nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE PREFECTURA ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, ex cabo 1° de Carabineros, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta, con domicilio en domicilio reservado, por los actos y omisiones de carácter ilegales y arbitrarios, al disponer su “Baja por conducta mala con efectos inmediatos” de Carabineros de Chile y el cese simultáneo de sus remuneraciones como funcionario, vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 4º, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando adoptar todas las medidas y providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°182 de fecha 07 de febrero de 2023 y restablecer la percepción de todos sus derechos previsionales y remuneraciones, suspendiendo el procedimiento disciplinario llevado a su respecto.

Informó la recurrida, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurrente fundó su recurso en el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en dictar la resolución exenta N°182 de 07 de febrero de 2023, que dispuso su baja con efectos inmediatos por mala conducta, fecha hasta a la cual se desempeñó como cabo 1° de carabineros, en la quinta comisaría “La Portada” de Antofagasta, decisión adoptada por el Prefecto Subrogante de la Prefectura de Carabineros Antofagasta, teniente coronel Sr. nombre reservado, decisión motivada por los hechos ocurridos el día trece de enero de dos mil veintitrés, al haber supuestamente cometido abusos sexuales en contra de una detenida en el desempeño de su cargo como vigilante de Calabozo en la Unidad Policial, consistentes en besos y tocaciones, lo que se habría verificado mediante grabaciones de cámaras de seguridad, hechos que, hace presente, no acontecieron de la forma relatada por la autoridad policial recurrida.

Precisa que lo que se reclama mediante esta acción es el incumplimiento de la suspensión oportuna y efectiva que ordena la norma legal imperativa del artículo 84 ter inciso final de la Ley 18.961, que dispone que se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron, se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, hasta el término de la causa penal. En efecto, señala que por los mismos hechos que motivaron su baja, según consta en la propia resolución exenta, el 24 de enero de 2023 se presentó por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en representación de la supuesta víctima, una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta y, posteriormente, el 02 de febrero de los corrientes, la institución policial recurrida presentó una denuncia penal.

Afirma que, conforme al propio tenor de la norma citada, la suspensión legal operaría de pleno derecho a contar de la fecha de la denuncia o querella, razón por la cual la resolución exenta que dispone su baja, de fecha 07 de febrero de 2023, se dictó irregularmente, en contra de norma legal expresa, y mientras regía la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de la prescripción.

Señala que el actuar ilegal y arbitrario vulnera una serie de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, afectando su derecho a la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, consagrado en artículo 19 N°16, al no permitirle continuar en el trabajo que eligió libremente desempeñar; por otra parte, el mismo acto causó el cese inmediato de sus remuneraciones, lo que lo priva del legítimo derecho de percibirlos perturbando su derecho a la propiedad establecido en el artículo 19 N°24; asimismo, la resolución que dispone su baja de la Institución por conducta mala y con efectos inmediatos, atenta en contra de su dignidad y honra, derecho consagrado en el artículo 19 Nº24 de nuestra Carta Fundamental, ya que, sin esperar los resultados de un proceso administrativo previo, y por no haberse suspendido oportunamente, dispone su desvinculación inmediata con nota de conducta mala, lo que lo denigra como funcionario de carabineros y como persona; además, se vulnera y amenaza el derecho fundamental de igualdad ante la ley del numeral 2º del artículo 19, porque la recurrida optó simplemente por tener por acreditados los hechos, presumiendo de derecho su responsabilidad administrativa y penal.

Por lo anterior, solicita que se adopten todas las medidas y providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°182 de fecha 07 de febrero de 2023 y restablecer la percepción de todos sus derechos previsionales y remuneraciones, suspendiendo el procedimiento disciplinario llevado a su respecto, a contar de la fecha en que se formuló, oficialmente, la Querella por los mismos hechos investigados administrativamente, a contar del día 24 de Enero de 2023, fecha anterior a la dictación de la citada resolución.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, nombre reservado de Carabineros, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 24 de enero del 2023, el juzgado de garantía de Antofagasta declaró admisible y remitió al ministerio publico la querella deducida en causa RIT 0-752-2023, RUC 2310004482-K, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de todos los que resulten responsables, por el delito de apremios ilegítimos descrito y sancionado en el artículo 150 del Código Penal, cometido en perjuicio de la víctima, de sexo femenino, de 29 años de edad, de iniciales F.P.G.B., quien señala fecha, horario, lugar y circunstancias de los hechos, identificando a su agresor como el “Cabo Luis”. Con base en los hechos denunciados, la Prefectura Antofagasta ordenó a la quinta comisaria de Carabineros, informar detalladamente de los hechos de la querella, informando dicha unidad que de conformidad a la relación de los servicios de guardia y registros audiovisuales de los calabozos, se logró determinar que el aludido funcionario se trataba de nombre reservado, a quien se aprecia realizar conductas coincidentes con las denunciadas por la víctima, adoptándose la decisión de denunciar de oficio a la Fiscalía Local de Antofagasta al recurrente de autos, con fecha 02 de febrero de 2023, como autor del delito de abuso sexual.

