FUENTE NICANOR S.P.A. con INMOBILIARIA MALL CALAMA SPA

Antofagasta, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Pedro Céspedes Cortés, abogado, en representación de sociedad comercial LA JUANA SpA., rol único tributario N°77.392.239-K, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, ingeniero, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Edificio nombre reservado, Antofagasta, quien deduce recurso de protección en contra de PLAZA ANTOFAGASTA S.A., representada legalmente por doña nombre reservado; en contra de las sociedades CUATRO SpA, FUENTE NICANOR SpA y ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PJD SpA, todas representadas por don nombre reservado, don nombre reservado y, don nombre reservado; y en contra de INMOBILIARIA MALL CALAMA SpA, representada legalmente por doña nombre reservado o nombre reservado, por la realización de una serie de conductas que transgreden sus garantías constitucionales, paralizando la actividad económica y comercial de la recurrente, afectando su derecho de propiedad, libertad de trabajo, debido proceso, seguridad jurídica, arrogándose facultades jurisdiccionales, de imperio, y autotutela, solicitando restituir el imperio del derecho.

Informaron las recurridas instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la sociedad recurrente funda su acción en ser franquiciada, subarrendataria, y explotadora comercial de las marcas comerciales, equipos y locales comerciales de FUENTE NICANOR y PEDRO, nombre reservado Y DIEGO, del giro restaurantes y comida rápida, ubicados respectivamente en los locales números FC-240 y FC-220 del Mall Plaza Calama; y de los locales de PEDRO, nombre reservado Y DIEGO, FC-19 Y FC-21, ubicados en el interior del patio de comidas de Mall Plaza Antofagasta; los que son objeto de contratos vigentes de franquicia y subarrendamiento suscritos con fecha 07 de junio de 2022 con las sociedades recurridas Cuatro SpA., Fuente Nicanor SpA. y Administradora de Franquicias PJD SpA., contratos que le permite y autoriza a vender los productos de las marcas señaladas, utilizar las promociones, tecnología, uniformes y otros medios para entregar al público el estándar requerido por el franquiciante, aclarando, a la vez, no haber celebrado contrato ni mantener vínculo alguno con Mall Plaza Antofagasta o Mall Plaza Calama.

Indica que en virtud de los referidos contratos debió realizar una cuantiosa inversión para iniciar la operación y para subsanar deficiencias que el subarrendador no informó y que incluso provocó la clausura de uno de los locales en Antofagasta por el Servicio de Salud. Agrega que de inmediato percibió que las proyecciones ofrecidas por el franquiciante no cumplían las expectativas de ventas que permitieran cubrir los costos mínimos de operación, alertando de esto a las recurridas. Lo anterior, provocó un saldo insoluto en el pago de la renta, royalty y otros conceptos asociados a los contratos, situación que derivó en que las recurridas franquiciantes enviaran una carta mediante correo electrónico de fecha 16 de febrero de 2023, comunicando el término de contrato de franquicia, subarrendamiento y cesión de activos.

Afirma que mientras negociaba con las recurridas, en un acto de autotutela absolutamente ilícito, el 01 de marzo en la ciudad de Calama y el 02 de marzo de 2023 en Antofagasta, funcionarios de los franquiciantes procedieron a realizar una toma de posesión violenta de los locales subarrendados, cambiando llaves, chapas, borrando monitores, cajas y sistemas de Transbank, despojándola así de la tenencia de los locales comerciales señalados, de los insumos dentro de los mismos, equipos computacionales, maquinaria y obligando a sus trabajadores a renunciar a sus empleos y ofreciéndole volver a trabajar directamente para ellos. Agrega que el representante legal de la recurrente, nombre reservado, fue retenido en una de las bodegas por más de una hora hasta la llegada de personal de seguridad de Mall plaza y que el socio nombre reservado, segundo administrador de la recurrente, fue expulsado del local comercial en la ciudad de Antofagasta.

Añade que iniciados los sucesos relatados, don nombre reservado tomó contacto de inmediato con el Gerente de Mall Plaza Antofagasta para que se detuviera la ocupación y toma ilegales de los locales comerciales, indicándole este que no podía intervenir por tratarse de un asunto entre terceros, incumpliendo así su obligación de proteger y detener los hechos denunciados y proteger a clientes, trabajadores y administradores de los locales. Reitera que no tiene, ni ha tenido relación contractual alguna con MALL PLAZA ANTOFAGASTA, quién autorizó, omitió, y permitió el despojo violento sufrido.

