FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, doce de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 112 y siguientes, comparece el abogado Fernando Yung Moraga, en representación de FAM América Latina Maquinarias Limitada, del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por estimar que la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, en razón de su actuar ilegal y arbitrario, solicitando que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que se le prohíba interponer acciones de tutela de derechos fundamentales en su contra mientras no se lleve a efecto, como en derecho corresponde, la audiencia de mediación, debiendo proponer medidas correctivas y permitírsele el allanamiento a ellas, reintegrando al trabajador a sus funciones para no ser objeto de acciones judiciales por prácticas antisindicales, por estimar no haber obrado en tal sentido.

A fojas 143 y siguientes, la recurrida informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por considerar que no existe alguna acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte que hubiere afectado o amenazado los derechos constitucionales que invoca el recurrente.

A fojas 179, comparece el abogado José Miguel Carrasco Bravo, en representación del trabajador nombre reservado, en calidad de tercero coadyuvante.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en que con fecha 3 de julio del año en curso fue citada, por la recurrida, a audiencia de mediación en procedimiento iniciado por el trabajador y delegado sindical don nombre reservado, durante la cual habría sido víctima de actos, que a su juicio, constituyen vulneraciones a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 486 del Código del Trabajo.

Indica que el referido trabajador fue contratado con fecha 30 de marzo de 2009 por un plazo de tres meses como técnico mecánico, pero que con fecha 16 de junio de 2009 celebraron un anexo en virtud del cual su contrato pasaría a ser de plazo indefinido a partir del 1 de julio de ese año. Luego indica, que con fecha 12 de noviembre de 2013 las partes suscribieron un nuevo anexo, esta vez acordando que el trabajador se desempeñaría como “Supervisor” en el contrato entre la División nombre reservado y su representada, indicando que su remuneración se compone de un sueldo base, más bonos y gratificaciones, que en suma ascienden a un monto bruto aproximado de $1.800.000.

Afirma, que durante la vigencia de dicho contrato se constituyó la organización sindical denominada “Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores (as) de la Minería; Construcción; Montajes; Servicios; Mantención; Comercio y otros Transitorios Mixtos R.S.U 02.02.418”, del cual el referido trabajador era su Presidente. En dicho contexto, señala que los servicios prestados por éste se han caracterizado por ser irregulares y conflictivos, y en reiteradas oportunidades ha incurrido en infracciones a los deberes que le impone el contrato de trabajo, lo que en la práctica redunda en que se niegue injustificadamente a prestar sus servicios por largos períodos de tiempo, para luego sostener, que es su representada quien no le otorga el trabajo convenido y lo discrimina en atención a su calidad de delegado sindical, iniciando diversos procesos de fiscalización en su contra, los que –en su concepto- han sido amparados por la recurrida, quien avala dichas prácticas al aplicar e interpretar la ley de manera antojadiza.

Señala, que con fecha 24 de abril del año en curso y como consecuencia de una de las denuncias efectuadas por el señor nombre reservado ante la Inspección del Trabajo, se acordó que éste se reintegraría a contar del 28 de abril a la faena minera nombre reservado, para lo cual fue capacitado los días 28 y 29 de abril. Sin embargo, alega que el 29 de abril en la tarde el trabajador se negó a prestar sus servicios sin expresar motivo ni justificación, citándolo al día siguiente a las oficinas del administrador de contrato para firmar un anexo cuya única finalidad era actualizar una modificación a los datos de individualización del contrato de servicios civiles que la empresa mantiene con Codelco. Al respecto, aclara que con fecha 21 de abril del año en curso, fue informada que el plazo de ejecución de los servicios prestados a Codelco había sido extendido, lo que trajo como consecuencia un cambio en la numeración del contrato civil, razón por la cual se estableció como condición para el ingreso de todo trabajador de su representada a las faenas que se regularizará la documentación de éstos a través de un anexo de contrato que modificara el número de contrato de prestación de servicios civiles, pues de lo contrario la tarjeta al ingreso de cada trabajador sería desactivada a partir del 1º de mayo del año en curso. Es por lo anterior que justifica su solicitud, asegurando que la firma de dicho anexo que no modificaba las condiciones de su contrato; no obstante ello, el trabajador manifestó su negativa a firmarlo, de manera que desde el día 1º de mayo no se ha presentado a prestar sus servicios.

