Protección contra la I

Antofagasta, cuatro de abril de dos mil once.

Vistos y Oído:

Comparecen a fojas 104, doña nombre reservado, dominicana, comerciante, con domicilio en esta ciudad domicilio reservado, y doña nombre reservado, chilena, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta, representada por su alcaldesa, doña nombre reservado, y en contra del jefe del Departamento de Rentas Municipales, don nombre reservado, ambos con domicilio en esta ciudad domicilio reservado, por haber realizado actos e incurrido en omisiones que las privan ilegal y arbitrariamente de las “garantías constitucionales” consagradas en los números 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, la igualdad y no discriminación arbitraria que debe dar el Estado a los administrados en materia económica, la libertad para adquirir todo tipo de bienes, el derecho de propiedad sobre todo tipo de bienes corporales e incorporales, todo ello en relación con el artículo 26.

Los antecedentes en que fundan el recurso son los siguientes:

Exponen las recurrentes que con fecha 27 de agosto de 2008, por instrumento privado, constituyeron una sociedad de hecho con el propósito de dedicarse al negocio de “sala de cerveza, fuente de soda y restaurante”, sociedad que podía funcionar bajo la denominación de “nombre reservado, nombre reservado y otra” o con el nombre de fantasía “D´nombre reservado”, luego, el 1º de octubre concurrieron al Servicio de Impuestos Internos e iniciaron actividades.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2008, la Sociedad Pizzería D´nombre reservado S.A. cedió en forma gratuita a la sociedad de hecho las patentes definitivas rol 4000188 (sala de cervezas) y rol 2004222 (fuente de soda); y con fecha 5 de noviembre, por instrumento privado, la sociedad tomó en arriendo un inmueble ubicado en domicilio reservado, para destinarlo a su giro comercial.

El 26 de noviembre de 2008 se ingresó en la municipalidad recurrida una nota dirigida a la alcaldesa, en que se solicitó: a) el cambio de la razón social, b) el cambio de domicilio de las patentes cedidas (traslado) y c) el otorgamiento de patentes para restaurant diurno y nocturno de alcoholes y sala de baile.

El 16 de diciembre de 2009 se obtuvo del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud autorización para el funcionamiento de local de elaboración de alimentos con consumo para el domicilio de domicilio reservado, autorización que según las recurrentes es necesaria para obtener la patente de restaurant comercial y fuente de soda.

El 12 de marzo de 2010, y luego de sistemáticos e incansables requerimientos para recabar información acerca del estado de tramitación de las solicitudes de traslado de patentes y registro de las cesiones, decidieron desistirse de la petición de patente de sala de baile.

El 9 de julio de 2010 y debido a la negativa de la recurrida a entregar copia de los antecedentes del expediente administrativo, se presentó en la oficina de partes una nueva petición dirigida a la máxima autoridad para dar cuenta de estos hechos y requerir formalmente, de conformidad con la ley de acceso a la información pública –la ley 20.285-, copia del expediente administrativo.

Dado que al 30 de julio de 2010 la municipalidad recurrida y el jefe del Departamento de Rentas no habían presentado al Concejo Municipal la solicitud y que las patentes figuraban como “bloqueadas” sin que existiera acto administrativo alguno que así lo estableciera, se dedujo un recurso de protección por estas irregulares situaciones.

En este recurso de protección, que rola bajo el número 619-2010, en su informe ninguno de los recurridos hace referencia a un informe de Carabineros de fecha 23 de agosto de 2010. Es más, con fecha 26 de agosto se les otorgó copia del expediente administrativo y en él sólo obra un informe de Carabineros, de fecha 25 de enero de 2010.

Después de deducido el recurso, la máxima autoridad municipal condujo al concejo la petición, con fecha 1º de septiembre de 2010, y en él se habrían rechazado las solicitudes de cambio de razón social y de domicilio. La sesión y el acuerdo fueron secretos.

La sentencia de primer grado, confirmada por la Excma. Corte Suprema, acogió el recurso de protección ordenando a los recurridos pronunciarse en el más breve plazo, legal y fundadamente, acerca de lo solicitado.

