nombre reservado con HOSPITAL CARLOS CISTERNAS CALAMA

Antofagasta, trece de octubre dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, casada, empleada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción de protección en contra del HOSPITAL DOCTOR CARLOS CISTERNAS, Rol Único Tributario N° 61.606.202-6, representado legalmente por su director don nombre reservado, chileno, médico cirujano, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al dictar la Resolución TRA 118292/1/2021, de fecha 06 de julio de 2023, la cual declara vacante cargo por salud incompatible, a contar de la total notificación de dicho acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud incompatible, por el cargo servido por la recurrente, indica que el acto recurrido ha perturbado sus garantías constitucionales, consagradas en Artículo 19 Números 16°, 17° y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se decreten las medidas que sean pertinentes para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto la Resolución ya referida, ordenando la reincorporación de la recurrente en iguales condiciones que gozaba antes de la notificación del acto administrativo citado, y, asimismo, se ordene el pago de las remuneraciones y todo otro emolumento que legalmente le hubiere correspondido percibir a la fecha.

Evacuó informe la recurrida, instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda el recurso en los siguientes hechos:

Refiere que, mediante Resolución TRA 118292/1/2021, de fecha 06 de julio de 2023, se declaró vacante por salud incompatible, el cargo que detentaba, a contar de la total notificación de dicho acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud incompatible.

Indica que, la referida resolución dictada por el Hospital Doctor Carlos Cisternas, fue Tomada de Razón por la Contraloría Regional de Antofagasta, el día 27 de julio 2023. Sin embargo, y tal como lo ha sostenido dicho ente de Control Administrativo, si bien la toma de razón otorga una presunción de legalidad del acto que permite su ejecución, no impide que el mismo sea invalidado si posteriormente se comprueba que contenía vicios o se fundaba en supuestos irregulares.

Indica que, el día 28 de julio 2023, fue notificada de la medida adoptada y que desde el 01 de agosto de 2023, se ha visto impedida de recibir íntegramente sus remuneraciones y demás emolumentos que por ley le correspondían, por el tiempo que ha estado indebidamente separada de sus funciones, en consecuencia, el Hospital Doctor Hospital Carlos Cisternas es una entidad pública que dictó un acto administrativo contrario a derecho y que le adeuda los estipendios de la especie.

En cuanto a su relación laboral con la recurrida, refiere que ingresó al hospital de Calama en calidad a contrata grado 23, con fecha 3 de diciembre de 2015 desarrollando la actividad de auxiliar de alimentación, unidad central de servicios de alimentos, hasta agosto de 2021. Posteriormente, se trasladó a Gestión de usuario, desarrollándose como administrativa, con una contrata grado 24, grado que se mantiene actualmente, desempeñándose de manera continua e ininterrumpida, durante 9 años.

Agrega que, la decisión tomada por el Hospital de Calama fue sorpresiva, ya que en el periodo que desarrolló sus funciones como funcionaria auxiliar y posteriormente como administrativa, su comportamiento fue bastante destacable, no teniendo ausencias, tampoco fallas, ni menos licencias, factores plasmados en los informes de calificación que todos los años practican los jefes de servicio.

Añade que, para declarar vacante el cargo por salud incompatible, se deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de recuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, conforme al Artículo 150 del Estatuto Administrativo y tener presente que el artículo 151, del mismo cuerpo legal menciona: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. El inciso segundo de esa norma previene que no se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 110 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, esto es por accidente del trabajo y enfermedad profesional y aquellos reposos vinculados con la maternidad, respectivamente. Hace presente que acompaña informe médico de atención ACHS de 9 de diciembre de 2022, con una calificación de enfermedad profesional.

Agrega que, no impugna ni discute la potestad pública que tiene toda máxima autoridad. Sin embargo, discrepa de la vaga racionalidad y arbitrariedad fraguada al momento de proceder a declarar vacante cargo por salud incompatible.

Lo anterior, se fundamenta en que la COMPIN, en Resolución según folio N°16151850, fechado 31-03-2023, Resolviendo: Que de acuerdo a los antecedentes recabados nombre reservado, adolece de un estado de salud RECUPERABLE, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes. Así, la recurrente considera que el haber declarado vacante el cargo por salud incompatible, ha afectado sus garantías constitucionales: la libertad de trabajo y protección, la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otro requisito que contempla la constitución y las leyes; y el derecho de propiedad. (Artículo 19 Números 16°, 17° y 24 de la Constitución).

En consideración a lo anterior, señala que, no se ajustó a derecho la Resolución TRA 118292/1/2023, de fecha 06 de julio de 2023, al declarar vacante el cargo por salud incompatible con el desempeño del cargo, lo que genera un vicio legal insubsanable, que vulnera los artículos 6°, 7° y 19 N° 3 de la Constitución Política.

