nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAM

Antofagasta, a veinte de abril dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, casada, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Calama, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, por sí y en representación de sus vecinos de la nombre reservado de la comuna de Calama, en calidad de presidenta pertenecientes a la Junta de Vecinos Sol y Cobre, N° de Inscripción Personalidad jurídica 23010, quien deduce Acción de Protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado representada para estos efectos por su alcalde Eliecer Daniel Chamorro Vargas, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, señala como acto arbitrario e ilegal la omisión de la recurrida de elaborar un Plan de Seguridad Comunal en conformidad a la ley, lo cual amenazaría los derechos de los habitantes de la comuna de Calama, a saber: derecho a la vida e integridad psíquica, derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, y el derecho al libertad personal y de tránsito, todos establecidos y garantizados en los artículos 19 N° 1, N° 24 y N° 7 de la carta fundamental, solicitando se acoja la presente acción y, en definitiva, se ordene a la recurrida elaborar el mentado plan, en el plazo de 15 días.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda el presente recurso, indicando que, en su calidad de habitante de la comuna de Calama, junto con su familia, y vecinos han visto constantemente amenazados y perturbados sus derechos fundamentales como son la vida, integridad física y psíquica, debido al escenario de inseguridad implantado en la comuna de Calama. Los actos delictuales en la comuna han aumentado exponencialmente, sobre todos aquellos denominados delitos violentos, la tasa de homicidios es alarmante. El miedo permanente a ser víctima de estos delitos es real y patente, lo cual afecta significativamente su integridad psíquica y la de sus vecinos, sobre todo cuando sus hijos, también está seriamente expuestos.

Añade que, sin duda existe una seria amenaza a los derechos a la vida e integridad física. Lo anterior, se produce, en gran medida, por la falta de un plan de seguridad comunal en conformidad a la ley, donde la omisión ineludible de los deberes establecidos en la legalidad vigente, llevan a mantener los derechos establecidos y garantizados en la Constitución Política de la República como son el derecho a la vida e integridad psíquica, derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, y el derecho al libertad personal y de tránsito, todos establecidos y garantizados en los artículos 19 N° 1, N° 24 y N° 7 de la carta fundamental, en peligro y amenaza por omisión por parte de la Ilustre Municipalidad de Calama, razón por la que acciona de protección en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la constitución y el auto acodado de la Excelentísima corte Suprema sobre tramitación de recurso de protección.

Indica que, desde el año 2021 la comuna de Calama no mantiene plan de seguridad pública de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades; instrumento de planificación y acción para afrontar la delincuencia y que busca establecer garantía de paz en la ciudadanía, con el establecimiento de planes, programas y acciones tendientes a la prevención y otras que garantice el legítimo ejercicio de los derechos en las comunas respectivas del país. Indica que esta situación, hace que en definitiva, se vean lisa y llanamente amenazados de manera constante los derechos y garantías que invoco en el presente recurso, como son derecho a la vida, derecho a la integridad fisca y psíquica, y de libertad personal. Al respecto, y como la ley N° 20.965 estableció una nueva competencia para los municipios incorporando como función esencial el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad;”. (Nueva letra j del artículo 4° de la ley N° 18.695).

Refiere que, esta ya no tan nueva atribución municipal, se incorpora como atribución esencial de la municipalidad, en cuanto a la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del plan comunal de seguridad pública, considerando para ello las observaciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública y sus integrantes. (Nueva letra l del artículo 5° de la ley N° 18.695). Esta institucionalidad que data del año 2016 a la fecha establece dentro de las obligaciones del Alcalde y H. Concejo Municipal la elaboración y aprobación de un instrumento denominado Plan de Seguridad Pública. En efecto, el articulo 56 y 65 letra C) de la ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga al Alcalde a Presentar el Plan Comunal para aprobación del Concejo Municipal, el cual debe ser elaborado por él Alcalde con la colaboración consultiva del Concejo de Seguridad Publica, concejo que preside indelegablemente el Alcalde de conformidad a lo establecido en artículo 104 de la misma ley.

