nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE DE MIGRACIONES

Antofagasta, a dos de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, de la Agrupación Social Fuerza y Unión de Derechos Humanos, en favor de don nombre reservado, boliviano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta N°25146402 que dispuso la medida de abandono, y se permita al recurrente ingresar una nueva solicitud de residencia temporal, para que pueda permanecer y continuar trabajando o se adopten las medidas que se consideren pertinentes.

Informó el recurrido, oponiendo excepción de cosa juzgada, e informando en subsidio, pidiendo el rechazo de la acción.

Se confirió traslado de la excepción de cosa juzgada, el que fue evacuado por el recurrente.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON nombre reservado Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica que el recurrente ingresó a Chile por pasos habilitados al efecto, con su pasaporte y documento de identificación, siendo beneficiado con la residencia temporaria y actualmente vive en Chile con su pareja nombre reservado de nacionalidad chilena, y con su hijo menor Itahn nombre reservado nombre reservado. Añade que el recurrente tiene trabajo estable en la empresa Embalaje y Logística Ltda., desempeñando el cargo de conductor, por lo que su permanencia no ha implicado un gasto económico para el Estado.

Indica que el actor recibió el 13 de marzo de 2025 la Resolución Exenta N°25146402 que rechaza su solicitud de regularización y dispone el abandono del país en un plazo de 15 días, justificado en:

“Que, en virtud de los antecedentes analizados por esta autoridad, el extranjero no cumple con los requisitos que lo habilitan para residir en el país, ya que registra antecedentes negativos, específicamente, una condena en Chile, como autor del delito de contrabando, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de una multa de 5 UTM, en causa RIT 71-2022, RUC 2010064031-8, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, según sentencia de fecha 25 de junio de 2022, ejecutoriada con fecha 06 de julio 2022, demostrando una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado, por lo que, conforme a los dispuesto en el artículo 88 inciso final, con relación al artículo 33 N°2 de la ley 21.325, es procedente el rechazo de su solicitud de residencia definitiva.”

Expresa que el 25 de junio de 2022 fue condenado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de “CONTRABANDO”, sin embargo, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde la perpetración del hecho punible hasta la tramitación de su residencia temporal, la condena ya estaba cumplida y por lo demás resulta un hecho aislado en la vida del recurrente, quien no cuenta con denuncias ni delitos posteriores, tampoco registra delitos anteriores y al efecto se adjuntará la documentación pertinente, por lo que es totalmente desproporcionado que la recurrida rechace su solicitud de residencia por estos motivos.

Hace presente el Principio non bis ídem, porque el recurrente fue castigado por el hecho cometido, por lo que no puede ser juzgado nuevamente, lo que es reconocido en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por lo que no se le puede castigar por un delito que está próximo a prescribir, teniendo asimismo en consideración que no es una conducta reiterada ni constante en la vida del amparado, debido a que esta es la única condena que registra a lo largo de su vida. Añade que hay que considerar todos los demás elementos que comprueban que el recurrente es un ciudadano que solo desea poder residir en Chile manteniendo su relación laboral estable y la vida que ha formado en nuestro país, trabaja actualmente de forma estable en una empresa, desempañando el cargo de conductor.

Invoca el principio de reunificación familiar, porque que el recurrente es el sostén económico de su pareja y de su hijo menor, ambos de nacionalidad chilena. Destaca que hechos iguales han sido presentados y estos han sido acogidos de forma favorable a los protegidos, siempre que el delito se encuentre prescrito o próximo a prescribir, existan vínculos familiares y solvencia económica suficiente, como sucede, añadiendo que el deseo del actor es poder permanecer en Chile, no ser tratado de forma desigual o discriminatoria, continuar viviendo en su hogar, y seguir trabajando de forma honesta como lo ha hecho hasta el día de hoy.

Explica que la resolución recurrida vulnera sus derechos fundamentales, especialmente el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y artículo 19 numeral 3.

