nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, trece de octubre dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado°, ex funcionaria del Hospital Regional de Antofagasta, a SS. Iltma., quien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción de protección en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, representado por nombre reservado, o quien lo subrogue, en su calidad de Director, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y en contra del HOSPITAL REGIONAL DR. LEONARDO GUZMAN DE ANTOFAGASTA, representado por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en Resolución TRA N° 426/8/2023 de 14 de junio de 2023, que le fuera notificada el 28 de julio del presente año, el cual resuelve “DECLÁRESE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: Don(a) nombre reservado, RUN N° RUT reservado, AUXILIAR, grado °21, ESCALA ÚNICA DE SUELDOS, de la planta AUXILIARES, con jornada de 44 horas semanales, del SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA”, por cuanto estima que se han vulnerado sus derechos contenidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a las recurridas la reincorporación de la recurrente a sus labores, el pago de las remuneraciones desde que fuera notificada del acto recurrido y hasta su reincorporación efectiva, que se mantengan las condición laborales que existían al momento del cese de funciones, con expresa condena en costas.

Evacúan informes las recurridas, instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda el recurso en los siguientes hechos:

Indica que, ingresó al Servicio el 26 de noviembre de 2007, como auxiliar, grado 24 titular, por lo que mantenía una antigüedad de 11 años y 5 meses, desempeñándose en el último tiempo como auxiliar de servicio del centro de especialidad de bloque quirúrgico de traumatología y urología; entre sus funciones estaban las de trasladar a los pacientes de dicha unidad a la toma de exámenes e intervenciones respectivas, así como la búsqueda de medicamentos para los pacientes de la misma unidad.

Refiere que, ha desarrollado su trabajo con esmero y dedicación, relacionándose con los demás funcionarios de manera cordial y respetuosa, haciendo presente que jamás ha recibido anotaciones de demérito.

Agrega que, efectivamente estuvo en un periodo extenso con licencia médica, sin embargo en el mes febrero del presente año se reincorporó a sus funciones de manera ininterrumpida, indica que es una funcionaria con más de 11 años de servicio, que ha demostrado ser absolutamente apta para desempeñar las labores para las cuales fue contratada, por lo que estima que no existe fundamento alguno para creer que mantiene una incompatibilidad de salud para ejercer el cargo que desempeñaba.

Reitera que, con fecha 28 de julio del presente año, es notificada de la Resolución TRA N° 426/8/2023, de 14 de junio de 2023, que declara vacante su cargo por salud incompatible, a partir de “la total tramitación del presente acto”, según lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Asimismo, dejó constancia, que la COMPIN, jamás me contactó para ser evaluada.

Agrega que, el acto impugnado carece de fundamentación, por lo cual el mismo no sería válido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental, asimismo, contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, en relación a los hechos y fundamentos de derecho del acto, los cuales no se encontrarían expresados en el referido acto impugnado. Concluyendo, que Respecto a la Resolución TRA N° 426/8/2023, de 14 de junio de 2023, no se entrega fundamento alguno para la toma de tan drástica sanción, es decir, no se explica cómo las patologías de salud mental pueden tornar incompatible su salud con las funciones que específicamente desempeña. Asimismo, indica que, si bien el artículo 151 del Estatuto Administrativo concede al jefe superior la facultad de considerar la salud incompatible con el ejercicio del cargo; la discrecionalidad está dada por el vocablo “podrá” que utiliza la norma, descartando la existencia de un imperativo, por tanto, tal facultad se debe enmarcar en la norma transcrita, así como en no vulnerar principios legales ni derechos constitucionales.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema, relativa a la materia, y concluye señalando que, esta Ilustrísima Corte debe considerar los presupuestos de hecho que se consideraron en el acto administrativo impugnado, y que como ya se señaló, son insuficientes, poco claros, vagos e imprecisos, o derechamente inexistentes, así como también el fin que persiguió la ley al momento de incorporar dicha disposición en el ordenamiento jurídico.

Agrega que, en este caso la arbitrariedad también está dada por el escaso seguimiento realizado por la Comisión de Salud del Hospital a la situación de la recurrente, mientras se estaba realizando el procedimiento para declarar su cargo vacante, ordenando la evaluación de salud recuperable de ella, lo que evidentemente atenta contra el principio de la confianza legítima, toda vez que la recurrente tenía la certeza de que las recurridas entendían la situación por la que hizo uso de licencias médicas, y que le estaban dando la oportunidad que buscaba, que era desempeñar sus funciones de la mejor forma posible, y tal como lo venía haciendo desde su ingreso a la administración, sin pensar, ni tener conocimiento que estaba siendo sometida a un procedimiento que culminaría en la declaración de vacancia del cargo que ejerció durante años.

