nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, trece de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, a favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, casado, maestro polifuncional, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT RUT reservado, cuyo representante legal es don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se disponga la adopción de las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esta parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la caja de compensación recurrida, solicitando se ordene el reintegro y devolución de las sumas que se indican y se abstenga de realizar descuentos en sus remuneraciones, con costas.

Evacua informe la recurrida, instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso indicando que el recurrente, don nombre reservado, es maestro polifuncional en la empresa Electrofrio Ltda., RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, cuya fecha de ingreso data de octubre de 2022, obligándose el empleador a pagar mensualmente sus remuneraciones conforme a derecho.

Señala que, su representado el año 2015 solicitó un crédito de consumo a la Caja de Compensación De Asignación Familiar Los Andes, cuyo crédito se pactó en 24 cuotas mensuales, que su representado se constituyó en mora del pago de las cuotas a partir del 29 de febrero de 2016, habiéndose hecho exigible todo el crédito.

Agrega que, en la liquidación de sueldo correspondiente al mes enero del año en curso se evidencia un descuento bajo la siguiente nomenclatura “créditos CCAF” por un monto de $188.644 y también en el mes de Febrero, figura un segundo descuento por el monto de $90.522. Fue así como el recurrente se entera de estos descuentos por una obligación contraída el año 2015, y que con más de 5 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida a través de descuentos ilegales.

Refiere que, presuntamente amparada en la ley de Cajas de Compensación la recurrida efectúa dicho descuento, pero a la vez respecto de la misma deuda ha ejercido acciones tendientes a cobrar el crédito lo que consta en causa ROL C-5353- 2016, del 1° Juzgado Civil de Antofagasta, interpuesta por la recurrida con fecha 03 de diciembre de 2016, causa que se ha mantenido inactiva desde marzo de 2019, sin embargo la recurrida ha decidido forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo cual priva al recurrente su derecho de propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña. Que, unilateralmente la recurrida practicó el descuento ilegal por primera vez en enero de este año y también lo llevo a cabo en el mes de febrero, de manera que la cifra total ilegalmente descontada corresponde a $279.166.

Agregando que el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de su representado, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado presuntamente amparada en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha se hallaría prescrita.

Asimismo, indica que el actuar de la recurrida no sólo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, resultado de su trabajo honesto. De lo dicho se desprende que sobre las remuneraciones y sobre los dineros que la conforman su representado tiene el derecho de dominio, y que tales remuneraciones deben ser ingresadas a su patrimonio, motivo por el cual su descuento ilegal y extrajudicial por parte de la recurrida importa una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la Republica.

Finalmente, previas citas legales y jurisprudenciales, solicita se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida: a) El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución. b) Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “ELECTROFRIO LTDA”, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones de su representado. Todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso, en razón de los argumentos que expone:

Inicia refiriendo antecedentes del crédito, señalando que su representada, con fecha 21 de octubre de 2015, otorgó al señor nombre reservado el crédito código 030389379-2, por la suma de $2.716.045.- a una tasa de 2.259%, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $157.423.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2015. Las cuotas del mes de noviembre de 2015 a febrero de 2016 (1 a 4), se pagaron regularmente en el plazo establecido. La cuota del mes de marzo de 2016 (5), se pagó con fecha 10 de febrero de 2023. Las cuotas restantes se encuentran en cobranza judicial. (abril a octubre de 2017).

Indica que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Refiere que, por otro lado, su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, agrega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior se debe agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Refiere que, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Agrega que, no obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde enero 2023. Cabe señalar que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Agrega jurisprudencia relevante en la materia y solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que no se encuentra controvertido que la recurrida, otorgó al señor nombre reservado el crédito código 030389379-2, por la suma de $2.716.045.- a una tasa de 2.259%, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $157.423.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2015.

SEXTO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama, consiste en los descuentos efectuados desde sus remuneraciones, en relación con el crédito otorgado por la recurrida en el año 2015.

SEPTIMO: Que como se adelantó, la recurrida ha manifestado haber cesado en los descuentos sobre la remuneración de la recurrente, indicando que se dispondrá la restitución de aquellas sumas que ya han sido descontadas y recibidas por la recurrida, pero no acompaña antecedentes que den fe de lo señalado.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por Jorge Manuel Lena Salgado a favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, disponiéndose que los dineros descontados desde las remuneraciones del recurrente, deberán ser devueltos a la misma, dentro de quinto día hábil, desde la notificación del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 742-2023 (PROT)

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