nombre reservado con REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE CHILE

Antofagasta, a veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Paula Andrea Valdivia Diaz, abogada, en representación de nombre reservado, chileno, soltero, trabajador dependiente, ambos con domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Servicio De Registro Civil De Antofagasta, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en negar la eliminación de las anotaciones penales de la hoja de vida de conductor, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, N°3, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta a eliminar los antecedentes penales del recurrente de su hoja de vida del conductor, en contravención a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley del Tránsito, en relación al artículo 21 de la Ley N°19.268 y al artículo 38 de la Ley N°18.216, por cuanto, arbitraria e ilegalmente, mantiene en la hoja de vida el registro de condenas que ya han sido cumplidas y respecto de las cuales, en consecuencia, procede su omisión, los que corresponde a causa RUC: 1.900.608.140-4, RIT 9.497/2019 del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Causa en la que consta que su representado fue condenado a sufrir la pena corporal y/o multa de 541 días de presidio menor en su grado medio, más multa de dos Unidades Tributarias Mensuales, cuatro cuotas igual iguales, mensuales y sucesivas, de media utm cada una, pagaderas dentro del mes siguientes de ejecutoriada la sentencia; en cuando a las inhabilidades: suspensión de cargo u oficio públicos durante el tiempo de la condena; y, la pena accesoria, correspondientes a la suspensión de licencia de conducir por el término de 2 años; ello como autor del delito consumado de Conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad y sin haber obtenido licencia de conducir, previsto y sancionado en los artículos 196, 110 y 209, perpetrado en Antofagasta, el día 05 de junio de 2019, ello por sentencia dictada en procedimiento Abreviado, de fecha 20 de enero de 2020.

Añade que en la sentencia se reconoció la circunstancia atenuante prevista en el artículo 11 Nº6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior; como que consta que la pena corporal impuesta se le sustituyó por la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena establecida en el artículo 4 y siguientes de la ley N°18.216, por lo que el recurrente estuvo por el término de 18 meses bajo sujeción y control administrativo de Gendarmería de Chile.

Sostiene que se señala en dicha sentencia respecto del artículo 38 inciso 1° de la Ley N°18.216: “OFICIESE, en su oportunidad, conforme al inciso primero del artículo 38 de la Ley N.º 18.216.”, pero que, sin perjuicio de ello, se señala en su hoja de vida del conductor, la anotación penal vinculada a dicha causa.

Refiere que estando todas las penas cumplidas, procede la omisión de los antecedentes penales de la hoja de vida, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N°19.628, artículo 217 de la Ley del Tránsito y artículo 38 de la Ley N°8.217, y que en virtud de lo anterior, dichos antecedentes se encuentran omitidos en el certificado de antecedentes, pero aún se mantienen publicados en la hoja de vida del conductor, por lo cual concurrió presencialmente a las oficinas de la recurrida, en la ciudad de Antofagasta, a fin de solicitar la omisión /eliminación de dichos antecedentes penales, siendo negado dicho requerimiento, señalándose por parte de la funcionaria que no existía ninguna orden del Tribunal de Garantía en cuestión, sin entregar solución alguna al respecto.

En relación con las garantías constitucionales conculdas, indica que la acción de protección deducida busca la protección urgente de los derechos y garantías constitucionales frente a las graves infracciones cometidas por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta, al negar la solicitud de omitir los antecedentes penales de la Hoja de Vida del Conductor.

Manifiesta que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, ya que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos de igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 y 3 inciso quinto CPR); el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia (Art. 19 N°4 CPR), y; la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 N°16 CPR).

Sostiene que se configura la afectación de la igualdad ante la ley, por cuanto es discriminada arbitrariamente, aun cuando el recurrente ha cumplido con los requisitos para la omisión de sus anotaciones penales.

Luego, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, causa Rol 37.573-2019, y de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, causa Rol 8.199-2023.