Finalmente, y tras indicar que la actuación de la recurrida es ilegal citando principios de la Ley 19.880 indicando que se vulnerado la libertad personal del recurrente no obstante cumplir con los requisitos de la residencia definitiva, solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N°25146402, permitiéndole en vista de lo expuesto, pueda dejarse sin efecto la medida de abandono y se le permita ingresar una nueva solicitud de residencia temporal para así poder permanecer y continuar trabajando, como lo ha venido realizando hasta el día de hoy, o bien adopte las medidas que se consideren pertinentes para corregir la vulneración indicada.

SEGUNDO: Que el abogado Antonio Beltrán Henríquez, en representación de la recurrida, en el primer otrosí de su presentación, alegó la excepción de cosa juzgada, en razón de haberse interpuesto recurso de amparo Rol 200-2025 ante esta Corte de Apelaciones en favor del mismo recurrente, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundándose en las mismas alegaciones de hecho y de derecho que las de la presente causa, añadiendo que con fecha 8 de abril de 2025 se dictó sentencia en la causa precitada, rechazándose el recurso de amparo interpuesto, sentencia que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, dándose los presupuestos de procedencia de la excepción de cosa juzgada, conforme a las normas que cita, solicitando se acoja dicha excepción.

En la misma presentación y por el segundo otrosí y en subsidio, informó el recurso indicando que el 14 de abril de 2019 el actor ingresó por primera vez a territorio nacional por el paso fronterizo Avanzada de Ollagüe, en calidad de residente transitorio. Añade que el 15 de mayo de 2019 el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial del Loa le otorgó un permiso de residencia temporal por acuerdo Mercosur, por un año y en calidad de titular, que estuvo vigente hasta el 12 de junio de 2020; luego, por oficio denuncia N°327 de 2 de agosto de 2020, emitido por Carabineros de Chile, se informa a ese Servicio de la denuncia por el delito de contrabando de especies, en el que tendría participación el amparado.

Señala que el 22 de abril de 2021, el extranjero solicitó el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva.

Refiere que por sentencia definitiva en causa Rit 71-2022; Ruc 2010064031-8 del Tribunal Oral en lo Penal de Calama se condenó al extranjero a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 5 UTM y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de contrabando, previsto y sancionado en el artículo 168 inciso 2°, en relación con el artículo 178, ambos de la Ordenanza de Aduanas.

Indica que por notificación previo rechazo, Folio N°65867547 de fecha 8 de octubre de 2024, se le informa al extranjero que se encuentra dentro de la causal de rechazo del artículo 88 N°2, en relación con el artículo 32 N°6, ambos de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, al registrar una condena en Chile, como autor del delito de contrabando en la causa señalada, por lo que se le otorga un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos respecto de la causal de rechazo invocada, acompañando toda documentación que sirva de sustento a sus aseveraciones, descargos presentados ante ese Servicio el 18 de octubre de 2024.

Explica que conforme a lo relatado, y encontrándose el recurrente en la causal de prohibición facultativa dispuesta en el artículo 88 N°2, en relación con el artículo 32 N°6, ambos de la Ley N°21.325, con fecha 13 de marzo de 2025 se dicta la REX N°25146402 que rechaza la solicitud de permanencia definitiva del recurrente y dispone su abandono del país en el plazo de 15 días desde su notificación, y adicionalmente dispone una prohibición de ingreso al territorio nacional por un plazo de 10 años, desde el cumplimiento de la orden de abandono, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley N°21.325.

Seguidamente indicó que la resolución cuestionada fue dictada por autoridad competente en el marco de sus funciones, refiriéndose, asimismo, al trámite de residencia definitiva, según las normas que cita.