Añade que, para la generación de estos planes de seguridad Publica la legislación dotó al alcalde de facultades y de un órgano denominado concejos comunales de seguridad pública los cuales funcionan en variadas comunas del país, se trata de un órgano consultivo del Alcalde en materia de seguridad, instancia de coordinación interinstitucional; estos concejos comunales de seguridad pública se encuentran conformados por las siguientes autoridades (no siendo taxativo): a) El delegado presidencial regional o, en subsidio, el delegado presidencial provincial y, en defecto del segundo, el funcionario que el primero designe. b) Dos concejales elegidos por el concejo municipal, en una votación única. Para el caso de Calama desde el año 2016 se cuenta con la implementación de la institucionalidad de Concejo de Seguridad Publica. Sin embargo, el último plan de seguridad pública es el del año 2017, teniendo cada plan una vigencia acotada de 4 años, por lo que su vigencia ya se encuentra agotada, careciendo en la actualidad de un plan actualizado.

Cuestiona que, en la comuna de Calama existiendo la institucionalidad esta no ha cumplido con las obligaciones legales en torno a tener un Plan de Seguridad Pública Comunal de conformidad a la ley. Indica que, de conformidad a documentos acompañados, se colige que ya en el año 2021 y 2022 al mes de octubre el único plan de seguridad vigente de conformidad a la ley corresponde al plan aprobado en el año 2017, y el cual fuere realizado con datos estadísticos del años 2015, y cuyas acciones y compromisos por propia disposición legal es de 4 años, por lo que, el mismo perdió su eficacia legal en el año 2021. A lo que se suma que es un hecho público y notorio que las formas delictuales han cambiado, así como también las tasas de criminalidad, sobre todo de los delitos violentos en la comuna que habitamos.

Sostiene que, a la fecha la Ilustre Municipalidad de Calama aun no cuenta con un Plan de Seguridad Pública aprobado por el Honorable Concejo Municipal, pues en definitiva la primera autoridad edilicia el Alcalde Eliecer Chamorro no lo ha puesto, ni propuesto a la fecha para su aprobación al Concejo Municipal, careciendo por tanto, la comuna de Calama de un plan de seguridad publica comunal años 2022 al 2026, por omisión ineludible del cumplimento de deberes legales, que más allá de acciones separadas (como la entrega de solo 5 cámaras para toda la nombre reservado de tele vigilancia y sin chip para gravar) no constituyen un plan que garantice eficacia y eficiencia en la protección de la ciudadanía en los términos de seguridad pública, y que más allá de las facultades de los Honorables Concejales a concurrir a instancias legales correspondientes por las implicancias que estimen de conformidad a sus funciones fiscalizadoras, a los ciudadanos de la comuna y en particular a la recurrente y sus vecinos el simple hecho de que no se tenga a la fecha con un plan de seguridad comunal se amenaza los derechos garantizados en la Constitución Política de la República en torno a un derecho humano fundamental cual es que no existe coordinación y estrategia para salvaguardar la vida e integridad psíquica, de los habitantes de Calama.

Agrega que, articulo N° 1 de la Constitución Política de Chile, señala que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y que el artículo 5, otorga rango constitucional a los Tratados Internacionales ratificados por Chile, dentro de los cuales se encuentra, la convención Internacional de Derechos Humanos que en su artículo tercero establece “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” De esta forma el derecho a vivir seguro constituye un derecho humano”.

Insiste en que, hoy la seguridad ciudadana en la comuna de Calama se encuentra altamente afectada, y en lo particular hoy es un amenaza constante el hecho de que en cualquier momento podemos ser víctima de un portonazo, estar en un lugar público donde ocurre una balacera, indica que muchos vecinos han optado por no ir al centro de la ciudad en la noche, y ni siquiera salir de sus casas, poner portones más altos para evitar robos, por su alta peligrosidad, o frecuentar ciertos lugres por la constante amenaza de ser víctima de algún delito; a la fecha han ocurrido balaceras en la vía pública, Mall de Calama, estacionamientos del Casino, entre otras, indica que evidentemente la situación amerita que en definitiva se tomen las acciones pertinentes por quienes se encuentran en la actualidad en los gobiernos, en este caso y en particular en la comuna de Calama, que al menos la ciudad se encuentre dotada de los instrumentos entregados por el legislador para a ser frente a lo que ocurre a diario a la ciudadanía y siendo facultad del alcalde la coordinación intersectorial a través del plan de seguridad y proponer al concejo la aprobación de un plan, no puede sino cumplir al menos con sus deberes establecidos en la ley.