Agrega, que por esta circunstancia realizó dos presentaciones ante la Inspección del Trabajo con fecha 6 y 9 de mayo, en las que solicita que se aperciba al trabajador a firmar dicho anexo en la audiencia de fecha 14 de mayo, fijada por una nueva denuncia del trabajador por no otorgamiento del trabajo convenido. Sin embargo, la recurrida hizo caso omiso a su requerimiento y, por el contrario, ese mismo día se apersonó la fiscalizadora Viviana Pereira en dependencias de la división nombre reservado, levantando acta en la que constató que al trabajador no se le estaba otorgando la labor convenida, a pesar de encontrarse en las afueras de la faena, y que por orden de la empresa mandante (nombre reservado) no se permite su ingreso por tener bloqueada su tarjeta de acceso. Señala que al momento de la fiscalización indicó a la fiscalizadora que se le exige la firma del anexo para el ingreso a la faena, la que fue requerida en reiteradas oportunidades al trabajador, solicitando que esa circunstancia fuera agregada en el acta, pero la fiscalizadora se negó sin dar razones de ello.

Producto de lo anterior, indica que ha amonestado el trabajador por su negativa injustificada a firmar el anexo de contrato de trabajo y por las consecuencias que ello trae aparejado, por faltar el respeto al administrador de contrato, refiriéndose a él en términos impropios frente al subgerente de operaciones, y por convencer a sus compañeros de trabajo de imitar su conducta de no firmar el anexo requerido por la empresa para habilitar el ingreso a sus dependencias. Sin embargo, afirma que el trabajador continuó incurriendo en incumplimientos, sin presentarse a las faenas y enviando solicitudes de permiso sindical sin cumplir con la debida antelación de 24 horas establecida en el reglamento interno de la empresa, por lo cual también fue amonestado.

En cuanto a la solicitud realizada a la recurrida para que el trabajador fuera apercibido a firmar el anexo del contrato de trabajo, en virtud del artículo 9 del código del ramo, indica que se enteró que la Inspección del Trabajo determinó que dicha norma sólo opera respecto a requerimientos para obtener la firma del contrato de trabajo y no respecto de anexos o modificaciones a éste, calificando dicho comportamiento como una arbitraria interpretación de la normativa jurídica que avala la conducta del trabajador, quien ha utilizado su calidad de delegado sindical como justificación para no presentarse a trabajar.

En lo que se refiere a la mediación establecida en el artículo 486 del Código del Trabajo, realizada el día 3 de julio del año en curso, indica que no se explica por la recurrida los medios a través de los cuales se habría constatado la infracción consistente en no otorgarle el trabajo de supervisor convenido, no obstante haberse exhibido los comprobantes de capacitación firmados por el trabajador correspondientes a los días 28 y 29 de abril. Asimismo, en cuanto al hecho de que el pase del trabajador fue bloqueado para ingresar a la faena minera, alega una conducta pasiva del servicio recurrido, quien no realizó fiscalización alguna a la empresa mandante para averiguar el motivo por el cual se bloqueó dicho pase y que es utilizado como excusa por el trabajador para no prestar sus servicios. En tercer lugar, sostiene que la recurrida se negó a hacer uso de sus facultades fiscalizadoras para ratificar su defensa planteada y, de este modo, haber arribado a una solución para ambas partes. Sobre las cartas de amonestación enviadas al trabajador por su negativa injustificada prestar sus servicios y no solicitar el permiso sindical con la debida antelación de 24 horas, que también fueron representadas por la recurrida como actos vulneratorios contra el trabajador, indica que ello es un incumplimiento de las normas internas, pues dicha exigencia está establecida en el reglamento interno y enviar por correo electrónico su solicitud a las 5 o 6 de la mañana atenta directamente contra la organización interna de la empresa, todo lo cual –insiste- es avalado por la Inspección del Trabajo. Finalmente, afirma que se cuestiona por la recurrida el hecho de que el trabajador tiene una remuneración inferior a la de otros trabajadores en su mismo cargo, lo que en ningún caso fue reclamado por el afectado, calificándolo de un tecnicismo utilizado por la recurrida, al que, en todo caso, se allanó en el sentido de equiparar su remuneración a la del resto de los trabajadores.

