nombre reservado CON DIRECTOR LICEO B-32 DE ANTOFAGASTA, nombre reservado E INSPECTORES GENERALES SRS. nombre reservado, SERGIO COLLAO Y JORGE GUERRERO

Antofagasta, a veintiocho de mayo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 18 comparece don nombre reservado, profesor de Ciencias Físicas y Contador Público, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Director del Liceo B-32 de Antofagasta don nombre reservado y los Inspectores Generales señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, estimando vulneradas sus garantías constitucionales en razón del acoso laboral sufrido por parte de los recurridos.

A fojas 77, complementado a fojas 105, comparecen los recurridos nombre reservado como Director y nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, como Inspectores Generales del Liceo B-32 CEIA “Antonio Rendic”, quienes informan el recurso, solicitado el rechazo del mismo con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don nombre reservado interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Director y los Inspectores Generales del Liceo B-32 de esta ciudad, señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Expone que en el mes de mayo del año 2014, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esta ciudad decidió, de forma unilateral, cambiar a toda la planta directiva del establecimiento, sin mediar concurso o participación de personas capacitadas o con la experiencia necesaria, omitiendo los requisitos de postulación establecidos en la ley n.º 19.070. Desde esa fecha, sufre un constante acoso laboral por parte del nuevo personal, pese a ser de la tercera edad y tener discapacidad física, consistente en artrosis bilateral de rodillas, certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez con fecha 10 de septiembre de 2014, acoso que se produce por haber solicitado el recurrente, el cumplimiento de la cláusula tácita o derechos adquiridos establecidos en el Código del Trabajo y obtenidos por desempeñarse durante más de 11 años en dicha unidad educativa, cuyo cumplimiento las nuevas autoridades le negaron, transgrediendo la normativa vigente. Al efecto, señala que la nueva directiva ha colocado en duda lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 19.070, que habilita al recurrente a realizar 24 horas lectivas de un total de 30 cronológicas de contrato, pasando las restantes a ser horas no lectivas de libre disposición y sin la rigurosidad de las horas de clase. Este desconocimiento, le impide pedir permiso con cargo a días administrativos, ni siquiera para realizarse exámenes producto del deplorable estado de su sistema nervioso, el que se ha deteriorado, justamente, a consecuencia del acoso laboral que sufre.

Agrega que por estos hechos, solicitó con fecha uno de septiembre de 2014 una fiscalización ante la Inspección del Trabajo, lo que le significó caer en desgracia, produciéndose el acoso laboral referido, el que está sancionado por el Código del Trabajo y normas de carácter Constitucional y legal. La fiscalización, indica, se realizó el día 3 de septiembre, debiendo prestar declaración en la casa central, lo que implicó que se demorase más de lo presupuestado en llegar a la Base Aérea de Cerro Moreno, lugar donde realiza sus clases normales, lo que significó un descuento su sueldo y un castigo, demostrando con ello el comienzo de un acoso laboral sin límites.

Sostiene que estos acosos laborales han afectado su estado de salud, aquejándolo de una depresión profunda con un agravamiento en su artrosis bilateral, lo que le ha privado de su derecho a una mejor calidad de vida y un desmejoramiento en su integridad física y psíquica, haciendo presente que sufre maltrato laboral y psicológico de parte de los nuevos directivos, que fueron designados desconociendo el Estatuto Docente. Sobre este punto, indica que se cuestionó, en malos e inaceptables términos, por parte del inspector don nombre reservado, una licencia médica otorgada al recurrente por 15 días.

Agrega que en el mes de marzo del año en curso, al solicitar su horario de clases, se percata que lo han colocado a disposición de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, después de 15 años de labor ininterrumpida en la unidad educativa, sólo por haber exigido sus derechos laborales, legales y constitucionales y haber participado en la huelga legal del Colegio de Profesores, lo que, a su turno, le ha provocado una profunda depresión por sufrir un trato no equitativo o diferencial entre los docentes de dicha unidad educativa, haciendo presente su extenso currículum, capacidad y estudios, pese a lo cual no fue considerado como postulante a la vacancia de dichos cargos directivos, toda vez que la elección se realizó en el más completo hermetismo por parte de la Corporación referida.

En razón de los actos de acoso laboral antes mencionado, estima vulnerados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1 y 2, señalando que consisten en el legítimo ejercicio de propiedad sobre el trabajo para el cual ha sido contratado y que, mediante el acoso laboral referido, se ha causado un grave daño a la integridad física, psíquica y moral de su persona y su familia, agregando que se le ha turbado arbitrariamente de su derecho a la vida e integridad, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y la libertad de trabajo y su protección, agregando que las garantías constitucionales impiden cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad profesional y que es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones tendientes al restablecimiento del imperio del derecho.

