nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, de Antofagasta, quien dedujo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero comercial, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, persona jurídica, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal que perturba su derecho a la propiedad, solicitando que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida Caja de Compensión de Asignación Los Andes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia, con prescindencia del informe de la Caja de Compensación de Asignación La Araucana.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundó su acción constitucional, en los descuentos sufridos en su remuneración, provocándole una privación y perturbación en su derecho de propiedad.

Señaló que, desde enero del año 2008 hasta agosto de 2020, trabajó como dependiente en la empresa Complejo Metalúrgico Altonorte, adquiriendo a través de Caja de Compensación Los Andes dos créditos, que individualizó:

1) Crédito código 303927255, otorgado con fecha 21 de diciembre de 2015, monto otorgado $1.345.253.- pagadero en 82 cuotas de $61.609.- el cual pagó hasta la cuota 56, quedando en mora desde la cuota 57 con fecha de vencimiento el día 30 de septiembre del 2020.

2) Crédito código 003CON100072319, otorgado con fecha 30 de noviembre de 2016, monto otorgado $2.434.057.- pagadero en 82 cuotas de $88.266, el cual pagó hasta la cuota 44, quedando en mora desde la cuota 45 con fecha de vencimiento el día 30 de septiembre de 2020.

Sostuvo, que en agosto de año 2020, por despido de su trabajo a causa de la pandemia, no pudo seguir pagando sus deudas.

Puntualiza que, durante la tercera semana de febrero, revisó la liquidación de sueldo, correspondiente al mes de enero de 2023, oportunidad en que se percató de dos descuentos denominados “CCAF La Araucana”, por las sumas de $61.463 y $87.987. Hizo presente que, Caja de Compensación La Araucana realizó los descuentos en los meses de diciembre de 2022 y de enero de 2023, por las sumas de $87.987 y $61.463, por dos créditos anteriores que tendría con la también recurrida Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, privándole injustificadamente de su dinero.

En consecuencia, afirmó que el descuento realizado por C.C.A.F., La Araucana, en su remuneración, es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad, pues, alega no haber sido informado por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos por concepto de la deuda que mantenía con Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, haciendo alusión al tiempo transcurrido, considerando que operó un cobro inoportuno.

Finalizó, refiriendo que, presuntamente amparada en la ley de Cajas de Compensación, la recurrida efectuó dicho descuento, pero a la vez respecto de una de las deudas, ha ejercido acciones tendientes a cobrar el crédito, lo que consta en causa ROL C-1074-2021 seguida ante el 2° Juzgado Civil de Antofagasta, interpuesta por la Caja de Compensación Los Andes, causa que se ha mantenido inactiva y archivada hace más de 6 meses, por lo que el recurrente alega la privación de su derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que informó la Caja de Compensación Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señaló que con fecha 21 de diciembre de 2015 otorgó al recurrente, el crédito código 030392725-5, por la suma de $1.875.610.- a una tasa de 2.22%, pagadero en un plazo de 60 meses, mediante cuotas de $63.476.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2016. Hizo presente que, desde diciembre de 2017, las cuotas no fueron pagadas por estar diferidas por licencias médicas o se pagaron en un periodo posterior y, a partir de noviembre de 2020 a octubre de 2022 (cuotas número 59 a 82), se encuentran en mora. Detalló que luego, en noviembre de 2016, le otorgó el crédito código 003CON100072319, por la suma de $2.809.007.- a una tasa de 2.2%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $88.266.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2017 y respecto de las cuales solo pagó el actor regularmente hasta la cuota número 11, por idénticas razones referidas en el primogénito crédito, con la diferencia de que para éste, las cuotas del mes de noviembre de 2020 a enero de 2023 (47 a 73), se encuentran en cobranza judicial.

Refirió que los descuentos recurridos para el pago de cuotas de crédito social, son informados al empleador del deudor, de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y que, la acción para su cobro no ha sido declarada prescrita. Agregó, en dicho sentido que, la vía idónea para alegar la prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, que la recurrente utiliza para evadir el pago sus obligaciones. Con ello, desconoció haber actuado ilegal o arbitrariamente, perturbando o amenazando alguna garantía constitucional del recurrente.

Finalizó sin reconocer extinción de la deuda, señalando que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, como también de la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde enero 2023, solicitando el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley 18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de corbo que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través desde la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue, el 26 de abril de 2021, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, respecto al mismo crédito que la recurrida reconoció estar deduciendo de sus liquidaciones, encontrándose la misma archivada.

De esta forma, al ejercer sus derechos por esta vía, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

En consecuencia una vez elegida la vía judicial, la recurrida ya singularizada, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, al practicar un cobro de su acreencia por dos vías independientes, conculcando en consecuencia, el numeral 24 de la Constitución Política de la República, no obstante haberse “comprometido” a no practicar en lo sucesivo descuentos, desde que no se advierte conforme los antecedentes aportados, que se haya materializado.

SEXTO: Que como se indicó, la recurrida, Caja de Compensación la Araucana, pese a los apercibimientos aplicados, no informó al tenor de la acción cautelar deducida en su contra. Así, el actor incorporó antecedentes, en particular liquidaciones de sus remuneraciones, en que constan descuentos efectuados por ésta. No obstante, como ya se indicó el artículo 22, permite a las Cajas a practicar dichos descuentos, y conforme lo expuesto por el mismo recurrente, es un hecho de la causa, que efectivamente “adeuda”, un monto determinado a dicha Institución. A diferencia de lo razonado en el acápite anterior, en el particular, no existe causa judicializada que permita arribar a igual conclusión y el hecho de “haber transcurrido mucho tiempo” o “que jamás fue informado de dicha decisión unilateral”, contradice lo presupuestado en dicha norma. En primer lugar, ya que el sólo transcurso del tiempo no hace desaparecer un crédito existente. Y en segundo término, toda vez que el actor al momento de contraer obligación, y por ende estar obligado a efectuar una prestación dineraria, faculta desde luego a la Caja a practicar los descuentos pertinentes. Así, respecto a la C.C.A.F. La Araucana, no existe ningún antecedente que permita establecer en esta sede, un acto ilegal o arbitrario.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, consecuencialmente, la recurrida se abstendrá de continuar el pago del crédito social vía descuento de remuneraciones, debiendo rembolsar los montos indebidamente descontado de sus liquidaciones desde diciembre de 2022 en adelante, en el plazo de 10 días desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

II. SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en contra de Caja de Compensación de asignación familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 763-2023 (PROT)

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