nombre reservado con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

Antofagasta, a seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, funcionaria pública de FONASA, Administrativa, chilena, Grado 14° E.U.S., funcionaria activa de la Sucursal de Antofagasta, a través de su abogado don Felipe Ignacio Hazbun Marín, interpone Recurso de Protección en contra del Fondo Nacional de Salud, por el actuar que considera ilegal y arbitrario consistente en la sanción de destitución en contra de la recurrente en virtud de Sumario Administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°1G/7596 de fecha 26 de mayo de 2025, finalizado por la Resolución Exenta 3G/22 de fecha 11 de febrero de 2026 y notificado el 18 de febrero de 2026, lo que vulnera las garantías del artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando declare su inocencia administrativa y se obligue a que el Servicio recurrido dicte la correspondiente resolución en que decrete el sobreseimiento del Sumario Administrativo respecto de la recurrente, reincorporándola a su cargo del que era titular como contrata, esto es, al cargo que tenía en FONASA y en el lugar donde estaba al momento de recibir la notificación de su destitución del Servicio y se le paguen todas las remuneraciones por el tiempo en que estuvo separada de su cargo, con costas.

Se aceptó la competencia declinada de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, teniéndose por interpuesto el recurso y se solicitó informe a la recurrida, el que fue evacuado pidiendo el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que indica la recurrente que recurre contra la Resolución Exenta N°3G/22 de 11 de febrero de 2026, notificada el 18 de febrero de 2026 que impone la sanción de destitución, sugerida por el fiscal del sumario administrativo, sumario cuya finalidad fue determinar su responsabilidad por salida al extranjero estando con licencia médica de tipo uno, con reposo domiciliario en Chile.

Refiere que se formularon cargos, ella presentó sus descargos en tiempo y forma, e igualmente presentó en tiempo y forma un recurso de reposición, sin que en ninguna instancia fueran considerados sus fundamentos y evidencias presentadas, pues, explicó sus actos y gestiones no siendo merecedora de la destitución del Servicio.

Indica que los hechos por cuales se le sancionó, según la investigación en sumario administrativo, fueron por el uso de licencia médica con salida al extranjero.

Seguidamente reprodujo el contenido de su recurso de reposición y recurso jerárquico del artículo 59 de la Ley 19.880 y artículo 141 de la Ley 18.834, en que señaló que la resolución que dispuso su destitución vulneró el deber de fundamentación de todo acto administrativo, conculcándose los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 afirmando que la autoridad no actuó en su caso con imparcialidad ni con objetividad, ni tampoco ha fundamentado su decisión, añadiendo que no puede discriminarse entre empleados de planta y de contrata, conforme a las normas que cita. Luego aludió a la motivación, presupuestos de hecho y el fin del acto administrativo, enfatizando dictámenes de la Contraloría General de la República sobre el principio de juridicidad, según los dictámenes y jurisprudencia que cita, añadiendo que en Chile las resoluciones administrativas deben cumplir con el deber de fundamentación, que es un elemento esencial para legitimar la decisión de la autoridad, pues, la fundamentación debe incluir los preceptos jurídicos aplicables al caso y las razones que motivan la decisión; debe ser racional, lógica, coherente y necesaria; debe ser fáctica, es decir, debe indicar el hecho que habilita a la autoridad para actuar y debe ser normativa, es decir, debe indicar las fuentes normativas que habilitan a la autoridad para actuar, pues, si la resolución no está debidamente fundamentada, se considera arbitraria y, por lo tanto, ilegal, citando al efecto, doctrina sobre la fundamentación del acto administrativo.

Luego reiteró que los cargos en su contra dicen relación con haber salido del país estando con licencia médica, expresando que en la formulación de cargos se lee: “Faltar en su calidad de funcionaria pública a las obligaciones a las que está afecta, según lo establece el DFL N°29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, vulnerando específicamente lo señalado en el artículo 61, letras g) e i), que disponen: "Serán obligaciones de cada funcionario": letra g) "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado"; letra i) "Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo", normas que deben entenderse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto Supremo Nº3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, disposición que autoriza al empleador a hacer efectiva la responsabilidad administrativa cuando se verifique una infracción a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al uso de licencias médicas, así como lo establecido en el artículo 55, letra a), del aludido decreto Nº3, de 1984, que dispone -en lo que interesa- que el trabajador incurre en infracción, por el incumplimiento del reposo indicado en la licencia.

Lo anterior, en atención a que salió del país el 06 de octubre de 2023 con ingreso el 09 de octubre de 2023 y salida el 04 de diciembre de 2023 con ingreso el 05 de diciembre de 2023, en circunstancias que se encontraba haciendo uso de licencia médica con indicación de reposo total en su domicilio, conforme a lo señalado en las Licencias Médicas Nos. 092205504-1 y RUT reservado. Dicha conducta constituye una falta grave a las obligaciones funcionarias.

Que, en el presente caso, ha quedado debidamente acreditado en el expediente sumarial, sobre la base de la declaración de la propia inculpada y de los documentos tenidos a la vista durante la etapa investigativa, que doña nombre reservado efectivamente salió del país durante el año 2023, a saber, el 06 de octubre de 2023 con ingreso el 09 de octubre de 2023 y el 04 de diciembre de 2023 con ingreso el 05 de diciembre de 2023, incumpliendo así, en su calidad de beneficiaria de una licencia médica, la obligación de respetar estrictamente el reposo prescrito, no constando que la interrupción del reposo se haya debido a la realización de tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia médica.