Finalmente, indica que, el Hospital doctor Carlos Cisternas, está en pleno conocimiento que los dictámenes librados por Contraloría General de la República, pues éstos poseen el carácter de vinculantes y obligatorios para todos los servicios fiscalizados por ese Ente de Control, ya que se trata de servicios integrantes de la Administración del Estado que se encuentran sometidos a la fiscalización del Máximo Órgano de Fiscalización, lo que tiene su fundamento en lo previsto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16, 19 y 55 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Entidad Fiscalizadora, y su no acatamiento por parte de los servidores estatales significa la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa, En consideración a lo expuesto, solicita se ordene: Que se deje sin efecto la Resolución TRA 118292/1/2021, de fecha 6 de julio de 2023, asimismo, se disponga la reincorporación de la recurrente en iguales condiciones que gozaba antes de la notificación del acto administrativo citado, además, se ordene el pago de las remuneraciones y todo otro emolumento que legalmente le hubiere correspondido percibir a la fecha.

SEGUNDO: Que informa CLAUDIA RIVERA FERNÁNDEZ, Abogada, en representación del SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, solicitando el rechazo del recurso, en primer termino por haber sido, a su juicio, interpuesta de forma extemporánea, por cuanto habría sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, contados desde que ocurre el presunto acto arbitrario o ilegal que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto, Indica que, habiendo la recurrente tomado conocimiento de Resolución TRA N° 118292/1/2021 con fecha 28 de julio de 2023, conforme acta de notificación que se acompaña, el plazo fatal para recurrir de protección se cumplió con fecha 27 de agosto de 2023, siendo interpuesto el recurso cuatro días después (31 de agosto de 2023).En este sentido, no se puede desconocer la notificación que fue realizada a la recurrente para todos los efectos legales pertinentes, mediante la cual tomó conocimiento, con fecha exacta, de la resolución referida y en virtud de la cual recurre. La notificación, implica que se tome conocimiento del acto administrativo y, también, el inicio del cómputo de los plazos para las acciones que se estimen pertinentes incoar.

Por lo expuesto solicita, rechazar la acción de protección deducida por doña nombre reservado, por haber sido este interpuesto de forma extemporánea, con expresa condena en costas.

En subsidio de lo anterior, evacúa el informe requerido en la presente causa, señalando que la recurrente, indica haber sido objeto de un acto arbitrario e ilegal, desatendiendo los criterios jurisprudenciales de la Contraloría General de la República, lo cierto es que no se logra advertir de la presentación efectuada por la recurrente, cómo el actuar del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama (en adelante, el “hospital”) sería contrario a derecho y, por tanto, ilegal, toda vez que atendido el prolongado ausentismo de la ex funcionaria, el Director del hospital, en razón de las facultades delegadas otorgadas, dio inicio al procedimiento para declarar vacante el cargo desempeñado por la misma, por salud incompatible, todo esto en conformidad con lo establecido en el artículo 151 del DFL N° 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que, con fecha 17 de abril de 2023, el Jefe Servicio Gestión Usuario, don nombre reservado, envía al, en ese entonces, Director del Hospital de Calama, don nombre reservado, Reservado N° 001/23, en el cual informa que, la recurrente, en enero de 2023, se presentó a conversar con él a efectos de solicitar su Feriado Legal, haciéndole presente que, a su término, retomaría sus funciones de manera normal, sin haber sido ello efectivo. Por lo anterior, se envía informe de ausentismo haciendo presente que, doña nombre reservado, prestó servicios en dicha Unidad sólo por cuatro meses.

Añade que, se solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de salud correspondiente, en atención de haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, resolviéndose dicha evaluación con fecha 31 de marzo de 2023, indicando que doña nombre reservado, presentaba un estado de salud recuperable. Todo lo anterior, dando estricto cumplimiento al artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Sostiene que, habiendo realizado un exhaustivo examen de los antecedentes y dado cumplimiento a la normativa pertinente, como ya se señaló, con fecha 27 de julio de 2023, se dictó Resolución TRA N° 118292/1/2023, la que fue tomada razón por la Contraloría General de la República, con fecha 27 de julio de 2023 y notificada a la recurrente con fecha 28 de julio de 2023, recibiendo el acto administrativo.

Refiriendo que, la decisión tomada, se encuentra absolutamente justificada y con apego a la ley. A mayor abundamiento, el informe de ausentismo laboral, da cuenta de que la recurrente hizo uso de licencias médicas entre el 28 de marzo de 2022 y el 21 de mayo de 2023, por un lapso superior a seis meses, específicamente 363 días.

