nombre reservado con SERVICIO DE TRANSPORTES LINEA SIETE S.A.

Antofagasta, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia de Javier Mandaleris Jara, abogado, quien en representación de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, dedujo recurso de protección en contra de Servicios de Transportes Línea 7 S.A., representada por nombre reservado, solicitando que se ordene la inmediata reincorporación a su trabajo, con costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional se funda en la existencia de un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, consistente en imponer la sanción de expulsión, sin respetar los principios de bilateralidad, tipicidad y debido proceso y, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los N° 3, 12, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señaló que la recurrida es una empresa que mantiene la administración de distintas líneas de transporte público de microbuses en Calama. Ésta se conforma por un grupo de propietarios de microbuses, entre el que se encuentra nombre reservado, quien contrató al recurrente como conductor, desempeñándose en un recorrido administrado por la empresa, mediante contrato de administración irrevocable de fecha 7 de enero de 2020.

En este contexto, el 15 de junio del presente, se comunicó por la recurrida la decisión adoptada -en conjunto con la comisión de disciplina- de resolver todo vinculo existente, perdiendo la calidad de prestador de servicios y conductor de la empresa. Lo anterior, motivado a juicio de la recurrida, en el incumplimiento de las obligaciones contraídas, mediante constantes agresiones verbales a los directivos de la empresa, que han significado dos amonestaciones por escrito de junio de 2019 y abril de 2020.

No obstante, indicó que el actor no tiene la calidad de prestador de servicios, sino que es del dueño del microbús, quien tuvo que pagar una incorporación de 85 Unidades de Fomento.

En consecuencia, estimó que no existe fundamento para la decisión adoptada, puesto que lo único efectivo es que el recurrente cuestionó a la directiva, pero en un contexto de respeto. Asimismo, no se señalaron cuáles son los hechos que se le imputan, ni le fue notificado el procedimiento seguido ante la comisión de disciplina, impidiéndosele efectuar una defensa.

Hizo presente que no tiene ningún vínculo laboral con la recurrida, y ésta carece de facultad sancionatoria, puesto que su contrato fue realizado con el propietario del bus. Por lo tanto, estima que fue juzgado por una comisión especial, que carecía de jurisdicción y competencia.

Concluyó solicitando que se ordene la inmediata reincorporación a su trabajo, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Pedro Céspedes Cortés, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo con costas del recurso, por no existir vulneración alguna a las garantías invocadas.

En primer lugar, se refirió que la recurrida es una sociedad anónima que tiene un directorio y normativas regulatorias aplicables a los socios y a los prestadores del servicio, como el caso del recurrente. Por ello, se le informó previamente el reglamento interno y código de ética. Además, hizo presente que efectivamente el actor no tiene un vínculo laboral con la sociedad, sino que es un conductor de un prestador de servicios, con quien pactó sus condiciones laborales.

En cuanto a los motivos de la expulsión, señaló que el recurrente agredió en forma reiterada –verbal y físicamente- a los miembros del directorio, según consta en las cartas de amonestación enviadas en junio de 2019 y abril de 2020, respecto de las cuales no se hizo reclamo alguno. Según se desprende en la primera amonestación, se sancionó la falta de cubrir las cámaras de vigilancia del bus, con separación de funciones por días y se expresó que, en caso de reincidir, se separaría de la empresa. En la segunda amonestación, por incumplimientos graves al reglamento interno, consta la misma sanción y apercibimiento.

Posteriormente, de conformidad al reglamento interno, el 8 de junio del presente se adoptó la decisión de resolver el vínculo con el recurrente. El mismo día, este expresó injurias en contra de la directiva, tratando al presidente de sinvergüenza y aprovechador.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, lo que corresponde dilucidar a este Corte, es la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida, consistente en imponer al recurrente la sanción de expulsión, sin respetar los principios de bilateralidad, tipicidad y debido proceso y vulnerando las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que consta de la documentación acompañada a estos autos, que la recurrida comunicó al recurrente -mediante carta de fecha 8 de junio del año en curso- su desvinculación con efecto inmediato, perdiendo su calidad de prestador de servicios y conductor.

Consta además que requerida la denunciada para que remitiera a este tribunal, el expediente y/o todos los antecedentes, registros, notificaciones y resoluciones que se hubieren dictado, sea por la comisión de disciplina, el directorio de la institución o la asamblea de ésta, referidas o que digan relación con la medida de expulsión adoptada en contra del recurrente, acompañó un documento denominado “Acta de reunión de directorio en conjunto con la comisión de disciplina”, que da cuenta de que esas entidades decidieron, el día 30 de mayo del año en curso, la expulsión del recurrente, por haber proferido insultos a los miembros de la directiva, constando como prueba al respecto lo señalado por el Jefe de la Línea, señor nombre reservado quien, además, suscribe el acta como integrante de la comisión de disciplina.