La infracción imputada importa una transgresión grave al principio de probidad administrativa, toda vez que dicho deber, exigible a todo funcionario público, se extiende a todas las actividades que realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, la obligación de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función pública, pudiendo generar su incumplimiento, entre otros efectos, el desprestigio institucional, quebrantar la lealtad hacia sus jefaturas, compañeros o hacia la comunidad, afectando -en definitiva- la fe pública. Tal como ocurre en el presente caso, en el que la funcionaria imputada hizo un uso indebido de un beneficio destinado a la recuperación de su salud, para fines particulares distintos a los previstos por la legislación, conducta incompatible con su calidad de servidora pública.

En mérito de lo expuesto, y atendido que los hechos descritos configuran una falta gravísima a las obligaciones funcionarias, resulta procedente formular los cargos correspondientes, con el objeto de que pueda ejercer su derecho a defensa, presentando los descargos que estime pertinentes, y continuar así con la tramitación del presente sumario administrativo conforme a derecho.

Hago presente a usted, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Estatuto Administrativo, dispone de un plazo de cinco días hábiles, desde la recepción de este documento, para contestar los cargos, pudiendo prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga se solicite antes del vencimiento del plazo”.

Indica que las normas estatutarias que supuestamente infraccionó con su actuar son: lo previsto en el Título III, de las obligaciones funcionarias, párrafo 1º De las Obligaciones, artículo Nº61 del D.F.L. Nº29/04, texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre el Estatuto Administrativo, en su letra: D.F.L. Nº29 que fija Texto refundido, Coordinado y Si tematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo: Art. 61º: Ser: n obligaciones de cada funcionario: Letra g) Principio de Probidad administrativa g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado; i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.

Destaca que la Resolución Exenta número 3G/ número 22 (sic) de fecha 11 de febrero de 2026 y notificada con fecha 18 de febrero de 2026 determina la siguiente sanción:

“RESUELVO: 1° APLÍQUESE a doña nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, funcionaria a contrata, del estamento administrativo, grado 14º E.U.S., la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN, contemplada en el artículo 121, letra d), en relación con el artículo 125, inciso segundo, ambos del D.F.L. Nº29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo. 2º En contra de esta Resolución procederá el recurso de Reposición dentro del término de 5 días hábiles”.

Explica que sus argumentos contra esta resolución que le destituye y fueron parte integrante de sus descargos en su oportunidad, dicen relación con el hecho que la resolución que le destituye no considera ninguno de sus argumentos, ni atenuantes, ni su desempeño funcionario, pues, es una funcionaria de carrera intachable de más de 16 años de esmero y compromiso institucional pleno. Añade que no tuvo mala fe ni dolo alguno en la situación que se indica en la formulación de cargos y, además, no hubo perjuicio ni daño a la buena marcha del Servicio, agregando que siempre ha sido una buena funcionaria, sin sanciones previas y con trayectoria sobresaliente. Asimismo, indica, que con su actuar no dejó ninguna tarea ni gestión alguna que perjudicara con su accionar a la institución. Agrega que no tiene antecedentes penales ni administrativos previos por mal uso de licencia médica o algún tipo de engaño punible, habiendo desarrollado toda su carrera profesional en la institución, por lo que ella menos que nadie desearía colocar en riesgo su fuente laboral y su tranquilidad emocional.

Explica que su salida se debió a la compra de vestimenta para una celebración religiosa en una organización de la cual es la presidenta, añadiendo que su padecimiento de salud fue totalmente real y pese a esto se trasladó para cumplir con su credo y su organización religiosa.

Enfatiza que, durante sus 16 años de servicio público en FONASA, ha desempeñado sus funciones con una conducta irreprochable, estricto apego a los principios de probidad, eficiencia y responsabilidad y constante compromiso con FONASA y sus usuarios, siendo sus evaluaciones permanentemente destacadas, obteniendo nota máxima, lo que refleja su profesionalismo y ética como funcionaria pública, añadiendo que en ningún momento actuó con intención de faltar a la probidad ni al principio de buena fe que rige el actuar de los funcionarios públicos.

Precisa que los viajes realizados a Tacna tuvieron fines específicos y comunitarios, y en ningún caso fueron recreativos ni laborales, ya que, el 6 de octubre de 2023, se desplazó a Tacna para enviar a confeccionar vestimenta para la Sociedad Religiosa de la cual es miembro desde 1997 y actualmente presidenta, gestión que era imposible de delegar y que forma parte de sus responsabilidades comunitarias y culturales. Añade que el 4 de diciembre de 2023, realizó un nuevo viaje a Tacna para retirar la vestimenta que se mandó a confeccionar, cerrando así la gestión iniciada en octubre, añadiendo que esos viajes no comprometieron su proceso de recuperación médica ni los objetivos de la licencia otorgada, siendo de corta duración y con un propósito claro y justificado, afirmando que jamás fue su intención vulnerar los principios éticos o administrativos del servicio público, añadiendo que desde su ingreso el 1 de enero de 2009 ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades funcionarias y nunca antes había tenido problemas por salir al extranjero con licencia médica, explicando que sus viajes se dieron en un contexto religioso y por su labor en la organización.

Asevera que no existió dolo, premeditación ni intención alguna de obtener beneficios indebidos mediante el uso de la licencia médica, la que resultó de una situación de salud real y efectiva, pues, jamás hizo uso malicioso de la licencia médica que se le imputa, añadiendo que su ausencia no generó afectación alguna en la continuidad del servicio, no produciendo sobrecarga laboral a sus colegas ni afectando la entrega de resultados institucionales.