A este respecto, es menester hacer presente que, todas las resoluciones de licencias médicas solicitadas por la recurrente y que, asimismo, se adjuntan a esta presentación, señalan que el tipo de licencia es “ENERMEDAD O ACCIDENTE NO DEL TRABAJO”, y tampoco se ha acreditado, por parte de la recurrente, que dichas licencias coincidan con los otros supuestos contemplados por la ley para que no se consideren, para el cómputo de los seis meses, las licencias presentadas en el caso de marras. Es por lo anterior que, en definitiva, no es procedente en la especie, la aplicación del inciso 2° del artículo 151 del Estatuto Administrativo, ya referido, por lo que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad alguna cometida por su representada Invoca Jurisprudencia de la Corte Suprema, en apoyo de sus argumentos, causa Rol 3472 – 2023.

Agrega que, la recurrente reconoce, expresamente, la potestad pública que tiene la autoridad para declarar la vacancia del cargo mediante el acto administrativo, el cual se recurre como arbitrario e ilegal lo que, reitera, no es tal.

En consecuencia, el supuesto acto arbitrario e ilegal objeto del recurso de protección, esto es, la Resolución TRA N° 118292/1/2023, no reúne los requisitos establecidos por la Constitución Política de la República, para ser considerado acto vulneratorio de las garantías cauteladas a través de un recurso de protección, toda vez que el acto administrativo invocado como ilegal o arbitrario se encuentra enmarcado dentro de las facultades que tiene el Jefe superior del Servicio; no se aprecia prima facie la vulneración de derechos y/o garantías, a que se alude en el recurso, por lo que no resulta una decisión a raíz de un mero capricho sin fundamento, ni de un abuso o desvío de poder.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, respecto del ejercicio de la presente acción cautelar, ésta debe ser rechazada, toda vez que el hecho ilegal o arbitrario que se denuncia, en cuanto a sus efectos, estos no se agotan en un único resultado, sino que se mantienen en el tiempo, siendo sus efectos latentes respecto del recurrente.

SEXTO: Que, de la acción se desprende que lo que alega la recurrente es la falta de racionalidad en la dictación del acto impugnado, que declaró la vacancia legal del cargo que detentaba, lo que acarrearía la arbitrariedad e ilegal que alega. Aduciendo, además, que se encontraría dentro de las excepciones que establece el artículo 151 del Estatuto Administrativo para proceder a disponer la vacancia del cargo, cuando las licencias médicas obedecen a enfermedades profesionales o accidentes del trabajo.

SEPTIMO: Que, atento al propio mérito del informe de la recurrida, el informe de la COMPIN y antecedentes allegados al proceso, pueden establecerse como hechos acreditados: 1) Que conforme a RESOLUCIÓN DE EVALUACIÓN SALUD IRRECUPERABLE FUNCIONARIO PÚBLICO, de fecha 31 de marzo de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “RECUPERABLE”; 2) Que según Resolución TRA 118292/1/2021, de fecha 06 de julio de 2023, el Hospital Carlos Cisternas de Calama, basado en que la actora sumaba un total de 365 días de licencia médica, en el período que va del 28 de marzo de 2022 al 19 de junio de 2023, y, además, en la referida resolución de COMPIN, reconociendo expresamente que ella presentaba un “ESTADO DE SALUD RECUPERABLE”, decidió declarar vacante por salud incompatible el cargo que servía.

OCTAVO: Que para resolver, en primer lugar se debe determinar cuál es la normativa aplicable en la especie. Así, en el artículo 146 de la Ley N°18.334 del Estatuto Administrativo, se señala que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 150 señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Ahora bien, en particular, sobre el fundamento invocado por la resolución que por este acto se impugna, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, determina que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

NOVENO: Que de los antecedentes acompañados y las alegaciones de ambas partes, así como de los fundamentos de la resolución impugnada, consta que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso primero del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

DÉCIMO: Que con los antecedentes expuestos, no se ha acreditado un actuar arbitrario por parte del Jefe de Servicio, cuya decisión ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, que además, se ha tenido en consideración la trayectoria de la recurrente y funciones que desempeñaba, que previo a la dictación de la resolución impugnada se hizo un seguimiento de la situación médica de la misma, luego de lo cual se determinó declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, tampoco hay antecedentes que permitan determinar que ha existido abuso de poder en la dictación del acto. Por lo demás, cabe tener presente que las licencias médicas otorgadas a la recurrente son de origen común, no encontrándose dentro de las causales de exclusión para el computo de los seis meses a que se refiere el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, de conformidad al inciso segundo del mismo artículo señalado. Por estas razones deberá ser rechazada la presente acción.

UNDECIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad, que impone a los Jefes de Servicio velar por la continuidad de la actividad de la administración, insertándose la decisión adoptada en este caso precisamente en el cumplimiento de tal fin, siendo este, otro motivo para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto nombre reservado, en contra del HOSPITAL CARLOS CISTERNAS.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7234-2023 (PROTECCIÓN).