Luego, hace un análisis respecto a los derechos que estima vulnerados, señalando respecto a la igualdad ante la Ley: Que éste constituye un derecho subjetivo, como facultad o arbitrio inherente a toda persona a no ser objeto de discriminación, es decir, de un trato basado en diferencias arbitrarias, como ocurre en el actuar del recurrido, puesto que utiliza un formato estándar de acto administrativo, sin incorporar los antecedentes propios del caso en particular, especialmente los de carácter médico.

Indica que, a la autoridad administrativa le está vedado realizar discriminaciones arbitrarias entre personas que se encuentran en igual situación, es así que una vez que tomó conocimiento de la declaración de vacancia de su cargo, se entera que a otros funcionarios del Servicio, que se encontraban en igual, o incluso peor situación, no fueron sujetos a la medida del Director del Servicio, por lo tanto antojadizamente, decide declarar vacante el cargo de solo algunos de los funcionarios, que se encuentran en la hipótesis del artículo del Estatuto Administrativo. Por tanto, qué lleva a las recurridas a decidir respecto de qué cargos serán declarados vacantes, es una situación desconocida, que genera incertidumbre en los administrados, y, en consecuencia, se convierte en un acto arbitrario, antojadizo, carente de justificación.

En cuanto al segundo derecho que estima transgredido, éste se trataría del Derecho a la propiedad, agregando que la conducta ilegal del recurrido constituye una clara privación, perturbación y amenaza de su derecho de propiedad, pues el recurrido ha conculcado el derecho de propiedad que tenía sobre su puesto de trabajo.

Solicita como peticiones concretas, que se declaren vulnerados sus derechos contenidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que la Resolución TRA N° 426/8/2023 de 14 de junio de 2023, dictada por el Servicio de Salud de Antofagasta, notificada el 28 de julio de 2023, que resuelve declarar vacante el cargo por salud incompatible de la recurrente adolece de nulidad, ilegalidad y arbitrariedad, por lo que pide sea dejada sin efecto; ordenar a la recurrida la reincorporar a la recurrente a las labores que desempeñaba antes de ser separada de sus funciones; se ordene el pago de las remuneraciones que la recurrente debía percibir desde la notificación del acto recurrido y hasta su reincorporación efectiva; que se mantengan las mismas condiciones laborales que existían al momento del cese de funciones; todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa CLAUDIA RIVERA FERNÁNDEZ, Abogada, en representación del SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de su representado, con expresa condena en costas.

Parte realizando una síntesis de la presente acción y argumentos invocados por la recurrente, para luego referirse a la normativa aplicable al actuar de su representada, indicando que, el Servicio de Salud Antofagasta es un servicio público, perteneciente a la administración del Estado, que específicamente tiene el carácter de organismo estatal y cuyo actuar se rige estrictamente por el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Agrega que, que la recurrida es un Servicio con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto a la de otros órganos o servicios públicos y que con la dictación del DFL N°1/2005 de salud, dejó de estar a cargo de la ejecución de las acciones asistenciales y fiscalización sanitaria, para cumplir una labor de articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial, buscando dotarse a los hospitales de mayor complejidad del desarrollo de especialidades, organización administrativa e independencia tanto administrativa como presupuestaria, pudiendo dentro del ámbito de sus funciones delegar atribuciones en los diferentes centro que formen parte de la red asistencial.

Agrega que, la representación judicial y extrajudicial del Hospital recurrido está radicada en su Director y, en las acciones judiciales que involucran a dicho recinto, es la Ley quién ha establecido que el Servicio de Salud respectivo podrá intervenir en las mismas como tercero coadyuvante y no como parte en el juicio.

Hace presente que, actualmente en uso de las potestades conferidas por la Ley al Hospital Regional de Antofagasta, éste ha concesionado diversos servicios y labores. Destacando que, dentro de esta figura jurídica, el Servicio de Salud Antofagasta no ha tenido, ni tiene intervención alguna en la contratación de su personal, celebración de contratos de carácter civil, o bien en la ejecución de los mismos, ni fiscalización de los contratos suscrito por el Hospital Regional.