Expresa que nunca ha sido objeto de sumarios administrativos previos, ni ha sido sancionada por faltas disciplinarias, lo que se acredita con su hoja de vida funcionaria, sin que tenga anotaciones de demérito, con calificaciones en lista uno de calificación sobresaliente por 16 años de carrera, con anotaciones positivas no registrando anotaciones negativas, obedeciendo sus salidas a dos acciones puntuales que tuvo que hacer en su calidad de presidenta de una organización religiosa.

Seguidamente sostuvo que si bien reconoce que el viaje efectuado durante una licencia médica no se ajustó estrictamente a los protocolos administrativos, no existió dolo ni intención de engaño, ni se derivó de ello un beneficio económico o vacacional, ni un perjuicio al erario público, por lo que no es verdad que haya faltado a la probidad administrativa.

Tras reiterar su trayectoria laboral y los motivos por los cuales salió del país, indicó que, revisado el sumario, no hay material probatorio para inculparle de alguno hecho concreto que acarree su responsabilidad administrativa pues no trató de engañar a nadie y no dejó tarea o función sin realizar en su puesto de trabajo.

Luego de aludir latamente a las garantías vulneradas del artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política, citando jurisprudencia, señaló que deben ponderarse todos los antecedentes en el proceso, debiendo considerar argumentos como atenuantes de responsabilidad, siendo estos, su hoja de vida funcionaria, con irreprochable conducta anterior; asimismo, que durante 17 años no tuvo problema alguno con licencia médica, que nunca tuvo sumarios ni investigaciones sumarias anteriores, ni anotaciones de demérito o sanciones por su desempeño funcionario y que desde que ingresó el 1 de enero de 2009 tuvo siempre una conducta intachable y siempre ha cumplido con sus obligaciones funcionarias, por lo que no es dable la imposición de una sanción de esta gravedad habida consideración del principio de proporcionalidad y racionalidad.

Tras referirse a los elementos del acto administrativo, según las normas que señala, citando jurisprudencia administrativa y judicial, aludió a los principios de legalidad, responsabilidad administrativa y al debido proceso, reiterando que la resolución no ponderó adecuadamente los descargos ni los documentos probatorios acompañados, ni se valoró la conducta previa, no siendo una infracción grave, careciendo el acto administrativo sancionador de la debida fundamentación legal y fáctica, afectando derechos y principios constitucionales del debido proceso, proporcionalidad, legalidad y honra del funcionario, afirmando que en el sumario administrativo no se respetaron sus derechos fundamentales ni se ponderaron sus argumentos, todo lo cual constituye un obrar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Termina solicitando declarar que el actuar de la recurrida vulnera al recurrente las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política, asimismo se declare su inocencia administrativa y se obligue a que el Servicio recurrido dicte la correspondiente resolución en que decrete el sobreseimiento del Sumario Administrativo respecto de su persona, reincorporándola a su cargo del que era titular como contrata, esto es, al cargo que tenía en FONASA y en el lugar donde estaba al momento de recibir la notificación de mi destitución del servicio, y se le paguen todas las remuneraciones por el tiempo en que estuvo separada de su cargo, con costas.

SEGUNDO: Que la abogada Estela Velásquez Miranda, en representación de la recurrida, informó el recurso solicitando su íntegro rechazo.

Refiere que por Oficio N°E82804, de 22 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República remitió a la institución una nómina de personas funcionarias con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, según el “Consolidado de Información Circularizada”, CIC, N°9 de 2025, ordenando investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, y así, mediante la Resolución Exenta 1G/N°7596, de 26 de mayo de 2025, se ordenó instruir Sumario Administrativo para establecer la existencia de los hechos informados por el jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, en el Oficio N°E82804, de 2025, relativo a nómina de personas funcionarias del Fonasa que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, según los registros de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Superintendencia de Seguridad Social; así como determinar la eventual participación que pudiera caber en ellos a personas funcionarias del Fonasa y la responsabilidad administrativa que pudiera corresponderles, designándose en dicho acto administrativo como Fiscal Instructor a doña nombre reservado, Directivo, Titular, grado 03° de la E.U.S.

Indica que, previa constitución de la fiscal instructora y del actuario, se citó válidamente a declarar a doña nombre reservado, cuya declaración consta en el expediente, quien al ser consultada sobre su inclusión en la nómina remitida por la Contraloría General de la República, en la cual figura con dos salidas al extranjero mientras se encontraba con licencia médica, correspondientes a los períodos comprendidos entre el 6 y 9 de octubre de 2023, y entre el 4 y 5 de diciembre de 2023, reconoció la efectividad de ambos viajes, señalando que en ambas oportunidades se trasladó a Tacna, Perú, para la compra y posterior retiro de vestimenta e insumos destinados a un baile religioso del cual forma parte y consultada sobre el motivo de las licencias médicas que se encontraba utilizando en dichas fechas, indicó que estas fueron otorgadas por problemas auditivos, específicamente por una otitis aguda, condición que arrastra desde hace un tiempo prolongado, añadiendo que la primera licencia tuvo una duración de quince días, mientras que respecto de la segunda manifestó no recordar su extensión. Agrega que respecto al conocimiento de la normativa que regula el uso de licencias médicas, la funcionaria manifestó que no tenía conciencia de que no podía salir del país durante su vigencia, explicando que al tratarse de viajes breves y puntuales, orientados exclusivamente a la compra de los insumos mencionados, no dimensionó las implicancias de dicha conducta, señalando que dichos viajes no tuvieron carácter recreativo, sino que fue solamente algo puntual de compra; asimismo, al ser consultada acerca del tipo de reposo indicado en las licencias, la declarante señaló que entendía que eran de carácter laboral, precisando que dichas licencias fueron extendidas por distintos profesionales, siendo la primera otorgada por un médico otorrino y la segunda por un médico general, debido a la falta de disponibilidad horaria del especialista tratante. Agrega que finalmente, doña nombre reservado señaló contar con documentación relativa a las compras efectuadas, así como a su participación y cargo dentro de la agrupación religiosa a la que pertenece, expresando su arrepentimiento por haber realizado los viajes encontrándose con licencia médica, lamentando que dicha situación pudiera generar cuestionamientos respecto de su actuar como funcionaria.