Afirma que, luego de lo sucedido, se comunicó con las recurridas franquiciantes subarrendadoras, para que terminaran con el acto ilegal y arbitrario y devolvieran los locales comerciales, negándose estas expresamente a lo solicitado. Reconoce que existe una deuda de pagos de canon de arriendo, pero asegura que aquello no justifica el actuar de las recurridas, quienes actuaron sin tener una orden judicial dictada en un proceso previamente tramitado, actuar que ha dejado sin trabajo a más de cuarenta personas.

Califica de ilegal y arbitrario el acto de autotutela de las recurridas franquiciantes, así como el actuar omisivo de las sociedades de Mall Plaza, estimando que se han vulnerado las garantías constitucionales que le asisten contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental en sus números 2, 3 inciso 4º, 16, 21, 24 y 26, desarrollando especialmente en su libelo la vulneración de las garantías de libertad de trabajo, libertad de empresa y el derecho de propiedad, solicitando a esta Corte declarar que este actuar es arbitrario e ilegal; dejar sin efecto la toma por la fuerza e ilegal de los locales comerciales subarrendados; y poner término de manera inmediata al acto autotutela de las recurridas, con costas.

SEGUNDO: Informan nombre reservado y Job Jorquera Barahona, abogados por las recurridas CUATRO SpA., ADMISTRADORA DE FRANQUICIAS DE FRANQUICIAS PJD SpA. y FUENTE NICANOR SpA., empresas pertenecientes al holding UNIFOOD, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Primeramente, alega la manifiesta falta de fundamento del recurso debido a la falsedad de los hechos imputados, asegurando que en este caso se ha dado íntegro cumplimiento al tenor literal y al espíritu de los contratos de franquicia y subarrendamiento celebrados, los que regularon expresamente la forma en que se llevaría a cabo la recuperación de los locales, por lo que en ningún caso es esta la sede competente para conocer del fondo de las relaciones comerciales y contractuales que ligan a las partes.

Precisa que el 31 de mayo de 2022 ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PJD SpA, suscribió dos contratos de franquicia con la sociedad recurrente, por medio del cual le otorgó el derecho a usar las marcas, sistemas y desarrollar el negocio mediante la venta de productos en determinados locales relacionados a la marca “Pedro nombre reservado y Diego”, para ser explotados en las ciudades de Calama y Antofagasta, y que el 07 de junio del mismo año, a través de la sociedad CUATRO SpA, suscribió con LA JUANA SpA dos contratos de subarrendamiento respecto de los locales en los cuales esta última explotaría dicha franquicia. Asimismo, a través de la sociedad FUENTE NICANOR SpA. suscribió contratos de franquicia y subarrendamiento respecto del local de comida rápida en el cual se explotaría la marca “Fuente Nicanor”, ubicado en el centro comercial Mall Plaza Calama.

Señala que la cláusula décimo séptima pactada en todos los contratos de franquicia suscritos, establecen la posibilidad del franquiciante de poner término unilateral al contrato ante el incumplimiento de las obligaciones del franquiciado y que, por su parte, la cláusula 9.1 de los contratos de subarrendamiento, establecen igualmente la facultad de la subarrendadora de declarar la terminación anticipada del contrato ipso facto, exigir las indemnizaciones correspondientes y la restitución de los locales arrendados. Agrega que la propia recurrente reconoció en su libelo encontrarse en mora de pagar las regalías y canon de arriendo a las que se encontraba obligada contractualmente y que, precisamente, para evitar tener que acudir a procesos judiciales que pudieran entorpecer la restitución de los locales, las partes pactaron, en la cláusula décima octava de los contratos de franquicia, un mandato irrevocable para efectos de proceder a la recuperación éstos, de modo tal que pudiera llevarse a cabo en forma correcta y ordenada. En consecuencia, lo que ocurrió formalmente en autos es que el acto de restitución de los locales fue realizado por la propia recurrente, representada por la recurrida, no verificándose en lo absoluto el acto de autotutela alegado por la actora.

Precisa a este respecto que cumplió con todas las formalidades establecidas contractualmente para la restitución, notificando debidamente la terminación anticipada mediante carta enviada y recibida el 16 de febrero de 2023; y que transcurridos los diez días sin que la franquiciada haya hecho restitución de los locales, procedieron a ejercer la facultad conferida en el mandato irrevocable por la recurrente, afirmando que la restitución se ejecutó con normalidad, negando categóricamente que se haya ejecutado violentamente, amenazado a los trabajadores de la recurrente o encerrando a su representante legal, advirtiendo que no se acompañó por la actora antecedente alguno que permita fundar estas falsas acusaciones.

