nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Antofagasta, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Doña MARTINA JACINTA INFANTE LARRONDO, abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, comparece en representación de don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, recurre de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, por la actuación arbitraria e ilegal incurrida por la recurrida, vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº de la Constitución Política de la República.

Con fecha 21 de noviembre del presente año, informó el recurso el abogado SERGIO ABARCA VARGAS, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES solicitando el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente fundando su acción constitucional indica que, entre recurrente y recurrido existe una relación de origen convencional; en cuya virtud el recurrido otorgó un crédito a su representado, el cual consta haberse otorgado mediante un respectivo título suscrito el día 06-09-2016, con un capital ascendente $4.192.195, que devengaría un interés del 2,20% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. El capital conjuntamente con los intereses se pagaría en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $191.036 cada una, pagaderas el día 30 de cada mes, exceptuando el mes de febrero en cuyo caso el vencimiento corresponderá al último día del mes.

Señala que producto del incumplimiento en el pago del recurrente, la recurrida “CAJA LOS ANDES”, inició un juicio ejecutivo en su contra que actualmente se tramita ante el 3er Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, bajo el ROL C-4882-2019, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representado por la suma $1.048.049.

Indica que con la presentación de la referida demanda ejecutiva, el día 10 de septiembre de 2019, el acreedor (y recurrido en autos) hizo uso de las herramientas que la ley dispone, optando el cobro del referido crédito por la vía civil, exigiendo el pago total de la deuda, haciendo uso de la cláusula de aceleración, considerando por tanto la obligación como si fuera de plazo vencido y solicitando al tribunal que ordene seguir adelante la ejecución hasta hacerse entero pago del capital adeudado con los intereses que correspondan, más costas.

No obstante lo anterior, relata que el recurrido hizo uso arbitrario y/o ilegal de las facultades que le otorga la ley, afectando las garantías constitucionales del recurrente, puesto que no bastando con haber optado por la vía civil para pretender el cobro del crédito, procede de igual forma en conformidad a los mecanismos que le confiere la Ley Nº18.833.

Refiere que se percata de lo anterior, cuando su representado al revisar su liquidación correspondiente al mes de septiembre de 2019, advierte la existencia de un descuento bajo ítem de “Descuentos CCAF” por la suma de $402.075, monto que además no se ajusta con las sumas que él pagaba por los préstamos que había solicitado, tal suma en nada coincide con las cuotas mensuales de $191.036 alguna vez pactadas.

En ese orden de ideas, comenta que el recurrido primero ha demandado civilmente a su representado, y luego mientras el juicio continúa en su tramitación, decide abusivamente afectar su derecho de propiedad con descuentos no informados, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

En consecuencia indica, que el actuar realizado por la recurrida amparado en el especial trato que la ley otorga a las CCAF constituye un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas; en términos tales que éste no puede pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas, dado que en Chile no hay grupos privilegiados, y por ende no existe en nuestra sociedad equidad que sirva de sustento o fundamento a su actuar.

En cuanto a los fundamentos de derecho, éstos se dan por expresamente reproducidos.

En definitiva solicita, el restablecimiento del imperio del derecho, en términos tales de adoptar las medidas conducentes a su restablecimiento, ordenando:

· Que se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida a mi representado son ilegales;

· Que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados;

· Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos de las remuneraciones del recurrente por encargo de la recurrida; o en subsidio de lo anterior, las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuado el informe por la Caja de compensación de asignación familiar los Andes, parte recurrida en estos autos, ésta pide el rechazo del recurso, por no existir hecho arbitrario o ilegal alguno.

Refiere que con fecha 06 de septiembre 2016, Caja Los Andes otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código 003CON100060258, por un capital inicial de $4.192.195.-, con una tasa de Interés de 2.2%, pagadero en un plazo de 36 cuotas por la suma de $191.036, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre 2016.

Indica que las cuotas de los meses de noviembre 2016 a marzo 2019, cuotas N° 1 a la N°24, se pagaron a través de descuentos en la remuneración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, durante el periodo que va desde diciembre de 2016 al 10 de enero 2019. Posteriormente, a través del seguro de cesantía contratado por el Sr. nombre reservado, se pagaron las cuotas de los meses de noviembre y diciembre 2018, y enero 2019, cuotas N° 25 a la N° 27.

Sostiene que ante la falta de pago por parte del recurrente, su representada dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la obligación en cuestión, en autos ROL C-4882-2019 del 3er Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, la cual, al día de hoy, no ha sido notificada legalmente al demandado, a raíz, precisamente, de los pagos que fueron recibidos en forma posterior y que se detalla correspondientes a los meses de febrero a abril del 2019, relativos a la cuota 28,29 y 30.

Señala que, de los valores indicados precedentemente y según la remuneración informada en liquidación acompañada por el propio recurrente, niegan tajantemente que se hayan efectuado descuentos por cantidades superiores al límite establecido por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), esto es, el 25% de la remuneración imponible del deudor.

Finalmente señala que, al presente mes de noviembre de 2019, la referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas con vencimiento desde mayo a octubre de 2019, N°31 a la N°36.

En consecuencia, estima que en la especie estamos en presencia de un crédito plenamente vigente y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, por lo que no existiría acto arbitrario e ilegal alguno al realizar los descuentos indicados por el recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que, en el marco del presente recurso, el recurrente solicita se deje sin efecto el cobro de crédito social a través del descuento de sus remuneraciones, fundado en una actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, atendido a que ya habría accionado por la vía civil el cobro de la deuda acelerada, por lo cual hacerlo además a través del descuento en su remuneración, no era sino una conducta abusiva del derecho.

QUINTO: Que, sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Conforme se colige de la lectura del precepto antes citado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

SEXTO: Que, por consiguiente, así como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los Rol N° 18.404-2015 y 15.032-2016, al haberse descontado desde la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas.

SÉPTIMO: Que, no obsta al razonamiento anterior, la circunstancia de que se haya iniciado juicio ejecutivo de cobro del pagaré fundante del crédito otorgado a la recurrente por la caja de compensación en comento, puesto que si bien, efectivamente se ha presentado la demanda en causa rol C-4882-2019, seguida ante el tercer Juzgado de letras en lo civil de Antofagasta, dicho libelo no ha sido notificado al recurrente, por lo cual, la relación procesal no se ha formado, teniendo presente además que los descuentos consignados en la liquidación de sueldo acompañada por el actor correspondiente al mes de septiembre del presente año, dan cuenta que el descuento en su remuneración se realiza de manera posterior al inicio del procedimiento ejecutivo en cuestión, cuya fecha de presentación es el 10 de septiembre del año 2019, manteniendo el proceso inactivo desde esa fecha, sin que conste notificación ni gestión alguna en la referida causa.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Martina Infante Larrondo, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7312-2019 (PROT)

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