Alude que, la tasa de robo de vehículos motorizados, en lo que va del año 2023, es de 2.7 vehículos robados diarios, a la fecha tenemos 6 fallecidos con armas de fuego, uno de ellos en local nocturno altamente frecuentado, donde además producto de los impactos de bala se encontraron personas asistentes heridas, efectivamente los hechos de alta connotación pública que han ocurrido en lo que va del 2023, y la situación sin control de delincuencia en la comuna, sumado a que a la fecha no cuentan con el instrumento legal entregado por el legislador para salvaguardar el trabajo coordinado de las autoridades que de garantía en el ejercicio de los derechos que hoy se ven amenazados, en especial la vida e integridad psíquica.

Sostiene que, es evidente la amenaza contante al ejercicio de los derechos garantizados y protegidos por el recurso de protección, los que ya se han enunciado precedentemente, que es temática diaria en la ciudad y donde no resulta ser ajustado a derecho que se mantenga el incumplimiento de los deberes de las autoridades en proteger eficazmente la vida e integridad de sus habitantes, donde el legislador ha entregado herramientas que para otros municipios han sido exitosas, pero que Calama simplemente por omisión carece. Resulta también evidente que los planes de acción planteados en el plan de seguridad publica aprobado en el año 2017 ya nos son los mismos, existen delitos que han acrecentado, sobre todo delitos en contra de la propiedad privada, y el endurecimiento en la forma de comisión de delitos de alta connotación social como son los homicidios en balaceras.

Alega que, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público y contempla el resguardo eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

Finalmente, indica que en torno a lo planteado, solicitan como vecinos de la comuna de Calama, una solución concreta en torno a que frente a la amenaza constante de los derechos garantizados en la Constitución señalados en el presente recurso, por un acto de omisión arbitraria al no tener la ciudad de Calama Plan de Seguridad Pública aprobado por el Honorable Concejo Municipal, y el existente ya se encuentra agotado en su temporalidad por hacer sido aprobado el año 2017 con vigencia hasta el año 2021. Por lo anterior, pide que se fije un plazo acotado, de 15 días hábiles, para la Ilustre Municipalidad de Calama apruebe un Plan de seguridad Publica de conformidad a lo establecido en la ley 18695 en especial los articulo 104 y siguientes de la norma legal citada.

SEGUNDO: Que informa Franklin Eduardo Muñoz Mamani, Abogado, en representación convencional de la Ilustre Municipalidad de Calama, instando por el rechazo del recurso, en atención a los argumentos que expone.

Refiere antecedentes de la acción y luego indica que, como ha sido el criterio imperante de la doctrina nacional, la acción de protección o mal denominado recurso de protección, debe cumplir con requisitos o criterios de procesabilidad sustanciales. En efecto, estos criterios surgen del análisis de los siguientes aspectos básicos: a) la situación de hecho que es la conducta de acción u omisión de carácter arbitraria o ilegal de un funcionario o autoridad pública o de una persona jurídica, grupo de personas o individuos particular; b) la identificación del derecho amenazado, perturbado o del cual se ha privado de su legítimo ejercicio; c) la relación de causa a efecto de dicha conducta en la afectación del derecho; y d) el objetivo o intención real que mueve al presunto afectado en su derecho a impulsar el procedimiento de protección.

Indica que, en cuanto a los criterios de procesabilidad señalados precedentemente, de la simple lectura de la acción impetrada, la recurrente no cumple, en lo absoluto, con dichos criterios, por cuanto la hipotética omisión, que de manera tendenciosa señala en su presentación, carece de un análisis causal entre la supuesta inadvertencia de la autoridad comunal y las garantías constitucionales que arguye han sido y son vulneradas por parte de la Ilustre Municipalidad de Calama. En ese sentido, no se ha indicado en la presentación de la ocurrente, quien actúa en representación de todos sus vecinos, de qué manera la supuesta omisión, al no haber teóricamente un Plan Comunal de Seguridad Pública, ha vulnerado las garantías constitucionales esbozadas por la articulista, lo que la constituye en argumentos vagos e inespecíficos al momento de querer salvaguardar las referidas indemnidades fundamentales. Del mismo modo, tampoco desarrolla en su presentación la forma en que dichas garantías se han visto conculcadas por la supuesta e infundada omisión por parte de esta entidad consistorial, razón por la cual, los argumentos vertidos por la articulista carecen de todo fundamento para que la presente acción constitucional pueda prosperar.

