nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Antofagasta, seis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Carlos Zepeda Yáñez, abogado, quien, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), por cuanto, a su parecer, de forma ilegal y arbitraria, mediante la Resolución Exenta RA N° 404/37/2025, dictada el 10 de abril de 2025, resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución, vulnerando con ello, lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, se disponga dejar sin efecto dicha medida y en consecuencia, ordenar el reintegro a sus funciones y el pago de sus remuneraciones y emolumentos dejados de percibir durante el tiempo por el cual se extienda la sustanciación de la presente acción de protección, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, al tenor de la acción promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que La recurrente, nombre reservado, funcionaria (Ejecutiva de atención a clientes) de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), interpone recurso de protección en contra de la Resolución Exenta RA N° 404/37/2025, de fecha, 10 de abril de 2025, que dispuso su destitución, alegando vulneradas diversas garantías constitucionales (art. 19 N° 2, 3 y 24 CPR) por actos que considera, arbitrarios e ilegales emanados de la SISS.

Dice que, mediante Resolución Exenta N°389/2024, dictada en febrero de 2024, se instruyó un procedimiento sumario en su contra, por una denuncia anónima (nombre reservado) que la acusaba de atender mal a los usuarios, la que fue presentada el 27 de diciembre de 2023, mientras estaba haciendo uso de una licencia médica. Posteriormente, por medio de la Resolución N°797/2024, se amplió la investigación, por denuncia de maltrato laboral presentada por don nombre reservado (jefe regional).

Luego, se declaró cerrado el sumario y se formularon cargos en su contra, como autora de acoso laboral y de maltrato laboral en perjuicio del funcionario, nombre reservado, y por mala y falta de atención de reclamos de usuarios, situación que se encuadra en las figuras de reproche administrativo, consistente en el no cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al cargo y función que desempeña.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2024, se dictó la vista fiscal, que reitera los cargos formulados en su contra y propone al Superintendente de Servicio Sanitarios, aplicar la medida de destitución. La que fue confirmada, el 13 de marzo de 2025.

En contra de dicha resolución, presentó recurso de reposición, el que fue rechazado, por cuanto no se incorporaron nuevos antecedentes que permitieran variar los elementos que se tuvieron en consideración en su oportunidad, confirmando la vista fiscal que aplicó la medida ya citada. En igual sentido, dedujo recurso de apelación de manera subsidiaria, siendo rechazado, por ser éste improcedente.

En este contexto, el 11 de abril de 2025 fue notificada de la Resolución Exenta RA N° 404/37/2025, del 10 de abril de 2025, la cual resolvió aprobar el sumario administrativo que se ordenó instruir mediante N° 490 de 03 de marzo de 2025 y disponer la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Así, la resolución singularizada, es consecuencia de la investigación sumaria administrativa.

Luego y en relación con las ilegalidades y/o arbitrariedades que plantea, las desarrolla en el siguiente orden.

Defectos formales del acto sancionador: Falta de fundamento legal. La destitución indica, se basó en el art. 125 letra f) de la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), que exige que la sanción esté expresamente prevista en ley. Sin embargo, las normas invocadas por la recurrida (arts. 84 letras l) y m) y 61 letras b), c), f) y g) de la misma ley) no especifican la destitución como sanción.

Vicios en el procedimiento sumarial: Contaminación de la fiscal instructora: Indica que la Fiscala, recibió información previa de nombre reservado (quien indica, sería amiga del denunciante, nombre reservado) antes de su designación, estando comprometida, su imparcialidad.

En este acápite, también alega que existe, incongruencia en los cargos, por cuanto, se le sancionó por hechos no denunciados inicialmente (mala atención a usuarios), siendo distintos a los hechos que motivaron el sumario (denuncia de "nombre reservado" y maltrato laboral).

Alegó también que, en la especie, se incorporó prueba defectuosa, en efecto, constan declaraciones de testigos (nombre reservado, nombre reservado) que indica, carecieron de objetividad (dado que tenían vínculos con nombre reservado) o simplemente, no se acreditaron los hechos en que se funda la investigación.

De otro lado, dice que, la resolución que reprocha no se encuentra motivada, dado que, la recurrida, omitió analizar defensas y describir hechos, limitándose a reproducir la vista fiscal.

Así, se vulneran diversas garantías constitucionales. En concreto, el debido proceso (art. 19 N° 3 CPR), dado que no se resolvió un incidente de nulidad de todo lo obrado (fojas 227 y ss.) que planteó en el expediente sumarial y pese a ello, de todas formas, se impuso la destitución. Asimismo, dice que se ignoró prueba favorable a su respecto (declaraciones).

