Protección contra Superintendencia de Pensiones

Antofagasta, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 9 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó la Superintendencia de Pensiones.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando la acción constitucional, sostiene que con fecha 14 de noviembre del año 2018, se presentó por segunda vez a la calificación de invalidez ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, quien derivó la solicitud ante la Comisión Médica de la II Región, considerando los siguientes diagnósticos: cervicobraquialgia crónica; discopatías severas C4, C5 y C6 con uncoartrosis AC hombro; pellizcamiento crónico; escoliosis lumbar; discopatías L3, L4 y L5, trastorno del ánimo depresivo; trastorno depresivo recurrente, personalidad con rasgos limítrofes histriónicos. Afirma que fue evaluada de manera incorrecta dos veces en agosto de 2018 y enero de 2019.

Refiere que con fecha 17 de abril de 2019, recibió Dictamen de invalidez N° 003.438/2019, determinándose como pérdida de capacidad de trabajo de 34%, motivo por el cual – atendido su porcentaje – se rechazó su solicitud de pensión de invalidez. Afirma que frente a dicha decisión, acompañando antecedentes y describiendo su situación con ocasión de su vuelta a sus actividades laborales, dedujo un recurso de apelación ante la Comisión Médica Central, quien finalmente confirmó el citado Dictamen y con ello, su grado de invalidez.

Indica que además dedujo un recurso de reposición, basado en el Libro CIE10 (Código Internacional de Enfermedades) tomando conocimiento que la Comisión Medica Regional lo habría ingresado como recurso extraordinario de revisión ante la Comisión Médica Central quien nuevamente confirmó el grado de invalidez, recibiendo en esta oportunidad copia del acta de la sesión de dicha entidad celebrada con fecha 9 de septiembre del presente año.

Expresa que el simple análisis de los antecedentes presentados, permiten observar la manifiesta arbitrariedad en su calificación de invalidez, privándola del derecho a pensión por invalidez, al obligarla a retomar su actividad profesional, sin tener la capacidad física y psíquica suficiente, sin haber sido oída ni haber sido sometida a nuevos exámenes, no habiéndose observado un racional y justo procedimiento.

SEGUNDO: Que informó la Superintendencia de Pensiones, instando por el rechazo del recurso, alegando en primer término, que el acto contra el cual se recurre corresponde a la Resolución N° CMC 9606/ 2019 de Septiembre del presente año dictado por la Comisión Médica Central del Decreto Ley 3.500 de 1980 y no por aquel dictado por la Superintendencia en su calidad de fiscalizador, acentuando que quien dictó el acto que hoy se reprocha goza de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de solicitudes de invalidez, y en función de ello, carecería de legitimidad pasiva en estos autos.

Explica que la situación reclamada excedería el ámbito del recurso, en tanto necesariamente ha de estarse ante derechos indubitados, no siendo posible una pretensión declarativa como se expresaría por el recurrente, ni puede buscar que se deje sin efecto un acto administrativo como aparecería del objeto del recurso.

En cuanto al fondo, alerta que la recurrente ha solicitado en tres oportunidades la declaración de invalidez, siendo la última de ellas el 14 de noviembre del año 2018, la que resuelta por la Comisión Médica Regional sobre la base del análisis de las patologías señaladas como invalidantes, concluyó que presenta un cuadro de cervialgia y lumbalgia crónica desde el año 2013, con tratamiento sujeto a antinflamatorios, kinesioterapia y bloqueo facetario sin presentar mejoría. Asimismo, se habría tomado en consideración la evaluación de un neurocirujano y psiquiátrica, determinando en definitiva un grado de invalidez de un 34% en razón de su pérdida de capacidad de trabajo.

Agrega que reclamada dicha resolución, la Comisión Médica Central consideró que los impedimentos fueron evaluados de acuerdo con las Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez vigentes, rechazando el reclamo y consecuentemente, confirmando el Dictamen reclamo. También reconoce que presentado el recurso de revisión extraordinario la misma Comisión Médica Central determinó que la afiliada fue correctamente evaluada según todas las patologías invocadas, sin que le permitieran alcanzar un 50 % de menoscabo para la declaración pretendida.

TERCERO: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la misma Constitución, dentro de los cuales se considera el derecho a la vida, protección de la integridad física y psíquica de toda persona, el derecho a elegir el sistema de salud al cual adscribir y aquella vinculada a la seguridad social.

CUARTO: Que el hecho del cual deriva la eventual vulneración de garantías fundamentales, se circunscribe en términos de oportunidad, a la decisión de rechazó del recurso de revisión extraordinario intentado contra la decisión de la Comisión Medica Central, que significó la confirmación que el grado de invalidez de la recurrente no alcanza la entidad para acceder a una pensión de invalidez, la cual ha solicitado al menos en tres oportunidades.

Sobre ello, lo cierto es que atento a lo informado por la recurrida y sin perjuicio de sus alegaciones previas, lo resuelto por la Comisión Medica Central a la luz de esta sede, corresponde a una decisión acordada en un procedimiento legal por el órgano competente facultado para ello, basado en antecedentes científicos y razonado conforme los antecedentes clínicos, exámenes complementarios e informes acompañados. En ese contexto, además de no avizorarse una ilegalidad en lo formal de lo actuado ni de omisión de parte de la hoy recurrida, en tanto fiscalizadora, no puede tacharse de ilegal o arbitraria la actuación de la autoridad, desde que la decisión, según se expresa en la Resolución acompañada, aparece debidamente motivada en las circunstancias de hecho, no existiendo alegación concreta o específica destinada a develar una actuación reñida con las normas técnicas de evaluación, sino mas bien, meras alegaciones dirigidas contra la negativa o el rechazo de su pretensión, no siendo tampoco esta sede cautelar, aquella destinada a declarar derechos o constituirlos.

Así, al no existir una actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida con la entidad suficiente de afectar derechos fundamentales, desde que no ha quedado demostrado ni se dirigió prueba de algún motivo para entender un actuación contraria a las normas técnicas adoptadas por la autoridad, máxime si la misma se ha mantenido inalterable en al menos tres oportunidades y se han allegado cada vez nuevos antecedentes o al menos actualizaciones de los mismos, motivo por el cual el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1, 3, 5 y 11 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7706-2019 (PROT)

Redacción del Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.

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