Las recurrentes señalan que sólo con fecha 25 de enero de 2011, una de ellas, nombre reservado, recibió en su domicilio un oficio de la alcaldesa comunicando el rechazo de la solicitud por registrar el local comercial ubicado en Condell Nº 2342 una infracción por venta clandestina de alcoholes, de acuerdo al informe policial reservado N° 721, de 23 de agosto de 2010, de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta.

Lo anterior en circunstancias de que el informe aludido en el oficio nunca se tuvo a la vista por el jefe del Departamento de Rentas, nunca estuvo a la vista en los informes del Departamento de Control, ni tampoco fue entregado el 26 de agosto de 2010, siendo que a la fecha ya debería haber estado en poder de la municipalidad.

Las recurrentes manifiestan no conocer el contenido del informe.

También manifiestan que el 13 de enero pagaron las patentes de que son titulares y que al entregárseles los formularios respectivos en ellos aparece una leyenda que indica “suspendida”.

Según las recurrentes privarlas de sus derechos constitucionales para explotar las patentes definitivas de alcoholes y comercial de fuente de soda, constituye no sólo un abierto acto de arbitrariedad de los funcionarios que intervinieron, sino que además resulta ser ilegal, en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan el ejercicio de las actividades económicas de que se trata, exceden con mucho las atribuciones y competencias con que se encuentran investidos los órganos de la administración y atenta contra el denominado orden público económico, dentro del cual se comprenden, entre otras, las garantías: a la libertad económica; el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad privada, la igualdad ante la ley en el campo económico y la no discriminación y el principio de revisión judicial en materia económica.

En lo que se refiere al derecho de propiedad, dicen que las patentes al ser concedidas con arreglo a las disposiciones vigentes forman parte del patrimonio de sus titulares y que éstos a su turno las pueden hacer circular libremente sujetándose a las normas que reglamentan su transferencia. Agregan que la ley de alcoholes sólo establece como exigencia para la transferencia de las patentes de alcoholes que el titular de ella no debe estar contemplado dentro de aquellas personas que se les prohíbe adquirir este tipo de autorizaciones (art. 4 ley de alcoholes). En lo referido a las patentes comerciales el requisito de la calidad personal del titular no se exige. Indican además que la transferencia exige que las patentes no amparen establecimientos que se encuentran clausurados definitivamente, y el deber del contribuyente y ciudadano de inscribir en la oficina municipal la transferencia; e inscribir significa lisa y llanamente apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado, o bien tomar razón en algún registro de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes.

Las recurrentes hacen presente que la autoridad no inscribió las patentes a su nombre no obstante no existir a su respecto prohibición alguna. Más aún estiman que la autoridad se excedió en sus facultades al sujetar a un trámite de aprobación o rechazo el cambio de titular de las patentes, lo que no se encontraría autorizado por la ley, ni formaría parte de las materias en que el alcalde requiere acuerdo del concejo, ya que no se trata del otorgamiento renovación o traslado, sino que sólo del cambio del titular.

De esta manera, se vulneraría el derecho de propiedad porque no permite la adquisición de un derecho incorporal y se priva a las recurrentes de los atributos esenciales del derecho de dominio al impedir mediante la vía de no inscribir las patentes su explotación o, incluso, su nueva transferencia.

En lo que se refiere al derecho a la libertad económica consagrado en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, dicen que la municipalidad ha violentado este derecho porque ellas en forma lícita pretenden desarrollar una actividad económica, la que además se encontraba enmarcada y sujeta a una serie de normas “infraconstitucionales”, que fueron siempre y en todo momento cumplidas.

Según las recurrentes la primera y más abierta forma de vulnerar este derecho se advierte en la “suspensión” de las patentes. En este sentido manifiestan que la suspensión está regulada en el artículo 20 de la ley respectiva y que está referida a 3 casos, ninguno de los cuales concurre en la especie: 1º Que la patente haya sido concedida por error o transferida a cualquier título a personas a las que les estuviera prohibido adquirirlas; 2º que el establecimiento no reúna las condiciones de salubridad, higiene y seguridad; 3º que la patente no ha sido pagada en la oportunidad respectiva.