Explica que, atendido los antecedentes reunidos durante la etapa indagatoria del proceso sumarial, se formularon los siguientes cargos en contra de la funcionaria doña nombre reservado, los que rolan a fojas 119 y 120 del expediente administrativo:

“Faltar en su calidad de funcionaria pública a las obligaciones a las que está afecta, según lo establece el DFL N°29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, vulnerando específicamente lo señalado en el artículo 61, letras g) e i), que disponen: “Serán obligaciones de cada funcionario”: letra g) “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”; letra i) “Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”, normas que deben entenderse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, disposición que autoriza al empleador a hacer efectiva la responsabilidad administrativa cuando se verifique una infracción a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al uso de licencias médicas, así como lo establecido en el artículo 55, letra a), del aludido decreto N°3, de 1984, que dispone –en lo que interesa– que el trabajador incurre en infracción, por el incumplimiento del reposo indicado en la licencia.”

Señala que lo anterior, en atención a que salió del país el 6 de octubre de 2023 con ingreso el 9 de octubre de 2023 y salida el 4 de diciembre de 2023 con ingreso el 5 de diciembre de 2023, en circunstancias que se encontraba haciendo uso de licencia médica con indicación de reposo total en su domicilio, conforme a lo señalado en las licencias médicas Nos. 092205504-1 y RUT reservado, conducta que constituye una falta grave a las obligaciones funcionarias.

Sostiene que, en el presente caso, ha quedado debidamente acreditado en el expediente sumarial, sobre la base de la declaración de la propia inculpada y de los documentos tenidos a la vista durante la etapa investigativa, que doña nombre reservado efectivamente salió del país durante el año 2023, a saber, el 06 de octubre de 2023 con ingreso el 09 de octubre de 2023 y el 04 de diciembre de 2023 con ingreso el 05 de diciembre de 2023, incumpliendo así, en su calidad de beneficiaria de una licencia médica, la obligación de respetar estrictamente el reposo prescrito, no constando que la interrupción del reposo se haya debido a la realización de tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia médica.

Afirma que la infracción imputada importa una transgresión grave al principio de probidad administrativa, porque dicho deber, exigible a todo funcionario público, se extiende a todas las actividades que realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, la obligación de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función pública, pudiendo generar su incumplimiento, entre otros efectos, el desprestigio institucional, quebrantar la lealtad hacia sus jefaturas, compañeros o hacia la comunidad, afectando –en definitiva– la fe pública, tal como ocurre en el presente caso, en el que la funcionaria hizo un uso indebido de un beneficio destinado a la recuperación de su salud, para fines particulares distintos a los previstos por la legislación, conducta incompatible con su calidad de servidora pública.

Refiere que la actora fue notificada personalmente de los cargos formulados, y habiendo solicitado prórroga para contestarlos y copia del expediente sumarial, presentó descargos, solicitando la apertura de un término probatorio para desvirtuar los cargos imputados.

Añade que en dicha presentación, la señora nombre reservado presenta una serie de argumentos para desvirtuar el cargo formulado, siendo resumidamente los siguientes: En primer término, su trayectoria funcionaria, de 16 años de servicio, período durante el cual ha desempeñado sus funciones con esmero, compromiso institucional y dedicación, manifestando, asimismo, que no actuó con mala fe ni dolo en los hechos investigados, sosteniendo que su conducta no ocasionó perjuicio alguno a la buena marcha del servicio, ni afectó la continuidad de las funciones institucionales; indicando, asimismo, que no dejó tareas pendientes ni gestiones sin realizar con ocasión de sus salidas del país, y que no registra sanciones administrativas ni antecedentes penales previos vinculados al mal uso de licencias médicas u otros incumplimientos disciplinarios.