De otro lado alega como vulnerada la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR), ya que la recurrida, realizó un trato discriminatorio al aplicar destitución (en casos similares, la SISS impuso sanciones menores).

Finalmente, a este respecto, alega como vulnerado el derecho de propiedad (art. 19 N° 24 CPR), pues, la destitución afecta su estabilidad laboral y sustento económico, sin compensación alguna.

Así, la sanción resulta desproporcionada, dado que se trata de una funcionaria que ha ejercido 17 años en su cargo y tan sólo por dos reclamos, que no se encuentran debidamente justificados, se aplica la máxima sanción contemplada para estos efectos.

En consecuencia, solicitó, dejar sin efecto la Resolución singularizada, y se disponga el reintegro de sus funciones, pagar además las remuneraciones y emolumentos dejados de percibir, durante el tiempo por el cual se extienda la sustanciación de la presente acción de protección.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, la abogada, Paula Andrea Verdugo Segura, solicitando el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Previo al fondo, alegó la incompetencia, para que esta Corte de Apelaciones, conozca de estos antecedentes. A este respecto dice que, el acto impugnado (Resolución RA N° 404/37/2025) emanó del Superintendente de Servicios Sanitarios, (domiciliado en Santiago) y se registró en Contraloría General (Santiago). Ergo, la Corte de Apelaciones de Santiago es competente.

Luego, alegó la extemporaneidad de la acción cautelar, ya que, la recurrente, fue notificada de la Resolución REX-614 (que confirma la destitución) el 31 de marzo de 2025 y el recurso se interpuso el 02 de mayo de 2025, superando el plazo fatal de 30 días, contemplado al efecto.

En el fondo, indica que la resolución que dispone la destitución y aquella que la confirma, son legales y no resultan arbitrarias.

A este respecto, la destitución se fundó en inconductas de acoso laboral contra nombre reservado (art. 2° inc. 2° Código del Trabajo) Y mala atención de usuarios: Infracción a obligaciones del art. 61 Ley 18.834 (deberes funcionales). Así, el estatuto legal vigente, autoriza al Servicio recurrido, a proceder a la destitución de un funcionario, en la medida de que se trate de faltas graves a la probidad.

De igual forma, sostiene que la resolución que se pretende dejar sin efecto se encuentra debidamente fundada, no siendo antojadiza ni caprichosa, dado que se fundó en un proceso previamente tramitado, ejerciendo en todo caso, la actora, todo y cada uno de los derechos que la ley contempla.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de lo expresado, sigue que no existe duda posible en cuanto a la existencia del acto que constituye la causa de pedir en el presente recurso, cual es, la ilegalidad y arbitrariedad, en torno a la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que, por medio de la Resolución Exenta N° 404/37/2025, el 10 de abril de 2025, aplicó la medida disciplinaria de destitución a la recurrente de protección.

SEXTO: Que previo al análisis de fondo de estos antecedentes, necesario es, pronunciarse sobre las excepciones que se han planteado por la recurrida, esto es, la incompetencia y la extemporaneidad de la acción cautelar promovida.

SÉPTIMO: La excepción de incompetencia será desestimada, según se dirá en lo resolutivo, por cuanto el acto impugnado (destitución) produjo efectos directos en Antofagasta, donde la recurrente prestaba y ejecutaba servicios. Por lo tanto, esta Corte es competente para conocer de estos antecedentes, por aplicación del artículo 1° del Auto Acordado (Acta 94-2015).

OCTAVO: Que, en relación con la extemporaneidad alegada, se debe consignar que la notificación del acto definitivo (Resolución RA N° 404/37/2025) ocurrió el 11 de abril de 2025, y el recurso de protección, se interpuso el 02 de mayo de 2025 (dentro del plazo de 30 días), en consecuencia, sólo cabe desestimar tal alegación, según dirá en lo resolutivo.

NOVENO: Que, luego, es necesario puntualizar cuales fueron los hechos, consignados en la formulación de cargos:

-Mala atención de clientes. A fojas 2 del expediente sumarial rola el reclamo SAC N° 202212031 de fecha 30 de junio de 2022, efectuado por la cliente de la concesionaria sanitaria Aguas de Antofagasta S.A. doña nombre reservado, miembro de la Junta de Vecinos N° 50, Ampliación Prat A, de la comuna de Antofagasta, por atención de la ejecutiva doña nombre reservado, al negarse a escuchar reclamo contra prestador sanitario, además de prepotencia de la ejecutiva y falta de orientación.

