nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A

Antofagasta, a tres de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de doña Mackarena Daviu Pimentel, abogada, en representación de don nombre reservado, cubano, cédula de identidad N° RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la afectación a los derechos fundamentales, a saber, el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones y la igualdad ante la ley, solicitando a esta Corte adoptar las medidas necesarias que pongan fin a la vulneración de los respectivos derechos, ordenando la correspondiente devolución de la totalidad de los fondos previsionales al actor, dentro de un plazo de cinco días hábiles o el plazo que se considere razonable, con costas.

Informó la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Informó la Superintendencia de Pensiones, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su recurso señalando que, el actor con fecha 25 de noviembre de 2013, migró desde Cuba a Chile con visa temporal sujeta a contrato, para efectos de desempeñarse como Director de Planificación en la Sociedad Educacional UTA S.A., de la ciudad de Arica, bajo contratación a plazo fijo. Luego, con fecha 07 de octubre de 2014, puso término a la relación laboral mediante renuncia voluntaria.

Acto seguido, fue contratado con fecha 24 de octubre del mismo año en la Universidad Católica del Norte, desempeñándose como académico en el Departamento de Administración, de la Facultad de Economía y Administración, bajo contratación a plazo fijo que se extendió hasta el 31 de octubre del año 2015. Precisa que, con aquel empleador suscribió un anexo de contrato de fecha 03 de noviembre de 2014, en el que manifestó expresamente que mantendría su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile. Finalmente, el 02 de noviembre de 2015, fue contratado nuevamente por la Universidad Católica del Norte para el mismo cargo, pero con un contrato de duración indefinida. Durante este último período, con fecha 11 de marzo de 2021 y 29 de septiembre de 2022, se suscribieron anexos de contratos reiterando la declaración del recurrente, en orden a que mantendría su régimen previsional en el extranjero de forma permanente e indefinida.

Agrega que, con la finalidad de regresar a su país de origen, el actor puso término a esta última relación laboral con fecha 31 de mayo de 2023, concurriendo a la recurrida con fecha 03 de agosto del presente año, con el objetivo de solicitar la devolución de sus fondos previsionales, de conformidad al artículo 7 de la Ley N° 18.156, solicitud N° 7712 que fue rechazada por la mentada AFP de forma arbitraria e ilegal, notificando al actor con fecha 07 de agosto de los corrientes, señalando como motivos los siguientes: 1) Se solicitó señalar desde qué fecha el solicitante se encuentra nacionalizado, pues sostiene la Administradora que las personas nacionalizadas como chilenas pierden la oportunidad de solicitar la devolución de sus fondos; 2) Argumenta que los períodos en que se solicita la devolución de fondos comprenden desde noviembre del año 2014, y el contrato de trabajo acompañado fue suscrito con el empleador Universidad Católica del Norte, con fecha 02 de noviembre del año 2015; 3) Sostiene que los anexos de contrato de trabajo de fecha 17 de junio de 2020 y 29 de septiembre de 2022, suscritos con el empleador Universidad Católica del Norte, no contienen la manifestación del solicitante de forma clara e inequívoca sobre la voluntad de mantener su filiación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Al respecto y en cuanto a los requisitos, la recurrente enfatiza que para obtener la devolución de fondos, la legislación nada dice de la nacionalización del extranjero, por lo que, si esta no distingue, no cabe al intérprete hacerlo. Al segundo punto, sostiene que efectivamente la solicitud formulada se refirió a los montos enterados desde el mes de noviembre del año 2014, ya que en dicho año suscribió con el mentado empleador un contrato de trabajo, específicamente el 24 de octubre 2014, sin embargo, la relación laboral se entiende vigente desde el día 03 de noviembre del mismo año, en virtud de la visa temporal sujeta a contrato que habilitó al actor a contraer un vínculo laboral, situación de la cual se da cuenta en anexo de contrato suscrito con dicha fecha. Por último, precisa que el anexo de contrato de fecha 29 septiembre de 2022 contiene de manera expresa la obligación exigida por el artículo 1 de la Ley N° 18.156, indicando que: “Se deja constancia que el trabajador por voluntad propia desea mantener el régimen previsional en el extranjero en forma permanente e indefinida”, declaración que se debe tener como parte integrante del contrato primitivo del cual deriva.