Expresa que según los hechos propiamente tales, la funcionaria reconoció los dos viajes a la ciudad de Tacna, Perú, durante la vigencia de licencias médicas, entre los días 6 y 9 de octubre de 2023, y 4 y 5 de diciembre de 2023, respectivamente, señalando que dichas salidas tuvieron un carácter puntual, específico y no recreativo, para la confección y posterior retiro de vestimenta para una celebración religiosa, vinculada a la organización religiosa de la cual forma parte desde el año 1997 y en la que actualmente ejerce el cargo de Presidenta, gestiones que no podían ser delegadas y que forman parte de sus responsabilidades comunitarias y culturales; asimismo, que los viajes realizados fueron de corta duración, y que, según su apreciación, no interrumpieron su proceso de recuperación ni contravinieron los objetivos del reposo médico prescrito. Agrega que el apartado relativo al respeto a la probidad administrativa y a su disposición frente al proceso sumarial, lamentó que la situación haya generado cuestionamientos respecto de su actuar como funcionaria, reiterando que no tuvo la intención de vulnerar principios éticos o administrativos, ya que, a lo largo de su trayectoria de más de 16 años, ha cumplido cabalmente con sus deberes profesionales, solicitando que se considere su intachable hoja de vida funcionaria, y que se analice que, en su caso, el uso de la licencia médica y las salidas al extranjero fueron un error, pero que efectivamente se encontraba enferma y que dicha situación coincidió con la realización de los viajes. Además, en relación con el uso de la licencia médica, declaró que no existió dolo, premeditación ni intención de obtener beneficios indebidos mediante su uso, afirmando que la licencia fue otorgada a raíz de una condición de salud real y efectiva. Asimismo, sostiene que no hizo un uso malicioso de la licencia médica, reiterando que su enfermedad fue real y que no se produjo detrimento alguno para la institución; y que a lo largo de su carrera funcionaria, nunca antes había efectuado salidas al extranjero encontrándose con licencia médica, precisando que se trató únicamente de dos desplazamientos puntuales a Perú, vinculados a su organización religiosa, en el marco de un compromiso religioso específico con ellos, enfatizando que no existió intención de engañar a la institución ni de obtener beneficios indebidos, señalando que su actuar no respondió a mala fe ni a dolo, sino a una situación de desconocimiento normativo en relación con este tipo de instrumentos médico y que su ausencia no generó afectación a la continuidad del servicio, ni implicó sobrecarga laboral para sus colegas, reiterando que no ha sido objeto de sumarios administrativos previos ni sanciones disciplinarias, que su hoja de vida funcionaria da cuenta de un desempeño intachable, con anotaciones positivas de mérito y ausencia de anotaciones de demérito, y calificaciones permanentes en lista N°1.

Expresa que en cuanto a la imputación por infracción al principio de probidad administrativa, la funcionaria señala que dicho principio exige una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública, con preeminencia del interés general por sobre el particular y si bien reconoce que los viajes efectuados durante las licencias médicas no se ajustaron estrictamente a los protocolos administrativos, sostiene que no existió intención de engaño, beneficio económico o vacacional, ni perjuicio fiscal, por cuanto el subsidio asociado a la licencia médica se encontraba médicamente justificado y fue otorgado conforme a la normativa vigente, afirmando que no incurrió en una infracción a la probidad administrativa en el desempeño de su cargo, puesto que al encontrarse con licencia médica y fuera del país, no se hallaba en ejercicio de funciones ni en horario laboral, señalando que lo cuestionado no es el uso indebido de la licencia médica ni la simulación de una enfermedad, sino el hecho de haber realizado un viaje durante un período autorizado médicamente, lo que a su juicio, no configura por sí solo una vulneración esencial al principio de probidad administrativa, en ausencia de otros elementos tales como perjuicio fiscal, falsificación, simulación o reiteración, volviendo a hacer presente que las salidas al extranjero no tuvieron fines de entretenimiento o descanso, sino que respondieron a objetivos puntuales, consistentes en la adquisición de vestimenta en Perú para una actividad de su organización religiosa.

Indica que la funcionaria también sostuvo que en el expediente sumarial no hay prueba para inculparla de algún hecho concreto que acarree su responsabilidad administrativa, reiterando que no trató de engañar a nadie y que no dejó tareas o funciones sin realizar en su puesto de trabajo, y que no existiría prueba que acredite la concurrencia de dolo, mala fe o ánimo de defraudación al servicio por su parte, solicitando se considere como circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa la cooperación eficaz, del artículo 121 del Estatuto Administrativo, destacando haber colaborado activamente con la investigación sumarial, mediante la prestación de declaración voluntaria, el reconocimiento de los hechos, y el aporte de antecedentes médicos y de su organización religiosa.

Hace presente que ante ello, la vista fiscal estableció lo siguiente:

“Conclusiones:

Practicado el análisis de los antecedentes contenidos en la causa, de la declaración prestada en autos y de los medios de prueba incorporados al expediente, esta Fiscal estima que concurren elementos suficientes para determinar la existencia de responsabilidad funcionaria en los hechos que dieron origen al presente proceso disciplinario.

Para arribar a dicha conclusión, es necesario considerar los antecedentes que motivaron la instrucción del proceso sumarial en examen, el cual fue incoado a partir del Oficio N°E82804, de 2025, de la Contraloría General de la República. En dicho oficio –como ya se indicó– el Órgano Contralor remitió a la institución una nómina de funcionarios que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, figurando en ella doña nombre reservado, quien, según los registros del Ente Fiscalizador, salió del país entre los días 6 y 9 de octubre de 2023, y posteriormente entre los días 4 y 5 de diciembre de 2023, períodos durante los cuales se encontraba haciendo uso de licencia médica.

Precisado lo anterior, la materia que se sometió a investigación en este proceso sumarial fue determinar si la referida funcionaria, encontrándose haciendo uso de licencia médica, incumplió las condiciones y finalidades propias de dicho beneficio al realizar un viaje al extranjero, vulnerando así la obligación de respetar estrictamente el reposo prescrito, lo que constituiría una transgresión grave a sus obligaciones funcionarias y al principio de probidad administrativa.