Así, habiendo advertido la municipalidad que es ilegal bloquear las patentes como lo reconoció abiertamente como práctica el jefe del Departamento de Rentas al informar el recurso de protección 619-2010, ahora la municipalidad ha optado por aplicar esta medida, lo que agrava todavía más lo ilegal de su proceder.

Más adelante manifiestan que el traslado de una patente de alcoholes es un acto reglado y que si bien las municipalidades pueden ponderar ciertas circunstancias, deben hacerlo en forma objetiva y cumpliendo con la exigencia de racionalidad, evitando todo abuso o exceso de poder.

En este sentido afirman que iniciaron la tramitación de traslado el segundo semestre de 2008 y que cumplieron todas y cada una de las exigencias que las normas legales y reglamentarias imponen, por lo que no existiría ningún impedimento legal que pudiera invocarse para denegar el traslado.

En cuanto al informe de Carabineros en que se sustenta el rechazo al cambio de razón social y domicilio de las patentes, dicen que contiene afirmaciones falsas y además que fue emitido ad-hoc para el solo efecto de fundar una decisión ilegal y arbitraria.

Las recurrentes hacen presente que el Jefe del Departamento de Rentas en los autos rol 619-2010 señaló, con fecha 24 de agosto de 2010, que “con fecha 3 de agosto de 2010, a la señora nombre reservado se le autorizó el pago de las patentes para que no las perdiera, en ningún caso se encuentran caducadas, su trámite ha finalizado cumpliendo con todos los requisitos, sólo falta la aprobación del Honorable Concejo”.

De esta manera, la decisión sería ilegal desde ya si se tiene en cuenta que se adoptó estando ya judicializado el asunto, con un informe de “dudoso origen y data y al parecer confeccionado para el solo efecto de negar ilícitamente una autorización que cumplía con todas las exigencias legales”.

Según las recurrentes la única actividad que realizaron por desconocimiento fue el funcionamiento como restaurante algunos días del mes de diciembre de 2008, hecho denunciado al Juzgado de Policía Local y sancionado; pero a contar de esa fecha el local comercial cuya renta se paga mes a mes, ha estado cerrado completamente, por lo que es falso que exista comercio clandestino.

En consecuencia, la decisión “secreta” adoptada por la municipalidad y que alude a un informe “inexistente” y del que nunca se les dio noticia, es ilegal porque niega una autorización a quienes cumplen con todas las normas legales y reglamentarias y, además, es arbitraria ya que esa decisión sólo se les ha aplicado a ellas, las recurrentes, y se han autorizado y se siguen autorizando y aprobando traslados de patentes en las misma calle y cuadra.

Por otra parte, para las recurrentes constituye una omisión arbitraria e ilegal el dilatar el procedimiento de aprobación, ya que según el artículo 27 de la ley de bases de Procedimientos Administrativos, ningún procedimiento administrativo puede durar más de 6 meses desde su iniciación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso no existen esos supuestos de hecho que permitirían sostener que los plazos se han ampliado a favor de los recurridos.

En lo que se refiere a la igualdad ante ley en el campo económico, dicen que se manifiesta en que las normas que regulan la actividad económica deben ser impersonales y de aplicación general y en que nadie puede ser perjudicado o beneficiado arbitrariamente por leyes o decisiones de la autoridad.

Las recurrentes estiman que se les ha otorgado un trato discriminatorio al no inscribirlas como titulares de las patentes, al no dar curso a la petición de traslado dentro de los plazos que la ley prevé y más aún al permitir y aprobar traslados de patentes dentro del mismo sector y en situaciones absolutamente análogas. Las recurrentes agregan que sólo con fecha 25 de enero de 2011 se les informo por oficio la razón por la cual se habría negado el traslado de las patentes, lo que en todo caso, resulta ser absolutamente falsa.

También insisten en que han cumplido con todas las exigencias sanitarias, constructivas y de zonificación y dicen que lo anterior consta en el expediente administrativo, sin que se haya presentado al concejo la petición de traslado desde noviembre de 2008.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad de los actos de la municipalidad, dicen que resulta ilegal y arbitrario tanto la omisión de la inscripción de los actuales titulares de las patentes transferidas, como presentar y justificar una decisión con informes que no se encontraban dentro del expediente administrativo y que, además, contienen información falsa, así como suspender las patentes y entrabar de manera inexplicable un procedimiento administrativo.