En consecuencia, sostiene que la arbitrariedad del acto que se recurre radica en que la recurrida, de manera abusiva e irracional, está pidiendo que el actor cumpla con un mayor estándar al exigido en la ley, mientras que la ilegalidad del mismo, radica en que, constando que se cumplen con los dos requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, no se ha aplicado la norma como en derecho corresponde, lo que deviene en el rechazo de la solicitud, bajo un argumento que ajustado al tenor de la norma resulta legalmente improcedente, excediendo la recurrida en el ejercicio de sus atribuciones.

Afirma que se ha vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues se priva al recurrente del derecho de propiedad de sus fondos previsionales fruto de sus 9 años trabajados, específicamente respecto de la facultad esencial del dominio de disponer de ellos arbitrariamente no siendo contrario a la ley ni derecho ajeno (artículo 582 del Código Civil), recordando que el Decreto Ley N° 3.500 establece que estos fondos son de propiedad del afiliado y no del Estado ni de la AFP, entendiendo que el sistema previsional se basa en la capitalización individual. Asimismo, alega que se afecta el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que, al momento de rechazar la solicitud, la recurrida exige un mayor estándar de cumplimiento que la misma normativa aplicable, negándose a aprobarla debido a encontrarse el actor nacionalizado como chileno y, supuestamente, por no acompañar la suficiente documentación requerida en atención a lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 18.156.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte que adopte las medidas necesarias que pongan fin a la vulneración de los respectivos derechos, ordenando la correspondiente devolución de la totalidad de los fondos previsionales al actor, dentro de un plazo de cinco días hábiles o el plazo que se considere razonable, con costas.

SEGUNDO: Que informó don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Afirma que el actor presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales bajo el folio N° 7712, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador Universidad Católica del Norte, correspondientes al período cotizado comprendido entre noviembre de 2014 a mayo de 2023, acompañando la documentación respectiva para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la mentada ley. Luego, tras el debido análisis y considerando la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones y el Compendio del Sistema de Pensiones de dicha Superintendencia, con fecha 08 de agosto de 2023 mediante el memorándum N° 6277, se rechazó la solicitud promovida.

En primer lugar, respecto a los motivos del rechazo, en particular, el de la solicitud de aclarar fecha de nacionalización, fue requerido toda vez que en la cédula de identidad acompañada por el recurrente, aparece que es chileno y en consideración a que el artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 establece que la exención es para extranjeros, no podría aplicarse a chilenos o nacionalizados chilenos. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones en el uso de sus facultades otorgadas por el artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500, específicamente en los numerales 2 y 3 ha establecido en el Oficio N° 14105 de 27 de junio de 2017 que: “una vez nacionalizado chileno el trabajador técnico extranjero, las cotizaciones previsionales que se hayan enterado por los servicios prestados en nuestro país a partir de la nacionalización, no podrán ser retiradas”. De igual modo, se pronuncia el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones en el Libro II, Título XI de Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, Anexo, Número 2, en relación con el artículo 10 de la Carta Fundamental.

En segundo lugar y respecto de la solicitud de aclarar los períodos de trabajo, sostiene que ello se efectuó por cuanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones en el Libro II, Título XI de Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, Anexo, Número 2, señala expresamente que el formulario de solicitud de devolución de fondos debe contener el período cotizado, criterio de igual modo sostenido por la Superintendencia de Pensiones, específicamente en los numerales 2 y 3, respecto del Oficio 19421 del 31 de agosto de 2018. Lo anterior, en base a que, de los documentos acompañados por el recurrente, se advierte que inició su relación laboral el 02 de noviembre de 2015, sin perjuicio de lo anterior, se solicitó la devolución desde noviembre de 2014, por lo que, ante aquella inconsistencia de fechas, se pidió la respectiva aclaración, solicitud que se subsana acompañando el debido contrato de trabajo que dé cuenta del inicio de la relación laboral.