Del análisis del expediente sumarial y, en particular, del reconocimiento expreso de los hechos por parte de la señora nombre reservado –quien señaló que efectivamente salió del país entre los días 6 y 9 de octubre de 2023, y posteriormente entre los días 4 y 5 de diciembre de 2023, mientras se encontraba con licencia médica vigente– se tiene por acreditado que la inculpada incumplió el reposo prescrito en las licencias médicas Nos. 092205504-1 y RUT reservado. En este punto, cabe hacer presente que el reproche formulado a la funcionaria no dice relación con el eventual mal uso de la licencia médica –materia que es prerrogativa de otros organismos–, o con la veracidad del diagnóstico o estado de salud invocado. El cuestionamiento se circunscribe al hecho objetivo de haber realizado un viaje planificado al extranjero mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica que prescribía, para efectos de su recuperación, reposo total en su domicilio.

Al respecto, la normativa aplicable establece que la licencia médica constituye una autorización excepcional para ausentarse de las labores con la finalidad específica de favorecer la recuperación de la salud, imponiendo al funcionario el deber de respetar estrictamente el reposo prescrito. Dicho deber se ve vulnerado cuando se realizan conductas objetivamente incompatibles con dicha finalidad, como lo es la realización de viajes al extranjero sin autorización médica.

En cuanto a la alegación relativa al desconocimiento de la normativa aplicable, es menester indicar que dentro de los principios que informan y delimitan el ejercicio de la potestad disciplinaria se encuentra el de la inexcusabilidad, que en lo pertinente importa que los funcionarios públicos, al igual que los ciudadanos, no pueden alegar el desconocimiento de la ley, puesto que, acorde con lo previsto en el artículo 8° del Código Civil, la ley, una vez que ha entrado en vigencia, se presume conocida por todos y nadie puede alegar su ignorancia, presunción que no admite prueba en contrario. En este sentido, el deber de observancia de las normas que regulan el uso de licencias médicas resulta exigible a todo funcionario público, con independencia de su intención subjetiva o de los motivos que invoque para justificar su conducta.

Por otra parte, respecto de la alegación referente a la inexistencia de infracción al principio de probidad administrativa, cabe señalar que dicho principio no se circunscribe exclusivamente a la existencia de fraude, simulación o perjuicio fiscal. Conforme a los artículos 61 letra g) del Estatuto Administrativo y 52 de la ley N° 18.575, el principio de probidad exige a todo funcionario público mantener en todo momento una conducta intachable, fundada en la honradez, lealtad y preeminencia del interés general por sobre el particular.

Dicha exigencia no se limita al ejercicio directo y actual de las funciones, sino que se extiende a todas aquellas conductas que, aun realizadas fuera de la jornada laboral o durante períodos de licencia médica, puedan comprometer el correcto y honesto desempeño del cargo, la fe pública o la imagen institucional del Servicio.

En tal sentido, el Ente de Control ha resuelto en sus dictámenes Nos. 13.431 de 2010 y 22.549 de 2011, entre otros, que el beneficiario de una licencia médica tiene la obligación de acatar estrictamente el reposo ordenado, de lo que se colige la prohibición que sobre aquel recae de ejercer cualquier actividad ajena al servicio durante dicho período, siendo procedente, en caso de contravención, hacer efectiva su responsabilidad administrativa.

Así, la utilización de una licencia médica en contravención a las condiciones de reposo prescritas constituye una vulneración directa al deber de probidad administrativa, por cuanto implica la utilización de un beneficio público para un fin distinto de aquel para el cual se encuentra legalmente previsto –esto es, la recuperación de la salud–, circunstancia que ha sido reconocida de manera reiterada tanto por la Contraloría General de la República como por los tribunales superiores de justicia. En consecuencia, la salida del país encontrándose con licencia médica extendida con indicación de reposo total, sin autorización médica alguna y sin que conste que la interrupción del reposo obedeciera a un tratamiento indicado por el profesional que otorgó la licencia, configura por sí misma un apartamiento grave de la conducta funcionaria exigible.

En este contexto, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista y de los hechos que se tienen por acreditados en los cargos formulados –a saber, haber viajado al extranjero mientras hacía uso de licencias médicas con indicación de reposo total en su domicilio, por motivos ajenos a un tratamiento médico autorizado que lo justifique– se concluye que dicha conducta configura una transgresión objetiva y grave al principio de probidad administrativa, por cuanto vulnera los estándares de integridad y corrección funcionaria exigibles a quien detenta la calidad de funcionaria pública, más aún atendida su experiencia y años de servicio, recayendo sobre la inculpada un deber de cuidado superior respecto del cumplimiento de sus obligaciones funcionarias.

En este orden de ideas, aun cuando la funcionaria sostiene que sus salidas del país no produjeron perjuicio alguno a la institución ni afectaron la continuidad del servicio, cabe señalar que la configuración de la infracción imputada no se encuentra condicionada a la existencia de un perjuicio material o funcional concreto, toda vez que el incumplimiento del régimen de licencias médicas constituye, por sí mismo, una vulneración a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa.

Asimismo, no resulta atendible la alegación en orden a que lo cuestionado no sería el uso indebido de la licencia médica, sino únicamente la realización de un viaje durante un período autorizado médicamente, por cuanto es precisamente dicha conducta la que resulta incompatible con los estándares de conducta exigibles, atendida la incompatibilidad entre el desplazamiento al extranjero y el deber de reposo que la licencia médica presupone.

En este sentido, aun cuando la funcionaria sostenga que los viajes no tuvieron carácter recreativo o vacacional, sino que estuvieron motivados por gestiones vinculadas a una organización religiosa de la cual forma parte, tales circunstancias no desvirtúan la infracción imputada, toda vez que la normativa aplicable no distingue en atención a la duración del desplazamiento ni a la finalidad del mismo.

