nombre reservado con SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, once de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción de protección en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, representado por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al dictar la Resolución N° 118292/2/2023, de fecha 09 de julio de 2023, que le fuera notificada el día 04 de agosto del presente año, mediante la cual se declara vacante su cargo por salud incompatible, sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, habida consideración de que el acto recurrido ha perturbado sus garantías constitucionales, en particular se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la Ley y el derecho de propiedad, garantías previstas y establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se decreten las medidas que sean pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto la resolución impugnada, dictaminando la reincorporación a su cargo y, ordenando el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condena en costas.

Evacuó informe la recurrida, instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda el recurso en los siguientes hechos:

Indica que ingresó a prestar servicios en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, en calidad de contrata, en el año 2016, como auxiliar de Unidad de Apoyo de Emergencia, grado 24. Refiere que desde su contratación a la fecha, su contrata ha sido renovada en forma ininterrumpida, por lo que a la actualidad lleva más de 6 años prestando servicios para el recurrido.

Agrega que, encontrándose en funciones, comenzó a sentir dolores en su espalda, los cuales comenzaron a ser cada vez más constantes, por lo que luego de una resonancia magnética de columna del 14 de mayo de 2022, se determinó la presencia de un quiste para anexial hola izquierdo de 28 por 38 mm., de diámetro y es hoy por ello que, luego de una serie de gestiones, el 9 de agosto de 2022 ingresó por GES HP para intervención quirúrgica en el Hospital doctor Carlos Cisternas debido a una hernia de núcleo pulposo en la zona lumbar, siendo dada de alta al día siguiente, comenzando posteriormente su recuperación.

Añade que con fecha 3 de enero del año en curso, vía correo electrónico, se le informó por parte de COMPIN sobre la resolución de evaluación de salud irrecuperable de funcionario público, lo siguiente: “(…) Patología de origen común y recuperable, según antecedentes presentados, actualmente recibiendo terapia kinésica, recibiendo tratamiento con enfoque de recuperabilidad, sin haberse agotado todas las alternativas terapéuticas, informe Dr. nombre reservado, 30/11/2022, indica que posterior a culminación, se decidirá probable fecha de ingreso (…)”.

Indica que, concretamente, la resolución de evaluación de salud irrecuperable de funcionario público número 15889873, de fecha 3 de enero de 2023, señala: “Considerando la solicitud de evaluación de salud irrecuperable realizada por su empleador Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama N° Id 30325562 de : - Nombre Funcionario: nombre reservado - Apellidos Funcionario: nombre reservado - Rut: RUT reservado.

Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes. (…)”

Refiere que durante su recuperación debió someterse a una nueva operación con fecha 07 de junio de 2023, respecto de la cual ha evolucionando favorablemente, sin que exista un nuevo pronunciamiento de COMPIN al efecto, en razón de ello, ha debido hacer uso de licencias médicas por un período continuo superior a seis meses en el último año, acumulando 245 días.

Añade que, con fecha 04 de agosto del año en curso, encontrándose con licencia médica con reposo total, fue notificada de la Toma de Razón N° 118292/2/2023, de la Dirección del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, de fecha 09 de julio de 2023, la cual declara vacante su cargo por salud incompatible Sostiene que, el acto impugnado RESOLUCIÓN TRA N° 118292/2/2023, del Servicio de Salud de Antofagasta, el cual declara vacante su cargo por salud incompatible, la aparta de sus funciones, sin poder ejercer su cargo y percibir sus remuneraciones y beneficios, es arbitrario e ilegal, por ser contrario a derecho y carecer de fundamento, vulnerando sus garantías constitucionales establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, señala que dicha resolución es contraria a derecho, puesto que al declarar la vacancia de su cargo, a pesar de que su salud, según informó COMPIN es recuperable, la recurrida no estaría habilitada para ejercer la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Asimismo que la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de 6 meses en los últimos 2 años, no habilita por sí solo al jefe superior del Servicio para considerar que el funcionario que ha tenido que hacer uso de ellas tenga salud incompatible con el desempeño de su cargo, sino cuando existe una declaración del organismo administrativo especializado, en cuanto a que aquel funcionario no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo.