Alega la afectación a la vida privada y pública y la honra de la persona y su familia, por cuanto la recurrida continúa informando en la Hoja de Vida del recurrente que tiene antecedentes penales vigentes, afectándose su esfera más íntima y principalmente su honra, tanto subjetiva -en cuanto a su autovaloración-, como objetiva -en cuanto a su reputación- considerando que terceros pueden tener acceso a dicho certificado; contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°19.628.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera la libertad de trabajo y la debida protección de dicha garantía respecto del recurrente, ya que la mantención arbitraria e ilegal de dichos antecedentes en su Hoja de Vida del Conductor le genera consecuencias perjudiciales directas en el ámbito laboral, ya que el recurrente se desempeña como Electromecánico en la Compañía Minera Lomas Bayas, función que, por su naturaleza, exige en determinadas ocasiones la utilización y conducción de maquinaria, pero que la permanencia de dichos antecedentes lo expone a ser visualizado como una persona de riesgo dentro de su entorno de trabajo, afectando no solo el ejercicio pleno de sus funciones actuales, sino también sus posibilidades futuras de acceder a nuevas responsabilidades, ascensos o cargos de mayor jerarquía. Situación que importa una forma de discriminación en su ámbito laboral, al instalar una barrera injustificada que entorpece su adecuada reinserción y desarrollo íntegro en la vida social y profesional, comprometiendo la estabilidad de su fuente laboral y, con ello, el sustento propio y de su familia.

Culmina requiriendo que se acoja la acción en todas sus partes, declarando que el recurrido, Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta, ha actuado arbitraria e ilegalmente, privando, perturbando y/o amenazando, el legítimo ejercicio del derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, al respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia, a la libertad del trabajo y su protección, todos regulados en el artículo 19 N°2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República; y que se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta a omitir o eliminar de la Hoja de Vida del Conductor y de todo Certificado de Antecedentes Penales del recurrente, las anotaciones judiciales derivadas de la causa penal RUC: 1.900.608.140-4, RIT 9.497/2019 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, subdirector jurídico, en representación del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien expone que, revisadas las bases de datos del Registro General de Condenas y del Registro Nacional de Conductores, se estableció que el recurrente anotación respecto de causas penales:

Causa RIT N°8972-2019 RUC N°1.900.785.456-3, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, por delito de lesiones leves, contemplado en el artículo 494 N°5 del Código Penal, condenado con fecha 14 agosto de 2019, a multa de 1 Unidad Tributaria Mensual, pagada el 19 de agosto de 2019, informado por oficio N°10.851 de fecha 20 de agosto de 2019, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, causa con beneficio de omisión de antecedentes penales para Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 21 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Causa RIT N°9.497-2019 RUC N°1.900.608.140-4 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con o sin daños o lesiones leves, en su grado de consumado, por sentencia de fecha 20 de enero de 2020, es condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio más multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, Remisión Condicional de la Pena, penas ambas que se encuentran cumplidas según resolución de fecha 24 de enero de 2022, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, causa con beneficio de omisión de antecedentes penales para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 38 inciso 1° de la ley N°18.216.

En este sentido, enfatiza que el recurrente no registra órdenes de aprehensión vigentes, no figura en nómina de prófugos de la justicia y tampoco presenta antecedentes penales en el Registro de Responsabilidad Adolescente.

Luego, indica que en cuanto a la solicitud de beneficios, el recurrente solicitó al Registro Civil e Identificación, la omisión de antecedentes penales que figuraban en su hoja de vida del conductor respecto de las causas y medidas, Servicio de mediante oficio F.P.ORD. N°1376 de fecha 08 de enero de 2021, del Subdepartamento de Filiación Penal, en respuesta a se comunicó “En causa 8972-2019 del Juzgado DE GARANTIA ANTOFAGASTA.- Se otorgó beneficio de omisión de antecedentes penales certificados para fines particulares y para fines especiales, en virtud del art.21 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En causa 9497-2019 del Juzgado DE GARANTIA ANTOFAGASTA.- Usted ya cuenta con beneficio de omisión en certificado para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 38 inciso 1ro de la Ley 18.216, sobre Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o restrictivas de Libertad. En virtud de lo dispuesto en el art.210 de la Ley 18.290 (Ley de Tránsito) y siguientes, no procede omitir anotaciones penales en certificados para la obtención o renovación de licencia de conducir”

Luego, desarrolla extensamente el marco normativo aplicable, explicando que el Registro Nacional de Conductores, conforme al artículo 211 de la Ley de Tránsito y se remite al artículo 2 y del Decreto N°739 del Ministerio de Justicia. Luego cita el artículo 217 del D.F.L N°1 de 2009 del Ministerio de Transporte y telecomunicaciones.

