nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Antofagasta, a dieciocho de diciembre dos mil diecinueve.

VISTOS:

Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada, RUN RUT reservado, en representación de nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2°, 3° inciso 2 y 24° de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja la presente acción constitucional y se declare que los descuentos efectuados por la recurrida son ilegales; que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados; que se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente, o en subsidio, las medidas que estime pertinente para reestablecer el derecho, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la abogada ya individualizada expone que su representado mantiene una relación contractual con la recurrida, ya que esta última le otorgó un crédito, suscribiendo las partes pagaré el 12 de abril de 2018, por un capital que ascendió a $1.355.694, que devengaría un interés del 2,06% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. Agrega que el capital con los intereses se pagaría en 24 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $80.028 cada una, pagaderas el día 30 de cada mes.

Expone que el recurrente incumplió en el pago, por lo que la Caja de Compensación inició juicio ejecutivo en el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, Rol ROL C-2203-2019, solicitando en su oportunidad se despachara mandamiento de ejecución y embargo por $ 1.186.232, atendido a que se adeudaría desde la cuota n° 4, con vencimiento el 30 de septiembre de 2018.

Expone que consta en el pagaré que la recurrida podría ejercer la cláusula de aceleración estipulada, exigiendo ante el retardo, la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizado los intereses devengados no pagados. El nuevo capital así formado, devengará intereses a la tasa correspondiente al interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero. Por lo anterior, se entiende que la demandada ejerció la cláusula de aceleración por la deuda insoluta.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se percató el 1 de octubre del presente, que en la liquidación de remuneraciones del mes de septiembre de 2019 se había efectuado descuento por concepto de “préstamo caja de compensación”, por la suma de $94.541, refiriendo que a la fecha se ha efectuado descuento por un total de $189.082. Asimismo, indica que el 4 de noviembre se percata del descuento en la remuneración del mes de octubre, informándole el empleador que se encontraba obligado a efectuar los descuentos, al amparo de la Ley 18.833.

Expone que la deuda que intenta cobrar emana de un pagaré cuya acción para el cobro se encuentra prescrita, haciendo presente que la demanda fue retirada, por lo que no se interrumpió el plazo de prescripción, refiriendo que el recurrido fue negligente en el cobro de la deuda.

Agrega que el recurrido, en una primera instancia demandó civilmente, pretendiendo el total de la deuda acelerada, y luego abusivamente, pretende afectar el derecho de propiedad con descuentos arbitrarios e ilegales sin respetar la legítima expectativa del recurrente de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, además de un abuso del derecho.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que el acto ilegal y arbitrario consistiría: i) informar para descuento el crédito en parcialidades, en las remuneraciones de septiembre y octubre de 2019, habiendo optado por la vía civil haciendo uso de cláusula de aceleración, exigiendo el pago total de la deuda; ii) aplicar descuentos por montos no informados en las remuneraciones que no guardan relación con las cuotas del crédito otorgado y que no han sido aprobados por el recurrido.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que se han vulnerado, la garantía de igualdad ante la ley, dispuesta en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental , refiere que la recurrida haciendo uso de un privilegio no especialmente otorgado, actúa irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; pretende accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas, y en cuanto seguridad social de un trabajador, pretende descontar tal crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente. Así las cosas, tal discriminación en la aplicación de la ley, que obsta el ejercer excepciones en un juicio ejecutivo y que se aprovecha abiertamente de un estatuto legal especial, vulnera la equidad y se constituye como un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas.

Agrega que se ha vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, refiriendo que tiene el recurrente la legítima expectativa como trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tal remuneración se encuentra en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

En cuanto al derecho de defensa jurídica, establecido en el artículo 19 n° 3, indica que con el actuar de la recurrida se ha vulnerado el derecho antes mencionado, ya que, pese a que la deuda que emana del pagaré se encuentra prescrita, se ha impedido que se defienda, oponiendo las excepciones en el juicio ejecutivo iniciado en su contra ni otras alegaciones.

SEGUNDO: Que el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del recurso con costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, refiere que el 13 de abril 2018, su representada otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código 003CON100878427, por un capital inicial de $1.355.694.-, pagadero en 24 cuotas de $80.028, y cuyo primer vencimiento se verificó el 30 de junio 2018. Indica que las cuotas de los meses de junio a agosto de 2018, cuotas N° 1 a la N° 3, se pagaron a través de descuentos en la remuneración de los meses de junio, octubre y noviembre de 2018, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cesando en el pago de las cuotas posteriores.