Agrega que, atendida la gravedad de los hechos descritos, se dispuso la baja del recurrente de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos, a través de la Resolución Exenta N°182, de fecha 07 de febrero de 2023, instruyéndose un sumario administrativo mediante la Orden de Sumario N°18.137/1 de fecha 09 de febrero 2023 de la Prefectura Antofagasta, con la finalidad de determinar la participación y responsabilidad administrativa del ex – Cabo 1° en los hechos. Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el inciso final del articulo 84 ter de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N°21.427 que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, se dictó la Resolución Exenta N°197 de 09 de febrero de 2023 de la Prefectura Antofagasta, suspendiendo la tramitación del Sumario Administrativo N°18.137/1, hasta la conclusión de la causa penal, precisando que, una vez concluida, se reanudará dicho proceso administrativo notificando al recurrente para que aporte los antecedentes que estime pertinentes, y así, una vez concluido dicho proceso, podrá ejercer las alegaciones y defensas, así como interponer los recursos administrativos correspondientes.

Sostiene que el recurrente carece de un derecho indubitado, ya que, respecto del derecho de propiedad que el actor entiende vulnerado por el cese en el pago de sus remuneraciones, para ser acreedor de referido emolumento se requiere efectuar la contraprestación respectiva, el desempeño de una labor, lo que en el caso concreto no ocurre, de lo contrario estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin causa. En consecuencia, no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho, que en la especie el recurrente no posee, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto que tampoco se verifica, por lo que la acción, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Agrega que, conforme lo estipulado en el artículo 84 bis de la Ley N°18.961 Carabineros tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto su personal, y que el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, establece en su artículo 23, N°2, letra E), que la “Baja por Conducta Mala” es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal. Luego, el artículo 25, N°9, del mismo cuerpo normativo, establece que la sanción en comento se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, el cual en su artículo 127 Nº4 establece que: “(…) cuando la comisión de una falta que de origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o esta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Afirma que dicha norma apunta a la exclusión o desvinculación del recurso humano, con las consecuencias pecuniarias que ello conlleva, como el cese de las remuneraciones, interpretación que ha sido respaldada por la Contraloría General de la República en Dictámenes N°53.449 y 60.053, del año 2009, y 31.214, del año 2011, cuya jurisprudencia administrativa es vinculante para Carabineros, por lo que es imposible sostener fundadamente arbitrariedad o ilegalidad en su actuar, puesto que tiene sustento jurídico y fáctico. Así, al ordenarse la baja inmediata, se está ejerciendo la potestad disciplinaria de la autoridad policial, en cuanto atribución discrecional que requiere que la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y que el inculpado confiese su responsabilidad o esta se haga evidente, lo que ocurre en el caso de autos, puesto que si bien las faltas en que ha incurrido el recurrente afectan su integridad moral y el prestigio de la institución, existen antecedentes probatorios suficientes para estimar, en principio, que el ex funcionario tiene responsabilidad en los hechos constitutivos de las faltas que se les imputan.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la cuestión planteada por el actor, se desprende que el asunto que corresponde dilucidar a esta Corte, es si la resolución exenta Nº182 que dispuso su eliminación por mala conducta con efectos inmediatos, privándolo de sus remuneraciones, fue dictada de forma ilegal y arbitraria, vulnerando las garantías señaladas, haciendo meritorio la adopción de medidas correctivas para reestablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que el artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, faculta a dicha institución para disponer la baja con efectos inmediatos, “cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución”.

No obstante, dicha baja inmediata, tiene como objeto suspender de sus funciones al funcionario mientras se tramita el sumario administrativo, de forma transitoria, cuando por la entidad de los hechos investigados lo hagan necesario, atendida su entidad y afectación a los principios de la institución. Por ello, al ser la eliminación de carácter condicional, se encuentra supeditada al sumario, en el cual se podrá ejercer su derecho a defensa, realizar sus alegaciones y descargos y rendir prueba, y en consecuencia, eventualmente resultar absuelto y reintegrado a sus funciones, debiendo ser restituidas todas las remuneraciones que no percibió debido a la suspensión.

SÉPTIMO: Que la alegación del recurrente en orden a que la resolución exenta que dispone su baja carece de validez por cuanto toda investigación administrativa debió suspenderse con anterioridad a su dictación, en el momento de presentarse la querella criminal ante el Juzgado de Garantía, resultan improcedentes, por cuanto, mediante una interpretación conveniente del artículo 84 ter inciso final de la Ley 18.961, pretende burlar el verdadero sentido y alcance de lo dispuesto en el artículo 127 Nº4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, cuyo objeto es, justamente, la separación condicional de aquellos funcionarios que hayan cometido faltas graves que se encuentren confesas o respecto de las cuales exista evidencia suficiente de su comisión, como ocurre en el caso de marras, por lo que necesariamente debe conciliarse lo dispuesto en ambas normas, tal como lo ha hecho la recurrida al disponer igualmente la suspensión del sumario administrativo hasta la conclusión del juicio penal.

OCTAVO: Que en consecuencia, no existiendo ilegalidad en el actuar de la recurrida, por haber procedido en conformidad con el marco normativo que regula la aplicación de sanciones al personal institucional, ni tampoco arbitrariedad, por cuanto del mérito de los antecedentes se desprende la razonabilidad de su actuar, se rechazará la acción constitucional incoada.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra en contra de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 733–2023 (PROT)

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