En cuanto a la acción deducida indica que, se ha presentado la Sra. nombre reservado, interponiendo acción de protección al tenor de lo dispuesto, aparentemente, en los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, contra su mandante, por haber supuestamente ejecutado actos arbitrarios e ilegales que se detallan, privando, perturbando y amenazando el legítimo goce de las garantías constitucionales indicadas ut supra.

Agrega que, a modo de síntesis de los hechos relatados, prescindiendo de las subjetividades propias de la versión presentada por la recurrente, se puede señalar, que con fecha 26 de noviembre de 2007 ingresa la recurrente a ejercer funciones en el Hospital Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, efectuando suplencias y que finalmente con fecha 01 de marzo de 2008 se modifica su calidad jurídica a contrata.

Refiere que, con fecha 31 de agosto de 2020 se acoge al procedimiento de encasillamiento, manteniéndose relación laboral tranquila hasta las diversas presentaciones de licencias médicas entre los años 2021 a 2023, llegando a acumular 252 días de ausentismo, según informe de fecha 09 de mayo de 2023.

Indica que, la recurrente presenta las siguientes licencias médicas:

· Licencia médica desde 03 de enero de 2021, hasta 22 de enero de 2021 por 20 días.

· Licencia médica desde 23 de enero de 2021, hasta 06 de febrero de 2021 por 15 días · Licencia médica desde 19 de febrero de 2021, hasta 19 de febrero de 2021 por 1 día.

· Licencia médica desde 04 de marzo de 2021 hasta 14 de marzo de 2021 por 11 días.

· Licencia médica desde 28 de mayo de 2022, hasta 11 de junio de 2022 por 15 días.

· Licencia médica desde 13 de junio de 2022 hasta 27 de junio de 2022 por 15 días.

· Licencia médica desde 28 de junio de 2022 hasta 04 de julio de 2022 por 7 días.

· Licencia médica desde 05 de julio de 2022 hasta 03 de agosto de 2022 por 30 días.

· Licencia médica desde 04 de agosto de 2022 hasta 02 de septiembre de 2022 por 30 días.

· Licencia médica desde 03 de septiembre de 2022 hasta 02 de octubre de 2022 por 30 días.

· Licencia médica desde 03 de octubre de 2022 hasta 01 de noviembre de 2022 por 30 días.

· Licencia médica desde 02 de noviembre de 2022 hasta 01 de diciembre de 2022 por 30 días.

· Licencia médica desde 02 de diciembre de 2022 hasta 05 de enero de 2023 por 35 días · Licencia médica desde 06 de enero de 2022 hasta 04 de febrero de 2022 por 30 días.

Sostiene que, según informe de Ausentismo Laboral, se mencionan las diversas visitas domiciliarias efectuadas en agosto de 2022, en un primer momento la funcionaria refiere encontrarse con licencia médica por salud mental, con un diagnóstico de trastorno bipolar, agregando que mantiene una alta carga laboral y problemas familiares. Con fecha 21 de octubre de 2022 se contacta a la Sra. nombre reservado, vía telefónica, señala que tiene atención en COSAM Central, agrega que le están acomodando los remedios. Posteriormente nuevamente se le contacta vía telefónica y menciona que se mantiene con crisis de pánico, además agrega que su doctora le recomendó reintegrarse por horas, pero al trabajar por turnos se le complicaba, de modo que evaluarían su reintegro en diciembre de 2022.

Hace presente que, con fecha 17 de noviembre de 2022 se lleva a cabo reunión del Comité de Ausentismo y dicho Comité acuerda mantener en seguimiento a doña nombre reservado hasta diciembre de 2022. Asimismo, según Acta de Comité de Ausentismo de fecha 24 de enero de 2023, en su punto 7, se señalan los funcionarios en seguimiento, por lo que en el numeral 9 se nombra a doña nombre reservado (299 días de ausentismo) y establece lo siguiente: “SERVICIO DE ESPECIALIDADES- 49 AÑOS- AUXILIAR-TITULAR- LM SALUD MENTAL 04/02/2023, LM Salud Mental, refiere mantener diagnóstico de Depresión, médico tratante dra. nombre reservado, comenta que su diagnóstico se genera por problemas familiares “quedé afectada desde el postparto de mi hijo (hijo de 20 años), según indicación médica me reintegraría en abril” Dentro de las observaciones del Comité se establece “Comité acuerda solicitar evaluación de salud a COMPIN”

