ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA CON ELECDA S.A.

Antofagasta, a treinta y uno de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 5, la comparecencia de doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, representada por su Alcalde don Fernando San Román Bascuñan, todos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A., también denominada ELECDA S.A., del giro de su denominación, representada por su Gerente General don nombre reservado, ingeniero civil eléctrico, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en razón de su actuar ilegal y arbitrario, que viene dado por la aplicación y ejecución de Decretos Supremos dictados por el Ministerio de Energía, que actualizan los valores de los precios de nudo promedio y de corto plazo, en virtud de los cuales se liquidó antojadiza y unilateralmente las cuentas de electricidad del Jardín Infantil de la Escuela Gabriela Mistral y Escuela Diferencial Pedro Aguirre Cerda, solicitando que se acoja el recurso y se deje sin efecto la reliquidación impuesta en las cuentas mensuales de energía eléctrica sobre dichos establecimientos, o se adopte la medida que el tribunal estime, con costas.

A fojas 125, la recurrida de autos informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas, por haber sido presentado el recurso extemporáneamente, por estimar que el cobro es legal y por carecer su representada de legitimación pasiva.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su recurso en que la recurrida es la responsable de la aplicación y ejecución de los siguientes Decretos Supremos del Ministerio de Energía, respecto de los cuales la Contraloría General de la República tomó razón y que fueron publicados en el Diario Oficial:

a) D.S. Nº 2T, de 6 de mayo de 2014, que actualiza los valores de los precios de nudo promedio de aquellos decretos individualizados que, a su vez, fijaron los precios de nudo promedio en el Sistema Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande para los períodos 2011, 2012 y 2013; fijando también los precios del nudo promedio para los suministros de electricidad destinados a los clientes sometidos a regulación de precios, correspondientes a los meses de enero y marzo de 2013;

b) D.S. Nº 3T, de 6 de mayo de 2014, que fija los precios de nudo promedio para el mes de mayo de 2013;

c) D.S. Nº 4T, de 6 de mayo de 2014, que fija los precios de nudo promedio correspondientes al mes de noviembre 2013;

d) D.S. Nº 6T, de 27 de mayo de 2014, que fija precios de nudo promedio correspondientes al mes de diciembre de 2013;

e) D.S. Nº 7T, de 27 de mayo de 2014, que fija los precios de nudo promedio correspondientes al mes de marzo de 2014; y f) D.S. Nº 8T, de 15 de julio de 2014, que fija los precios de nudo promedio correspondientes al mes de marzo de 2014.

Alega que el proceso de reliquidación de las cuentas de energía realizado a propósito de la aplicación de estos decretos es un acto arbitrario e ilegal que priva, amenaza y perturba el derecho de propiedad y el derecho al debido proceso de la recurrente, por cuanto dicha reliquidación constituye un cobro antojadizo y unilateral que la Municipalidad de Tocopilla debe pagar en las cuentas de electricidad del Jardín Infantil de la Escuela Gabriela Mistral, ubicado en domicilio reservado, y la Escuela Diferencial Pedro Aguirre Cerda, ubicada en calle Gómez Carreño S/N con Matta; cobros de los cuales tomó conocimiento al momento de recibir las facturas electrónicas de cobro de la electricidad del mes de enero de 2015. Al respecto, hace presente que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo al haberse enterado de los hechos materia de autos a través de las facturas electrónicas extendidas por la recurrida con fecha 9 y 11 de febrero de 2015, respectivamente.

Enseguida, relata que conforme dispone el artículo 108 de la Ley General de Servicios Eléctricos, el valor anual de los sistemas de subtransmisión es calculado por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112 de la citada ley, es el Ministerio de Energía quien debe fijar las tarifas de subtransmisión y sus respectivas fórmulas de indexación por Decreto Supremo. Para el período 2011-2014 se dictó el Decreto Nº 14, de 14 de febrero de 2012, que fijó las tarifas de los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional y las fórmulas de indexación, estableciendo una serie de modificaciones para el segmento de subtransmisión e incluyendo costos de inversión, operación, mantenimiento y administración, exclusivamente en el peaje por energía, lo que aparejó un impacto en los precios que componen la tarifa que las empresas distribuidoras cobran a sus clientes.

Indica que una vez vencido el período de vigencia del decreto que fija las tarifas de subtransmisión, los valores establecidos y sus fórmulas siguen rigiendo mientras no se dicte el siguiente decreto; sin embargo, una vez dictado el nuevo decreto, los nuevos valores entran en vigencia a contar del vencimiento de las tarifas del decreto anterior, es decir, a partir del 1º de enero de 2011, debiendo abonar o cargar a los usuarios las diferencias que se produzcan entre los efectivamente facturado y lo que corresponde conforme las nuevas tarifas, por todo el período transcurrido hasta la fecha de publicación del nuevo decreto.