Piden que se acoja el recurso, con costas, y que se adopten todas las medidas pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando:

a) Que el jefe de rentas de la municipalidad disponga la inscripción inmediata de las patentes b) Que la municipalidad otorgue las patentes para el domicilio de domicilio reservado, c) Que el jefe del departamento de rentas municipales y la municipalidad eliminen la leyenda suspendida que se ha estampado a las patentes.

Las recurrentes acompañaron los documentos que se agregaron de fojas 01 a 103, 144 a 146 y 262 a 274 consistente en un ejemplar de las patentes de alcohol y comercial suspendidas, correspondientes al primer semestre de 2011, Ord.(E) Nº 019/2011 de la I Municipalidad Antofagasta y copia integra del expediente administrativo; seis fotografías y copia de los fallos de 1º y 2º instancia recaídos en el recurso de protección de esta Corte Rol Nº 619-2010.

A fojas 149 comparece don nombre reservado, Jefe del Departamento de Rentas Municipales de la I. Municipalidad de Antofagasta, quien informa al tenor del recurso de protección señalando que los hechos que dan motivo al recurso dicen relación con el rechazo por parte del Concejo Municipal, de la solicitud de las recurrentes de cambio de razón social y domicilio domicilio reservado, a su nombre y para el inmueble ubicado en domicilio reservadoº piso, además de solicitar nuevas patentes de alcoholes para el giro de restaurante diurno y nocturno de alcoholes y sala de baile para el mismo inmueble, decisión adoptada en sesión ordinaria Nº25 de 01 de septiembre de 2010.

Niega la existencia de actos ilegales y arbitrarios y expresa que la entrega de patentes y el cambio de razón social y domicilio deben cumplir ciertos requisitos y sujetarse a ciertos procedimientos regulados en los artículos 8, 9 en relación con el artículo 4 de la Ley 19.925 de alcoholes y en el artículo 65 de la ley 18.695 orgánica de municipalidades. Expone que como se informó en el recurso de Protección Rol 619-2010, los procedimientos se han cumplido, pues se solicitaron los informes respectivos y practicaron las diligencias pertinentes en tiempo y forma, llevándose los antecedentes ante el Concejo Municipal, con fecha 10 de junio de 2010, en la que se estimó necesario requerir más antecedentes, los que fueron acompañados en la referida sesión ordinaria Nº25 del Consejo Municipal, la que rechazó las solicitudes de las recurrentes debido al informe negativo de Carabineros y de la Inspección General de la Municipalidad.

Expone que pese a lo indicado por las recurrentes sobre la demora en la tramitación de sus solicitudes, deben cumplirse una serie de requisitos, permisos y documentos que deben adjuntarse para resolver las solicitudes, pero la autorización del Servicio de Salud, se otorgó recién el 16 de diciembre de 2009, mismo mes en que recién se le entregó. De modo que por responsabilidad de la misma contribuyente no se contaba con todos los antecedentes para resolver.

Agrega que, por tanto, recién a principios de 2010 se da inicio al plazo que la Municipalidad tiene para resolver, ingresando los antecedentes al concejo Municipal el 10 de junio de 2010, como se refirió, rechazándose en definitiva la solicitud en base al informe Nº05634 de 14 de junio de 2010, que da cuenta del funcionamiento ilegal del local y la venta clandestina de bebidas alcohólicas, sin contar con las patentes al día.

Indica, también, que el referido rechazo es parte de las facultades conferidas por la normativa aplicable, por lo que no puede ser ilegal y, habiendo sido fundada en antecedentes que la justifican, tampoco puede calificarse de arbitraria.

En cuanto a la alegación de las recurrentes que sólo por desconocimiento y por algunos días del mes de diciembre de 2008 incumplieron la normativa de alcoholes, estima que ello muestra un total desinterés por el conocimiento de las normas aplicables y, señala además que el informe de Carabineros se refiere a hechos recurrentes y, en especial, al funcionamiento clandestino del local comercial, detectado al 14 de junio de 2010, por tanto ya no se puede alegar desconocimiento de la ley como en el 2008, ni que se trate de un hecho aislado y sin importancia, sino que se constata que desde el 2008 a la fecha ha incurrido en una serie de ilícitos que justifican la decisión del Concejo.