Refiere que, conforme a lo expuesto, cuando una causa resulte anotada en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados como en el registro General de Condenas, se debe proceder primero a su eliminación del Registro General de Condenas, luego podrá eliminarse del Registro Nacional de Conductores de Vehículos motorizados, previo pago de los derechos correspondientes.

Asimismo, explica que de la normativa citada, es posible señalar que nuestro ordenamiento jurídico no contempla el beneficio de omisión respecto de las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, ya que la normativa que rige a dicha materia tiene relación con anotaciones penales, realizadas en el registro general de condenas, las cuales al ser de carácter publico y derecho estricto, no es posible aplicar por analogía a otras materias.

Señala que no es posible acceder al requerimiento de omisión solicitado, ya que la normativa en la materia no contempla dicho beneficio.

En cuanto a la eliminación de la anotación, precisa que n o es pertinente la aplicación del D.S. 64 del Ministerio de Justicia, ya que el recurrente registra más de una anotación en su prontuario penal; pudiendo ver la posibilidad de acogerse a los beneficios del DL N°409 de 1932 del Ministerio de Justicia y DDHH, no siendo posible para el Servicio proceder a la eliminación.

Concluye, sosteniendo que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, ya que la negativa se fundamenta en lo expuesto, y que dichas anotaciones se encuentran omitidas en la hoja de vida del conductor. Niega que exista discriminación arbitraria o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, solicitando expresamente el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, conforme las alegaciones formuladas en la presente acción cautelar, el recurrente de protección pretende que se haga efectiva la omisión de sus condenas en el registro de su “Hoja de vida de conductor”, en razón del beneficio concedido por el Juzgado de garantía de Antofagasta, que ordenó la omisión de las anotaciones penales a que diera lugar dichas sentencias, por reunirse los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley N°18.216.

SEXTO: Que, previo a entrar al fondo del asunto, es conveniente reseñar el marco normativo aplicable en la materia.

Así, el artículo 38 de la Ley N°18.216 establece que, “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto. Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación (…)”.

A su turno, el Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, dispone en su artículo 8 –en lo pertinente- lo siguiente:

“Se eliminará una anotación prontuarial: (…) g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”.

El inciso 3° agrega que: “En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado”.

A su vez, el artículo 10 del referido cuerpo legal consigna que: “La eliminación de anotaciones prontuariales y de prontuarios se hará a petición de parte. Sin embargo, si los Tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transcrito al Servicio las resoluciones correspondientes, o por cualquiera otra causa no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación, el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que la justifiquen, por medio de una solicitud dirigida al Director y presentada en el Gabinete local del lugar de su domicilio”.

Finalmente, el artículo 217 de la Ley N°18.290, prescribe que: “Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría. Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley. La eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago de un derecho cuyo monto se determinará anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia (…)”.

SÉPTIMO: Que, al tenor de las disposiciones analizadas, la adecuada resolución del presente arbitrio exige distinguir entre la omisión y la eliminación de antecedentes penales, tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 19 de mayo de 2020, en causa Rol N°37.573-2019, la que en su considerando quinto, ha establecido que: “la omisión de antecedentes no conlleva la destrucción permanente de las anotaciones prontuariales o del prontuario, sino que opera exclusivamente al momento de solicitar el interesado un certificado de antecedentes penales, y permite que el documento no contenga una o más anotaciones prontuariales, las que seguirán existiendo en el prontuario penal. Por su parte, la eliminación de antecedentes no es definida en el Decreto Supremo N°64, sino que en el artículo 2 letra h) de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, como “la destrucción de los datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello”. En este sentido, ya sea que la eliminación se refiera a una anotación judicial o a la destrucción íntegra del prontuario, es patente que la acción de eliminar o destruir tiene efectos permanentes en los antecedentes de la persona, puesto que ellos desaparecen”.

