nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Antofagasta, a dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Franz Möller Morris, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, a Su Señoría, quien en nombre y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, de profesión ingeniero en construcción civil, titular del pasaporte NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpuso acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, con domicilio en Palacio de La Moneda, Santiago, Región Metropolitana, solicitando que -con o sin el informe emitido por la recurrida- se declare mediante sentencia judicial que el recurrido deberá resolver -sin mayores dilaciones y conforme a Derecho- la solicitud de regularización migratoria formulada por el extranjero el día 08/05/2023.

Informó la recurrida Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Se tuvo también por interpuesto el recurso, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, autoridad migratoria que evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se indica que el día 08 de mayo de 2023 el señor nombre reservado solicitó a la Subsecretaría del Interior que ésta, ejerciendo sus facultades legales, procediera a conocer su caso y autorizarle para regularizar su situación migratoria en Chile, solicitud remitida por Correos de Chile al Servicio Nacional de Migraciones (San Antonio 580, Santiago, RM). Añade que según el seguimiento de la carta a través de la misma página web de Correos de Chile (código verificador 1179976954903), se advierte que el envío llegó a destino el 15/03/2023.

Refiere que en su solicitud el actor expuso la forma en que ingresó a Chile; los motivos que lo impulsaron a emigrar de su tierra natal; y dio cuenta de los antecedentes favorables que lo habilitan para residir en este país en cuanto a su impecable hoja de vida.

Asevera que en el 2024 (casi a mediados de año), y en respuesta a un requerimiento de información formulado por el extranjero, el Servicio Nacional de Migraciones, mediante un instrumento suscrito por doña nombre reservado, jefa del Departamento de Transparencia del SNM, le contestó que su solicitud de regularización migratoria aún se hallaba en trámite.

Afirma que actualmente el señor nombre reservado sigue sin tener una respuesta categórica de aceptación o rechazo por parte de la Subsecretaría del Interior sobre su petición de regularización migratoria y tampoco ha sido notificado de un proceso administrativo de expulsión.

Enfatiza que se denuncia la demora en la que ha incurrido la Subsecretaría del Interior al momento de gestionar la solicitud de regularización migratoria formulada por el señor nombre reservado, quien habiendo actuado de buena fe frente a las autoridades competentes, aún no cuenta con ningún tipo de visado ni permiso que le habilite a residir en Chile y, al mismo tiempo, tampoco ha sido emplazado a un proceso administrativo de expulsión en el cual pueda defenderse como en Derecho corresponde, vulnerándose el derecho a la integridad psíquica y el derecho a no ser tratado de forma arbitraria, garantías constitucionales que desarrolla, destacando que el procedimiento ya ha cumplido casi 24 meses de extensión, a lo que se une una demora en la resolución de su situación migratoria dejando al extranjero en una precaria condición de residencia, en especial al momento de postular a un trabajo estable y, entre otras cuestiones prácticas, en punto a la obtención de una cédula de identidad.

Indica que se vulnera el derecho constitucional a un trato sin arbitrariedades allí en donde la persona queda librada, en los hechos, a la mera voluntad de la autoridad administrativa. Es decir, desde el momento que el servicio público se aleja de las normas jurídicas que regulan la eficiencia en la gestión de los asuntos que debe resolver (arts. 7°, 8° y 9° de la Ley N° 19.880), al ciudadano sólo le resta estarse al empeño e impulso que decida -por sí mismo- darle el funcionario público a la solicitud que tiene sobre su escritorio.

Termina solicitando que la Subsecretaría del Interior sea emplazada para que informe los motivos por los cuales ha retardado más allá de lo razonable la solicitud de regularización migratoria formulada por don nombre reservado; y que -con o sin el informe emitido por la recurrida- se declare mediante sentencia judicial que el recurrido deberá resolver -sin mayores dilaciones y conforme a Derecho- la referida solicitud de regularización migratoria formulada por el extranjero el día 08/05/2023.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Primeramente, se refirió a la normativa aplicable, destacando el artículo 24 de la Ley 21.325 en relación con el artículo 2 inciso 1 del Decreto Supremo N°296 de 2022, añadiendo que los extranjeros que solicitan la regularización de su condición migratoria o han ingresado irregularmente al territorio nacional o habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular, siendo la regularización migratoria en la actualidad una facultad de la autoridad y no una obligación.

Explica que la primera hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual es aquella referida en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8 de la Ley 21.325 los que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior disponer en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, hipótesis general aplicación con procesos reglados; mientras que la segunda hipótesis de regularización migratoria que contempla la norma es aquella del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325 que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer en casos excepcionales el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso.