En consecuencia, la salida del país durante el período de licencia médica, sin que exista un informe médico que permita estimar que dichas salidas resultaban compatibles con el cumplimiento del reposo prescrito, constituye, por sí misma, un uso indebido del beneficio, al destinarlo a fines distintos de aquellos para los cuales fue otorgado.

Por otra parte, respecto al argumento relativo a la suspensión de la relación estatutaria durante la vigencia de la licencia médica no resulta atendible. En efecto, si bien la licencia médica libera temporalmente al funcionario de la obligación de prestar servicios efectivos, no importa una suspensión del vínculo estatutario ni exonera del cumplimiento de los deberes esenciales derivados de su calidad funcionaria, entre ellos, el principio de probidad administrativa. Aceptar una interpretación diversa importaría sustraer del control disciplinario el uso de licencias médicas, vaciar de contenido el deber de probidad y desnaturalizar la potestad sancionadora de la Administración.

En cuanto a la imputación fundada en el artículo 61 letra i) del Estatuto Administrativo, si bien el Estatuto Administrativo no se refiere ni norma la conducta estrictamente privada de los funcionarios públicos ni los efectos que este comportamiento pudiera tener en su esfera personal o familiar, sí establece en su artículo 61 letra i) como obligación funcionaria el deber de “Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”. Ello implica que la calidad de servidor público no solo exige el correcto desempeño de las funciones propias del cargo y de aquellas que se ejerzan en virtud de dicha calidad, sino que también se extiende a aquellos comportamientos o conductas que trasciendan la vida social del funcionario que puedan generar, entre otros efectos, el desprestigio del Servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros de trabajo o la comunidad a la que se debe servir.

En tal sentido, realizar un viaje al extranjero durante un período de licencia médica con prescripción de reposo total –sin contar con autorización médica ni justificación terapéutica vinculada al profesional que otorgó la licencia– constituye un comportamiento objetivamente incompatible con los estándares de conducta exigibles a quien ejerce una función pública, generando dicha actuación un impacto negativo en la confianza pública, además de apartarse de los deberes de prudencia y responsabilidad que deben observar todos los funcionarios públicos.

En consecuencia, del mérito de los antecedentes reunidos en el proceso y de los hechos que se tienen por acreditados, se concluye que dicha conducta, aun realizada en el ámbito personal, configura una infracción al deber de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, previsto en el artículo 61 letra i) del Estatuto Administrativo, al resultar objetivamente idónea para afectar la imagen del Servicio y la confianza pública en el actuar de la Administración.

En cuanto a la alegación relativa a la inexistencia de prueba suficiente para atribuir responsabilidad administrativa, esta no puede ser acogida, por cuanto la responsabilidad disciplinaria no exige la acreditación de dolo, mala fe o ánimo de defraudación, bastando la comprobación objetiva de una conducta contraria a los deberes funcionarios para que aquella se configure, circunstancia que en la especie se encuentra suficientemente acreditada tanto por los registros remitidos por la autoridad competente como por el reconocimiento expreso efectuado por la propia funcionaria en su declaración y en los descargos evacuados en autos.

Respecto de la atenuante de colaboración invocada y de la aplicación del principio de proporcionalidad, cabe señalar que conforme a la jurisprudencia reiterada del Órgano Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos. 18.372 de 2014 y 2.424 de 2015, si bien el inciso segundo del artículo 121 del Estatuto Administrativo dispone que las medidas disciplinarias deben aplicarse considerando la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, dicha regla resulta procedente únicamente en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico permite un margen de apreciación en la determinación de la sanción aplicable.

En efecto, tratándose de infracciones que por su naturaleza y gravedad han sido calificadas por la jurisprudencia administrativa como vulneraciones graves al principio de probidad administrativa, el propio marco normativo restringe la procedencia de la ponderación de atenuantes, atendido que el legislador ha previsto consecuencias disciplinarias particularmente severas para este tipo de conductas, conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

En este contexto, el artículo 121 del Estatuto Administrativo establece expresamente que la circunstancia atenuante de cooperación eficaz no resulta aplicable cuando, atendida la entidad de la infracción, solo procede una medida disciplinaria determinada por ley. Dicha circunstancia, de verificarse, refuerza la improcedencia de acoger la referida atenuante en el presente caso, toda vez que no resulta jurídicamente suficiente para enervar la responsabilidad administrativa ni para alterar el régimen sancionatorio previsto por el legislador, cuestión que deberá ser ponderada por la autoridad al momento de resolver.

En mérito de lo expuesto y a la luz de los antecedentes y medios de prueba reunidos en el presente sumario administrativo, la conducta reprochada a la señora nombre reservado, consistente en viajar al extranjero durante un período en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas con indicación de reposo total en su domicilio, constituye una transgresión grave al principio de probidad administrativa, así como al deber de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, razón por la cual resulta procedente atribuir responsabilidad administrativa a la funcionaria nombre reservado.

POR TANTO, y considerando el mérito de los antecedentes contenidos en el expediente y lo prescrito en el artículo 139 del Estatuto Administrativo, SE PROPONE:

Salvo su mayor criterio, aplicar a doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, funcionaria a contrata, del estamento administrativo, grado 14° E.U.S., la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN, contemplada en el artículo 121 letra d), en relación con el artículo 125 inciso segundo, ambos del Estatuto Administrativo.”