En razón de lo anterior, la recurrente alega que estos hechos constituyen una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley, pues frente a la negativa del señor nombre reservado de continuar con el proceso de mediación, la recurrida, en vez de agotar todas las posibilidades de corrección de las infracciones detectadas y asumir un rol activo en la solución del conflicto, con notoria preferencia hacia el trabajador y con infracción al citado artículo 486, decidió poner término a dicha actuación sin haber sido oída y sin siquiera haberse propuesto medidas correctivas a las cuales poder allanarse, calificando dicha actuación como atentados arbitrarios e ilegales en su perjuicio, que infringen también la circular Nº 67 del Departamento Jurídico de la Inspección Provincial del Trabajo, que establece como tarea permanente del mediador promover la reflexión de las partes que conduzca el reconocimiento de los hechos que configuran la vulneración, de los efectos que ello provocado los derechos fundamentales de los trabajadores y de las opciones de corrección de las infracciones constatadas, sosteniendo que nada de esto ha ocurrido en la especie y citando fallos de la Excma. Corte Suprema para justificar sus alegaciones.

En segundo término, afirma que se ha vulnerado su derecho a desarrollar actividades económicas, pues al ser objeto de un procedimiento de tutela derechos fundamentales y ser sancionado y registrado como infractor de prácticas antisindicales se verá impedido de participar en el mercado, insistiendo en que la recurrida ha excedido las facultades establecidas por el legislador, quien limita su actuar sólo en el caso de que se hubieren agotado todas las instancias en el proceso de mediación, lo que -reitera- no ha ocurrido en este caso, a pesar que su intención es allanarse y reintegrar al trabajador a sus labores.

Por último, alega que la actuación denunciada afecta su derecho de propiedad, por el perjuicio ocasionado al incluirse su nombre en la nómina de infractores por prácticas antisindicales, que lo priva, por una parte, de su dominio sobre los derechos que mantiene en los diversos contratos con importantes empresas mineras y, por la otra, en razón de verse obligado a continuar con el pago de la remuneración del trabajador, no obstante su negativa injustificada a prestar sus servicios.

En definitiva, solicita que el recurso de protección sea acogido, declarando que la audiencia de mediación de fecha 3 de julio del año en curso constituye una acto arbitrario, injusto y vulneratorio de las garantías constitucionales de su representada, ordenando a la recurrida que se prohíba la interposición de acciones de tutela de derechos fundamentales en su contra mientras no se lleve a efecto, como en derecho corresponde, la citada audiencia, debiendo la recurrida proponer las medidas correctivas y permitírsele allanamiento a las mismas, reintegrando al trabajador a sus funciones y, con el mérito de aquello, no ser objeto de las acciones judiciales por práctica antisindical, al estimar que su representada no ha obrado de dicha forma.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, solicita que se rechace el recurso, con expresa condena en costas, señalando que la mediación a que se refiere la recurrente fue consecuencia de denuncias realizadas ante el Servicio por el trabajador nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato ya individualizado. Dicha mediación, realizada a instancias de la Inspección Provincial del Trabajo, tiene fundamento la constatación de indicios suficientes de vulneración de dos garantías fundamentales, la primera referida a la integridad psíquica del trabajador denunciante, quien alega un hostigamiento en su contra, y la segunda relacionada con la lesión a la libertad sindical, en tanto tales conductas han significado una afectación en el funcionamiento de la organización que representa; todo lo cual se verificó en distintos procesos de fiscalización señalados con los números 0201/2013/2036; 0201/2014/1600; 0201/2014/1601; y 0201/2014/1718.