Agrega que el objetivo de dicha norma, (incorporada al Estatuto Administrativo, por medio del artículo 63 de la Ley N° 21050, que agrega el inciso tercero al artículo 151), es limitar la discrecionalidad de los jefes de Servicio, para evitar arbitrariedades y caprichos, por un lado, y por el otro compatibilizar dicha facultad con la recuperación de la salud y conservación del empleo de los funcionarios.

Invoca jurisprudencia relativa a esta materia, tanto de la Excma. Corte Suprema como de esta Corte de Apelaciones.

Agrega que la resolución reclamada no sólo es ilegal, sino también arbitraria, indicando que COMPIN solamente declaró su salud recuperable, pero no consta que haya analizado si se encuentra en condiciones de desempeñar su cargo, nada dice respecto a este punto, ni tampoco se da cuenta de los antecedentes que se tuvieron a la vista para considerar que su salud es incompatible con el cargo y, el único argumento que se esgrime en la resolución recurrida es la circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por un total de 245 días.

Concluye que sobre este punto, la resolución impugnada adolece de falta de fundamentación de hecho y derecho, resultando en este caso aplicable las disposiciones contempladas en la Ley 18.880, puesto que el acto administrativo que se dicte para declarar la vacancia por salud incompatible debe dar estricto cumplimiento a los artículos 11 y 41 de dicha ley, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho que dan sustento a dicha decisión, por tratarse de actos que afectan derechos de particulares.

De tal forma, la resolución impugnada atenta su derecho a la igualdad ante la Ley, por cuanto otros funcionarios no han sido removidos de su cargo a través de la vía que le ha afectado; asimismo, se le estaría privando de su derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Por lo expuesto, solicita se decreten las medidas que sean pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto la resolución impugnada, dictaminando la reincorporación a su cargo y, ordenando el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa CLAUDIA RIVERA FERNÁNDEZ, Abogada, en representación del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de su representado, con expresa condena en costas.

Parte realizando una síntesis de la presente acción y argumentos invocados por la recurrente, para luego referirse a la normativa aplicable al actuar de su representada, indicando que, el Servicio de Salud de Antofagasta es un servicio público, perteneciente a la administración del Estado, que específicamente tiene el carácter de organismo estatal y cuyo actuar se rige estrictamente por el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Agrega que, con la dictación del DFL N°1/2005 de salud, el recurrido mantuvo la condición de servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Ministerio de Salud, pero dejó de estar a cargo de la ejecución de las acciones asistenciales y fiscalización sanitaria, para cumplir una labor de articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial, buscando dotarse a los hospitales de mayor complejidad del desarrollo de especialidades, organización administrativa e independencia tanto administrativa como presupuestaria, pudiendo, dentro del ámbito de sus funciones, delegar atribuciones en los diferentes centros que formen parte de la red asistencial.

Indica que actualmente en uso de las potestades conferidas por la Ley al Hospital Carlos Cisternas de Calama, el Servicio de Salud Antofagasta no ha tenido, ni tiene intervención alguna en la contratación de su personal, celebración de contratos de carácter civil, o bien en la ejecución de los mismos, ni fiscalización de los contratos suscritos por el Hospital.

En cuanto a la acción deducida indica que se ha presentado doña nombre reservado, interponiendo acción de protección al tenor de lo dispuesto, aparentemente, en los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, contra su mandante, por haber supuestamente ejecutado actos arbitrarios e ilegales que se detallan, privando, perturbando y amenazando el legítimo goce de las garantías constitucionales que indica.

Refiere que, con fecha 26 de agosto de 2016 ingresa la Sra. nombre reservado (sic) a ejercer funciones en el Hospital Carlos Cisternas de Calama como auxiliar de servicio en jornada diurna, en grado 24°, posteriormente efectúa diversas suplencias, con fecha 27 de octubre de 2016 se le modifica su calidad a contrata. De igual forma que la relación laboral se mantuvo tranquila hasta las diversas presentaciones de licencias médicas entre los años 2021 a 2023, llegando a acumular 245 días de ausentismo, según informe de fecha 13 de junio de 2023.

