nombre reservado con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Antofagasta, a doce de octubre del dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de Minera Las Cenizas S.A, RUT: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana. Asimismo, en contra de Equifax Chile S.A, RUT: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio legal en domicilio reservado, Región Metropolitana; por la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República de la Constitución Política de la República.

Informan las recurridas solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su acción constitucional, señalando que actualmente mantiene un litigio civil con Minera las Cenizas, en causa C-31-2023 del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, en el cual la referida minera con fecha dieciocho de agosto del presente, solicitó una medida precautoria en su contra, acompañando como documento fundante de su pretensión, un informe comercial emitido por Equifax.

Lo anterior vulneraría su derecho a la vida privada, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, y la ley 20.575 que establece la finalidad en el tratamiento de los datos personales.

Hace presente que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 4 de la Ley 19.628, Equifax Chile S.A., es el encargado y responsable de almacenar los datos y luego tratarlos, y no, la Minera Ceniza; la cual confunde el tratamiento de datos con la publicación de los mismos.

Dicha confusión ocasionó que la Minera recurrida acompañara y publicará, en juicio, un informe Platinum de Equifax que contiene: todas las obligaciones de carácter financiero del actor, además de sus propiedades, número telefónico, e-mail, cuentas corrientes, información tributaria, detalle de morosidades, cuentas impagas y protestos, etc; información que puede ser objeto de tratamiento de datos, más no de una exposición pública, ya que va en contravención con el artículo primero de la ley 20.575; acto que la recurrida realiza bajo la convicción de tener el derecho de acompañar dichos documentos en juicio, lo que no es correcto.

Por otro lado señala que a la época en que solicitó el informe, el actor no mantenía ninguna relación comercial con Minera las Cenizas S.A., quien fundamenta en la causa ya individualizada, que dicho informe es público, lo que a juicio del recurrente es falso, toda vez que para obtener dicha información es necesario digitar el Rut de la persona y el número de serie del carnet de identidad del titular, este último, con el fin de resguardar que sólo el titular acceda a su información comercial a través de la página web. Por lo tanto, la recurrida sólo pudo obtener tal información por medio de una solicitud a Equifax S.A. Bajo ese contexto, y de acuerdo con el artículo tercero inciso segundo de la Ley 20.575, Equifax S.A habría vulnerado el derecho a la privacidad del recurrente, puesto que entregó datos económicos y personales a un tercero para ser acompañados en juicio como medio de prueba.

Concluye señalando que se ha vulnerado el derecho a la vida privada del recurrente y solicita el retiro del Informe Comercial emitido por Equifax en la causa C-31-2023 del Juzgado de Letras y garantía de Taltal, dentro del plazo de tercero día de fallada la presente acción; todo ello con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que comparece don José Monrroy Licuime, abogado, en representación de la recurrida Minera Las Cenizas S.A., solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que a raíz de la demanda por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del actor, seguida ante Juzgado de Letras y Garantía de Taltal; se solicitó la medida precautoria del artículo 290 N°4 del Código de Procedimiento Civil, a saber, la prohibición de celebrar actos y contratos así como gravar o enajenar bienes determinados del demandado. El documento cuestionado, se acompañó para efectos de acreditar el peligro en la mora, atendido la cuantía de la causa que asciende a $9.360.000.000.- y que el recurrente, sólo acreditó poseer dineros de dudosa existencia.

Afirma que, la presente acción deberá ser desestimada respecto a Minera Cenizas S.A. En primer lugar, porque el procedimiento no es el idóneo para conocer los hechos que fundan el recurso, ya que afirma que lo que pretende la actora, es que esta Iltma. Corte adopte las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, supuestamente vulnerado; retirando del litigio civil pendiente entre las partes, el informe comercial de Equifax. Sin embargo aquello debe ser objeto de una acción civil de amparo, especialmente consagrada, y regulada al efecto por la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en contra banco de datos Equifax, a través del procedimiento establecido en el artículo 16 de la ley señalada.