Solicita se acoja el recurso, se declaren y repongan sus derechos referidos y se ordene hacer cesar toda situación irregular que contravenga la Constitución y las leyes, con costas.

Acompaña con el recurso los siguientes documentos: certificado médico de afecciones que determinan la incapacidad y credencial de discapacidad; antecedentes relativos a la fiscalización solicitada ante la inspección del trabajo; memorándum n.º 021 emitido por la Inspectoría General por inasistencia a clases; certificados médicos de solicitud de control, calidad de visión, aumento de volumen de rodilla, solicitud para evaluación psicológica y depresión severa, del recurrente, producto de acoso laboral, emitidos entre noviembre de 2014 y febrero de 2015; y curriculum vitae.

Mediante presentaciones de fojas 45 y 55, el recurrente añade que se han conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental. Agrega que con fecha 12 de marzo del año en curso concurrió nuevamente a la Inspección del Trabajo denunciando un despojo de sus horas de clases, motivado por la denuncia efectuada en el mes de septiembre del año recién pasado. En la misma fecha, esto es, el día 12 de marzo de este año, realizó una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de cinco libros de clases, ocurrido en septiembre de 2013, hecho en que está involucrado don nombre reservado. Sostiene que durante el mes de marzo de 2015 se reintegró al establecimiento, sin ser tomado en cuenta y sin entregarle las horas de su contrato, por lo que solo marcaba su hora de entrada y salida sin realizar ninguna labor, lo que ha afectado su salud física y mental, todo desde que llegaron las nuevas autoridades designadas sin concurso público en medio de los hechos que fueron denunciados a la fiscalía, lo que lo hizo recaer en su depresión, razón por la que su médico le otorgó 15 días de licencia.

Por otro lado, expone que en el mes de abril de 2015, se estableció un horario de clases punitivo, de castigo, en el Liceo B-32, entregado por el Inspector General nombre reservado, en el que se señalan como horas pedagógicas, atención de apoderados, consejo de profesores, cero, lo que demuestra que no solo se le ha despojado de su horario de clases sino que debe asistir al Colegio a sentarse en la sala de profesores sin hacer nada y sin poder concurrir a los Consejos de profesores, lo que constata el acoso laboral que sustenta sus alegaciones.

Acompañó con estas presentaciones denuncias y reclamos efectuados ante la Alcaldesa de la comuna, solicitud de fiscalización ante la Inspeccion del Trabajo de marzo de 2015; carta y denuncia ante el Ministerio Público; licencia médica y certificado médico; ley Nº 20.607; publicaciones extraídas de internet relativas a acoso laboral; horario de clases año 2015; certificado médico (mismo acompañado a fojas 13) y formulario de confirmación diagnóstica GES y tratamiento por depresión grave.

A fojas 93 se tuvieron por acompañados los siguientes documentos: carga horaria 2014 y 2015; denuncia por acoso laboral ante Mutual de Seguridad, licencias médicas de fecha 18 de marzo y 10 de abril de 2015 y resoluciones recaídas en ellas; certificado control médico Red Gesam y respuesta de la Contraloría Regional a su denuncia por negativa a acceso a información pública.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, los recurridos solicitan el rechazo del recurso, con costas. En primer término, alega la improcedencia del recurso ante la falta de relación entre los hechos relatados y las garantías que se estiman vulneradas, haciendo presente que el recurrente no acreditó haber postulado a algún cargo directivo y que no señala de qué forma estos hechos lo han afectado físicamente. Agregan que el artículo 29 del Estatuto Docente reconoce la facultad del empleador de designar a los directivos del establecimiento educacional, citando sentencias al efecto. Agregan que no hay relación entre los cargos que detentan los recurridos y la forma en que cumplen sus funciones, con las afecciones de salud del recurrente, cuyo origen no consta se deba a su intervención. Además, el recurso no indica claramente cuál sería la cláusula tácita o derechos adquiridos de que es titular, limitándose a aseverar sólo que las nuevas autoridades le han negado su cumplimiento, falta de explicación que deja a los recurridos en indefensión.