Posteriormente, mediante Acta de Comité de Ausentismo de fecha 02 de mayo de 2023, se señalan los funcionarios con Evaluación de Salud COMPIN, entre los cuáles se encuentra doña “nombre reservado (252 Días de Ausentismo) 49 años – Auxiliar – Titular – Servicio de Especialidades EVALUACIÓN COMPIN: SALUD RECUPERABLE (Fecha de Informe 21 de abril de 2023)

Funcionaria en seguimiento desde agosto de 2022 con Licencia Médica por SALUD MENTAL con diagnóstico de Trastorno Bipolar, se atiende en COSAM CENTRAL, se refiere que situación de salud se debe a crisis de pánico por carga laboral y problemas familiares, no identificando su problemática.

En febrero 203 se informa que será enviada COMPIN y funcionaria se REINTEGRA, actualmente se encuentra con feriado legal hasta 16 de mayo de 2023.

OBS: Comité analiza caso, director del establecimiento aplica Art. 151 dado sus precedentes licencias médicas”.

Añade que, con fecha 21 de abril de 2023 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dicta Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable de funcionario público la que resuelve “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”.

Finalmente, con fecha 19 de mayo de 2023, se envía Ordinario N° 1578 por parte del Director (S) del Hospital de Antofagasta al Director del Servicio de Salud Antofagasta, Reservado N° 22, solicitando oficiar a quién corresponda a fin de dictar Resoluciones de Salud Incompatible con el desempeño del cargo de las siguientes funcionarias Titulares de este establecimiento, entra las cuales se encontraba la recurrente.

Sostiene que, conforme a lo anterior con fecha 07 de julio de 2023 mediante Resolución TRA N° 426/8/2023, que resuelve “DECLÁRESE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1) Don (a) nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, AUXILIAR, grado 21° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la planta de AUXILIARES, con jornada de 44 horas semanales, del servicio SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA”.

Indica que, se debe tener presente que, la autoridad invoca como fundamento jurídico de su accionar, al estatuto administrativo, el cual dispone en su artículo 150.- “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo(…)”

Luego dispone, el artículo 151: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Sostiene que, en la normativa expuesta, puede advertirse que el legislador ha instituido, desde la fecha de publicación de la ley N° 21.050 -7 de diciembre de 2017-, una nueva exigencia para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible de un funcionario: solicitar previamente a la COMPIN respectiva que se pronuncie acerca de la irrecuperabilidad de la salud del empleado.

Indica que, en los antecedentes que constan en la historia de la citada ley N° 21.050, se aprecia que la modificación legal en análisis tuvo por objeto incorporar la obligación de requerir a la COMPIN, previo a ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un servidor, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. En ese contexto, aparece que la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que la solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Asimismo, a fin de sustentar sus alegaciones, invoca el dictamen N° 17.351, de 2018, el cual concluyó que, en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado. Agrega que, como puede advertirse, la conclusión anotada permite darle sentido a la modificación legal introducida por la ley N° 21.050 al citado artículo 151 de la ley No 18.834.

Por lo anterior, entiende que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República obliga al Servicio de Salud Antofagasta, por así disponerlo la ley que regula a la entidad fiscalizadora, motivo por el cual no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión de su representado.

Finaliza señalando que, resulta improcedente el empleo de este mecanismo para declarar o constituir nuevas situaciones jurídicas por lo que las meras expectativas no corresponden a derechos subjetivos públicos que puedan ser amparados por este mecanismo de tutela constitucional, que persigue justamente hacer cesar los efectos ocasionados por un acto u omisión arbitrario o ilegal, restableciendo las condiciones que permiten el legítimo ejercicio del derecho conculcado el cual debería ser de carácter indubitado.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de su representado, habiéndose apegado en todo momento a la ley, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que informa JOSE VERSALOVIC ZAMORA, abogado, en representación del HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, solicitando el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Señala que, el recurso de protección debe rechazarse por no ser arbitrarios ni ilegales los actos impugnados, además de no constituir aquellos amenaza, privación o perturbación de la garantía constitucional supuestamente afectada.

Indica que, es efectivo que con fecha 14 de junio del 2023, mediante acto administrativo se puso término al contrato de la demandante, declarándose vacante el cargo por causal de salud incompatible, ello a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, el cual fue tomado razón por la Contraloría el 07 de julio del 2023.