Niega que se hayan vulnerado las garantías de los numerales 21, 22, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues la Municipalidad actuó conforme a derecho. Asimismo, el derecho del artículo 19 Nº21 establece el derecho al desarrollo de todo tipo de actividad lícita respetando las normas legales que regulan dicha actividad y siempre que no sea contraria a la moral, el orden público y a la seguridad nacional, y en el cumplimento de las normas que regulan la venta de alcohol, se encuentran las que establecen el procedimiento por el que se ha regido la recurrida, vulnerándose por la actividad de las recurrentes la seguridad pública y el derecho de los vecinos del sector a vivir en tranquilidad y con la debida seguridad, por ello los informes negativos de Carabineros y de la Inspección General Municipal, los que impiden aprobar la petición.

En cuanto al derecho de propiedad, indican que no hay vulneración pues la propiedad de las patentes no se ha visto afectada y mucho menos se ha impedido su utilización, sino su transferencia y traslado de la misma, en virtud de las facultades legales otorgadas a los órganos municipales competentes, dentro del procedimiento y formas establecidas en las citadas normas.

Finalmente, niega un actuar caprichoso o una conducta discriminadora, sino que se ha limitado a cumplir un mandato legal que obliga a la Municipalidad a proteger el orden público, tomando decisiones fundadas y objetivas, basadas en procesos claros transparentes y legítimos, siendo improcedente catalogarlos de ilegal y arbitrarios.

Por lo anterior pide el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

A fojas 252 comparece Enzo Javier Molina Tobar, abogado, en representación de Municipalidad de Antofagasta, todos domiciliados en esta ciudad domicilio reservado, quien evacua informe al tenor del recurso de protección, en idénticos términos que el Jefe del Departamento de Rentas Municipales.

La recurrida acompañan los documentos que fueron agregados a fojas 154 a 251, consistente en: Copia del expediente administrativo otorgada con fecha 26 de agosto de 2010; Ordinario 19/2011, mediante el cual la alcaldesa comunica a las recurrentes que el concejo decidió rechazar la solicitud de cambio de razón social y de cambio de domicilio; ejemplar de las patentes con la leyenda “suspendida”.

Con lo actuado se trajeron los autos en relación y en la vista de la causa alegaron los abogados don Jorge Fidel Castro Allendes por el recurso y don nombre reservado contra el recurso, decretándose como medida para mejor resolver traer a la vista el expediente del recurso de protección Rol Corte Nº 619-2010. Con fecha 28 de marzo de 2011 se tiene a la vista el recurso e protección solicitado y vuelve la causa al acuerdo.- CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esta establecido a favor de aquel que por causas de actos u omisiones arbitrarias e ilegales sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere el citado artículo. El afectado puede, en tal caso, ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que esta adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.- SEGUNDO: Que por el presente recurso doña nombre reservado y doña nombre reservado buscan restablecer el imperio del derecho, a su juicio quebrantado por actos y omisiones arbitrarias e ilegales de la Municipalidad de Antofagasta, consistente en el rechazo a su solicitud, de fecha 26 de noviembre de 2008, de “cambio de razón social” de Sociedad Pizzería D’nombre reservado S.A. a sus nombres y el “traslado de domicilio” desde domicilio reservado al inmueble ubicado en esta ciudad domicilio reservado, referido a las patentes definitivas ROL 4000188 (sala de venta de cerveza) y ROL 2004222 (fuente de soda), las cuales les fueron transferidas y adquirieron en dominio mediante cesión gratuita de patentes de fecha 18 de octubre de 2008.

El rechazo a la solicitud sólo le fue notificada a doña nombre reservado con fecha 25 de enero de 2011 mediante oficio de la Sra. Alcaldesa, ORD (E) Nº 019/2011 de fecha 05 de Enero de 2011, y por el cual le manifiesta que “en sesión ordinaria –secreta- Nº 25/2010 del Concejo Municipal, efectuada el 01 de septiembre de 2010, el Honorable Concejo decidió rechazar su solicitud de cambio de razón social y de domicilio domicilio reservado, fundado en que el local comercial ubicado en domicilio reservado registra infracción por venta clandestina de alcoholes, según consta en informe policial reservado Nº 721 de fecha 23 de Agosto de 2010 de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta.