En tercer lugar y en cuanto a la falta de manifestación clara e inequívoca por parte del solicitante de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, de los antecedentes acompañados por el solicitante, se constató que no cumplía con los requisitos exigidos para ello, por no señalar de forma clara e inequívoca la manifestación de voluntad de mantener la afiliación a un régimen de previsional o seguridad social fuera de Chile, motivo por el que no procede su devolución de fondos por concepto de técnico extranjero. Estima que la decisión adoptada se ampara en la Ley N° 18.156, en la Constitución Política de Chile, en el Compendio del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y en oficios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, por lo que, en definitiva, no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente.

En consecuencia y en virtud de que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, teniendo en consideración además el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, el mentado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el artículo 10 de la Constitución Política, solicita el rechazo en todas sus partes del recurso impetrado, por no existir actos u omisiones ilegales y arbitrarias que afecten los derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que informó la Superintendencia de Pensiones al tenor del recurso. Afirma que, de acuerdo con sus registros, en el Sistema de Gestión Documental (SGD), el recurrente con fecha 10 de agosto de 2023, formuló la Consulta Web N° 9347/2023 como consecuencia del rechazo por parte de la AFP recurrida, respondiendo con fecha 11 de agosto del presente año, con un oficio referente a la materia consultada, adjuntándole jurisprudencia relativa a la misma.

Señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, ello en relación con el artículo 6 y 7 de la mencionada ley.

Respecto a los requisitos de las letras a) y b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, afirma que llama la atención que el actor haya pactado mantener su afiliación en el sistema previsional de su país y cotizar en el sistema previsional y de salud chilenos y que al término de su relación contractual haga efectivo su derecho a solicitar la devolución de sus Fondos de Pensiones, ello porque la Ley N° 18.156 no consagra un derecho a retirar los Fondos de Pensiones a todo evento, sino que está condicionado a que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el mencionado artículo 1. A mayor abundamiento, lo que establece este precepto es un derecho a opción para el trabajador en términos de mantener su afiliación en el régimen previsional de su país o afiliarse al sistema previsional y de salud en Chile. Además, de mantener la afiliación al sistema previsional de su país, tal régimen debe otorgarle prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En su caso, el recurrente no acreditó la cobertura en casos de enfermedad en su país de origen, circunstancia que queda de manifiesto al considerar que también se incorporó al sistema de salud chileno y cotizó para ese efecto. En tales condiciones, el recurrente no cumpliría los requisitos legales que deben darse conjunta y copulativamente, criterio sostenido por la Superintendencia en el Oficio Ordinario N° 13.661, de fecha 18 de junio de 2019 y en los oficios N° 24.272, N° 28.458 y N° 1.610, de fechas 26 de octubre de 2015, 02 de diciembre de 2015 y 19 de enero de 2016.

Adicionalmente, informa que según la historia de la Ley N° 18.156, esta pretendió remediar la situación de trabajadores técnicos extranjeros que ingresaron a Chile cumpliendo los requisitos para eximirse de cotizar, por estar cubiertos en su país de origen ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, sin embargo, atendida la situación planteada por el recurrente, en cuanto a que en el año 2019 se habría nacionalizado chileno, del tenor de la citada Ley N° 18.156 se desprende claramente que la exención es un régimen de excepción aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en dicho texto legal y no respecto de los chilenos, independientemente que tengan una segunda nacionalidad.

Agrega que dicha excepción se ha interpretado de forma restringida atendido a su carácter de especial, por lo que la Superintendencia estima que el problema se limita a establecer si su adquirida condición de chileno puede ser obviada para efectos de determinar la procedencia de retirar sus fondos previsionales en calidad de extranjero, concluyendo que la nacionalidad es un atributo de la personalidad, inherente a la persona, y en tal sentido no puede ésta despojarse de ella caprichosamente para un fin determinado, criterio sostenido en el Oficio N° 14105, de 27 de junio de 2017.