Agrega que, la recurrente hizo uso de 252 días de licencia médica desde el 08 de mayo del 2021 al 08 de mayo del 2023. Que, habida consideración del nivel de ausentismo de la demandante, el que superaba los 180 días de licencias médicas curativas, se informó seguimiento y reporte de caso al Comité de Salud funcionaria y Ausentismo, instancia en la cual se determinó consultar, posteriormente, al organismo técnico especializado, COMPIN, para pronunciamiento acerca del estado de salud de la funcionaria, sugiriendo dar término contractual por ausentismo prolongado, según lo prescrito en el artículo 151 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo. Sumado a lo anterior, con fecha 21 de abril de 2023, la comisión de medicina preventiva e invalidez, emitió un acto administrativo consistente en Resolución Exenta N°16215030, indicando en lo resolutivo que la demandante adolece de un estado de salud RECUPERABLE, dejándose dicha calificación establecida para los fines estatutarios pertinentes.

Añade que, se envió carta certificada al domicilio de la actora, con documento reiterativo de procedimiento de ausentismo prolongado, detallando acciones y objetivos. Para la aplicación del proceso descrito, Contraloría General emitió un acto administrativo respecto de la Resolución N°426/8/23, instruyendo el tómese razón en su Resolución de vacancia por salud incompatible para el cargo, en el siguiente tenor:

RESUELVO: Declárese vacante por salud incompatible, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N°RUT reservado, AUXILIAR GRADO 21 ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la planta AUXILIARES, con jornada de 44 horas semanales, del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA”.

Indica que, tratándose de una funcionaria con calidad jurídica de “Titular en el cargo”, toda esa tramitación del acto administrativo le correspondió realizar al Director del Servicio de Salud, solo correspondiéndole a Hospital Regional de Antofagasta la notificación de la resolución.

Sostiene que, de los antecedentes de hecho se ha demostrado que se desvinculó a la recurrente por su alto grado de ausentismo, en dicho sentido, la recurrente ni siquiera menciona cuales serían sus patologías sufridas para ausentarse por tan largo periodo (252 días en los dos últimos años), y que estas sean atribuibles a su mandante.

Concluye que, como se aprecia, existe la debida correspondencia y armonía entre las Leyes N° 18.834, N° 21.050, N° 20.921 y N° 18.575, en lo que atañe al procedimiento y a la causal de incompatibilidad con el cargo y la ulterior declaración de vacancia, en aquellos casos en que un empleado público ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; circunstancia que no sólo obedece a la necesaria unidad, consistencia y plenitud a la que debe aspirar todo sistema jurídico, sino que evidencia una intención del legislador -plasmada en la Ley N° 21.050- en orden a resguardar debidamente a los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, mediante la exigibilidad del pronunciamiento técnico especializado del COMPIN. En el caso de marras, y en virtud del principio de especialidad, es el Estatuto Administrativo de funcionarios públicos (Ley N° 18.834), el cuerpo normativo al que se hallaba sujeta la demandante, el que contempla como causal legal para la declaración de vacancia del cargo la “salud incompatible con el desempeño del cargo”.

Agrega que, el Tribunal Constitucional ha rechazado la inaplicabilidad de las normas del Estatuto Administrativo y Municipal referidas a la declaración de vacancia en el cargo por salud incompatible. En dichos fallos se ha recogido la doctrina del principio de servicialidad (artículo 1°, Constitución Política), en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. Siendo necesario que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño del cargo, pues de no existir, se hace imposible el cumplimiento de la función pública. Declarando el Tribunal Constitucional que es perfectamente válido el cese del contrato de un trabajador por salud incompatible.

Asimismo, agrega que, la Contraloría General de la República (CGR) se ha pronunciado sobre la materia, en varios dictámenes, disponiendo que la Ley autoriza a la autoridad (Jefe de Servicio) para que en forma discrecional declare vacante el cargo por “salud incompatible”, una vez producidas las circunstancias de hecho contempladas en la Ley, sin necesidad que la CGR deba ponderar los motivos concretos que se tuvieron para ello.

Añade que, el Estatuto Administrativo, en su Título VI, denominado “De la cesación de funciones”, regula la expiración de funciones de los funcionarios públicos. Como principio general, los funcionarios públicos gozan de estabilidad en el empleo (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, LOBGE, artículo 48), cesando en sus funciones sólo por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado, o en la supresión del empleo. En particular, el Estatuto Administrativo, en el artículo 146, enumera las causales legales por las cuales el funcionario cesa en su cargo, reconociendo en la letra c) la causal “Declaración de vacancia”. Esta causal la efectúa la autoridad poniendo término a los servicios del funcionario invocando alguna de las causales enumeradas por el artículo 150 del mismo Estatuto, entre ellas, “Salud irrecuperable o incompatible del cargo “.

