nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, notificado el 6 de marzo de 2026, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, a fin de que se acoja la misma, adoptándose las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en que nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Refiere que el 3 de marzo de 2026 recibió notificación según la cual su solicitud se encontraba pendiente, requiriéndosele aportar certificado de afiliación de institución de seguridad social fuera de Chile, documentación calificada como no válida; y que el 6 de marzo de 2026 fue notificado del rechazo definitivo, fundado en el cumplimiento del plazo normativo para rectificación de documentos.

Sostiene que la administradora obstaculizó el proceso de solicitud de retiro de fondos, efectuando una mala interpretación de la norma, desatendiendo su finalidad, esto es, que el extranjero pueda disponer de su propiedad. Argumenta que se encuentra ante una imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que califica de hecho público y notorio, que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos en el país, configurando un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Hace presente que aun así acompañó el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaría chilena, lo que reviste al instrumento de la formalidad necesaria, y que, al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Invoca lo establecido en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, alegando que cumple con los requisitos copulativos exigidos en la normativa, esto es, encontrarse afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en el contrato de trabajo respectivo su voluntad de mantener dicha afiliación. Sostiene que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, e incorpora exigencias adicionales no contempladas expresamente en la ley.

Añade que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales contiene un código alfanumérico de verificación —en su caso, 35b901784-2026209— que permite cotejar su autenticidad ingresando al portal web institucional, sea utilizando dicho código o ingresando la cédula de identidad venezolana del afiliado, por lo que la conducta omisiva de no verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal, máxime cuando acompañó, además, el certificado de afiliación notariado.

Argumenta que la conducta de la recurrida vulnera las garantías consagradas en el artículo 19, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al dar al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que en iguales circunstancias han obtenido respuesta favorable, exigiéndole una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156, e incorporando una interpretación restrictiva que afecta esencialmente su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, todo lo cual contradice el artículo 19, N°26 del mismo cuerpo constitucional.

Cita, en apoyo de su pretensión, jurisprudencia de tribunales superiores de justicia.

Finalmente, solicita tener por interpuesto el recurso, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponer un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales o adoptar las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Reconoce que el 3 de marzo de 2026 el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N°18.156, por las cotizaciones enteradas a su nombre por el empleador Jiusan Group Ltda., acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada ante notario y contrato de trabajo con sus anexos.

Explica que su representada efectuó el análisis de los documentos presentados con el objeto de determinar el cumplimiento de la Ley N°18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa dictada por dicho ente regulador, requiriéndose al recurrente aportar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada efectuada por el propio trabajador no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Al no cumplir con lo solicitado, se rechazó la solicitud el día 6 de marzo de 2026.

Precisa que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción que establece requisitos copulativos que debe cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de cotizaciones previsionales o la devolución de los fondos enterados, citando al efecto una sentencia de la Corte Suprema conforme a la cual deberá acreditarse ante la Afp el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de la ley, en la forma que ella exige y conforme a la norma administrativa y a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades, ha instruido mediante Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, que se debe acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según corresponda, que acredite que el trabajador contó, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. A su vez, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, exige que el cumplimiento del requisito de afiliación se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Añade que lo anterior va en consonancia con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que establecen las exigencias de legalización y, alternativamente, de apostilla, para los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, lo que protege la fe pública entendida como institución cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico.

Cita, en apoyo de su posición, jurisprudencia de tribunales superiores de justicia.

Concluye que su representada no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal alguno, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, por lo que solicita el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Da cuenta que el señor nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que en la legislación de seguridad social chilena la regla general en materia previsional es la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo entenderse el entero de imposiciones en ese sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios. En este marco, la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicha ley, transcribiendo el contenido de los artículos 1° y 7° del referido cuerpo legal.

Precisa que, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, por lo que las Administradoras de Fondos de Pensiones únicamente pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, conforme a la normativa aplicable y a la sistemática jurisprudencia administrativa.

Hace presente que, conforme con las facultades legales que le confieren el N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, habiendo emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156. En particular, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la referida ley, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Indica que la jurisprudencia uniforme del organismo fiscalizador ha interpretado que tal cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales; debiendo ser efectiva, es decir, que la entidad de previsión haya de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. Para acreditar la cobertura no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Respecto del caso de autos, señala que el recurrente acompañó un certificado electrónico denominado «Constancia Electrónica de Cotizaciones» y una declaración jurada suscrita por él. Manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser dicha entidad la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Añade que, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, y además dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Reitera que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe ser interpretada de manera restrictiva, y considerando que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en territorio nacional, y que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente. Cita, en respaldo de su criterio, sentencias de tribunales superiores de justicia.

Concluye que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el recurrente dedujo acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por estimar arbitraria e ilegal la decisión que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, notificada el 6 de marzo de 2026, fundada en que no daría cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

La resolución impugnada se sustenta, en lo medular, en que el recurrente no acompañó un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado, por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones aportada y la declaración jurada notarial efectuada por el propio trabajador no son documentos idóneos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile durante todo el período en que se prestaron servicios en el país.

SÉPTIMO: Que asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, debiendo tenerse presente lo señalado en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal señala: «En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.»

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, fluye que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o permitiéndoles obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una administradora de fondos de pensiones, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, debe considerarse que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios y por la jurisprudencia administrativa uniforme del ente fiscalizador, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, en este escenario, examinados los antecedentes acompañados por el recurrente, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia normativa antes señalada para ejercer los derechos que establece la Ley N°18.156. En efecto, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aportada por el recurrente, no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, en los términos exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, careciendo de firma autorizada y limitándose a transcribir, en forma genérica, las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin consignar de manera específica que el recurrente contó efectivamente con la protección por los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Por su parte, la circunstancia de que la referida constancia contenga un código alfanumérico de verificación cotejable en el portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no sustituye los requisitos formales legalmente exigidos, pues el ordenamiento jurídico nacional dispone expresamente la legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio excepcional reclamado.

A su turno, la declaración jurada notarial suscrita por el propio recurrente no constituye documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser dicha entidad la única que posee facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en que se emite la certificación.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales y administrativas establecidas. Por su parte, la situación diplomática del país de origen del recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, debiendo, además, considerarse que tanto la República de Chile como la República Bolivariana de Venezuela son estados partes de la Convención de la Apostilla, por lo que el procedimiento de apostillamiento de los documentos emitidos por la autoridad previsional venezolana se mantiene como vía formalmente disponible.

En tal escenario, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional del extranjero en su país de origen.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 756-2026 (Protección)

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