Refieren que el artículo 69 de la ley n.º 19.070 se aplica al recurrente, pero no por gozar de algún derecho en particular, sino porque corresponde aplicarlo a todos los docentes, por lo que no se aprecia qué diferencia tendría aquél con el resto de los profesores que ameritase un alcance específico al efecto. Precisan que el mencionado artículo distingue horas lectivas de horas en aula, debiendo ambas cumplirse dentro del horario de trabajo y en el establecimiento educacional, independiente de si se realizan en el aula o fuera de ella, no siendo, como malamente indica el recurrente, de libre disposición o que pueda entenderse que puede permanecer en su domicilio y que esa prerrogativa la tenga el recurrente por el sólo hecho de tener una discapacidad física. Por ello, entienden que el actor está disconforme con las amonestaciones sufridas por parte del director del establecimiento, mismas que se ha negado a firmar, por entender que puede estar, en las horas no lectivas, fuera del establecimiento, lo que no es efectivo. Ante esto, indican que esta situación no es un acoso laboral, sino que es un control que superior jerárquico realiza dentro de sus facultades, que quizás los antiguos directores no realizaban, siendo la expresión libre disposición una interpretación antojadiza del docente, que no dice relación con el artículo mencionado.

En cuanto a la situación ocurrida el día uno de septiembre del año pasado, señalan que la Inspección del Trabajo les cursó una multa, que está en proceso de ser reconsiderada por no ser efectivas las faltas consignadas en la misma, por lo que no puede aseverarse que existe una sanción por una conducta que pudo afectar al recurrente.

Estiman que no es lógico tratar de asimilar como acoso o mobbing laboral el hecho de hacer cumplir al docente las obligaciones que le impone su contrato de trabajo. Al efecto, hacen presente que, en relación a los años de desempeño, el recurrente está acogido al inciso final del artículo 69 del Estatuto Docente. En este caso, las actividades curriculares no lectivas corresponde a 6 horas, mismas que, como se dijo, deben realizarse al interior del establecimiento porque son, al igual que las horas de aula, horas de trabajo.

Por su parte, indican que no es efectivo que se haya cuestionado una licencia médica presentada por el recurrente. Sin perjuicio, hacen presente que dicha licencia fue emitida por un médico cirujano, que en una parte indica que se trata de una enfermedad común, para luego señalar que se trata de depresión severa y acoso laboral, por lo que se contradice y al basarse solo en los dichos del docente carecería de objetividad. Destacan que de los demás diagnósticos acompañados, ninguno señala como origen la relación laboral o alguna otra circunstancia imputable a los recurridos. Tampoco se ha negado al actor el uso de sus días administrativos, los que fueron totalmente utilizados durante el año 2014.

Afirman que no es cierto que el recurrente haya sido puesto a disposición, pese a su desempeño deficiente, salidas intempestivas y múltiples amonestaciones recibidas, tanto verbales como escritas, toda vez que las liquidaciones acreditan que actualmente percibe el pago íntegro de sus remuneraciones, manteniéndose en el Centro de Costos del Liceo B-32 Antonio Rendic, lo que no ocurriría si hubiera sido desvinculado, haciendo presente que en el mes de marzo el actor no concurrió a trabajar por presentar constantes licencias médicas.

Aluden a la redacción del recurso al referirse a los incisos 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución, los cuales no existen, así como tampoco se contempla el legítimo derecho de propiedad sobre el trabajo que el recurrente estimó vulnerado.

Por último, señalan que el recurso es improcedente porque se trata de un asunto que debe someterse a un procedimiento de lato conocimiento.

Acompañan con su informe los siguientes documentos: copia de recurso de reconsideración ante multa de la inspección del trabajo; dos memorándum; dos solicitudes de permiso, liquidación de remuneraciones del recurrente y una resolución de fecha 14 de agosto de 1990, relativa al recurrente.

A fojas 105, complementan su informe, indicando que del tenor de las presentaciones de fecha 23 de marzo y 7 de abril del año en curso, el recurrente agrega de manera expresa nuevas garantías como vulneradas, a saber, las del artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución, por lo que estiman se ha alterado el recurso interpuesto por lo que piden que dichas alegaciones se declaren extemporáneas.

Sin perjuicio, señalan que el recurrente no ha sido puesto a disposición de la corporación de nombre reservado ni menos ha sido desvinculado, precisando que en el mes de marzo el recurrente no ha prestado funciones presentando licencias médicas y en relación al mes de abril, cabe señalar que se ha negado a recibir el horario de clases, colocándolos en la obligación de remitir mediante carta certificada el mismo. Hacen presente que el recurso esta fuera de plazo pues en el mes de septiembre de 2014 el recurrente realizó una denuncia ante la Inspección del Trabajo solicitando la fiscalización del establecimiento educacional, cuestión que le significó, en sus propias palabras, caer en desgracia y sufrir acoso laboral, por lo que desde esa fecha ha transcurrido con creces el plazo de 30 días para interponer el recurso.