Agrega que, la recurrente no posee la legitimación activa para incoar, de manera infundada, temeraria y de cierta manera con un sesgo político, la presente acción de garantías constitucionales, por cuanto en su presentación no individualiza a ninguna de las personas que se arroga representar y, menos aún, ha desarrollado la forma en que su representada ha amenazado o conculcado las garantías constitucionales que señala como vulneradas. En síntesis, la ocurrente estima que la acción constitucional de protección es una instancia jurisdiccional de carácter popular, máxime cuando dicha acción requiere que se indique específicamente a la o las personas que se ven, al menos, amenazadas en el goce de sus derechos fundamentales, lo que no ocurre en la situación de la especie.

Añade que, de la lectura de la presentación de la articulista, sus pretensiones, además de vagas e imprecisas, van orientadas a un fin que no es de competencia esencial de un municipio, toda vez que se alude, a que la falta de un Plan Comunal de Seguridad Pública, genera una vulneración a las garantías constitucionales nebulosamente desarrolladas en su acción, no siendo una función esencial de las municipalidades la seguridad pública, toda vez que dicha atribución constitucional, se encuentra expresamente regulada en el inciso final del artículo 1° de nuestra Ley Fundamental, preceptiva constitucional que rotula: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Luego, el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, dispone que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.

Refiere que, en este contexto normativo constitucional, queda asentado que la función constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública interior de la República ha sido encomendada a las Fuerzas de Orden y Seguridad, las que están constituidas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

Lo anterior, es sin perjuicio de las atribuciones específicas de supervigilancia que determinados cuerpos legales han conferido a las municipalidades, como sucede con la figura del “inspector municipal” -calidad que se le asigna a los funcionarios municipales que integran dicha unidad-, prevista, a modo de ejemplo, en los artículos 3° y 14° de la ley N° 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y 56, 156 y 188 de la ley N° 18.290, de Tránsito.

Sostiene que, la supuesta falta de un Plan Comunal de Seguridad Pública, no constituye en sí una situación que propicie a la ocurrencia o perpetración de delitos en la comuna de Calama y, menos aún, que su representada esté vulnerando las garantías constitucionales indicadas por la articulista, máxime cuando los municipios no pueden intervenir en el control del orden público y sólo pueden participar como un coordinador con los órganos de la Administración del Estado que sí tienen las competencias sobre la materia.

En cuanto al Plan Comunal de Seguridad, indica que es un instrumento de planificación y gestión, que hace efectivas las competencias en materia de seguridad pública que la ley N° 20.965 confiere a los municipios. En el plan se presentan los problemas prioritarios de la comuna en materia de seguridad, y las respectivas estrategias para abordarlos, establece la hoja de ruta del municipio, las instituciones y la comunidad local, y concentra los esfuerzos y recursos de tales actores, integrados en el Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), en la ejecución de actividades planificadas y orientadas a la eficacia en el ámbito de la prevención y control del delito, las incivilidades, las violencias y la inseguridad vinculada a problemas de seguridad. En la medida en que el plan se basa en adecuados antecedentes diagnósticos sobre sus problemas de seguridad, existen mayores probabilidades de que la estrategia sea eficaz en resolver estas problemáticas. El Plan Comunal de Seguridad Pública no puede tratar al mismo tiempo todos los problemas de seguridad identificados en el territorio comunal. Los recursos, tanto humanos como financieros disponibles no son suficientes para dar cobertura a la magnitud de todos los problemas, por esta razón siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando las intervenciones. Los problemas de seguridad deben ser lo más específicos posibles y estar asociados a la ocurrencia de delitos, incivilidades, violencias, inseguridad (en conjunto con otros problemas) u otros problemas de seguridad pública de relevancia local (territorios que concentran problemas de seguridad, víctimas o infractores recurrentes de perfiles específicos, etc.).

En referencia a la supuesta omisión legal, en la no aprobación del plan comunal de seguridad pública, indica que ello no se ajusta a la realidad, por cuanto la Ilustre Municipalidad de Calama, sí cuenta con el Plan Comunal de Seguridad Pública por el período [cuenta reservada], dicho instrumento de planificación en seguridad pública comunal, fue aprobado por la mayoría de los miembros del Honorable Concejo Municipal, en la tercera sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de marzo de 2023, mediante el acuerdo N° 90/2023, adoptado por dicho órgano pluripersonal.

