nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Mario Espinoza Valderrama, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección de garantías Constitucionales en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero comercial, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, corporación de derecho privado, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero civil industrial, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes desista de los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual del actor, y se devuelvan todos los dineros descontados, con costas.

Informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundó su acción constitucional, en los descuentos sufridos en su remuneración, provocándole una privación y perturbación en su derecho de propiedad.

Señaló que el 29 de diciembre de 2020 el recurrente suscribió el pagaré N°003CON102618557, por medio del cual solicitó un crédito de dinero a C.C.A.F. Los Andes, por $7.347.904 por capital, más los intereses correspondientes, según lo dispuesto en la ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales con fecha de vencimiento los días 30 de cada mes, con excepción del mes de febrero, en que el vencimiento sería el último día del mes, de cuotas de $190.188, venciendo la primera de ellas el 28 de febrero de 2021, no obstante por diversos motivos no pudo cumplir con las cuotas pactadas, constituyéndose en mora, desde el 28 de marzo de 2022.

Refiere que por lo anterior C.C.A.F Los Andes lo demandó ejecutivamente el 26 de octubre de 2022, en causa C-3000-2022, caratulada “Caja de Comp. de Asig. Familiar los Andes / nombre reservado, tramitada ante el 1º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, libelo que se funda en el pagaré N°003CON102618557 por la suma de $7.347.904, por concepto de capital más los intereses respectivos señalados en el documento. Añade que se indica que la obligación debía pagarse en 60 cuotas de $190.188, venciendo la primera de ellas el 28 de febrero de 2017, encontrándose impagas y en mora desde el 28 de marzo de 2022, habiéndose hecho exigible el total de la obligación, lo que suma $5.755.859 más intereses y costas.

Expresa que en la causa en comento, con fecha 12 de junio del año 2023, su parte fue notificada y requerida de pago en rebeldía con fecha 13 de junio de 2023, por ello presentó escrito oponiendo excepción de prescripción de la acción ejecutiva, ordenando el tribunal de primera instancia el traslado a la contraria con fecha 28 de junio de 2023, el cual fue notificado con misma fecha por el estado diario, sin que a la fecha evacue el traslado la recurrida y encontrándose sin movimientos la causa a la fecha del presente recurso.

Hace presente que el actor al revisar su liquidación de julio de 2023, se percató que ésta era considerablemente inferior, constando que existía un descuento a favor de La Caja de Compensación La Araucana, por la suma total de $189.682, por lo que inmediatamente procedió a solicitar su liquidación correspondiente a junio de 2023, constatando que también se había realizado el mismo descuento por la misma Caja por la suma de $189.682, añadiendo que se realizó el descuento por la suma $379.364, por un crédito anterior del actor con la también recurrida Caja de Compensación De Asignación Familiar Los Andes, privándole injustificadamente de las mencionadas sumas de dinero.

Expresa que el descuento realizado por C.C.A.F. La Araucana, respecto a la remuneración de junio y julio, es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad sobre la remuneración que le corresponde percibir al recurrente, pues jamás fue informado sobre dicha decisión unilateral, de realizar descuentos sobre las remuneraciones debido a la deuda que mantenía con Caja de Compensación de Asignación Los Andes, entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré.

Explica que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Los Andes, al presentar la demanda ejecutiva manifestó su intención de requerir el pago de la obligación por la vía judicial, esto es, perseguir el cumplimiento forzado de la obligación, lo que revela su clara intención de judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro, del ámbito extrajudicial que ahora pretende, por medio de los descuentos que ha realizado, en la planilla de la remuneración del actor por su actual empleador, citando un fallo de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago al efecto.

Afirma que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitrariamente, realizando un descuento que si bien la ley autoriza, conforme el artículo 22 de la Ley 18.833, constituye un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno, de manera que el recurrente ya manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, generando así el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, demandándose ejecutivamente el cobro forzado de las obligaciones, causa que aún no concluye con la dictación de una sentencia, por lo que C.C.A.F., Los Andes, al realizar esos descuentos abusa de las facultades que le otorga la ley al ser una facultad excepcional.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, destacando al efecto, asimismo, el contenido del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo señalado en los artículos 21 y 22 de la Ley N °18833, la cual establece un estatuto general de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, indicando que resulta evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo del actor sin que se haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo además esta una forma de autotutela que conculca el derecho de propiedad, e igualdad ante la ley.