En consecuencia, es improcedente la devolución de los fondos previsionales solicitados, pues no concurre a su respecto un requisito esencial de ser extranjero exigido por la Ley N° 18.156, ya que, si bien tiene nacionalidad cubana, obtuvo la nacionalidad chilena y, por lo tanto, no puede sostenerse que es un extranjero propiamente tal.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, respecto de acciones que claramente son ilegales y/o arbitrarias.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, atendida las alegaciones de las partes y el objeto de la controversia de autos, corresponde a esta magistratura verificar la existencia de un acto ilegal y arbitrario por parte de la recurrida, consistente en no dar lugar a la solicitud de devolución de los fondos previsionales del recurrente, realizada en conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.156, en base a sus fundamentos.

SÉPTIMO: Que atendido lo anterior, conviene tener presente el marco normativo vigente que regula la materia. De esta forma, el artículo 1 de la Ley N° 18.156 dispone que:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

El artículo 6 de la misma ley establece que: “Facúltase al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para que autorice pagos de remuneraciones en moneda extranjera que correspondan a contratos de trabajo celebrados en conformidad a las normas de esta ley, y pagos por conceptos de seguridad social que deben efectuarse en el extranjero en cumplimiento de los mismos.”

A su vez, el artículo 7 de la referida ley señala que: “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

OCTAVO: Que, atendida la documentación acompañada en autos por las partes, así como lo informado por la Superintendencia de Pensiones, es posible tener por establecido que el recurrente con fecha de 03 de agosto de 2023 ha solicitado a la recurrida AFP Modelo S.A., de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, la devolución de sus fondos previsionales enterados por su ex empleador Universidad Católica del Norte, durante el período que abarca desde el 01 de noviembre de 2014 al 01 de mayo de 2023.

Asimismo, no ha resultado controvertido que la recurrida mediante comunicación de 07 de agosto de 2023, informa al recurrente que luego del análisis de los antecedentes realizados por su Fiscalía, ésta decidió rechazar la solicitud en virtud de los motivos señalados en dicha comunicación, los cuales corresponde examinar a la luz de la normativa vigente para resolver el presente arbitrio.

NOVENO: Que, como primer punto, consta en la referida comunicación de 07 de agosto de 2023 que la recurrida requirió informar al solicitante acerca de la fecha de su nacionalización, toda vez que conforme consta de la propia solicitud y documento de identidad acompañado a la misma, el recurrente posee la nacionalidad chilena, resultando relevante dicha información toda vez que, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N° 14105 de 27 de junio de 2017, ha señalado que una vez nacionalizado chileno el trabajador técnico extranjero, las cotizaciones previsionales que se hayan enterado por los servicios prestados en nuestro país a partir de la nacionalización, no podrán ser retiradas y le servirán para financiar las prestaciones del Sistema de Pensiones del Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

En este sentido, sin perjuicio que el recurrente nada refiere en su libelo respecto de la época de su nacionalización, mediante documento denominado “Consulta Web N° 9347/2023” acompañado por la Superintendencia de Pensiones a su informe, consta que este reconoce haber adquirido la nacionalidad chilena el año 2019, por lo que, no es posible calificar como ilegal o arbitrario el actuar de la recurrida al exigir esta información, toda vez que, en virtud de los dispuesto en el artículo 94 del Decreto Ley N° 3500 y la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema realizado por la referida Superintendencia, que resulta obligatoria para las Administradoras, no procede la devolución de los fondos ingresados a la AFP desde dicha fecha, resultando en consecuencia relevante antes de disponer el pago conocer la fecha de la referida nacionalización.

En cuanto a la alegación efectuada por la recurrente en orden a que la nacionalización ocurrida en nada afecta el derecho al retiro de fondos del todo el período trabajado, cabe tener presente que aquello no se comparte por esta Corte desde que, desde el momento de la nacionalización (que en todo caso es voluntaria), la persona pasa a ser chileno, es decir, deja de ser extranjero aunque tenga doble nacionalidad, por lo que no puede impetrar derechos que esta última calidad confiere, afectándole por el contrario todas las cargas de tal, entre las que está la obligación de ahorrar en el sistema previsional sin posibilidad de retirar hasta su jubilación. En consecuencia, se ajusta a derecho la interpretación administrativa antes indicada.