Agrega finalmente, que no existe vulneración de garantías constitucionales por parte de la Ilustre Municipalidad de Calama, que en el caso de marras, ha actuado dentro del marco legal que le otorga nuestra carta fundamental y los cuerpos normativos que regulan su actuar. Al no existir ilegalidad ni arbitrariedad por parte de mi representada en la inexistente omisión impugnada, según todo lo expuesto, no puede sino concluirse que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, correspondiente a los numerales 1, 7 y 24 de la Constitución Política de la República. Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso que, atendida la temeraria interposición de esta acción constitucional, sea condenada expresamente en las costas de la causa.

TERCERO: Que compareció como tercero coadyuvante doña nombre reservado, chilena, viuda, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, por si como ciudadana y presidenta de la población INTI RAI de la comuna de Calama N° de Inscripción Personalidad jurídica 23071, además de Concejera del Concejo de Seguridad Pública, quien señala:

Que, en la calidad de ciudadana y en representación de sus vecinos de la población INTI RAI de Calama siendo su presidenta, detentando además el cargo de Miembro del Concejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Calama en calidad de representante de las organizaciones territoriales de la sociedad civil, viene en hacerse parte del presente recurso de protección incoado en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, por la omisión arbitraria en la generación de un plan de seguridad pública de la comuna de Calama en conformidad a la ley 18695. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en calidad de tercero coadyuvante por tratarse de una materia de interés general de la comuna, pero que además, la afecta como vecina y representante de sus vecinos, manteniendo en la actualidad interés en lo que en ésta materia se resuelva, por lo que desde ya, solicito se me tenga como parte integrante del presente recurso y se acceda al mismo de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Refiere que, con fecha 9 de marzo del año 2023 la recurrente principal de los presentes autos deduce recurso de protección por verse amenazados en términos constantes y perturbados los derechos fundamentales de la vida, integridad física y psíquica, debido al escenario de inseguridad implantado en la comuna de Calama. Dicha situación, si bien es cierto se deduce por la afectación de los vecinos de la población que nombre reservado representa de la junta de vecinos nombre reservado, lo cierto y real es que la amenaza de los derechos fundamentales de la vida e integridad psíquica en la comuna es innegable, debido a los altos índices de delincuencia a toda hora en la ciudad; de manera tal que la afectación es propia y ajena, existiendo en esta recurrente también un temor constante. Como miembro del Concejo de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Calama, puedo afirmar que realmente a la fecha de la interposición del presente recurso de protección, no había sido aprobado algún Plan de seguridad para la ciudad, encontrándonos como ciudadanos sin el instrumento legal que entrega al alcalde la posibilidad de coordinar y realizar acciones tendientes a la prevención de los delitos. En honor la verdad, en el mes de octubre del año 2022 se nos propuso por parte de la Municipalidad en Concejo un boceto de plan de seguridad, el que mostraba acciones preventivas sólo en uno de los cuadrantes de la cuidad (cuadrante 1) y acciones tendientes a enfocar la prevención de sólo 3 delitos. Dicho proyecto, fue objeto de consideraciones por parte del Concejo de Seguridad, y también de observaciones por parte de la Subsecretaria del Delito, las cuales hasta el 9 de marzo del año 2023 no habían sido salvadas. Más tarde, y tal como manifesté interpuesto que fuera el recurso de autos con fecha 25 de marzo del año 2023 arriba correo electrónico con citación extraordinaria para Concejo de Seguridad Pública a realizarse el 27 de marzo, donde el punto número 2 de la tabla fijada era precisamente la propuesta al Concejo de Seguridad Pública, el Plan de Seguridad Comunal. En día prefijado, esto es, 27 de marzo del año 2023, se llevó a cabo la sesión de Concejo de Seguridad Pública donde se nos propone un plan de seguridad que, luego de su exposición se realiza un pequeño debate, en el cual y, por carecer la propuesta del plan de seguridad de los requisitos mínimos para ser considerado plan de seguridad para la comuna de conformidad a lo establecido en el artículo 104 letra f) de la ley 18.695, en mi calidad de concejela lo rechace por los argumentos que indica, entre ellas priorización de sólo tres delitos, en dos de los siete cuadrantes de la ciudad, lo cual sería insuficiente para la realidad actual de la ciudad de Calama. Agrega que el plan propuesto tampoco cumpliría con lo dispuesto en el artículo 104 letra f) de la Ley N° 18.695, en relación a las siguientes medidas: a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes. b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores. c) Acciones en Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. d) Acciones en fortalecimiento de la convivencia comunitaria. e) Políticas, planes, proyectos y programas para el mejoramiento urbano en barrios vulnerables. f) Acciones, planes y programas para la prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la comuna. h) Tratamiento de otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, el Plan propuesto es aprobado por el Concejo Municipal en sesión del 28 de marzo de presente año.