Asimismo, en cuanto a la tarifa aplicable, cita los artículos 157 y 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos, señalando que los concesionarios de servicios de distribución deben traspasar a sus clientes finales los precios de generación y transporte, de manera que el precio pagado por los usuarios finales es el correspondiente a la suma de diferentes componentes, a saber, precio nudo, carga única por un uso del sistema de transmisión troncal, valores de subtransmisión y valor agregado de distribución; asimismo, corresponde fijar por decreto del Ministerio de Energía los precios de nudo promedio que los concesionarios del servicio público de distribución deben traspasar a sus clientes regulados y que dan cuenta de los costos de generación y subtransmisión, agregando luego las oportunidades en que dichos decretos deben ser dictados.

En dicho contexto, sostiene que en diciembre de 2014 el Ministerio de Energía procedió a tramitar los respectivos decretos que fijan los precios de nudo promedio, para regularizar la situación que se venía gestando desde enero de 2011, en razón de lo cual en el mes de mayo de 2014 se dictan los decretos tarifarios ya individualizados precedentemente, los cuales regulan la reliquidación del período comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 30 de abril de 2014, según cuadro que resume dicha circunstancia.

Agrega que la Municipalidad tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la comunidad local y en tal cometido actúa como sostenedor de un total de siete escuelas, entre los que se encuentran el Jardín Infantil de la Escuela Gabriela Mistral y la Escuela Diferencial Pedro Aguirre Cerda, respecto de las cuales la recurrida efectuó la reliquidación por cobros no efectuados oportunamente, provocando que ambos establecimientos educacionales vieran incrementada sus cuentas de energía eléctrica durante el mes de enero de 2015, según consta en las facturas que acompaña, procediendo al cobro a través de ocho cuotas que se cargarán a partir de dicho mes, lo que nunca fue consultado ni consensuado con la recurrente, quien se ha visto expuesta a un cobro arbitrario e ilegal por la falta de un debido proceso previo y sin que dicho mecanismo esté regulado por alguna circular de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A lo anterior, adiciona que la reliquidación corresponde a un cargo asociado a la cuenta, de manera que no se acepta el pago parcial, lo que se traduce en que si no se paga dentro del plazo de 45 días contados desde el vencimiento de las facturas, el servicio quedará afecto al corte de suministro eléctrico, con el consiguiente perjuicio para los alumnos del establecimiento educacional.

El recurrente alega que estos hechos provocan una privación de su derecho de propiedad, al consistir la reliquidación en el cobro de un determinado monto de dinero, que en este caso asciende a más de $190.000, el cual no fue considerada el presupuesto del municipio y que no puede ser solventado sin grave perjuicio para otros programas vigentes. Asimismo, afirma que este cobro implica una vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, señalando que la reliquidación fue impuesta por la recurrida a través de un único mecanismo que propuso la superintendencia del ramo, a través de una circular, y que Elecda aplicó unilateralmente.

En definitiva, solicita tener por interpuesto recurso de protección, ordenando que se deje sin efecto la reliquidación impuesta en las cuentas mensuales de energía eléctrica de los citados establecimientos educacionales, o se establezca la medida que el tribunal estime conforme a derecho, por ser arbitraria e ilegal, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la recurrida informa señalando que su actuar se ha ajustado a derecho, siendo el recurso intentado del todo improcedente e infundado.

Explica que el concepto de reliquidación del artículo 171 del DFL 4/2006 (Ley General de Servicios Eléctricos) corresponde al cobro por diferencias de tarifa que se generan por el retraso en la publicación de los precios de nudo promedio. Los precios de nudo promedio corresponden a los precios que la recurrida debe pagar a las empresas generadoras por la energía que distribuye, de manera que las variaciones de los precios de nudo promedio, cuando éstos se establecen en decretos tarifarios que se publican con posterioridad a la fecha en que deben entrar en vigencia, ocasionan la prolongación de la vigencia o ultractividad de los precios de nudo establecidos en los decretos anteriores, dando lugar a diferencias en los valores efectivamente cobrados por Elecda a sus clientes. Cuando se produce esta diferencia es obligación legal de la empresa distribuidora efectuar los correspondientes cargos o devoluciones, dependiendo de si la tarifa definitiva es superior o inferior a la cobrada.

Al respecto, señala que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles impartió una serie de instrucciones a las empresas distribuidoras, entre las que se encuentra la orden de que los abonos que correspondan se efectúen de una sola vez y, en cambio, ordenando que los cargos que resultaran procedentes fueran distribuidos en cuotas que no superarán una determinada proporción de los consumos promedios del respectivo cliente.

En dicho contexto, dado que entre mayo y diciembre de 2014 se publicaron seis decretos tarifarios de precios de nudo correspondientes a períodos tarifarios anteriores, fue necesario efectuar la reliquidación de seis períodos en que se había seguido aplicando tarifas de períodos anteriores, limitándose a cumplir con la obligación legal respectiva y concluyendo que el recurrente impugna, en definitiva, el cobro de una suma resultante de una reliquidación legal de tarifas de suministro eléctrico, que debía efectuarse por el retraso la dictación de diversos decretos tarifarios, estimando el recurso absolutamente extemporáneo. En efecto, precisa que luego de la dictación retrasada de los dineros tarifarios, el procedimiento de aplicación de esas reliquidaciones fue definido mediante oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Nº 13.442, de fecha 9 de diciembre de 2014, de manera que la facturación emitida no es otra cosa que la materialización de una reliquidación ya definida y, en consecuencia, habiendo transcurrido más de 30 días desde la interposición del presente recurso contados desde la ocurrencia de este hecho, la acción constitucional es extemporánea.