Asimismo, consta en el expediente sumarial el reclamo SAC N° 30317948 de fecha 29 de agosto de 2017, efectuado por la cliente de la concesionaria sanitaria Aguas de Antofagasta S.A. doña nombre reservado, por mala atención entregada por la ejecutiva de atención de clientes doña nombre reservado.

En este mismo sentido, declara con fecha 29 de julio de 2024 doña nombre reservado, jefa de la Unidad de Atención ciudadana y Transparencia, quien, en tal calidad, señala que ha tenido conocimiento de que la atención de clientes que efectúa la denunciada es deficiente, arrebatada, irrespetuosa y mal educada. Agrega que, según su parecer, no tiene las habilidades para atender al público y genera un impacto negativo a todo el grupo de trabajo de la oficina.

También, forma parte del expediente sumarial el reclamo SAC N° 202361679 efectuado por la cliente de la concesionaria sanitaria Aguas de Antofagasta S.A. doña nombre reservado, de la comuna de Antofagasta, por mala atención entregada por la ejecutiva de atención de clientes doña nombre reservado.

-Denuncia de maltrato laboral. Con fecha 01 de abril de 2024, nombre reservado formula denuncia de maltrato laboral en contra de doña nombre reservado. La denuncia formulada da cuenta de un relato de eventos ocurridos dentro de 10 años desde 2014 hasta el mes de marzo de 2024 y en el que constan una serie de descalificaciones a su jefatura, en forma pública y privada, denostándolo sin mediar causa alguna que lo justifique, situación que le ha ocasionado problemas de salud física (parálisis facial) y síquica que lo mantuvieron con tratamiento médico, debido a diagnóstico de estrés elevado, de tipo sicosocial por conflicto laboral.

A fojas 103, consta la declaración de don nombre reservado jefe de la oficina regional de Antofagasta quien declara que dentro de los últimos 4 años ha sufrido por parte de la denunciada frecuentes gritos, además de mofas, burlas y constantes faltas de respeto, de manera pública y privada. Enseguida, declara que no cumple con las instrucciones que le encomienda, debiendo él asumir en varias ocasiones el trabajo que le corresponde a la Sra. nombre reservado.

DÉCIMO: Que, se debe sostener como cuestión previa, que la sanción aplicada-destitución-, lo fue, previa tramitación de un procedimiento administrativo, seguido, ante la autoridad facultada por ley (artículo 61 de la Ley 18.834), dentro de su competencia, no siendo posible advertir, vulneración alguna respecto al debido proceso, en los términos prescritos en el artículo 20 de la Carta Fundamental (Artículo 19 N° 3, inciso quinto).

DÉCIMO PRIMERO: Que, además, de los hechos motivantes de los cargos formulados, debe indicarse, que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de la sumariada, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen, los que en todo caso ejerció la actora con asesoría letrada.

En efecto, ésta acción constitucional, no se ha creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, ya que ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en todo caso, la finalidad primordial de esta acción de urgencia, es restablecer derechos constitucionales vulnerados por actos manifiestamente arbitrarios o ilegales, no siendo entonces, ésta la vía idónea para reexaminar el fondo de decisiones administrativas o “ponderar” pruebas incorporadas, pues ello importaría practicar un juicio de veracidad respecto a los hechos que se consignan por quienes, han sido investidos legalmente para ejercer funciones fiscalizadoras, y que fueron anotados en el presente fallo.

De todas formas, aún lo indicando precedentemente, la recurrida, no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal.

DÉCIMO TERCERO: Ausencia de ilegalidad. La decisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) se ajusta estrictamente al Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834).

Al efecto, la medida disciplinaria de destitución se contiene en el artículo 121 letra d), en relación con los artículos 125 letra f) y 84 letras m) y l) de la Ley N° 18.834 e inciso 2 del artículo 2 del Código del Trabajo, por incurrir la recurrente-según el Servicio- en faltas graves a la probidad administrativa, en su calidad de autora de acoso laboral y de maltrato laboral en contra del funcionario don nombre reservado; y, por mala y falta atención de reclamos de usuarios situación que se encuadra en las figuras de reproche administrativo, consistentes en no cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al cargo y función que desempeña y que se relacionan con las letras b), c), f) y g) del artículo 61 de la Ley N° 18.834, todas disposiciones legales que autorizan la aplicación de la medida disciplinaria impugnada.

Esta cláusula residual cubre conductas no taxativas que afecten bienes jurídicos esenciales, no siendo necesaria la especificidad que pretende la actora, y menos aún, que ello implique algún tipo de ilegalidad.

Así, la impropiedad en la citación de una norma no vicia el acto administrativo si existe otra base legal que lo sustente, descartándose, aquella alegación planteada por la actora, que dice relación con que la destitución se fundó en una norma incorrecta.