Conforme a las recurrentes el accionar de la Municipalidad de Antofagasta vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental en sus numerales 21 (el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen), 22 (la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismo en materia económica), 23 (la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes) y 24 (el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales) , en la forma que latamente ha quedado asentado en la parte expositiva del presente fallo.

TERCERO: Que, sostienen los recurridos, en primer lugar, que para la entrega de nuevas patentes de alcoholes, el cambio de razón social y de domicilio de las ya existentes se debe cumplir una serie de requisitos y sujetarse a un procedimiento establecido en la Ley Nº 19.925 de Alcoholes y en la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, procedimiento que a su juicio han cumplido al solicitar los informes respectivos y practicar las diligencias pertinentes, presentando los antecedentes al Concejo Municipal en sesión de fecha 10 de Junio de 2010, audiencia en que el Concejo retira la solicitud de la tabla para requerir nuevos antecedentes que son presentados en la sesión Nº 25, de fecha 01 de septiembre de 2010, oportunidad en que se rechazan las peticiones de las recurrentes, fundado en el informe negativo de Carabineros de Chile Nº 05634 de 14 de junio de 2010 y de la Inspección General de la Municipalidad (fojas 253), por lo que a su juicio la decisión adoptada no puede ser estimada como arbitraria o ilegal. En segundo lugar, sostienen que la Corporación Edilicia no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales que señalan las recurrentes pues la Alcaldesa y el Concejo Municipal han actuado en el ejercicio legítimo de sus facultades y atribuciones legales y por ende no puede su accionar ser considerado arbitrario, ilegal, discriminatorio, ni antojadizo, estimando su actuar en el cumplimiento de un mandato legal que obliga a la Corporación a proteger el orden público.

CUARTO: Que dentro del ámbito del recurso, corresponde examinar si la decisión de rechazo municipal de la solicitud de las recurrentes constituye un acto ilegal o arbitrario, pues la protección constitucional tiene lugar únicamente cuando la privación, perturbación o amenaza de un derecho y garantía constitucional se produce por actos u omisiones de tal carácter y, no habiendo sido además materia de controversia que tanto el procedimiento de “cambio de razón social” como el de “traslado de domicilio” de las patentes de alcoholes se encuentran reglados en la normativa legal vigente, es dable analizar la preceptiva atinente a la materia.

QUINTO: En lo referido al “cambio de razón social”, es un hecho de la causa que las patentes definitivas de alcoholes, entre ellas las Nº 4000188 (sala de cerveza) y Nº 2004222 (fuente de soda), pueden ser transferidas por sus titulares a terceras personas quienes al adquirirlas las incorporadas a su patrimonio, siempre que se cumpla con los requisitos que estable la ley.

Al efecto, el legislador ha establecido en el artículo 9º de la ley Nº 19.925 de Alcoholes, que son intransferibles las patentes de establecimiento clausurados definitivamente, situación en la cual es claro no se encuentra el inmueble de domicilio reservado al que se pretende el traslado de las patentes, según dan cuenta los certificados extendidos por el Juzgado de Garantía de Antofagasta y los tres Juzgados de Policía Local de esta ciudad, agregados a fojas 47 a 51 del recurso y, a su vez, señala también la misma norma legal que son intransferibles las patentes a las personas que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º de la ley de alcoholes, situación o calidad en la cual tampoco se encuentran o presentan las recurrentes, conforme a declaraciones juradas de cada una agregadas en fotocopia a fojas 41 y 43 del expediente.

De manera que no encontrándose las recurrentes dentro de aquellas personas a quienes la ley prohíbe adquirir este tipo de patentes o autorizaciones para la venta de bebidas alcohólicas y no estando afecto el inmueble de domicilio reservado a clausura definitiva, al solicitarse por las recurrentes la inscripción de la transferencia gratuita de las patentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº 19.925, el municipio debió limitarse a constatar estos hechos y proceder a la anotación respectiva, sin que fuera procedente haber sometido el cambio del titular a la “aprobación” o “rechazo” por parte del Concejo Municipal, como en el hecho lo hizo.