Asegura que no existe acto ilegal ni arbitrario y que conforme al artículo 1545 del Código Civil las partes necesariamente deben someterse a las disposiciones que hayan sido pactadas en los contratos celebrados, sosteniendo que lo que realmente existe en el caso de autos es un pacto comisorio calificado, por lo que la única discusión que podría levantar eventualmente LA JUANA SpA, es si acaso existió algún tipo de extralimitación en el ejercicio del mandato, cuestión que no puede ser discutida en esta sede, pues se deben ejercer las acciones ante el tribunal civil competente y no pretender someter su conocimiento a esta instancia cautelar de urgencia.

Agrega que ha sido la propia recurrente quien ha manifestado su intención de no continuar explotando los locales comerciales, a causa de encontrarse actualmente en un proceso de liquidación concursal, cuestión que ha sido reconocida en correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2023, por lo que no existe garantía constitucional ni derecho alguno que se vea comprometido con la restitución de los locales comerciales y que amerite un pronunciamiento a través de una medida cautelar de urgencia, perdiendo todo tipo de objeto la presente acción de protección.

TERCERO: Informa Felipe Valdés Gabrielle, abogado por las recurridas, PLAZA ANTOFAGASTA S.A. e INMOBILIARIA MALL CALAMA SpA., solicitando desde ya el rechazo de la acción de protección en todas sus partes. Precisa que ambas son sociedades del giro inmobiliario y arriendan a diferentes locatarios espacios para desarrollar sus actividades comerciales. Plaza Antofagasta S.A. es propietaria de Mall plaza Antofagasta, mientras que Inmobiliaria Mall Calama SpA es propietaria de Mall plaza Calama. Añade que Plaza Antofagasta S.A. actualmente arrienda el local comercial N°19-FC/21-FC del Mall Plaza Antofagasta a la recurrida Cuatro SpA., mientras que Inmobiliaria Mall Calama SpA mantiene vigente un contrato de arrendamiento con Administradora de Franquicias PJD SpA, respecto del local comercial N°FC-220 del Mall Plaza Calama y, respecto del inmueble consistente en el local N°FC-240, mantiene un contrato de arrendamiento vigente con Fuente Nicanor SpA.

Precisa que la recurrente les atribuye una vulneración asociada a una supuesta “autorización, omisión y permisión” del despojo que habría sufrido, respecto de la cual niega todas las circunstancias fácticas en las se sustenta el recurso; niega que la recurrente tenga justificación para la interposición de la acción y que sus representadas tengan alguna injerencia o relación con los hechos ocurridos. Asimismo, niega cualquier omisión de aquellas que se le atribuyen y que hayan vulnerado garantías constituciones y derechos fundamentales de LA JUANA SpA; niega que hayan permitido un despojo violento, así como cualquier acto arbitrario y/o ilegal; y niega, en definitiva, que concurran los presupuestos y requisitos de la acción constitucional deducida.

Asegura que, de acuerdo con lo informado por personal de seguridad contratado en los centros comerciales, los hechos ocurrieron en la forma en que se indica por las demás recurridas en su informe. En efecto, precisa que el 02 de marzo del presente año se informó por parte de la jefa de local de Pedro, nombre reservado y Diego, ubicado en Mall Plaza Antofagasta, que trabajadores de dicho local estaban realizando trabajos no autorizados por la plataforma AIM Manager (plataforma en la cual se registran y autorizan todos los trabajos que se realizan en los centros comerciales), por lo que se le solicitó a personal de seguridad apersonarse en el lugar, quienes concurrieron y solicitaron a las personas que estaban realizando los trabajos abandonar el recinto por no estar autorizados para ello. Agrega que el representante de la actora se encontraba con trabajadores del mismo local de comida y que no pudo existir privación de su libertad, en tanto se trata de un local con barra abierta.

Afirma la improcedencia del recurso de protección, por no existir afectación a un derecho indubitado y por no ser la vía judicial adecuada, ya que no es una acción de lato conocimiento que persiga la declaración de un derecho en sede jurisdiccional, pues ello debe hacerse a través de una acción y proceso especialmente dispuesto por nuestra legislación, regulado en la Ley 18.101 y en el Código Civil. Asegura que no se dan los presupuestos legales para su procedencia, ya que Plaza Antofagasta S.A. o Inmobiliaria Mall Calama SpA no cuentan con las facultades contractuales ni legales para intervenir en conflictos que surjan entre los subarrendadores y sus subarrendatarios; por lo que la conducta desplegada no puede ser catalogada como ilegal o arbitraria.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en atención a las alegaciones de las partes, el quid del asunto radica en la presunta ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de las recurridas CUATRO SpA., FUENTE NICANOR SpA. y ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PJD SpA, al ejecutar una toma de posesión violenta de los locales subarrendados por la recurrente, despojándola de su tenencia y de los insumos dentro de los mismos, obligando además a sus trabajadores a renunciar a sus empleos, encerrando temporalmente a su representante legal en una de las bodegas y expulsando a otro socio administrador del local comercial en la ciudad de Antofagasta. Por su parte, respecto de las recurridas PLAZA ANTOFAGASTA S.A. e INMOBILIARIA MALL CALAMA SpA. el quid radica en la ilegalidad y arbitrariedad de su actuar consistente en autorizar y permitir el despojo que habría sufrido la recurrente por parte de las demás recurridas.

