nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la nombre reservado y de nombre reservado, en su calidad de Presidenta de ésta comunidad, ambas domiciliadas en la comuna de San Pedro de Atacama, por la resolución de expulsión de la nombre reservado, por no ajustarse a derecho ni a los Estatutos Sociales de la Comunidad, acto ilegal y arbitrario que provoca un grave perjuicio e implica una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 N°2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, para que se ordene a las recurridas declarar la nulidad del acto impugnado, es decir, la expulsión de la comunidad, a fin de reestablecer el imperio del derecho y que se ordene a la presidenta y comunidad el restablecimiento de los derechos de la recurrente, con costas.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que con fecha 28 de enero del año 2023 la Asamblea extraordinaria dispuso la expulsión y cese de derechos en la comunidad, por "un grado de responsabilidad importante en la administración de la comunidad”, sin señalar que tipo de responsabilidad y hechos en específicos.

Sostiene que esta decisión se ampara en una revisión de auditoría, que no se encuentra firmada por el o los auditores que intervienen en ella y más aún, esta no sindica responsabilidades, más da cuenta de inconsistencias administrativas y no de perdida de dinero.

Refiere que esta es la razón por la que la presidenta de la comunidad decide llamar a asamblea extraordinaria realizada el 28 de enero de 2023, para "Análisis de auditoría y sanciones” dejándola en total indefensión, sin siquiera derecho a réplica de las acusaciones intencionadas.

Alega que con fecha 1° de marzo se entrega carta certificada que da cuenta de la sanción de expulsión de la comunidad, por las siguientes razones: “Un grado de responsabilidad importante en la gestión como presidenta durante los años 2014 a 2020”, “Fundada la expulsión y cese de derechos comunitarios en razón de los resultados de la auditoría externa”.

Plantea que conforme a los Estatutos, durante los años que ejercía como presidenta de la comunidad, siempre se rindió cuenta de la gestión en asamblea todos los años, más no manejo material de los recursos, puesto que para ello existe la figura del tesorero o tesorera.

Así, en el año 2020 se entrega el cargo como presidenta y se da cuenta en actas que están en documentos de la comunidad, teniendo como voluntarios a los testigos de la entrega de cargo y documentos a la Sra. nombre reservado y a don nombre reservado, que concurren en forma voluntaria.

Arguye que el actuar de la Presidenta de la comunidad, así como el actuar de la asamblea, son manifiestamente ilegales e arbitrarios, por una parte la Presidenta realiza una conducta arbitraria y de omisión, al decretar o entregar una resolución u acta, de la que no se otorga la documentación fundante y más aun no se otorga el derecho a poder defenderse de las acusaciones incoadas en base a un informe que carece de toda credibilidad legal, puesto que no tiene rubrica, no está hecho por una empresa de auditoría y tampoco señala nombre de auditor y menos aún no señala que norma fue la utilizada para la revisión.

Solicitando se ordene a las recurridas declarar la nulidad del acto impugnado, es decir, la expulsión de la comunidad, a fin de reestablecer el imperio del Derecho y que se ordene a la presidenta y comunidad el restablecimiento de los derechos de la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, en su calidad de actual Presidente de la nombre reservado, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que en el caso de autos, se trata sobre materias internas de una organización indígena amparada por Ley 19.253 y por los derechos que le establece el Convenio 169 de la OIT vigente en Chile desde 15 de septiembre del año 2009, sobre derechos a la autodeterminación y cuyos procedimientos están regidos por los Estatutos de la Comunidad a los que se han adherido todos sus socios y socias, los que se encuentran registrados en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y cuya definición en términos de sanciones estatutarias, es el resultado de un proceso de auditoría y revisión de la administración de TODAS las Directivas desde Junio del año 2012 a Junio del 2020, y cuyos resultados fueron expuestos en dos oportunidades ante la Asamblea de la comunidad, y cuyas sanciones fueron realizadas conforme a las reglas contenidas en el Estatuto de la Comunidad, respetando las normas del debido proceso, quedando aún etapas y recursos que la recurrente no ha utilizado previamente, antes de recurrir de protección.