Agrega, que estos procesos sirvieron de base para un documento denominado “Conclusiones Jurídicas” que derivó en el llamado a mediación a que se refiere el artículo 486 del Código del Trabajo y que permite a la recurrida afirmar que al trabajador, en su calidad de dirigente sindical, no se le está otorgando el trabajo convenido, no obstante que la empleadora se había allanado, con fecha 24 de abril de 2014, a reincorporarlo y a entregarle las labores acordadas. Asimismo, en dicho documento quedó constancia que la empresa solicitó al trabajador la firma de un anexo de contrato y ante su negativa bloquearon su fase de acceso a la faena. Quedó también constancia que la empresa envió dos cartas de amonestación infundadas al trabajador, en las que se le representa haberse negado a prestar injustificadamente sus servicios, a insultar al administrador de contrato en presencia del subgerente de operaciones, impedir que otros trabajadores sigan prestando servicios en la faena, por pretender hacer efectivos permisos sindicales sin la antelación debida establecida en el reglamento interno de la empresa y, por último, por haber faltado a sus labores el día 5 de mayo de 2014 sin la debida justificación, aplicando una multa al trabajador e instándolo a que cumpla con sus obligaciones laborales.

Producto de lo anterior, el informe estima afectado psíquicamente al trabajador, quien se siente amenazado y hostigado por detentar la calidad de dirigente sindical, de lo que dan cuenta todos los procesos de fiscalización seguidos contra la recurrente y, además, el hecho de que el trabajador afectado percibe un sueldo base y una renta imponible inferior a los restantes trabajadores que desarrollan igual cargo. Por último, el informe refiere que la empresa no pagó al trabajador las remuneraciones del mes de mayo del año en curso. En conclusión, el informe establece que en la especie existen indicios suficientes de vulneración del derecho a la vida e integridad física del trabajador denunciante en el contexto de la relación laboral, así como también la concurrencia de los elementos propios de una práctica antisindical, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo debe llamarse a una mediación para adoptar las medidas correctivas que pongan fin al estado de vulneración del trabajador y, en caso de no arribar a un acuerdo, deberán presentar los antecedentes recabados durante la investigación, ante el Juez del Trabajo para que resuelva lo que en derecho corresponda.

A continuación, el recurrido reitera la consecución de procesos de fiscalización realizados a instancias del trabajador, indicando que en todos ellos se constató la veracidad de los hechos denunciados, específicamente, que no se les daba otorgando el trabajo convenido, frente lo cual el empleador incluso se allanó con fecha 24 de abril de 2014, obligándose a reintegrarlo a las faenas mineras. Sin embargo, ello nuevamente no fue cumplido, según se advierte de la última fiscalización realizada.

Al respecto señala, que por estos hechos y de las conclusiones obtenidas del proceso de fiscalización citó a las partes a una audiencia de mediación que se llevó a efecto, en definitiva, el día 3 de julio de 2014, finalizando dicho procedimiento sin acuerdo de las partes. En dicha audiencia se les reiteró a las partes, la información relativa a los hechos constatados en reuniones separadas y en conjunto, se les dio la oportunidad para que expusieran sus puntos de vista y se les instó para que llegaran a un acuerdo. Además, se les explicó en reuniones separadas los alcances del proceso, las consecuencias del mismo en caso de no llegar a un acuerdo y la forma en que las con las conductas infraccionales podrían ser corregidas. Asimismo, en la reunión en conjunto se les insta al arribo de un acuerdo que deje indemne las conductas vulneratorias, y en caso de existir el mismo, la Inspección del Trabajo debe velar porque aquel asegurar la corrección de las infracciones constatadas, y en definitiva deje indemne los derechos vulnerados. Sin embargo, en razón de los fundamentos señalados por cada una de ellas en el acta, las partes no llegaron al acuerdo que evitaría la interposición de la denuncia judicial, por lo que la Inspección del Trabajo debió cumplir con su deber legal y puso en conocimiento del Juzgado respectivo los hechos constatados, la que fue presentada con fecha 14 de julio de 2014 en procedimiento de tutela laboral tramitado bajo el Rit S-28-2014 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, desarrollándose la audiencia preparatoria con fecha 19 de agosto de 2014, la que fue suspendida en razón de que las partes revisaran la posibilidad de arribar a un acuerdo que deje indemne las conductas infraccionales de la empresa.