Refiere que, respecto a la “salud incompatible”, el artículo 151 del Estatuto dispone que: el Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; que así las cosas, al declararse que la salud es recuperable, solo es posible aplicar la vacancia del cargo por el alto grado de ausentismo de la demandante dada la incompatibilidad por salud de la funcionaria, así fue declarado por la Contraloría Regional de Antofagasta en la toma de razón de 07 de julio de 2023.

Sostiene que, además, el ordenamiento jurídico vigente considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del Jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, -artículo 160 del Estatuto administrativo-, en cuanto al derecho que posee todo funcionario sujeto a dicho cuerpo normativo, cada vez que exista un vicio de legalidad que lo afecte podrá recurrir ante el ente Contralor para que éste ejerza un control jurisdiccional cuando se ha obrado al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, potestad que la demandante desechó.

Finalmente, señala que en la especie, no resultó discutido que, la Compín de Antofagasta declaró que la salud de la actora es recuperable, lo que da paso a la declaración de vacancia del cargo, acto administrativo que se encuentra firme y con ello, satisface la legalidad de la actuación de su mandante, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario al cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley N°18.834, todo lo cual se traduce en la inexistencia de conculcación de derechos fundamentales alegados por la demandante y contemplados en la Constitución Política de la República, razón por la cual la acción debe necesariamente ser rechazada.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que a fin de resolver la controversia, debe determinarse si ha existido un actuar arbitrario o ilegal de parte de los recurridos, en cuanto a los motivos que llevaron a declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente.

SEPTIMO: Que, atento al propio mérito del informe de la recurrida, el informe de la COMPIN y antecedentes allegados al proceso, pueden establecerse como hechos acreditados: 1) Que conforme a RESOLUCIÓN DE EVALUACIÓN SALUD IRRECUPERABLE FUNCIONARIO PÚBLICO, de fecha 21 de ABRIL de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “RECUPERABLE”; 2) Que según Resolución TRA N° 426/8/2023 de 14 de junio de 2023, del Servicio de Salud de Antofagasta, basado en que la actora sumaba un total de 252 días de licencia médica, en el período que va del 08 de mayo de 2021 al 08 de mayo de 2023, y, además, en la referida resolución de COMPIN, reconociendo expresamente que ella presentaba un “ESTADO DE SALUD RECUPERABLE”, decidió declarar vacante por salud incompatible el cargo que servía.

OCTAVO: Que para resolver, en primer lugar se debe determinar cuál es la normativa aplicable en la especie. Así, en el artículo 146 de la Ley N°18.334 del Estatuto Administrativo, se señala que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 150 señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Ahora bien, en particular, sobre el fundamento invocado por la resolución que por este acto se impugna, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, determina que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

NOVENO: Que de los antecedentes acompañados y las alegaciones de ambas partes, así como de los fundamentos de la resolución impugnada, consta que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso primero del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

DÉCIMO: Que con los antecedentes expuestos, no se ha acreditado un actuar arbitrario por parte del Jefe de Servicio, cuya decisión ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, que además, se ha tenido en consideración la trayectoria de la recurrente y funciones que desempeñaba, que previo a la dictación de la resolución impugnada se hizo un seguimiento de la situación médica de la misma, luego de lo cual se determinó declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, tampoco hay antecedentes que permitan determinar que ha existido abuso de poder en la dictación del acto. Por lo demás, cabe tener presente que las licencias médicas otorgadas a la recurrente son de origen común, no encontrándose dentro de las causales de exclusión para el computo de los seis meses a que se refiere el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, de conformidad al inciso segundo del mismo artículo señalado. Por estas razones deberá ser rechazada la presente acción.

UNDECIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad, que impone a los Jefes de Servicio velar por la continuidad de la actividad de la administración, insertándose la decisión adoptada en este caso precisamente en el cumplimiento de tal fin, siendo este, otro motivo para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA y en contra del HOSPITAL REGIONAL DR. LEONARDO GUZMAN DE ANTOFAGASTA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7157-2023 (PROTECCIÓN)