Tal sometiendo al Concejo Municipal para su aprobación o rechazo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 letra ñ) y 79 letra b) de la Ley Nº 18.696 Orgánica Constitucional de Municipalidades, solo procede cuando se trata de “otorgar, renovar, caducar y trasladar” patentes de alcoholes, pero no así cuando simplemente e trata de formalizar administrativamente una transferencia o cambio de razón social.

SEXTO: Que lo anterior conduce necesariamente a concluir que la Corporación Edilicia actuó en forma ilegal al someter “el cambio de razón social” de las patentes a un trámite no previsto en la ley, como lo fue el pronunciamiento del Concejo Municipal; no teniendo además el municipio la voluntad de elegir o determinar la inscripción o no de las patentes a favor de sus nuevas propietarias, dado el caso que ellas cumplen con todos los requisitos que establece la ley como para hacer efectiva la transferencia, lo que obviamente hace que además su accionar sea un acto arbitrario, vulnerándose así las garantías constitucionales de las recurrentes al ver perturbado y amenazado su derecho de propiedad, que emana precisamente de la cesión gratuita hecha por un tercero de las patentes de alcoholes, las cuales se han visto privadas de inscribir a su nombre merced a la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, conculcándose de esta forma el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.- SEPTIMO: Que en lo referido al “traslado de domicilio” de las patentes de alcoholes desde domicilio reservado a la misma domicilio reservado, si bien la decisión de acceder a ello es una atribución que corresponde a la Alcaldesa de la comuna, conforme al artículo 65 letra ñ) y artículo 79 letra b) la Ley Nº 18.695 y artículos 8 y 9 de la Ley 19.925, requiere previamente el pronunciamiento del Concejo Municipal, efectuar la consulta pertinente a la Junta de Vecinos respectiva y un informe de carabinero de Chile .

Al respecto, de los antecedentes agregados al presente recurso, como de los aparejados al recurso de protección Rol Nº 619-2010 traído a la vista, es un hecho indiscutible que la solicitud de traslado formulada por las recurrentes con fecha 26 de noviembre de 2008, la Alcaldesa la presento al Concejo Municipal recién con fecha 10 de junio de 2010, organismo que en sesión ordinaria Nº 25/2010 (secreta) de 1º de Septiembre de 2010 determino rechazar la petición de las recurrentes (seis votos por rechazar, un voto por aprobar y una abstención), decisión que fue notificada a doña nombre reservado con fecha 25 de enero de 2010, mediante oficio alcaldía de 05 de enero de 2011 y en el cual se expresa que la decisión de rechazar el “traslado de domicilio” se fundamenta en que el local comercial ubicado en Condell Nº 2342 registra infracción por venta clandestina de alcoholes, según consta en informe policial reservado Nº 721 de fecha 23 de agosto de 2010 de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta.

OCTAVO: Que no obstante la Sesión Ordinaria Nº 25/2010 del Concejo Municipal tuvo carácter secreto en los momentos en que se discutió y analizo la petición de traslado de las recurrentes, de la lectura del acta de dicha sesión, agregada a fojas 175 a 249 del expediente del presente recurso, se desprende que si bien no se indicó en detalle los antecedentes tenidos a la vista y los análisis efectuados por los Concejales, precisamente por el carácter confidencial de la sesión en este punto, si al momento de la votación cada concejal fundamento su voto indicando los que estuvieron por la negativa a permitir el traslado de las patentes que “rechazaban” la petición de las recurrentes porque estaban incumpliendo la ley, funcionando sin patente, en forma clandestina y de manera irregular. Es más, del voto fundado del Concejal Sr. Santolaya y de la Sra. Alcaldesa se denota que se tuvo a la vista los antecedentes proporcionados por el Jefe del Departamento de Rentas Municipales, el informe emitido por Carabineros y la información de los partes denuncia que obran en el Tercer Juzgado de Policía Local, que indican el ejercicio clandestino de la venta de alcoholes.