Sostiene la recurrida, que no existe ilegalidad ni arbitrariedad de su parte, pues ha actuado conforme a las atribuciones legales con que cuenta el Servicio, haciendo referencia a las normas pertinentes del Código del Trabajo y los Reglamentos que rigen sus actuaciones administrativas, indicando que durante todo el proceso ha actuado conforme a ellas, especialmente durante el proceso de mediación, en el que se instó a las partes a solucionar el asunto, llegando incluso a suspender el proceso porque entendía que existían bases de acuerdo, pero finalmente la mediación es un proceso que descansa en la voluntad de las partes y en este caso, ellas no lograron acuerdo, de manera que no es razón suficiente la disconformidad del resultado para calificar de ilegal su actuación.

A continuación, alega que su actuación no adolece de arbitrariedad por ajustarse a la normativa legal vigente y por responder a motivos razonables que son consecuencia de la constatación de determinados hechos de responsabilidad de la propia recurrente, limitándose a actuar en este caso conforme al mandato legal. Asimismo, señala que no se han vulnerado las garantías constitucionales que detalla el recurrente, pues no ha recibido un trato desigual, ejerciendo las partes sus derechos sin distinción; tampoco se vulnera su derecho a desarrollar actividades económicas ni su derecho de propiedad, pues la eventual publicación de la empresa dentro del listado de empresas vulneradoras de los derechos fundamentales y su eventual afectación práctica sólo serían una consecuencia lógica y prevista por el legislador, derivada exclusivamente del incumplimiento de la normativa laboral y que no provoca en ningún caso una lesión de entidad constitucional como lo pretende la actora. Finalmente, sostiene que en la especie no existe un derecho indubitado que sea susceptible de protección constitucional, en tanto se trata de una empresa que ha sido objeto de diversas denuncias por vulneración de derechos y que pretende, sobre la base de cuestiones infundadas, que se invalide una actuación administrativa realizada conforme a derecho, los que están siendo conocidos en un juicio de lato conocimiento en el que se determinará si sus alegaciones son admisibles, no siendo la vía constitucional la idónea para la resolución de la controversia.

TERCERO: Que se hizo parte en este recurso, en calidad de tercero coadyuvante de la recurrida, el trabajador nombre reservado, Presidente del “Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores (as) de la Minería; Construcción; Montajes; Servicios; Mantención; Comercio y otros Transitorios Mixtos R.S.U 02.02.418”, haciendo presente que es también parte, en la misma calidad, en el procedimiento de tutela por práctica antisindical seguido contra la recurrente.

CUARTO: Que la recurrente y la recurrida acompañaron a este proceso una serie de documentos que explican la historia ya reseñada, en especial se acompañan los contratos de trabajo entre la empresa y el trabajador, así como también todos los procesos de fiscalización seguidos en contra de la recurrente; pero, en lo que importa, se acompaña por la recurrida el acta de mediación celebrada con fecha 3 de julio de 2014 ante la Inspección del Trabajo, la que en una primera parte se limita a reproducir los hechos constatados por el Servicio y al final de ésta se consigna que se realizaron reuniones separadas con ambas partes y luego se efectúa la audiencia de mediación conjunta, en la que la empresa, sin reconocer los hechos denunciados, tiene la disposición de acoger las medidas “propuestas” por la Dirección del Trabajo y solicita al señor nombre reservado que indique qué medidas de reparación considera para lograr un acuerdo; dejándose constancia, enseguida, que el trabajador manifestó que la empresa en tres oportunidades se ha allanado a otorgar el trabajo convenido y posteriormente no se ha realizado y además señala que la empresa se encuentra solicitando su desafuero, por lo que manifiesta que desea que sea el tribunal el que se pronuncie en este caso; luego de lo cual se pone fin al proceso de mediación por no producirse acuerdo, haciendo presente que procederá a interponer la demanda en contra de la empresa ante los respectivos tribunales del trabajo.

QUINTO: Que la recurrida ha indicado en su informe, los fundamentos que motivaron su actuar, por lo que resulta imperativo analizarlos al tenor de las garantías que el recurrente indica vulneradas.