Indica que es improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratoria efectuada por extranjeros al alero del artículo 155 N°8 de la Ley 21.325 ya que no existen procedimientos vigentes de general aplicación dispuestos por la autoridad para tales efectos.

Asevera que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario de la recurrente está actualmente en análisis ante el Servicio Nacional de Migraciones, ya que dicho organismo colabora con esa autoridad en la tramitación de ese tipo de requerimientos.

Seguidamente afirmó la impertinencia de la acción interpuesta al no existir motivos plausibles para litigar, al no existir una omisión arbitraria o ilegal, ya que el análisis exhaustivo está plenamente justificado, pues ello implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería; y asimismo, estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 4.500 solicitudes mensuales de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por casos calificados o humanitarios.

Expresa que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de dicho beneficio significa que la persona extranjera ha incurrido en una o más contravenciones a la normativa migratoria.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento del beneficio mediante una acción de protección.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informó la abogada Danna Garbarino Correa, quien solicitó ya el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que don nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra ingresó al país por paso habilitado.

Añade que el 15 de mayo de 2023, ese Servicio recibió una carta certificada, mediante la cual la parte recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Añade que por Oficio Ordinario N°27078 de 5 de junio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, esa autoridad ha remitido todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior.

Destaca que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Indica que la contraparte ha solicitado formalmente a esa autoridad que regularice su condición migratoria en base a la facultad regulada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, correspondiendo la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha facultad además indelegable, de lo que se sigue que el Servicio Nacional de Migraciones carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por la parte recurrente, no obstante, en cumplimiento del inciso 2° del artículo 14 de la Ley N°19.880, esa autoridad ha remitido todos los antecedentes enviados por la contraparte a repartición pública a la Subsecretaría del Interior, órgano de la Administración del Estado competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes, precisando que al haber remitido el Servicio Nacional de Migraciones todos los antecedentes necesarios a la autoridad competente para que conozca del asunta y emita un acto decisorio, tampoco existe alguna labor pendiente de ser ejecutada por esa parte respecto a la solicitud realizada por la contraria, por lo que al solicitar derechamente la contraria al Servicio Nacional de Migraciones un pronunciamiento final sobre su solicitud de regularización migratoria, la presente acción deducida en contra de su parte debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esa autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección incoadas mediante esta acción constitucional, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria extraordinaria del recurrente recibida por el Servicio Nacional de migraciones con fecha 15 de mayo de 2023; habiendo transcurrido más de dos años a la fecha.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones, ello será rechazado, por cuanto dicha autoridad migratoria ha intervenido en el procedimiento, debido a su función colaborativa, recopilando y examinado los antecedentes de la solicitud del recurrente, con el fin de remitirlos a la autoridad encargada de resolver, lo que solo ha ocurrido con posterioridad a la interposición del presente recurso.

OCTAVO: Que, de lo informado por las recurridas y de los antecedentes que obran en la causa se ha podido evidenciar que no ha habido una respuesta definitiva a la petición del recurrente pese al tiempo transcurrido, quien sigue en un estado de incertidumbre con respecto al destino de su solicitud, la que se encuentra en tramitación pese al tiempo transcurrido.

NOVENO: Que, para resolver, se debe tener en consideración que la Ley N°19.980 regula los procedimientos administrativos y consagra entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8), los que en la especie aparecen infringidos. Estos principios encuentran consagración, además, en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que dispone que las solicitudes de residencia deben ser tramitadas en el más breve plazo. Asimismo, el Reglamento en su artículo 46 señala que el Servicio debe tramitar las solicitudes con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

En consecuencia, la infracción señalada se configura en este caso, pues lo esperable es que la Administración dé una respuesta expedita a los usuarios, sin afectar con indebidas dilaciones los derechos de las personas, de manera de hacer realidad los principios indicados.

Lo anterior, puesto que aun cuando ya ha transcurrido el plazo máximo para la conclusión del proceso administrativo, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, éste no ha terminado.

DÉCIMO: Que si bien es cierto que el plazo de seis meses no es fatal en los casos de excepción que la propia norma contempla –a los cuales aludió el recurrido– en este caso dicha excepción no se configura, ya que la solicitud aún se encuentra pendiente, evidenciando así la dilación alegada.

UNDÉCIMO: Que, se verifica el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, y finalmente la expedición del acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

En consecuencia, la demora en el procedimiento administrativo no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, vulnerando - además de los principios administrativos señalados - la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, otorgando un trato desigual al recurrente, motivo suficiente para acoger la acción deducida, en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por abogado Franz Möller Morris, en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose que dicha repartición pública, dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, deberá dar respuesta definitiva a la solicitud del recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 726-2025 (PROT.)