Destaca que la arbitrariedad del acto también se manifiesta en que la recurrida al demandar ejecutivamente manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, generando así el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, citando al efecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Excma. Corte Suprema.

Termina solicitando se acoja el recurso ordenando, para restablecer el imperio del derecho, que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual del actor, asimismo, pide la devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso, con costas.

SEGUNDO: Que informó Ines Riquelme Arao abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes por extemporáneo, y en subsidio de ello, por improcedente.

Señala que el recurso debe ser declarado inadmisible por haberse presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, pues, se presentó el 30 de agosto de 2023, es decir, una vez transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos antes referido, contados desde el hecho que se denuncia como arbitrario o ilegal.

Explica que el recurrente señala que los descuentos se reanudaron en junio de 2023, adjuntando liquidaciones que dan cuenta de ello, por ello debió deducir la acción dentro del término correspondiente, y el no hacerlo le hizo perder la oportunidad procesal de recurrir de protección, citando un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago al efecto y pidiendo que el recurso se declare inadmisible por extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, evacuó el informe refiriéndose primeramente a los créditos sociales otorgados al recurrente indicando que esa Caja de Compensación, el 29 de diciembre de 2020, otorgó al actor el crédito código 003CON102618557 por la suma de $7.347.904 en un plazo de 60 meses, con una cuota de $190.188 cuyo primer vencimiento corresponde el 28 de febrero de 2021. Añade que las cuotas de febrero a noviembre de 2021 (1 a 10) se pagaron regularmente en el plazo establecido, mientras que las de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, (11 a 13) se pagaron con el seguro de cesantía. Las cuotas del mes de marzo, abril y mayo de 2022 (14 a 16) se pagaron con fecha 25.10.2022, 25.11.2022 y 23.12.2022; las cuotas de junio y julio de 2022 (17 y 18) se pagaron con fecha 25.01.2023 y 27.02.2023; las cuotas de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 (19 a 22), se pagaron con fecha 22.05.2023, 22.06.2023, 21.07.2023 y 21.08.2023; y las cuotas de diciembre de 2022 a julio de 2023 (17 a 22), se encuentran en mora.

Asimismo, indica que esa Caja de Compensación con fecha 23 de junio de 2021, otorgó al actor el crédito código 208COS100056755 por la suma de $892.162, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $46.828, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2021; las cuotas del mes de octubre de 2021 a mayo de 2022 (1 a 8) se pagaron durante el periodo 9 de noviembre de 2021 al 28 de noviembre de 2022; la cuota del mes de junio de 2022 (9), se pagó con fecha 23 de mayo de 2023; las cuotas del mes de julio de 2022 a agosto de 2023 (10 a 23) se encuentran en mora y la cuota del mes de septiembre de 2023 (24) se encuentra en proceso de cobranza.

Afirma que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Seguidamente se refirió al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833, refiriéndose a sus fines que no persiguen lucro y a sus funciones a la luz de lo dispuesto en las normas de la Ley N°18.833 que cita. Asimismo, indicó que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, reproduciendo al efecto el artículo 22 de la Ley N 18.833, añadiendo que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social, por lo que su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Por otro lado, señala que la obligación es actualmente exigible, agregando que la prescripción debe ser declarada judicialmente, señalando que está efectuando el cobro, según mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado con el recurrente.

Explica que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho, por ello la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que ésta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, por lo que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible; además, procesalmente la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, lo que ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Por otra parte, afirma que cualquier alegación de la recurrente sobre alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión, excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento, no existiendo un derecho indubitado que obste su exigibilidad.

Seguidamente indicó que la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora pedir el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833, y así una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, por ello mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, ya que si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración; y así, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja.

Tras citar jurisprudencia termina solicitando rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, informó la abogada Yasna Vukic, solicitando el rechazo del recurso.

Indicó que el actor no figura en los registros de C.C.A.F. La Araucana, con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de ésta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales que pasarán a desarrollar.