Agrega que, con fecha 03 de enero de 2023 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dicta Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable de funcionario público la que resuelve “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”. Por su parte, con fecha 12 de junio de 2023 se envía Comunicación interna N° 46, emitido por la Jefa de Departamento de Calidad de Vida Laboral del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama a la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Carlos Cisternas, informando las Gestiones de la Unidad de Ausentismo del nosocomio, respecto de la revisión de los antecedentes de doña nombre reservado, Run RUT reservado, y según informe de evaluación de COMPIN, resolviendo que mantenía salud recuperable, ante lo cual el Director del nosocomio decide aplicar artículo 1511 del Estatuto Administrativo, que establece “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Por lo que se solicita hacer entrega de documentación correspondiente a analista encargada, con la finalidad de proceder a la tramitación en SIAPER, dicho comunicado.

Agrega que, con fecha 09 de julio de 2023, mediante Resolución TRA N° 118292/2/2023 que resuelve “DECLÁRESE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por:

1) Don (a) nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, AUXILIAR, grado 24° ESCALA UNICA DE SUELDOS, contrata, con jornada de 44 horas semanales, del servicio.

Solicita se tenga presente que, la autoridad invoca como fundamento jurídico de su accionar, al estatuto administrativo, el cual dispone en su artículo 150.- “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)

Luego dispone, el artículo 151: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Suma a lo anterior, que el inciso tercero del anotado artículo 151 de la Ley N° 18.834 -agregado por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible de un funcionario, deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación de aquel, respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Indica que en los antecedentes que constan en la Historia de la Ley N° 21.050, se aprecia que la modificación legal en análisis tuvo por objeto incorporar la obligación de requerir a la COMPIN, previo a ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un servidor, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. En ese contexto, aparece que la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que la solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Arguye que, concordante con lo anterior, el dictamen N° 17.351, de 2018, concluyó que en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado.

Argumenta que, la conclusión anotada permite darle sentido a la modificación legal introducida por la Ley 21.050 al citado artículo 151 de la Ley 18.834. Ello, ya que entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impide al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importa una interpretación que deja sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible (aplica dictamen N° E188441, de 2022).

Sostiene que, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República obliga al Servicio de Salud de Antofagasta, por así disponerlo la ley que regula a la entidad fiscalizadora, motivo por el cual no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión de su representado.

Finaliza señalando que, resulta improcedente el empleo de este mecanismo para declarar o constituir nuevas situaciones jurídicas, por lo que las meras expectativas no corresponden a derechos subjetivos públicos que puedan ser amparados por este mecanismo de tutela constitucional, que persigue justamente hacer cesar los efectos ocasionados por un acto u omisión arbitrario o ilegal, restableciendo las condiciones que permiten el legítimo ejercicio del derecho conculcado, el cual debería ser de carácter indubitado, lo cual no se daría en la especie.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de su representado, habiéndose apegado en todo momento a la ley, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la acción se desprende que la recurrente alega la existencia de actos ilegales y/o arbitrarios efectuados por el recurrido, consistentes en la dictación de la RESOLUCIÓN TRA N° 118292/2/2023, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud incompatible con el cargo, al entender la recurrente que sería arbitraria e ilegal.

SEXTO: Que, atento al propio mérito del informe de la recurrida, el informe de la COMPIN y antecedentes allegados al proceso, pueden establecerse como hechos acreditados:

i. Que conforme a RESOLUCION DE EVALUACIÓN SALUD IRRECUPERABLE FUNCIONARIO PÚBLICO, FOLIO 15889873, de fecha 03 de enero de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “RECUPERABLE”, sin hacer mención alguna que ello no le permita desempeñar el cargo.

ii. Que según la Resolución TRA N° RESOLUCIÓN TRA N° 118292/2/2023, de fecha 09 de julio de 2023, el SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, basado en que la actora sumaba un total de 245 días de licencia médica, en el período que va del 19 de enero de 2021 al 14 de octubre de 2022; y, además, en la referida resolución de COMPIN, reconociendo expresamente que ella presentaba un “ESTADO DE SALUD RECUPERABLE”, decidió declarar vacante por salud incompatible el cargo que servía.