Expone que ante la falta de pago, dedujo el 24 de abril de 2019 demanda ejecutiva para el cobro de pagaré en ROL C-2203-2019 del 4º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, la cual nunca fue notificada al deudor, e incluso fue luego retirada al haberse detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador de la empresa afiliada “Constructora Grupo Coloso Ltda.” En consecuencia, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°18.833, las cuotas de los meses de septiembre a noviembre 2018, cuotas N° 4 a la N° 6, fueron pagadas a través de descuentos en las remuneraciones de los meses de febrero a septiembre de 2019, refiriendo que al mes de noviembre de 2019, mantiene una morosidad en las cuotas de los meses de diciembre 2018 a octubre de 2019 (N°7 a N°17), vencida la del mes de noviembre de 2019 (N°18), y aun por vencer las que van desde diciembre de 2019 a mayo de 2020 (N°19 a N°24), por lo que se encuentra ante un crédito vigente, exigible y cuya acción no se encuentra prescrita, por lo que su cobro lo ha efectuado por medio del mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

En seguida, expone respecto del carácter social de los créditos otorgados por la Caja de Compensación y los mecanismos de cobro, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, definiendo su objeto, correspondiente a la administración de prestaciones de seguridad social, determinando sus funciones la ley, específicamente el artículo 19, y en relación con el régimen de prestaciones de crédito social el artículo 21.

Agrega que los créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, revistiendo carácter social por expreso mandato legal, ya que son otorgados por entidades de previsión social.

Por lo anterior, la circunstancia que la Caja de Compensación haya entablado demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. En definitiva, el actuar de la Caja de Compensación no solamente significa el ejercicio de una facultad legal y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de una obligación legal de cautelar el fondo social.

En seguida, indica que la demanda ejecutiva nunca fue notificada, por lo que ni siquiera es posible sostener que existe un juicio vigente.

Finalmente, alega que la obligación es actualmente exigible, y que se encuentra facultada para efectuar el cobro conforme al mecanismo establecido en la Ley 18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, y que aún mantiene por vencer cuotas hasta el mes de mayo de 2020.

En cuanto a la prescripción, refiere que aquella debe ser judicialmente declarada y no opera de pleno derecho, por lo que debe ser alegada, sin que sea ésta la vía idónea para alegarla. De todos modos, indica que la no se encuentra prescrita, considerando que el mutuo fue otorgado en abril de 2018, pactado en un plazo de 24 meses, por lo que encontrándose en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde diciembre de 2018 a octubre de 2019, es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda.

Además, aun cuando se declarase prescrita la acción ejecutiva emanada del pagaré que garantiza la operación de crédito antes referida –lo cual tampoco ha ocurrido en la especie-, ello solo impediría a esta parte hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, mas no extingue la obligación emanada del mutuo al que accede dicho pagaré, la cual se encuentra vigente por no haberse cumplido con los supuestos de la prescripción extintiva.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, en cuanto al derecho de propiedad, indica que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo con el citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, refiere que no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados en el recurso de autos, consta que el recurrente se constituyó en deudor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, mediante la suscripción del pagaré individualizado, suscrito y autorizado por ministro de fe el 13 de abril de 2018, obligándose a pagar el crédito otorgado por medio de descuentos en sus remuneraciones, conforme a la regulación establecida en la Ley N° 18.833 y lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, otorgando mandato para que su empleador o los futuros, descuenten las cuotas del crédito y luego fueran enteradas a la institución recurrida.

QUINTO: Que la actuación de la recurrida se ha realizado conforme a la normativa aplicable, ya que corresponde a un crédito otorgado por la recurrida, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, otorgado en conformidad a lo establecido en la Ley 18.883, específicamente los artículos 21 y 22, no divisando acto arbitrario y/o ilegal al requerir el descuento por planilla de las remuneraciones correspondientes a las cuotas adeudadas del préstamo.

SEXTO: Que, en cuanto a las alegaciones del recurrente, en torno a la existencia de una demanda ejecutiva, no desvirtúa lo ya razonado, toda vez que ni siquiera se ha notificado la demanda, no existiendo un litigio pendiente entre las partes.

Respecto a la supuesta prescripción de la acción ejecutiva de cobro de pagaré, corresponde a una alegación que el recurrente debe efectuar en un proceso civil, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción, no resultando la vía idónea para la declaración de prescripción de una acción ejecutiva.

SEPTIMO: Que, en virtud de lo razonado, no se advierte por parte de la recurrida una actuación que pueda ser calificada como ilegal o arbitraria, correspondiendo, en definitiva, a una facultad legal que ejerce conforme a la Ley 18.833 y, en consecuencia, la acción cautelar intentada no puede prosperar, sin perjuicio de ello, la corte no condenará en costas al recurrente, por no estimarlo conveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Martina Jacinta Infante Larrondo, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representado legalmente por nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 7892-2019 (PROT)

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