Por otro lado, sostiene que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal; puesto que, reconoce que es Equifax el ente encargado del almacenamiento y tratamiento de la información. Por tanto, precisamente en razón de dicha calidad, es que Minera Las Cenizas S.A. tiene contratado legalmente ese servicio con dicha empresa, quien le proporcionó el informe comercial del actor, respecto del cual no se requirió el número de serie de la cédula de identidad del recurrente.

En cuanto al referido contrato, señala pagar un monto determinado anualmente que le da derecho a acceder, a la siguiente información: Informe Platinum, Empresarial y Full, como también al registro de Domicilio y Trabajo, rutificador de Personas y Empresas, registro de Infracciones y Anotaciones Tributarias, registro de Bienes Raíces por RUT o Rol, boletín Laboral y Previsional, cédulas Bloqueadas, morosidad Grandes Tiendas, informe Profile+ y directorio de Vehículos. Es más, señala que el propio contrato establece que se da cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°19.628.

Afirma que, el informe acompañado en el juicio civil, no contiene información financiera del actor y tampoco contiene información con carácter de reservada. No contiene información de sus cuentas corrientes, ni información tributaria, morosidades, etc. Lo único que consigna son la cantidad de vehículos e inmuebles de su propiedad, y el avalúo fiscal de estos últimos, que es de carácter público, y que de acuerdo al artículo 4 inciso quinto de la Ley N°19.628, no es necesaria su autorización respecto de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público; cuando éstas sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

Sostiene que, la incorporación de documentos a un expediente judicial, que contenga datos personales no constituye per se vulneración de derechos fundamentales; esto de acuerdo al artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, el expediente digital de la causa queda disponible en el portal de internet del Poder Judicial. Sin perjuicio de aquello, la misma norma establece excepciones al acceso de contenidos de la carpeta digital, los que deben ser establecidos por ley, circunstancia que no ocurrió en el caso de autos. Destaca que, el actor pudo solicitar la reserva del documento en el mismo procedimiento y no lo realizó.

Refiere que en el caso de acoger la pretensión del actor significaría un atentado al principio de la publicidad de los procedimientos judiciales; por cuanto significaría considerar como vulneratorio el hecho de acompañar en un juicio todo documento que contenga información personal de las partes litigantes, lo que a su juicio no es razonable, ya que implicaría una restricción injustificada a las herramientas procesales y una infracción al debido proceso.

Sostiene que no ha vulnerado la garantía constitucional a la vida privada del actor, toda vez que no se le puede atribuir alguna acción u omisión que pueda ser declarada arbitraria o ilegal, y que perturbe o amenace las garantías constitucionales eventualmente sufrida por el actor y que sea consecuencia directa e inmediata de una conducta reprochable de la recurrida. Por todo lo anteriormente expuesto, solicita rechazar el presente recurso, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que informaron los abogados Juan Nazar Muñiz y Pamela Salinas Rodríguez, en representación de Servicios EQUIFAX Chile Limitada, que no existe actuar ilegal o arbitrario que le sea imputable.

Explica que, conforme a su giro, presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado, y a un número importante de personas. Los sistemas de información o bases de datos de Equifax están compuestos no sólo por información entregada proveniente de diversas fuentes, propias como públicas. Que al ser un distribuidor de información comercial, tal como lo indica el artículo 2° de la ley 20.575 y que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, está autorizado legalmente para procesar datos de fuentes de acceso público y datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial sin necesidad de autorización del titular de los datos, de acuerdo al artículo 4° de la ley 19.628 sobre protección a la vida privada.

Agrega que no existe manera en que Equifax pueda realizar un control ex-ante respecto a la utilización de sus servicios, puesto que no existe un medio que les permita determinar y saber si el cliente, y el tomador de decisiones accede a la información que tiene disponible; cumpliendo con los principios de finalidad establecidos en la ley. Además, dando cumplimiento al contrato suscrito entre las partes, específicamente a la cláusula “Normas de nombre reservado de Datos”, en el evento de que el cliente transgreda las leyes vigentes o las Normas de nombre reservado de Datos, Equifax podrá suspender o terminar el contrato de prestación de servicios.