Concluye indicando que, es menester señalar que las afectaciones a la vida, integridad psíquica y física de los vecinos son constantes y en todos los cuadrantes, al efecto enuncia algunos de los hechos delictuales que han ocurrido en la comuna en los últimos meses.

Agrega que, como vecinos tienen interés actual, real e inminente en la existencia de un plan de seguridad que se encuentre en conformidad a la ley y que garantice el abordaje de la prevención y acciones concretas, planes y programas, con el trabajo interdisciplinario de las autoridades en torno a la inseguridad pública que hoy mantiene a los vecinos y a ella afectados en los derechos más básicos, con amenaza de ser víctima constante, cierta y real (balacera en su población el 25 de marzo del 2023), lo que hace que se hagan parte de la presente acción, y en definitiva frente a la inexistencia de un plan que se encuentre de conformidad a derecho en virtud de omisiones arbitraria e ilegales se acceda al presente recuso, ordenando a que la Ilustre Municipalidad de Calama realice su labor de conformidad a derecho dotando a la ciudad de un plan de seguridad comunal que cumpla con los requisitos legales, y en especial se respete las opiniones de los concejeros del Concejo de Seguridad Pública incorporando las falencias plasmadas en el presente recurso en especial se realice un plan que contenga todos y cada uno de los requisitos señalados en la norma establecida en el artículo 104 de la ley 18695 en especial el 104 letra f). Lo anterior, en un plazo no superior a 15 días, a fin de garantizar la existencia y trabajo de los órganos comunales en la prevención y acción contra el delito y en definitiva se entregue protección a la vida, integridad psíquica, física y el derecho de propiedad, todos previstos y garantizados en la Constitución Política de la República de Chile.

En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva:

CUARTO: Que, siendo efectivas las normas invocadas por la recurrida para fundamentar que el control y seguridad pública son de competencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad señaladas en la Constitución Política de la República, no lo es menos que lo que se reclama en el recurso no es el ejercicio de esas medidas de control y de seguridad, sino la falta de una adecuada política municipal consistente en carecer de un Plan de Seguridad para dichos fines.

Por consecuencia, esta alegación formal de la recurrida será desechada.

En cuanto al fondo:

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEPTIMO: Que el objetivo de la acción constitucional impetrada, dice relación con la supuesta omisión por parte de la recurrida de elaborar un plan de seguridad comunal, lo cual estaría poniendo en peligro o amenazando los derechos de los habitantes de la comuna de Calama, consagrados en el artículo 19 N° 1, N° 24 y N° 7 de la carta fundamental, esto es: el derecho a la vida e integridad psíquica, derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, y el derecho al libertad personal y de tránsito.

Que la presentación del tercero coadyuvante, abona a lo señalado por la recurrente, con la agregación de que si bien, a la fecha se ha elaborado un plan de seguridad pública por parte del Municipio, el cual se encuentra aprobado por el Concejo Municipal, éste adolece de serias falencias, no siendo serio ni garantizando los Derechos básicos de los recurrentes.

OCTAVO: Que, a la luz de los antecedentes acompañados por la recurrida, ha quedado establecido que, si bien a la fecha de presentación de la acción no se había elaborado el Plan de Seguridad Comunal por parte del Municipio, éste habría sido propuesto en el mes de octubre del año 2022, siendo discutido y finalmente aprobado por el Concejo Municipal con fecha 28 de marzo de 2023, por lo cual el recurso debe ser desestimado no sólo por perdida de oportunidad, sino, además, por no ser efectivos los hechos en la forma planteada en el recurso, que denuncia una omisión que no es tal, como ha quedado establecido en autos.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que en la forma que se deduce el presente recurso, resulta ser una acción popular, ya que se interpone por todo un grupo de personas sin identificar a nadie: “vecinos de la nombre reservado de la comuna de Calama”, forma de interposición que no procede respecto de este tipo de acción constitucional, como en forma reiterada lo ha declarado la jurisprudencia nacional, lo que constituye una nueva razón para rechazar el mismo, en la medida que esa sola circunstancia no justifica que la Corte adopte alguna medida que tienda a la debida protección de los afectados, cuando no existe una debida individualización de estos.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA, la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por la recurrida.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, por sí y en representación de sus “vecinos de la nombre reservado de la comuna de Calama” en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 711-2023 (Protección)