Es preciso subrayar que el Decreto Supremo N°64 emplea indistintamente los términos “destruir”, eliminar” o “borrar”, por lo que debe entenderse que su significado y efectos son equivalentes. Asimismo, se debe distinguir entre el prontuario penal y el certificado de antecedentes, tal como razonó el máximo Tribunal en la causa Rol N°31.861-2019 al señalar que: “(…) el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de sus anotaciones judiciales, mientras que el certificado de antecedentes es un instrumento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario (art. 11 D.S. N°64). El legislador distingue entre cuatro tipos de certificados de antecedentes: a) Certificado de antecedentes para conducir vehículos motorizados; b) Certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicios de Prisiones; c) Certificado de antecedentes para fines particulares; y d) Certificado de antecedentes para fines especiales (art. 12 D.S. N°64). Este último certificado deberá contener copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgará en el evento que leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior (art. 12 letra d) D.S. N° 64).”

OCTAVO: Que, atendido a las consideraciones precedentes, no es posible soslayar que el régimen establecido en el artículo 38 de la Ley N°18.216 es especial, al resultar procedente sólo respecto de aquellas personas que han sido sometidas a penas sustitutivas, siendo autónomo frente al sistema general de omisión y eliminación de antecedentes, contenido en el Decreto Ley N°409 y en el Decreto Supremo N°64.

En consecuencia, tanto la omisión como la eliminación definitiva de los antecedentes prontuariales establecida en los incisos 1º y 3° del artículo 38 de la Ley N°18.216, al ser especial y autónoma respecto de la reglamentación contenida en el Decreto Ley N°409 y en el Decreto Supremo N°64, no lleva consigo necesariamente la destrucción del prontuario, por lo que la regla contenida en el inciso final del mismo precepto legal sigue teniendo plena aplicación para los casos allí consignados, rigiéndose por los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo N°64 de 1960. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil e Identificación está obligado a dar cumplimiento a la orden de omisión y/o eliminación de antecedentes penales que los Tribunales con competencia penal le impartan, conforme a la primera de las normas citadas.

NOVENO: Que, en la especie, y respecto de los antecedentes de la Hoja de vida del Conductor, esta Corte concuerda con el criterio sostenido por el máximo tribunal en la sentencia de causa Rol N°37.573-2019 previamente citada, en orden a que “(…) el correcto sentido y alcance del artículo 217 de la Ley N° 18.290, debidamente enlazado con los incisos primero y tercero del artículo 38 de la Ley N°18.216, y con los artículos 1, 8, 9, 10 y 12 letra a) del Decreto Supremo N° 64, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 409 de 1932, es que, si resulta posible el beneficio de la omisión para el caso del Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, también llamado “Hoja de Vida del Conductor”.

En consecuencia, la medida de política criminal analizada no puede entenderse sino en los términos claramente expresados por el legislador, debiendo el Servicio recurrido adecuar su conducta a dicha norma, pues concluir lo contrario importaría no sólo desconocer el tenor literal del marco normativo aplicable, sino que también el espíritu de la Ley N°18.216, al obstaculizar la reinserción del condenado en la sociedad.

DÉCIMO: Que, como se ha señalado, el actuar denunciado por el recurrente, consistente en no cumplir con la omisión ordenada en la sentencia condenatoria de autos respecto del documento denominado Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, limitándose el Servicio recurrido a sostener la improcedencia del beneficio exigido, lo que resulta ilegal y arbitrario, al desatender la correcta exégesis del marco normativo aplicable en la materia y obstaculizar así su reinserción social, vulnerando de esta forma la garantía de igualdad ante la ley del recurrente, razones por lo que necesariamente deberá acogerse la presenta acción constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Paula Andrea Valdivia Diaz, abogada, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, y en consecuencia, el Servicio recurrido deberá omitir la anotación respectiva del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados u “Hoja de Vida del Conductor” del recurrente, esto es, la correspondiente a las causas RIT N°9497-2019, RUC 1900608140-4 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 752-2026 (Protección)

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