Refiere que, una vez tomado conocimiento de la presente acción constitucional, procedió a revisar el contrato de prestación de servicios, de fecha 20 de abril del 2016, celebrado con Minera las Cenizas, junto a sus respectivos anexos de servicios, en los que señala la forma en que se debe utilizar los datos personales a los que tiene acceso a raíz del anexo “Acceso a Base de Datos”.

Indica que conforme lo dispuesto en el punto I “Términos Generales” y en el número 8 “nombre reservado de Datos”, el informe denunciado es aquel que contiene datos económicos, financieros, bancarios y comerciales, del literal b), que tiene como finalidad exclusiva de evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito, tal como lo señala el artículo 1° de la Ley 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.

Sin embargo, expone que el recurrido, confunde los informes, ya que el Informe Comercial Platinum 360°, entrega, entre otras cosas, información comercial del rut consultado, ya sean morosidades, protestos, multas y otras que tengan el carácter de económico, financiero y comercial. En cambio, el Informe Profile+ que indica en su numeral 23, tiene toda la información que Equifax tiene disponible; exceptuando la información Comercial, económica bancaria y financiera que señala el título III de la ley 19.628. Por lo que dicho reporte no entrega información comercial y el usuario que tenga acceso a dicho informe no tiene acceso a los productos que contienen información de Protestos y Morosidades de una persona natural.

En razón a lo expuesto y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, y en consecuencia, no existiendo ningún acto arbitrario e ilegal en su actuar; el presente recurso deberá ser rechazado.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, lo que corresponde dilucidar a esta Corte, es la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria por la recurrida Minera Cenizas S.A, consistente en incluir un informe Platinum de Equifax, como fundamento de una medida precautoria solicitada en contra del recurrente en causa Rol C-31-2023 del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, y en cuanto a Equifax S.A por la vulneración del derecho a la privacidad del recurrente, puesto que entregó datos económicos y personales a un tercero para ser acompañados en juicio como medio de prueba.

SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta que la alegación central de la recurrente se basa en el derecho a la privacidad de los datos objetos de publicación, debe tenerse presente que el artículo 2° de la Ley N°19.628 señala que: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”.

Ahora bien, de acuerdo con la utilización de datos personales impuestas en el inciso 5 del artículo 4° de la Ley N°19.628, señala expresamente que “No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios”.

Por otro lado, el artículo 2 de la Ley N°20.575, establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, determinando quienes adquieren la calidad de distribuidores de esa información, la que puede estar referida a personas naturales o jurídicas, habilitándolas para realizar tal tratamiento.

OCTAVO: Que conforme a lo informado por las recurridas y del expediente adjunto, es posible dilucidar que en el marco de un contrato de prestación de servicio celebrado entre las recurridas, Minera Cenizas S.A., obtuvo un informe denominado el Informe Comercial Platinum 360°, que entrega, entre otras cosas, información comercial del rut consultado, ya sean morosidades, protestos, multas y otras de carácter de económico, financiero y comercial, documento que se emite para evaluación de riesgo y que es de uso interno de quien lo obtiene conforme al contrato suscrito entre los recurridos, el que muy posteriormente Minera Cenizas S.A. acompañó a juicio que sigue con el recurrente para acreditar fundamentos de petición accesoria a la petición principal.

Que, dicho lo anterior, para resolver este recurso, debe analizarse la regularidad en la emisión del informe por la recurrida empresa de gestión de datos y en la obtención por la segunda recurrida, y, segundo, en su ingreso como prueba al juicio por Minera Cenizas S.A.

NOVENO: Que, respecto del primer punto, cabe tener presente el informe cuestionado se obtiene a partir de un contrato suscrito por las recurridas, el cual contiene los resguardos para la protección de datos conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°19.628, siendo claro que la emisión del informe no requiere de autorización del titular de los datos, no apreciándose ilegalidad alguna en la emisión y obtención del informe en cuestión, al efectuarse aquello dentro del marco regulado por dicha ley y por la ley 20.575, no apreciándose ningún elemento que puede llevar a catalogar de arbitrario lo actuado al efecto.