Por otro lado, indicó que la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de cualquier extranjero cuya solicitud de residencia haya sido rechazada con arreglo a la ley. Así lo dispone el artículo 91 N°4 de la Ley N°21.325, por lo tanto, y del tenor literal de la norma, es posible desprender que es una disposición imperativa respecto de lo que debe hacer la autoridad migratoria, pero al mismo tiempo, es una orden de carácter voluntario para el solicitante de permanencia definitiva. La voluntariedad en la orden de abandono la diferencia sustancialmente de una orden de expulsión, atendido que esta última es una medida compulsiva que puede adoptar la autoridad administrativa o judicial (en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley N°18.216, modificada por la Ley N° 20.603) y que se cumple por la Policía de Investigaciones de Chile.

Señala que el artículo 91 de la Ley 21.325, otorga además a la autoridad la facultad de disponer, en la misma resolución que rechace o revoque un beneficio migratorio, una prohibición de ingreso, según los términos del artículo 136 de la misma legislación, por tanto el rechazo de la solicitud se encuentra debidamente fundamentado en el incumplimiento de los requisitos legales establecidos tanto en la Ley 21.325 como en su reglamento, añadiendo que esa autoridad migratoria sólo se ha ceñido a lo dispuesto en la normativa migratoria especial que rige la materia, alejado de todo actuar caprichoso o antojadizo, sino que más bien ha sido el mismo recurrente, quien, al transgredir la normativa migratoria, en cuanto a la forma en que debe realizarse el ingreso y egreso del territorio nacional, que se ha subsumido en el supuesto de hecho que establece la normativa migratoria vigente para establecer dicha prohibición de ingreso.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, tras habérsele conferido traslado respecto de la excepción opuesta, el recurrente presentó un escrito en que no cuestionó los presupuestos fácticos de la excepción invocada, enfocándose en indicar que la medida es desproporcionada y que el retornar a su país de origen implica un riesgo para el recurrente por la militancia política de su familia.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes se desprende que si bien en la causa Rol 200-2025 del libro amparo, se solicita dejar sin efecto la misma resolución exenta, materia que fue resuelta por esta Corte de Apelaciones con fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, rechazándose el recurso de amparo interpuesto por el abogado Claudio Quiroga Hinojosa en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema por sentencia de fecha treinta de abril de dos mil veintitrés, en los autos rol 12476-2025 de dicho Excmo. Tribunal; lo cierto es que la causa precitada y ésta, poseen diversa causa de pedir, por cuanto el recurso de amparo se erige sobre la base de la privación, perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado, mientras que el presente arbitrio acusa conculcación de la garantía constitucional de igualdad ante la Ley contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, conlleva a rechazar la excepción de cosa juzgada, al no configurarse la triple identidad que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, debe tenerse presente que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, el recurrente pretende, dejar sin efecto la decisión adoptada en Resolución Exenta N°25146402 de fecha 13 de marzo de 2024, que rechaza la solicitud de residencia definitiva, ordenando abandono del país, fundado en la existencia de una condena penal en su contra, por delito de contrabando dictada en causa Rit 71-2022; Ruc 2010064031-8 del Tribunal Oral en lo Penal de Calama.

OCTAVO: Que el artículo 88 N°2 e inciso final de la Ley 21.325 establece:

“Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes:

…2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

…Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.”

A su turno, el artículo 32 N°6 del mismo cuerpo legal señala: “Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar cumplimiento a la condena”.

Asimismo, el artículo 33 N°2 de la referida Ley señala:

“Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

“2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)”

NOVENO: Que, de lo informado por el Servicio recurrido y antecedentes allegados, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la autoridad migratoria, toda vez, que de un examen de la cuestionada resolución exenta, se advierte que ésta se encuentra debidamente fundada en el hecho de haber cometido el extranjero un delito durante su permanencia en el país, apareciendo el acto administrativo debidamente fundado en los hechos y causas legales que habilitaron a la autoridad para adoptar las sanciones migratorias respecto del recurrente, encontrándose la autoridad debidamente facultada para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 N°5 de la Ley 21.325, razones que conllevan a rechazar el recurso interpuesto según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el numeral 2 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la excepción de cosa juzgada alegada por el recurrido y, asimismo, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 696-2025 (Protección)