Luego, señala que la recurrida, en su calidad de concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica, se encuentra sometida a un régimen normativo especial y reglado, de orden público, al cual debe conformarse para el desarrollo de su actividad, especialmente debe someterse a lo dispuesto en el artículo 171 de la ya citada ley, no teniendo opción alguna de negarse a cumplir las instrucciones y mandatos legales en lo relativo a los cobros, por lo que estima que carece de legitimación pasiva frente a esta acción cautelar.

Asimismo alega que no es efectivo que la reliquidación constituya un alza unilateral del precio, ya que se trata de la aplicación de las normas tarifarias establecidas en la ley, que no consideran la consulta consenso de los clientes en el proceso tarifario, pues el interés público está resguardado por la profusa regulación legal que gobierna esta actividad y por la Comisión Nacional de Energía. De este modo, afirma que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que se le puede imputar; que el recurrente no es titular de un derecho limitado, según fallos de esta Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, que cita; y que el recurrente no expresa de qué forma el los hechos contra los cuales se dirige conculca habían la garantía constitucional que se dice lesionada; solicitando, en definitiva, tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

Así las cosas, de la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente;

CUARTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

QUINTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEXTO: Que en cuanto a la extemporaneidad de la acción de protección alegada, la recurrida ha señalado que el cómputo de los 30 días corridos que establece el Auto Acordado sobre tramitación y Fallo de Recurso de protección, debe hacerse desde la fecha de publicación en el Diario Oficial el último de los decretos que estableció la modificación tarifaria, a saber, el día 9 de diciembre de 2014, forma de computar el plazo que esta Corte no comparte, dado que el hecho concreto que materializa el alza es informado mediante la respectiva cuenta o comprobante de pago del servicio de electricidad, no teniendo posibilidad alguna el recurrente y los clientes, en general, de tomar conocimiento de la modificación de las tarifas con anterioridad, más aun considerando que resulta ilusorio exigir a una persona comprender una materia tan técnica e ininteligible para quien no conoce dicha especialidad. Lo anterior se desprende de la sola lectura de los Decretos que contienen la modificación tarifaria.

SÉPTIMO: Que en cuanto al fondo de la acción deducida, no se observa que haya existido de parte de la Empresa Elecda un acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente, en tanto consta que la situación planteada tiene su origen el artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos y artículo 171 del mismo cuerpo legal, todo lo cual impide entender que exista un derecho indubitado de la recurrente susceptible de protección por esta vía.

En efecto, el artículo 158 Ley General de Servicios Eléctricos permite fijar por Decreto del Ministerio de Energía los precios promedios que las empresas de distribución deben traspasar a sus clientes, valores que precisamente regula la autoridad atendido el carácter público de este servicio, al igual que el agua o el transporte público. Y precisamente son estos decretos lo que sustentan el mayor cobro de la cuenta de energía eléctrica. De igual modo, conforme al artículo 171 del mismo cuerpo legal, el hecho de que la autoridad administrativa no haya dictado los decretos oportunamente provoca que los decretos anteriores mantengan su vigencia mientras no se dicten los nuevos decretos, y una vez dictados éstos debe necesariamente reliquidarse la diferencia que se produzca en el tiempo intermedio, hecho que se encuentra regulado legalmente y que en ningún caso puede entenderse como un acto ilegal o arbitrario de la recurrida.

Por otra parte, la situación reclamada por el recurrente referida al cobro del diferencial en ocho cuotas por ajuste de la cuenta no cobrados, sin haber sido consultada sobre el procedimiento aplicado, no ha sido efectuado de manera arbitraria por la recurrida, toda vez que ello obedece a las instrucciones dadas por la propia autoridad administrativa, amparados en la norma contenida en el artículo 171 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Por lo demás, dicha alegación se encamina a que en la especie se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, pero la referida garantía no goza de protección constitucional, salvo en lo relativo a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, de manera que cualquier pretensión en tal sentido resulta improcedente.

OCTAVO: Que respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por la recurrida, se advierte igualmente la falencia de la acción deducida, toda vez que según se ha señalado en los considerados anteriores el origen de la modificación tarifaria reclamada emana de los decretos dictados por la autoridad administrativa competente, esto es, el Ministerio de Energía, todo lo cual conlleva necesariamente al rechazo del recurso deducido.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y artículos 212 y siguientes, 486 y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, en contra de la Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 668-2015 (Protección)

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. nombre reservado y Sra. nombre reservado. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Antofagasta, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.