DÉCIMO: Que respecto del segundo punto, esto en acompañar el documento en cuestión a juicio, Equifax no tuvo injerencia alguna, en espacial porque en el contrato celebrado con la otra recurrida adoptó las medidas de resguardo que la ley le exige, por lo que a su respecto debe rechazarse el recurso en todas sus partes.

UNDÉCIMO: Que, en todo caso, respecto de administrador de la base de datos la ley 19.628 establece un procedimiento para ajustar a la ley la información contenida en ella o para reparar el perjuicio causado por la falta de diligencia en la su administración, en sus artículos 16 y 23, no siendo procedente emplear esta vía constitucional al efecto.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a lo actuado por Minera Cenizas S.A. en orden a acompañar el informe en cuestión como prueba juicio civil seguido con la recurrentes, estima esta Corte no existe tampoco acto que pueda declararse ilegal y arbitrario a través de este recurso.

En efecto, obtenido el informe de manera regular y ajustada a derecho, y siendo clara la prohibición que tiene aquel de difundir la información, la pregunta a responder es si, no obstante aquello, puede el documento en cuestión acompañarse a juicio como prueba, estimando esta Corte que aquello si resulta procedente.

Para lo anterior, cabe tener presente que el artículo 2° de la ley 19.628 indica que “para los efectos de esta ley se entenderá por:… c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.

En consecuencia, al receptor del informe le es prohibido dar a conocer dichos datos a personas, ya sean naturales o jurídicas, no teniendo tal carácter un Tribunal, por lo que no aparece reproche legal en ingresar a juicio la información contenida en el informe, cuando dicha causa se lleva en relación al titular de los datos, porque, a lo más, se exhibe la información en relación a dicho titular, quien en el juicio podrá cuestionarlos, como en concreto se ha efectuado al objetarlo en el juicio en cuestión.

En consecuencia, no existiendo reproche de legalidad, considerando que la información sólo se exhibe frente al titular de los datos en el marco de un juicio, para resolver un conflicto jurídico existente entre los mismo, no existe acción abusiva del recurrido ni menos acción que pueda catalogarse de arbitraria, por lo que no cabe sino rechazar también el recurso respecto de la referida empresa minera.

DECIMOTERCERO: Que, en todo caso, no se aprecia en el informe en cuestión, acompañado a la causa seguida entre las partes, que este contenga información que conforme al artículo 2° de la ley 19.628 letra g) sean datos sensibles, datos personales que no sean de aquellos que constan en registros públicos o datos cuyo su uso está limitado conforme al artículo 17 de la misma ley, cuya gestión se regula en la ley 20575, y menos se utilizó esto en un proceso de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público, completamente prohibido por el artículo 1° de la última ley referida, sin que se aprecie, por último, algún perjuicio causado con la eventual divulgación de la información contenida en el informe, por lo que no se aprecia en forma indubitada que en el actuar de Minera Cenizas S.A. se hubiese infringido los referidos cuerpos legales, en términos tales que se autorice actuar por esta vía constitucional, lo que refuerza la decisión de rechazar el presente recurso.

DECIMOCUARTO: Que, por último, lo solicitado como petición concreta no puede disponerse por esta vía constitucional, desde que estando ya la decisión acerca de si se puede o no acompañar el documento en cuestión a dicho juicio sometida al órgano jurisdiccional que conoce del juicio entre las partes, se no puede alterar la competencia del mismo resolviendo el punto fuera del juicio, máxime cuando en dicho proceso se encuentra a resguardo todos los derechos de las partes, y en especial, e cuanto a la publicidad de la causa, puede solicitarse la reserva de ella o de piezas especificas Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado a favor de don nombre reservado en contra de Minera Las Cenizas S.A y de Equifax Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 7168-2023 (PROT)

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