Indica que estos conflictos se encuentran regidos por los mismos Estatutos a los que la recurrente adhirió voluntariamente, y que en su normas regulan la tramitación de los mismos, considerando todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de los socios y socias, pues el procedimiento consideró medios de defensa, formulación de descargos, y la interposición de recursos que proceden en contra de la sanción dispuesta, todas instancias legales establecidas a favor de la recurrente y de las cuales puede hacer uso en la oportunidad correspondiente.

Sumado a ello, además, existen procedimientos específicos de reclamo contenido en el artículo 40 del Estatuto de la Comunidad, que contiene el procedimiento especial de reclamación aplicable al efecto, y que refiere, a todo tipo de conflictos internos. Para este efecto, corresponde que la recurrente hubiese asistido a las asambleas de la Comunidad, cuestión que no ocurrió o recurra a las Oficinas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para un arbitraje forzoso, para lo cual no se dispone de plazo alguno que haga extinguir dicho derecho.

En consecuencia, la acción de protección no es la vía para revisar las decisiones de la Comunidad cuando están sometidas a un procedimiento especial de arbitraje en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, como es el presente caso, quedando aún instancias para resolver el conflicto generado por la actuación de la misma socia recurrente.

En cuanto a la dictación de la resolución de fecha 28 de enero de 2023 por la asamblea de la nombre reservado. Se funda en la auditoria que se desarrolló durante más de 9 meses, y que fue expuesta a la asamblea en dos oportunidades, donde se definieron observaciones y comentarios; asambleas en que al menos en una de la cuales participo la recurrente. Todas estas explicaciones fueron entregadas a la asamblea, pero nada de eso dice relación solo con el desorden administrativo de falta de respaldos documentales detectado y que ha dejado a la comunidad cuestionada ante el Servicio de Impuestos Internos, con un importante monto de recursos por gastos rechazados, y que en su caso provoca vulneraciones al patrimonio y a los bienes de la comunidad, lo que fue evidenciado y comprobado, y que no solo atañe a nombre reservado sino a 3 personas más, cuyas sanciones son idénticas; esto es un monto de $44.257.698 que recibieron estos dirigentes por pagos de honorarios no autorizados por la Asamblea.

En este sentido la auditoria no tiene errores de forma y fondo, que conculcan la honra y psiquis de la recurrente, sino hallazgos relevantes de un manejo negligente de los recursos de la comunidad.

Concluye que la decisión de sanción se encuentra fundada en los resultados de la Auditoría Externa realizada por acuerdo de la comunidad a la gestión administrativa de las Directivas de los años 2012 a 2020, de las cuales la recurrente formó parte, y que muestra entre otras irregularidades, desórdenes administrativos en el uso de los recursos, bienes y patrimonio de la comunidad, lo que a juicio de la Asamblea vulnera sus obligaciones como socio de conformidad al artículo 8 letras e), f) y g) números 3 y 4 de los Estatutos de la Comunidad, y que dan lugar a la sanción más gravosa que es la desafiliación forzada que se establece en el artículo 9 de los Estatutos.

TERCERO: Que solicitado informe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, indica que la nombre reservado fue constituida el 04 de agosto del año 1995, cuenta con Personalidad Jurídica N°9, y su inscripción en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de CONADI. La referida comunidad indígena tiene su domicilio en sector rural de la comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, y se compone de 56 socios, que forman parte de 30 familias.

El beneficio de personalidad jurídica de una comunidad indígena se obtiene por el solo hecho de depositar el acta constitutiva, cumpliendo con la normativa citada, en las dependencias de la Subdirección Nacional, Dirección Regional y Oficina de Asuntos Indígenas, según sea el caso, dentro del plazo de 30 días contados desde la celebración de la asamblea, y constando la fecha específica a través del estampe correspondiente en dicha acta y en su copia, por parte de este servicio.