DÉCIMO CUARTO: Ausencia de Arbitrariedad. La Resolución REX-490/2025 cumple los estándares del artículo 7° de la Ley N° 19.880. En efecto, la decisión adoptada describe cronológicamente las conductas sancionadas (acoso a nombre reservado y negligencia en casos de usuarios) y relaciona cada hecho con los preceptos infringidos, reproduciendo el análisis probatorio ponderado de forma previa- el 12 de marzo de 2025, en resolución administrativa. Así, cabe desechar aquella alegación planteada, en cuanto a la falta de motivación del acto administrativo que se reprocha.

Por lo tanto, la decisión adoptada por la recurrida no es antojadiza, ni caprichosa, encontrándose debidamente motivada. De lo contrario, el recurrente, no podría haber narrado con precisión absoluta, los hechos que fundamentaron sus recursos (administrativos) y que por lo demás, fueron reproducidos en esta sede de urgencia. Cuestión muy distinta lo es, que no se haya conformado con la decisión que se adoptó, circunstancia de mérito y fondo, que como se dijo, escapa a la naturaleza de la presente acción cautelar.

DÉCIMO QUINTO: Que, como corolario de lo anteriormente expuesto, el sumario administrativo siguió estrictamente el régimen de garantías de la Ley N° 18.834. Estos son, las etapas de instrucción, formulación de cargos, derecho a defensa y resolución final.

DÉCIMO SEXTO: Que, incluso soslayando todo razonamiento previo, el recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, dado que, no se ha vulnerado garantía constitucional alguna.

En cuanto al artículo 19 N° 3 CPR (Debido proceso), consta del expediente sumarial que el recurrente: Ejerció defensa técnica (abogado patrocinante); agotó recursos de reposición y apelación subsidiaria en sede administrativa.

A este respecto, la actora alegó que se introducen nuevos hechos a los inicialmente investigados, sin embargo, el debido proceso administrativo no exige rigidez investigativa, y, la amplitud de facultades del órgano instructor es compatible con la tutela judicial efectiva, que en el caso concretó se ejecutó mediante los descargos que se formularon por la recurrente, respecto a ambas inconductas (mala atención y maltrato laboral).

De otro lado, la actora alegó que la fiscal, era “amiga íntima” del denunciante nombre reservado, dado que conocía de manera previa de los hechos motivantes de la investigación, sin embargo, la presunta parcialidad que se pretende debe acreditarse con hechos concretos, siendo la sospecha abstracta insuficiente, no incorporándose ningún antecedente que diera cuenta de forma indubitada y objetiva, de tal circunstancia, que, en todo caso, debió alegarse en sede administrativa.

Que, respecto al artículo 19 N° 2 CPR (Igualdad ante la ley), se debe consignar que la sanción se basa en criterios objetivos de diferenciación, teniendo en consideración la gravedad de las faltas imputadas -Acoso laboral afecta bienes jurídicos protegidos -dignidad, salud psíquica-, negligencia funcional la que comprometió el servicio público.

Dicho de otra forma, La igualdad ante la ley, no prohíbe un trato diferenciado fundado en la naturaleza y gravedad de las conductas.

Finalmente, en relación con el artículo 19 N° 24 CPR (Derecho de propiedad), es preciso indicar que el cargo público no es propiedad privada, dado que su titularidad está sujeta a causales legales de término. De esta forma, dicha garantía no es absoluta, y puede ser limitada por una sanción disciplinaria en la medida que la ley, proscriba una conducta prevista para el disfrute del cargo.

Mas aún, respecto a quienes desempeñan funciones públicas, dado que están sujetos a un deber de excelencia ética. Su conducta debe ser ejemplar, pues afectan derechos esenciales de la ciudadanía. Así, cualquier desviación constituye una falta al principio de confianza institucional, por ello, la recurrente, como encargada de atención de usuarios, debía garantizar un trato respetuoso y eficiente. Y si bien, no es posible determinar la veracidad en esta sede de los hechos acusados, desde el punto de vista objetivo-formal, el acoso laboral y mala atención de reclamos violan este estándar. Así, conductas como el acoso laboral o la negligencia en la atención de usuarios configuran faltas graves a la probidad, pues afectan la credibilidad del Estado.

Por estas consideraciones, y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado que regula la materia, se declara que:

· SE RECHAZA, la excepción de incompetencia, promovida por la recurrida.

· SE RECHAZA, la solicitud de extemporaneidad planteada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

· SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Regístrese, comuníquese y archívese.

ROL 732-2025 (PROTECCIÓN)