Por último, aluden a la improcedencia de los escritos posteriores del recurrente en los que efectúa una suerte de réplica del informe allegado, los que no deben ser considerados al momento de dictar sentencia.

En esta oportunidad acompañaron Ord. 24/15 que remite licencia médica, copia de control de asistencia del recurrente, copia de listado de convocados a Consejo de profesores y copia de comprobante de envío por carta certificada de horario de clases año 2015.

A fojas 116, dando cumplimiento a lo ordenado a fojas 108, los recurridos acompañaron informe emitido por el Director del Liceo B-32, copia de horario jornada mañana y comprobante de envío, señalando que con dichos documentos se acredita la asignación de horas pedagógicas al recurrente las que fueron recibidas conforme por él.

TERCERO: Que, el recurrente, pese a indicar como efectivamente conculcados los derechos establecidos en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, igualmente se refiere a aquel que individualiza como derecho de propiedad sobre el trabajo y la libertad de trabajo, establecidos respectivamente en los números 24 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en cuanto a los hechos que sustentan sus alegaciones, todos aquellos narrados y acaecidos en el año 2014, particularmente, el nombramiento de la nueva directiva del establecimiento educacional en el mes de mayo de 2014 y aquéllos ocurridos en septiembre de 2014 que motivaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo, no pueden ser motivo de análisis del presente recurso al ser claramente extemporáneo en razón de la fecha de interposición del mismo. Por ello, tampoco resultan relevantes los antecedentes expuestos en presentación de fojas 45 relativa a denuncia por el extravío de libros de clases durante el año 2013, pues están destinadas a poner en entredicho el nombramiento del actual director del establecimiento, ocurrido, como se indicó en el libelo, en el mes de mayo del año 2014.

Ahora bien, se ha sustentado también el recurso en que durante el mes de marzo del año en curso, al solicitar su horario de clases 2015, el actor fue colocado a disposición de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, después de 15 años de labor ininterrumpida en el establecimiento, decisión que a su juicio se sustenta en haber reclamado sus derechos y haber participado en la huelga legal del Colegio de Profesores, que estima constituye un trato no equitativo entre los docentes de dicha unidad educativa. Agregó que se le ha despojado de su horario de clases, obligándolo a permanecer en la sala de profesores sin realizar labor alguna y sin permitirle asistir a Consejo.

QUINTO: Que, el recurso de protección corresponde a una acción de naturaleza cautelar, y para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en el caso de autos, el recurrente describe hechos constitutivos de acoso laboral o mobbing. En efecto, ha sostenido que en el mes de marzo ha sido puesto a disposición de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, lo que fue negado por los recurridos, quienes indican que pese a su desempeño deficiente no se le ha desvinculado de la Corporación percibiendo de forma íntegra sus remuneraciones, acompañando al efecto liquidación del mes de marzo del año en curso. Por otro lado, el recurrente indicó que se le ha despojado de su horario de clases y se le ha obligado a permanecer en la sala de profesores sin hacer nada, pero los recurridos señalan que el actor no ha concurrido a sus funciones por presentar licencias médicas, mismas que fueron acompañadas en autos a fojas 86 y 89, teniendo la primera de ellas fecha de inicio el día 18 de marzo de 2015 y la segunda fecha de inicio el día 13 de abril, ambas de 2015 y las dos emitidas por un periodo de 15 días. Además, conforme fuera solicitado, los recurridos acompañaron detalle de horario cronológico del recurrente para el año 2015, en que se lee la siguiente distribución: jornada de mañana, en que todas las horas asignadas son de colaboración; jornada de tarde, en que constan horas de colaboración y planificación; y jornada noche en que aparecen horas de colaboración y en su mayoría son de curso, del cual a fojas 114 se acompaña una copia con la leyenda “8/04/2015 fecha entrega nuevo horario consensuado con el profesor nombre reservado”, lo que da un total de 37 horas pedagógicas de las cuales 24 son horas pedagógicas lectivas, dos son pedagógicas consejo de profesores no lectivas, dos son pedagógicas de planificación no lectivas y nueve horas de colaboración.

Así, habiéndose informado por los recurridos la efectividad de que se han asignado horas pedagógicas al recurrente, no se ha comprobado la existencia de los hechos que sustentan las alegaciones del recurso y que constituyen la privación, perturbación o amenaza al ejercicio de sus derechos, presupuesto necesario para que el recurso de protección sea acogido.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido a fojas 2 y siguientes, por don nombre reservado en contra de del Director del Liceo B-32 de Antofagasta don nombre reservado y los Inspectores Generales señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 685-2015 Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Marcelo Díaz Sanhueza. Autoriza el Secretario Subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veintiocho de mayo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.