SEPTIMO: Que, en el escenario expuesto, como lo ha venido reconociendo en forma progresiva la Excma. Corte Suprema, en casos sino idénticos del todo simétricos al que nos convoca (Roles 149.306-2020, 38.135-2021 y 58.191-2021), se puede advertir a la luz de los hechos palmarios e indubitados de la causa, que conforme la aplicación sistemática y armónica del ordenamiento Jurídico la decisión contenida en la resolución administrativa recurrida es claramente ilegal.

OCTAVO: Que, en efecto, según la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley 21.505, en orden a Incorporar un inciso 3° al artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual obliga al Jefe Superior del Servicio -para determinar la concurrencia de la hipótesis de salud incompatible con el cargo- contar con una evaluación de la COMPIN respecto a la condición de irrecuperabilidad de salud y si el funcionario está en condiciones de desempeñar el cargo, de lo que resulta que la intención del legislador fue establecer la obligatoriedad de un informe de un organismo técnico, que estudiara los antecedentes y determinara si la salud del funcionario resultara o no recuperable y si ello le permitirá o no desempeñar el cargo.

NOVENO: Que, así las cosas, como ha resuelto progresivamente nuestro Máximo Tribunal en los fallos antes citados, “de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo”, por cuanto “la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario”.

DÉCIMO: Que, por lo demás, como también ha resuelto la Excma. Suprema Corte en los fallos precitados, “el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues […] no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control Jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento”.

UNDÉCIMO: Que, de la misma forma, no puede ser obviado que la Resolución de la COMPIN que sirve de base al acto administrativo cuestionado se limita a señalar que la salud de la funcionaria es “RECUPERABLE”, sin hacer mención alguna a si, aun en ese caso, ello le permitirá o no desempeñarse en el cargo, como exige el inciso final del artículo 151 de la Ley 18.834, lo que conlleva, como también ha indicado la Excma. Corte Suprema que “la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo”.

DUODÉCIMO: Que, como se asentó y dados los hechos consolidados en la causa, siendo que en la RESOLUCION DE EVALUACIÓN SALUD IRRECUPERABLE FUNCIONARIO PÚBLICO, FOLIO 15889873, de fecha 03 de enero de 2023, COMPIN declaró que la salud de la actora es recuperable y no hizo pronunciamiento sobre si –aun en ese escenario- ello no le permitiría desempeñar su cargo, acto administrativo que se encuentra firme, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir a cabalidad con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso debe necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de Protección interpuesto nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, dejando sin efecto la resolución impugnada, disponiendo la reincorporación a su cargo de la recurrente y ordenando el pago de todas las remuneraciones devengadas entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Juan Fernando Opazo Lagos, quien fue de parecer de rechazar el recurso por las siguientes dos razones:

1.- La recurrida no ha dictado resolución alguna en relación a la cuestión debatida, desde que no se ha solicitado a la misma pronunciamiento al respecto, siendo la decisión del Hospital Carlos Cisternas de Calama, institución que cuenta con independencia al respecto, quien no ha sido recurrido, siendo claro que el Servicio de Salud Antofagasta no ha tenido intervención alguna en la contratación de su personal, celebración de contratos de carácter civil, o bien en la ejecución de los mismos, ni le corresponde fiscalización de los contratos suscrito por el Hospital.

2.- Que el decreto cuestionado no es ilegal y arbitrario pues emana de la autoridad competente, está fundado y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración declara vacante su cargo por salud incompatible de empleado público sólo requiere el estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que ocurrió en la especie, no siendo relevante para estos efecto el que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno y otro caso la conclusión, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152, situación diversa de la indicada en el artículo antetior.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7480-2023 (PROT)

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