Refiere que esa Caja de Compensación ha realizado a C.C.A.F. Los Andes, las remesas que en caudro adjunto detalla, correspondientes a cuatro pagos, cada uno por el monto de $189.682.

Seguidamente y en cuanto al fondo, destacó el contenido del artículo 1° de la Ley 18.833, añadiendo que respecto de todos sus afiliados, las Cajas de Compensación, entre otras funciones, administran prestaciones de seguridad social, consistentes en el régimen de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias; en cuanto al crédito social, se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar, cuya naturaleza es diversa de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento y además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social.

Adicionalmente, en cuanto a la naturaleza jurídica que corresponde atribuir a los créditos sociales, se debe tener presente que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y es con cargo a dicho fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley 18.833. Añade que el referido Fondo Social permite a las Cajas financiar sus gastos operacionales y posibilita el acceso a nuevos créditos sociales por parte de trabajadores y pensionados afiliados, y a los demás beneficios de seguridad social, tales como bonos por natalidad, nupcialidad y fallecimiento; bonos por becas escolares, prestaciones de salud y prestaciones de carácter recreacional, entre otros beneficios vinculados con el bienestar social de los mismos, por lo que existe un claro vínculo entre el destino de los dineros recaudados por concepto de crédito social y las prestaciones de seguridad social que brindan las Cajas a todos sus afiliados, por ello los principios y normas que imperan al establecer un régimen de seguridad social son de orden público, normas que también alcanzan lo relacionado con la recaudación y cobro de las cuotas de crédito social, importante fuente de financiamiento de las Cajas en las que ni siquiera existe un interés pecuniario detrás sino la prestación de un servicio de seguridad social que interesa a toda la sociedad.

Expresa que para cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en el Compendio de Normas que Regulan las Cajas de Compensación de Asignación familiar de la Superintendencia de Seguridad Social.

Compendio, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”. Añade que para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, para que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos; y ello está refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) conforme al dictamen que cita y validado además por la Dirección del Trabajo conforme al dictamen que cita e incluso por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia que indica.

Destaca que una vez detectado a quien mantiene una deuda como deudor principal o codeudor solidario, ésta se incorpora en la respectiva nómina, para el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, la que a su vez lo remesa a la Caja acreedora, mecanismo que es legal y carece de arbitrariedad, todo lo anterior en razón a la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social; añadiendo que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322. Añade que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, norma que reproduce.

Señala que las referidas normas en resumen describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera por el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de éste de remesar dicho descuento.

En razón de todo lo anterior sostiene que su representada no ha vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación a lo expuesto por la recurrente, y que su parte no ha entregado información insuficiente pues la razón por la cual se le aplica el descuento es en calidad de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que constituye su acreedor, quien tiene todos los antecedentes relativos a la acreencia, sin haberse rechazado la contratación de algún servicio financiero, ya que no consta de los antecedentes expuestos o acompañados ni a esta entidad que se haya solicitado el mismo, por lo que pidió rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la C.C.A.F. La Araucana.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que primeramente respecto a la extemporaneidad alegada por Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, ésta será rechazada, desde que los actos alegados como conculcados, han tenido efectos permanentes en el tiempo.

SÉPTIMO: Que para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue, el 26 de octubre de 2022, como se advierte en el ebook de la causa civil rol C-3000-2022 caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes / nombre reservado” allegado por el recurrente, despachándose en dichos autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, fundándose la demanda en el título ejecutivo que corresponde al Pagaré N°003CON102618557 que conforme al propio documento allegado por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, guarda relación con las sumas descontadas al actor conforme a las liquidaciones de remuneraciones que acompaña.

Lo anterior grafica la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la Ley Nº18.333, significando ello, la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, la garantía contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que esgrime.

OCTAVO: Que en consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación, razón que basta para acoger el recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Mario Espinoza Valderrama, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes y Caja de Compensación de asignación familiar La Araucana, sólo en cuanto se abstendrán de practicar el cobro del crédito social código 003CON102618557 vía descuento de remuneraciones, debiendo, asimismo, reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones de remuneraciones del actor.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7201-2023 (PROT)