Se expresa que la reunión fue citada por el presidente para discutir lo ocurrido el día 26 de mayo con el señor nombre reservado, quien nuevamente lo agredió verbalmente y le faltó el respeto a él y a don nombre reservado, tesorero de la empresa. Debe anotarse en este punto que tanto el presidente, señor nombre reservado como el mencionado señor tesorero, firman el acta de la reunión en que se acordó la expulsión.

En la misma acta se deja constancia que se citó a don nombre reservado propietario del bus, para conversar de la situación de su hijastro y quien solicitó: “no le caducáramos el mandato de administración y que la determinación que tomara el directorio en conjunto con el comité de disciplina fuera solo para el conductor.”

SÉPTIMO: Que así la medida fue adoptada, conjuntamente, por el directorio de la institución y su comisión de disciplina, sin que conste que el afectado haya sido citado a la audiencia y menos que haya tenido la oportunidad de defenderse de la imputación.

Además, conforme al acta, aparece que entre quienes adoptaron la decisión de expulsión se encuentra el presidente y el tesorero de la entidad, quienes habrían sido las víctimas de las ofensas proferidas por el sancionado y, además, que la prueba considerada para acreditar los hechos está constituida por el testimonio del jefe de la Línea quien también suscribe la decisión de expulsión de modo que, técnicamente, fue adoptada por un órgano disciplinario integrado por los afectados y los testigos del hecho.

OCTAVO: Que si bien en esta caso no se acompañaron los estatutos sociales de la recurrida, conforme a su denominación, una sociedad anónima, se ha atribuido facultades disciplinarias respecto de una persona que no es accionista de la sociedad, ni que tampoco puede ser considerado un prestador de servicios de la misma, puesto que la propia recurrida le negó tal calidad en su informe, no obstante que de los documentos acompañados pudiera concluirse la contrario, sino exclusivamente respecto del conductor de uno de sus socios, es decir, un trabajador de terceros, sin que, por otra parte, se haya sostenido que estemos ante un trabajo bajo régimen de subcontratación.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida acompañó un denominado reglamento interno para propietarios y conductores de la empresa que le permite imponer medidas disciplinarias a éstos. En el mismo se describen una serie de obligaciones para unos y otros y se establecen ciertos hechos que pueden ser castigados con las sanciones que en cada caso se indican.

Luego, si bien puede advertirse la necesidad de regular y eventualmente sancionar a conductores por hechos que afecten el normal desenvolvimiento de la empresa, no obstante que ellos no se encuentren unidos por un vínculo laboral con ésta y, consiguientemente, siendo ajenos al sistema disciplinario con el cual el ordenamiento dota al empleador, tales facultades no pueden ejercerse de manera arbitraria o al margen de cualquier tipo de regulación. Por ello, necesariamente, debe recurrirse al cuerpo jurídico común y entender que la especial forma de vinculación que se produce entre la empresa y terceros que prestan servicios relacionados con el objeto social, en el aspecto disciplinario, debiera regularse por un estatuto al efecto que cumpla, como mínimo, con lo previsto en el artículo 553 del Código Civil. Así, en virtud de dicha disposición, las facultades disciplinarias, previstas en un estatuto al efecto, debidamente informadas a todas y cada una de las personas que eventualmente pueden ser sujetos de tales potestades, deberían ser ejercidas a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, ejercidas mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran, resultando, por lo mínimo, incompatible el cargo de directivo de la institución con uno en el órgano disciplinario.

Siendo insuficiente el denominado reglamento disciplinario para satisfacer los requerimientos legales mínimos y, además, existiendo una confusión evidente y prohibida en la ley entre los órganos directivos y disciplinarios, en términos que la sanción fue impuesta por una reunión de ambos, debe concluirse que la decisión de expulsión del recurrente fue adoptada por una comisión especial, prohibida por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, lo que impone acoger el recurso al haberse vulnerado la garantía del debido proceso precisamente en la manifestación cubierta por este arbitrio procesal.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Javier Mandaleris Jara, en representación de nombre reservado, en contra de Servicios de Transportes Línea 7 S.A., y se ordena que se reintegre al recurrente a sus funciones como conductor del taxibus en el que prestaba servicios, en un plazo de diez (10) días corridos.

Regístrese y comuníquese.

Rol 7046–2021 (PROT)

Redactada por el Ministro Dinko Franulic Cetinic.

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