nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a ocho de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, denunciando como acto ilegal y arbitrario el descuento en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2026 por la suma de $240.076 derivado de un crédito social pese a existir una acción judicial paralela, lo que vulnera su derecho de propiedad e igualdad ante la ley conforme al artículo 19 N°24 y 2 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señala el recurrente que con fecha 26 de abril de 2019 suscribió pagaré N°142CON101510098 por la suma de $3.980.624 por concepto de capital, más los respectivos intereses. Dicha obligación debía ser solucionada en 60 cuotas pactadas mensuales, iguales y sucesivas de $137.186, venciendo la primera de ellas el 30 de junio de 2019.

Indica que se pactó que el simple retardo y/o mora en todo o parte de una o cualquiera de las cuotas permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerando la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la Ley N°18.010.

Indica que debido a complejidades financieras no pudo hacer frente al pago de las cuotas reprogramadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota N°10 con vencimiento el 10 de marzo de 2020. Producto de aquello, la recurrida con fecha 13 de octubre de 2020 interpuso demanda ejecutiva en causa ROL C-4056-2020 tramitada ante el 2° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”, siendo notificado y requerido de pago el 12 de febrero de 2021. En dicho proceso no efectuó ninguna gestión, no se opusieron excepciones, prosiguiendo la tramitación en el cuaderno de apremio, y en dicho cuaderno se trabó el embargo, siendo la última gestión, encontrándose actualmente archivada la causa.

Menciona que, no obstante, lo anterior, se percató que, al momento de recibir su remuneración correspondiente al mes de febrero de 2026, figuraba en su liquidación descuento por planilla por el monto de $240.076.-, efectuado por su empleador.

Agrega que, en la actualidad mantiene un trabajo estable siendo su empleador LIDERMAN S.P.A., alcanzando una estabilidad financiera, trabajando con la legitima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera integra y previsible de acuerdo a lo pactado con su empleador.

Sostiene que, jamás fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar descuentos, razón por la cual, nunca tuvo elementos ni información de alguna clase o especie que le permitieran prever una afectación en su sueldo. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de Compensación de Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Añade que, desde el último descuento y su reactivación han transcurrido ya 6 años, por lo que el cobro no seria oportuno, y el actuar de la recurrida un acto arbitrario, caprichoso y carente de fundamento legal, vulnerándose el derecho de propiedad revistiendo un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales (Ley N°18.833) descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información al recurrente ni a su empleador.

Finaliza indicando que ha existido un actuar arbitrario e ilegal basado en un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Solicita, en definitiva, se ordene cesar todo tipo de retención o descuento de la remuneración; se ordene restituir los descuentos efectuados y los que se pudieran descontar durante la tramitación del recurso e incluso aquellos que se puedan efectuar una vez pronunciada la sentencia; con costas del recurso. Agrega que en caso de rechazar el recurso igualmente declare la obligación de cesar los descuentos y restituir los montos descontados.

SEGUNDO: Que, informó al tenor de lo solicitado la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

Indica que con fecha 26 de abril 2019 otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 142CON101510098 por un capital inicial de $3.980.624, a una tasa de interés mensual de 2.2%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $137.186, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de junio 2019.

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, y por otro lado, se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, la que según los artículos 2492 y siguientes del Código Civil la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, no operando de pleno derecho.

Agrega que la recurrente pretende evadir el pago que mantiene con la recurrida a través de un ejercicio de acción constitucional en circunstancias que no posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Refiere que, no obstante, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y, asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Agrega que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos y dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, de manera que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, el acto arbitrario e ilegal que el recurrente reclama consiste en el descuento realizado en su remuneración en el mes de febrero del presente año, por la suma total de $240.076, pese a existir una acción judicial paralela que demanda el cobro de la deuda.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, no se encuentra controvertido que el recurrente, con fecha 26 de abril de 2019 pactó un crédito social con la recurrida por $3.980.624, descontándose en la liquidación del mes de febrero del presente año la suma $240.076 por dicho concepto, respecto de lo cual la recurrida manifestó que el descuento lo realizó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. sin embargo, ha manifestado que procederá a cesar con los descuentos y realizará la devolución del monto descontado.

SÉPTIMO: Que, sobre este último punto, es preciso señalar que la información por parte de la recurrida en cuanto al cese de los descuentos y la futura devolución de los ítems cobrados en tiempo próximo, en razón de procesos informáticos internos, no es suficiente per se para restar oportunidad al recurso, desde el momento que, en tanto no se concrete efectivamente el cese de descuentos y la devolución, el acto ilegal y arbitrario extiende sus efectos trastocando la garantía de propiedad del recurrente, obligando a este Tribunal, a adoptar medidas de resguardo que restablezcan el imperio del derecho, garantizándole que lo comprometido por la recurrida se lleve a cabo, por lo cual se acogerá el recurso, en los términos que se resolverán.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se fija a la recurrida el plazo de 30 días hábiles para proceder al cese efectivo de los descuentos y la devolución de los dineros indebidamente retenidos al recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 706-2026 (Protección)

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