Por lo demás, tales antecedentes se encuentran agregados al recurso: A fojas 154 a 157, rola informe emanado de Carabineros, Prefectura Antofagasta; a fojas 161 a 164, se agrega el memorandum Nº 060/2010 por el cual el Jefe del Departamento de Rentas remite los antecedentes de las recurrentes para ser presentados al Concejo Municipal y, a fojas 46 se en encuentra aparejado informe negativo de la Unidad Vecinal, Junta de Vecino Nº 23 “ 14 de Febrero”.- NOVENO: Que en las circunstancias referidas precedentemente aparece claro que la autoridad comunal actuó dentro del marco legal y dentro de la órbita de sus facultades y atribuciones, desde que cumplió con el procedimiento que establece la ley al solicitar los respectivos informes de la Junta Vecinal, de Carabineros de Chile y someter la petición de las recurrentes al Concejo Municipal, organismo que adoptó su decisión en sesión legalmente constituida, emitiendo cada uno de los Concejales su voto en forma fundada, de manera que el actuar de los recurridos aparece legitimado en derecho descartándose como se les imputa a los recurridos un actuar ilegal y arbitrario y, por ende, que se hayan vulnerado los derechos o garantías constitucionales que señalan las recurrentes le fueron conculcados, por lo que en este aspecto deberá ser rechazado el recurso de protección.

DECIMO: Es también un hecho del recurso que durante la tramitación de la petición de “cambio de razón social” y “traslado de domicilio” las patentes fueron primero “bloqueadas” y luego “suspendidas” por decisión de los recurridos, lo cual fue reconocido como un procedimiento normal establecido por el Jefe del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Antofagasta, al evacuar su informe en el recurso de protección Rol Nº 619-2010 traído a la vista, procedimiento de “bloqueo” que es arbitrario e ilegal toda vez que no se contempla en la ley como parte de la tramitación de “cambio de razón social” o “traslado de patentes”. Por su parte, si bien la “suspensión” de patentes se reconoce en la ley Nº 19.925, el artículo 20 de esta norma legal señala taxativamente los casos en que procede, esto es, si la patente hubiese sido concedida por error o a persona inhabilitada; si el local no reúne las condiciones de salubridad o seguridad; o si las patentes no fueren pagadas en su oportunidad, ningún de cuyas hipótesis se presenta respecto del local de domicilio reservado o de las recurrentes, por lo que el actuar de la Corporación Edilicia en este punto es ilegal y arbitrario desde que apartándose del marco legal aplica una sanción en forma antojadiza a una situación no prevista en la ley, perturbando y amenazando con su actuar el derecho de propiedad de las recurrentes al limitar el pleno uso, goce y disposición de sus patentes, conculcándose la garantía prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de este recurso: SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 104 por doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por su Alcaldesa doña nombre reservado, y del Jefe del Departamento de Rentas Municipales don nombre reservado, sólo en lo referido al “CAMBIO DE RAZON SOCIAL” y se declara que se invalida y se deja sin efecto la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Antofagasta en su Sesión Ordinaria Nº 25/2010 (secreta) de fecha 1º de Septiembre de 2010, en la parte que determinó rechazar la solicitud de cambio de razón social de las recurrentes, ordenándose a la señora Alcaldesa de Antofagasta y al Jefe del Departamento de Rentas Municipales: a) Disponer la inscripción inmediata de las patentes ROL 4000188 (sala de cerveza) y ROL 2004222 (fuentes de soda) a nombre de las recurrentes y b) Disponer en forma la inmediata se elimine materialmente la leyenda “SUSPENDIDA” que se ha estampado a las patentes ROL 4000188 (sala de cerveza) y ROL 2004222 (fuentes de soda); RECHAZANDOSE el recurso de protección interpuesto en lo referido a la petición de “TRASLADO DE DOMICILIO” de las patentes de alcoholes ROL 4000188 (sala de cerveza) y ROL 2004222 (fuentes de soda) a nombre de las recurrentes desde el inmueble de domicilio reservado al inmueble de domicilio reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en oportunidad.

ROL Nº 73-2011 Redacción del abogado integrante don Guillermo Núñez González.

Pronunciada por la Primera Sala, constituida por las Ministros Sra. Cristina Araya Pastene, Sra. Virginia Soublette Miranda y don Guillermo Núñez González. Autoriza doña nombre reservado.