En este contexto, solo cabe concluir que la recurrida se sujetó a lo instruido por el ente fiscalizador mediante Oficio N° 14105 de 27 de junio de 2017, al requerir dicha información al solicitante, para así analizar la procedencia de la devolución de los fondos de pensiones enterados con anterioridad a la nacionalización del recurrente, y en especial las fechas cuyas cotizaciones debieran devolverse.

Por el contrario, si resulta ilegal rechazar de plano el retiro afectando el período en que el solicitante era extranjero, no siendo óbice al efecto que haya manifestado su intención de seguir sujeto al régimen previsional de su país de origen y al mismo tiempo haya cotizado, porque es precisamente aquella situación la regulada en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, por lo que se acogerá parcialmente el recurso, disponiendo que deberá accederse al retiro de aquellos fondos del período referido, una vez que se cumpla con acompañar los antecedentes de la nacionalización y con lo referido en el considerando siguiente.

DÉCIMO: Que, asimismo, consta de la respuesta de la AFP que requirió al recurrente aclarar respecto al contrato de trabajo suscrito con el empleador Universidad Católica del Norte y acompañar toda la documentación que acredite la vigencia de la relación laboral, toda vez que, conforme se desprende de la documentación acompañada a la solicitud, solo se adjuntó documentación que da cuenta del contrato de trabajo suscrito con fecha 02 de noviembre de 2015 y siguientes, mientras que los períodos por los cuales solicita la devolución de fondos como Técnico Extranjero comprenden el período de noviembre de 2014 a mayo de 2023.

A este respecto, tampoco aparece como ilegal ni arbitraria la solicitud de la recurrida, por cuanto se limita a requerir antecedentes que resultan necesarios para el adecuado análisis de la procedencia de la devolución requerida, toda vez que es el propio legislador quien establece sus requisitos, entre estos, que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, siendo indispensable para esto tener claridad respecto del vínculo laboral en el cual se funda su solicitud y la vigencia del mismo, sobre todo si la solicitud de devolución considera dicho período.

UNDÉCIMO: Que en cuanto a la falta de manifestación clara e inequívoca por parte del solicitante de su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile sostenida por la recurrida, de la lectura de los anexos de contrato acompañados a la solicitud, de fechas 17 de junio de 2020 y 29 de septiembre de 2022, resulta ser clara y patente la manifestación de voluntad requerida como presupuesto del retiro de fondos, no advirtiéndose por esta Corte la contradicción evidenciada por la recurrida y la Superintendencia, desde que precisamente son situaciones en que, efectuada la declaración respectiva, se pagan cotizaciones, lo que justifica el artículo 7° antes referido, siendo indubitado en consecuencia que la antes indicada manifestación de voluntad es de aquellas que permite, al término de su relación contractual, poder hacer efectivo su derecho a solicitar la devolución de sus Fondos de Pensiones.

En este sentido, lo concluido por la recurrida en cuanto a no tener por cumplido el requisito establecido en la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, resulta ser antojadizo y, por lo mismo, ilegal y arbitrario, por lo que, como se dijo, se acogerá parcialmente el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por doña Mackarena Daviu Pimentel, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sólo en cuanto se ordena a la recurrida la devolución de fondos previsionales enterados por el empleador del recurrente en su calidad de trabajador técnico profesional extranjero, desde el inicio desde sus cotizaciones y hasta la fecha de la nacionalización, todo ello una vez cumplido el requerimiento de acreditar la fecha de aquello, acompañando la documentación respectiva, y la aclaración del período abarcado por los contratos que incluyan la declaración de reserva en cuestión, acompañando también los contratos que incluyan dicho período, debiendo considerar que las cláusulas al efecto incluidas en los contratos acompañados a este recurso cumplen con la exigencia legal al efecto, debiendo emitirse el pronunciamiento al efecto dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde que se acredite haber cumplido con la entrega de antecedentes legalmente requeridos, según se dijo en los considerandos de esta sentencia.

II. SE RECHAZA en lo demás el recurso interpuesto.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7551–2023 (PROT)

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