Es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte las garantías protegidas por la misma, en este caso, el derecho de igualdad ante la ley, de ejercer libremente una actividad económica y el de propiedad, que serían los vulnerados según la recurrente.

SEXTO: Que éste pretende, que a través de esta acción cautelar, se deje sin efecto la mediación realizada ante la Inspección del Trabajo, con fecha 3 de julio del año en curso, la es obligatoria para el Servicio de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 486 del Código del Trabajo, y que por lo demás, no tiene carácter resolutivo, y que además, se prohíba a la recurrida que interponga las acciones de tutela de derechos fundamentales en su contra, mientras no se lleve a efecto, como en derecho corresponde, la audiencia de mediación.

SEPTIMO: Que consta del acta de mediación, que se tiene a la vista, que la audiencia se verificó ante la Mediadora nombre reservado, a la cual asistieron el señor nombre reservado en representación del empleador “Fam América Latina Limitada” y don nombre reservado Presidente del Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores de la Minería, Construcción, Montajes, Servicios, Mantención, Comercio y Otros Transitorios Mixtos, acompañado de su asesor don nombre reservado. En dicha audiencia, se reiteró a las partes la información notificada por la Inspección del Trabajo de Antofagasta, consistente en la constatación de indicios de vulneración a dos garantías constitucionales. Asimismo, se indica que se realizan reuniones separadas con ambas partes y luego se efectúa la audiencia de mediación conjunta. La empresa señala, que sin reconocer los hechos denunciados, sí tiene la disposición de acoger las medidas propuestas por la Dirección del Trabajo. Por su parte, el denunciante señor nombre reservado manifiesta que la empresa en tres oportunidades se ha allanado a otorgar el trabajo convenido y posteriormente no se ha realizado, también señala que la empresa se encuentra solicitando su desafuero al Juzgado del Trabajo, por lo que manifiesta que sea el tribunal el que se pronuncie sobre el caso. Como no se produjo acuerdo, se dio por finalizada la audiencia.

OCTAVO: Que es preciso tener presente que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “mediar” significa: “interceder, procurar reconciliar entre dos o más que riñen o contienden”.

De la lectura del acta referida en el considerando séptimo de este fallo, no se divisa cómo en el procedimiento de mediación se vulneraron garantías constitucionales de la recurrente. Pues ambas partes asistieron a la audiencia y fueron escuchadas, aún más, la empresa recurrente estuvo llana a acoger las disposiciones de la Dirección, sin embargo, al no lograrse el objetivo de la mediación, por negativa del trabajador, necesariamente debía ponerse término a la misma, no pudiendo la mediadora forzar un acuerdo que a todas luces no se vislumbraba.

NOVENO: Que en cuanto al proceso de fiscalización de la Inspección del Trabajo, que constató indicios de vulneración de garantías fundamentales, y que se encuentra latamente referido en el escrito del presente recurso, debe señalarse que no es el objeto de esta acción cautelar, pues está meridianamente claro, que la misma está dirigida contra la mediación realizada el 3 de julio del presente año, y que es, precisamente, la que solicita se deje sin efecto.

DECIMO: Que dentro de este contexto, debe concluirse necesariamente, que dicha actuación no es ilegal, porque la misma se ha realizado conforme a las facultades que la normativa vigente otorga a la recurrida, fundamentalmente, el artículo 486 del Código del Trabajo.

Tampoco resulta arbitraria, porque está claramente fundada y basada en lo que en dicha audiencia expusieron las partes.

UNDECIMO: Que al no constatarse ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, recurrida en estos autos, consecuencialmente, no existe vulneración de los derechos invocados por la recurrente.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso deducido a fojas 112 y siguientes, por el abogado Fernando Yung Moraga, en representación de “Fam América Latina Maquinarias Limitada” en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 679-2014.

Redactado por la Fiscal Judicial, doña nombre reservado.

No firma el Abogado Integrante don Carlos Ruiz-Tagle Vial, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse fuera de la ciudad.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministro Interina doña Jasna Pavlich Núñez, la Fiscal Judicial doña nombre reservado y el Abogado Integrante don Carlos Ruiz Tagle Vial. Autorizada por el Secretario Subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

Antofagasta, doce de septiembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.-