Sin embargo, desde su constitución, el desenvolvimiento de esta persona jurídica corresponde a la propia comunidad indígena, a través de sus representantes y sus asambleas, en la forma que lo establecen los estatutos de la comunidad indígena y la demás normativa legal aplicable. Esta Corporación no puede interferir de manera alguna en las decisiones que la asamblea adopte toda vez que ésta se erige como el órgano deliberativo interno por excelencia.

Refiere que los estatutos de la nombre reservado, de conformidad a la última versión depositada en CONADI correspondiente al texto reformado votado en asamblea general extraordinaria de fecha 08 de abril de 2016, en cuanto a la desafiliación y/o pérdida de calidad de miembro de la comunidad, establece tres modalidades, a saber:

En su artículo 9, se contemplan dos circunstancias para que un miembro deje de pertenecer a la comunidad. Por un lado, el retiro voluntario de un miembro, que deberá comunicarse verbalmente en asamblea por el miembro renunciante o por escrito en carta o email dirigido al Directorio, la que tendrá efectos desde su notificación; y por otro, la desafiliación forzada de un miembro que deberá ser acordada en Asamblea a propuesta unánime del Directorio o de un 20% de miembros de la comunidad, la que solo podrá fundarse en infracciones al artículo 8, el que puntualiza entre sus letras a) a g), las obligaciones de los miembros de la comunidad.

En su artículo 10, sin embargo, se establece expresamente que: "Solo el fallecimiento es causal de perdida de la calidad de miembro de la comunidad".

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la recurrente centra su recurso en contra de la resolución de fecha 28 de enero de 2023, acordada en Asamblea Extraordinaria por la nombre reservado, que dispuso la expulsión y cese de derechos de la actora.

SÉPTIMO: Que a efectos de resolver si existe actuación ilegal o arbitraria de la recurrida debe estarse a las normas reguladas en los Estatutos de la Comunidad que cuenta con personalidad jurídica propia, respetando el derecho a la autodeterminación y procedimientos regidos por los Estatutos de la Comunidad a los que han adherido todos sus socios, y que se encuentran registrados en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

En este sentido, se observa que la resolución recurrida se sujeta a los propios Estatutos de la Comunidad, artículos 14, 9 y 8, desde que, la Asamblea Extraordinaria fue efectiva y válidamente convocada para un solo efecto, “análisis y sanciones auditoria nombre reservado”, donde la Asamblea en uso de sus atribuciones estatutarias acordó la desafiliación forzada de la actora y otros miembros de la Comunidad por vulnerar sus obligaciones de acuerdo con el artículo 8 letras e), f) y g) números 3 y 4 de los Estatutos.

Ahora bien, la Asamblea como órgano resolutivo superior de la Comunidad acordó la decisión de expulsar a la actora conforme al voto de mayoría absoluta de los miembros presentes, fundado en los antecedentes que se dieron cuenta en la propia asamblea y que se transcriben en el acta.

OCTAVO: Que el Estatuto establece que en caso de producirse algún conflicto entre los miembros de la comunidad acerca de los derechos, obligaciones y usufructo de los bienes comunes, este será sometido al arbitraje de la respectiva Subdirección Nacional, Dirección Regional u Oficina de asuntos indígenas de la CONADI. Los demás conflictos entre miembros de la comunidad podrán ser resuelto por un árbitro designado por las partes en cuestión.

Desde ahí que, encontrándose regulados en los propios Estatutos el procedimiento de resolución de conflictos, encontrándose fundada y ajustada a sus normas de autodeterminación, la decisión adoptada por las Asamblea Extraordinaria con fecha 23 de enero de 2023 no deviene en ilegal o arbitraria, al haberse respetado los Estatutos, la Constitución y las leyes.

En consecuencia, no es posible estimar actuación ilegal o arbitraria en la resolución de fecha 28 de enero de 2023, por lo que solo cabe rechazar el presente recuso, estimándose procedente la condena en costas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 688-2023 (Protección)