 3, inciso 4º de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, como corolario de lo dicho en los motivos que preceden, no ha resultado establecida la existencia de un acto ilegal o arbitrario de los recurridos que prive, amenace o perturbe al recurrente en la garantía constitucional que supone vulnerada; esta conclusión conduce al rechazo de la protección pedida en lo principal de fojas 62.”;

OCTAVO: Que el solo hecho que el recurrente haya aceptado la fiscalización del organismo respecto de la aplicación de multa al no haber presentado el reclamo correspondiente de acuerdo al artículo 503 del Código del Trabajo, utilizando este medio extraordinario para derechos y garantías no indubitadas, representa una falta de motivos plausibles del recurrente para interponer esta acción, por lo tanto, procede su condena en costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N°3 y Nº24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que:

I. SE DESESTIMA POR EXTEMPORÁNEO, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 33 por Cooperativa de Ahorro y Crédito el Derallista Limitada en contra de la Dirección y la Inspección del Trabajo de Antofagasta y la fiscalizadora nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 80-2014.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. José Berardo Elgueta Navarro. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristián Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a dieciséis de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

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