SÉPTIMO: Que, del análisis del libelo, lo informado por las recurridas y la revisión de los antecedentes acompañados por las partes, se puede tener por establecida la existencia de una relación comercial en virtud de diversos contratos de franquicia y subarrendamiento suscritos entre la sociedad recurrente y las recurridas franquiciantes CUATRO SpA., FUENTE NICANOR SPA y ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PJD SpA.; y la existencia de contratos de arrendamiento vigentes entre estas últimas y las recurridas PLAZA ANTOFAGASTA S.A. e INMOBILIARIA MALL CALAMA SpA respecto de los locales comerciales ubicados en los centros comerciales de Calama y Antofagasta.

En los referidos contratos de franquicia y subarrendamiento, se puede igualmente constatar la existencia de cláusulas que las facultan a exigir cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios y a poner término unilateral a ellos, así como la existencia de un mandato irrevocable contenido en los contratos de franquicia que faculta al franquiciante para que, ante incumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones indicadas en el contrato y habiendo transcurrido diez días desde que ha sido requerido, proceda a suscribir en nombre del franquiciado todos los documentos necesarios para materializar la transferencia, restitución y/o desocupación del local. De la misma forma la recurrente ha reconocido la mora en el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en dichos contratos.

OCTAVO: Que, de los informes de las recurridas se desprende que efectivamente el 01 y 02 de marzo del 2023 se procedió a la restitución de los locales comerciales subarrendados por la recurrente ubicados en los centros comerciales Mall Plaza Calama y Mall Plaza Antofagasta respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, estas niegan categóricamente que la restitución se haya realizado de forma violenta o intimidatoria respecto de los representantes legales de la recurrente o sus trabajadores, asegurando que se habría realizado con plena normalidad y ajustándose al contenido del mandato irrevocable conferido por la propia recurrente en los respectivos contratos de franquicia.

NOVENO: Que, la auto tutela no puede ser amparada por el ordenamiento jurídico, pues ello constituye una omisión de las vías jurídicas correspondientes, no pudiendo ningún particular o autoridad pública soslayar las vías judiciales idóneas para resolver controversias, optando por adoptar medidas coactivas.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de marras se han controvertido por todas las recurridas las alegaciones de la actora, en orden a haberse ejecutado una toma de posesión violenta de los locales comerciales, no habiéndose acompañado tampoco por la recurrente antecedentes que permitan acreditar la veracidad de sus afirmaciones, puesto que los documentos y fotografías acompañados no permiten dar cuenta de los graves hechos denunciados. Igualmente, como ya se señaló, consta en los contratos acompañados la existencia de cláusulas que facultan a las franquiciantes a poner término unilateral a los contratos de franquicia y subarrendamiento ante el incumplimiento de las obligaciones del franquiciado, habiendo reconocido este último estar en mora respecto de sus obligaciones consistente en el pago de rentas y cánones de arrendamiento y royalty, además de la existencia de un mandato irrevocable conferido por la recurrente a las sociedades franquiciantes para proceder a la restitución de los locales.

DÉCIMO: Por lo analizado en los considerandos precedentes, no es posible establecer la existencia de derechos indubitados de la recurrente cuya vulneración se alega, resultando, en consecuencia, improcedente la acción constitucional deducida, no correspondiendo a esta Corte pronunciarse, en esta sede, respecto de la validez de las cláusulas de terminación unilateral de los contratos de franquicia y arrendamiento, del mandato irrevocable que faculta la restitución por el propio franquiciante, o de la extralimitación en el uso de sus facultades conferidas, por cuanto estas materias exceden el objetivo del recurso de protección de naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia, correspondiendo su conocimiento a un procedimiento de fondo y lato conocimiento.

Por estas consideraciones, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que resulten procedentes, y de acuerdo además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por Pedro Céspedes Cortés, abogado, en representación de SOCIEDAD COMERCIAL LA JUANA SpA., en contra de CUATRO SpA., FUENTE NICANOR SpA. y ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PJD SpA., PLAZA ANTOFAGASTA S.A. e INMOBILIARIA MALL CALAMA SpA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 734-2023 (PROTECCIÓN)