Destaca, que según se aprecia, la destitución de la Sra. nombre reservado es una medida disciplinaria propuesta en la vista fiscal como consecuencia de un sumario administrativo, en el que los hechos y el derecho del recurrente ya fueron discutidos y resueltos en sede administrativa y, en este sentido, no podría este Ilustrísimo Tribunal actuar como una “instancia de apelación” del mérito del sumario, ya que, el sumario cumplió con las etapas legales correspondientes y, por tanto, no hay "acto arbitrario" que pueda reclamarse.

Añade que el acto administrativo de destitución es legal porque emanó de una autoridad competente tras una investigación donde el recurrente pudo defenderse y presentar las pruebas que estimó pertinentes.

Hace presente, que el recurso de protección tiene una naturaleza cautelar y no declarativa y, en este contexto, no es la vía para discutir el mérito de una sanción disciplinaria dictada por autoridad competente dentro de sus facultades legales, tras un proceso donde se respetó el debido proceso, añadiendo que la jurisprudencia más reciente es unánime al señalar que la salida del país durante el periodo de una licencia médica constituye una falta grave, una conducta incompatible con el cargo público, pues, el uso de este permiso para fines recreativos o personales fuera del territorio nacional, sin que exista una prescripción médica explícita que recomiende el viaje como parte de un tratamiento, transgrede la buena fe y la probidad administrativa.

Termina solicitando rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por cuanto el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, sino que se enmarca en el pleno ejercicio de las facultades disciplinarias de la Administración frente a una vulneración grave al principio de probidad.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia.

Asimismo, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que, como se señaló precedentemente, solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, en la especie, la recurrente sostiene la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión de la recurrida, contenida en la Resolución Exenta 3G/22 de 11 de febrero de 2026, a la que le antecedió un sumario administrativo, y que dispuso a su respecto, la medida disciplinaria de destitución, señalando, en síntesis, que dicha resolución vulnera el deber de fundamentación de todo acto administrativo, que tal decisión, asimismo, no consideró sus argumentos legales y fácticos, relativos a los motivos del viaje, a la ausencia de perjuicios para el Servicio, a su intachable conducta funcionaria, a la inexistencia de infracción al principio de probidad administrativa, siendo, en definitiva, la medida desproporcionada y vulneratoria de las garantías constitucionales y principios que esgrime en su recurso.

Asimismo, indicó la recurrente que dedujo recurso de reposición administrativo contra la resolución que dispuso su destitución.

QUINTO: Que, primeramente, es dable señalar que no se advierte la ilegalidad que se esgrime en el presente arbitrio constitucional, desde que la propia recurrente ha utilizado un medio de impugnación legal contemplado en el procedimiento administrativo – recurso de reposición administrativo – para modificar la decisión contenida en la Resolución Exenta 3G/N°22 de 11 de febrero de 2026, lo que igualmente grafica la inexistencia de un acto terminal.

SEXTO: Que, asimismo, descarta la ilegalidad que se propugna, la circunstancia que la precitada resolución se dictó sobre la base de una investigación contenida en un sumario administrativo, en cumplimiento de la instrucción emanada por la Contraloría General de la República, sin que la actora negare los presupuestos fácticos que motivaron la instrucción del sumario, pues, reconoció que efectivamente viajó fuera de Chile en dos oportunidades, mientras hacía uso de licencia médica, lo que desde ya implica que no tienen el carácter de indubitados los derechos que invoca a su favor, como objeto de protección, sino que involucran un debate que desborda el propósito de una acción constitucional de esta índole.

SÉPTIMO: Que a lo anterior, ha de agregarse, que las alegaciones esgrimidas por la recurrente más bien, versan sobre las conclusiones a las que arribó el Director Nacional de la recurrida, sobre la base de la valoración de los medios de prueba aportados en el sumario administrativo y respecto de la ponderación de los mismos, lo que, igualmente excede el ámbito de conocimiento propio de la acción constitucional de protección, al pretender que esta Corte de Apelaciones efectúe una nueva revisión del mérito de las probanzas rendidas y de los antecedentes recopilados en la investigación.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, tampoco se vislumbra, en esta etapa, la existencia de una ilegalidad manifiesta, flagrante o evidente en la dictación del acto impugnado, para concluir, que la recurrida haya actuado fuera del marco de sus atribuciones o en abierta contravención al ordenamiento jurídico, en términos tales que habiliten la intervención cautelar de esta Corte, ni se advierte la existencia de arbitrariedad en la decisión, ya que, a la cuestionada Resolución Exenta 3G/22 de 11 de febrero de 2026, le antecedió primero, una instrucción de la Contraloría General de la República y luego un procedimiento sumarial que culminó con la propuesta de sanción por parte de la Sra. Fiscal nombre reservado, quien examinó los antecedentes y se pronunció sobre los descargos efectuados por la actora, decisión que posteriormente fue ratificada por el Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, análisis que en modo alguno se efectuó de manera antojadiza, por mero capricho, desprovisto de razonabilidad, o sobre la base de un ejercicio abusivo o desviado de la potestad disciplinaria.

NOVENO: Que, finalmente es dable señalar que la propia circunstancia de no estar en presencia de un acto administrativo terminal descarta la conculcación de las garantías constitucionales que se esgrimen en el presente recurso, razones todas por las que se rechazará el arbitrio constitucional según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Felipe Hazbun Marín, en favor de doña nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de Salud.

Regístrese y comuníquese.

Rol 790-2026 (Protección)