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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 66-202217 mar 2022

nombre reservado con BANCO SANTANDER CHILE

Fecha
17 de marzo de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 66-2022, sentencia de 17 de marzo de 2022

Resumen

Se rechaza sin costas el recurso de protección contra el Banco Santander-Chile, pues la imposibilidad de retirar los dineros de la cuenta del causante obedeció a los propios actos de la recurrente en las conciliaciones del inventario, no a un actuar arbitrario o ilegal del banco.

Texto íntegro

Antofagasta, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Nataly nombre reservado Cáceres Milla, abogada, en favor de nombre reservado, chilena, secretaria, viuda, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en su calidad de heredera de la sucesión hereditaria quedada al fallecimiento de su cónyuge nombre reservado, fallecido el 13 de marzo del 2019 en Antofagasta, quien interpuso recurso de protección en contra del Banco Santander- Chile, sociedad anónima bancaria, Rut RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la negativa de entregar los dineros depositados en la cuenta corriente de su cónyuge causante, imponiendo requisitos ilegales para dicha entrega, lo que vulneraría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 24° de la Carta Fundamental, solicitando que se le ordene a dicha institución bancaria la entrega inmediata de los dineros existentes en la cuenta bipersonal del causante, con expresa condena en costas.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en la negativa de entregar a los herederos de su cónyuge fallecido, los dineros existentes en la cuenta corriente bipersonal del causante que mantiene en dicho Banco, imponiendo requisitos que no están contemplados en la ley para acceder a dicho retiro, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

La sucesión quedada al fallecimiento de su cónyuge nombre reservado, está compuesta por ella y sus dos hijos: nombre reservado y nombre reservado.

Una vez que se produce el deceso, la familia decide no iniciar la tramitación de la posesión efectiva en el tiempo cercano, ya que, don nombre reservado era concesionario de la Compañía de Petróleos Chile S.A. desde el año 2005, y existía situaciones contables que era necesario subsanar, dado que el causante no realizó la separación de su patrimonio personal con el del negocio relativo a la concesión, por lo cual se debía determinar el verdadero activo de la masa hereditaria.

A la fecha del fallecimiento, existían como saldo en la cuenta corriente bipersonal Nº[cuenta reservada] de don nombre reservado y doña nombre reservado en el Banco Santander, la suma de $187.336.046, sin embargo, dicho monto se componía de dineros ahorrados por el causante y los recurrentes, pero además, incluía dineros propios del negocio de la concesión. Por lo tanto, con el pasar de los meses y mientras se tramitaba el cierre de la estación de servicios ubicada en Diego de Almagro, III Región, la cónyuge hizo retiros y utilizó tales dineros para diversos pagos como, finiquitos, facturas a proveedores, al contador, impuestos y finalmente trasladarse a la ciudad de Antofagasta.

En este contexto, se inició el trámite de posesión efectiva, presentando la solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta y se realizó inventario con los activos, especialmente los dineros guardados en BANCO SANTANDER, los que se agregaron al inventario bajo la denominación de: nombre reservado / CONCESIÓN COPEC CHILE S.A. por el monto de $134.749.903.

Finalmente, en relación al pasivo solo se registraban los gastos fúnebres, cremación y gastos de última enfermedad por un total de $2.788.029.-, por lo que, la suma total de la masa hereditaria correspondía a $204.827.070.-.

De esta forma se presentó la solicitud de posesión efectiva bajo el número de solicitud 1146, el día 20 de junio de 2019 y posteriormente fue concedida bajo el Nº de resolución exenta 5705, folio Nº00011453636, de fecha 11 de septiembre de 2019 e inscrita bajo el N°58707 de 2019 en el Registro respectivo.

No obstante, cuando se presentó ante el Servicio de Impuestos Internos se indicó a los herederos que, debido a la cuantía de la masa hereditaria, sería sometida a acreditación documentada y que, además, debía separarse de la cuenta bancaría los dineros propiedad del causante y aquellos correspondiente a su giro de comerciante, en atención a que posteriormente debía realizarse el cierre de giro y pago de impuestos del negocio.

Con aquella instrucción, la contadora, doña nombre reservado trabajó con el balance contable del negocio del causante, confeccionado por un contador proveniente de la ciudad de Diego de Almagro y con el certificado de saldos con fecha 7 de octubre de 2019 emitido por el Banco Santander en donde se detallaba “saldo al fallecimiento $0. Saldo al 10 de octubre de 2019 por la suma de $115.918.060.-.”. Lo último fue un error evidente, ya que, según constaba en registros bancarios al día del fallecimiento, esto es, el 15 de marzo de 2019, la suma de la cuenta era de $$187.336.046.- Ante dicho error del Banco, la profesional contadora determinó trabajar con los antecedentes contables y, así, se modificó por primera vez la posesión efectiva inicial, inventariando los dineros que constaban en la cuenta corriente del Banco Santander de la siguiente forma: a) nombre reservado / CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO $15.605.081.- y b) DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER $131.676.888.- Con esta última modificación, el SII realizó la revisión del inventario y determinó que el Impuesto a la herencia a pagar por los herederos era por el total de $7.536.437.-.

Una vez efectuado el pago, doña nombre reservado se acercó a Banco Santander para solicitar la entrega del dinero de la cuenta corriente bipersonal en cuestión, sin embargo, le exigieron la designación de un mandatario común con facultad de percibir, negando la posibilidad de que se le enterara el porcentaje a cada heredero de forma separada, debido a que su hijo y heredero nombre reservado se encontraba viviendo en Canadá y las dificultades que eso trae consigo, por lo que solo se pudo obtener el mandato en cuestión, en marzo del año 2021.

Finalmente, en marzo de 2021, se concurre al banco ya con los mandatos requeridos, sin embargo, el banco se vuelve a negar en restituir los dineros en atención a que los montos indicados en la posesión efectiva no se ajustaban a los registros de la cuenta del causante y por lo tanto, se indica a través de su departamento jurídico, que era necesario la modificación de la posesión efectiva, en los siguientes términos: “para incluir en el inventario de los bienes del causante los dineros de la cuenta corriente ascendientes a $115.918.060, qué es una suma que no se consignó a la fecha del fallecimiento pero debe provenir de algún crédito que tenía el causante y no se incluyó en el inventario. Así una vez modificada la posesión efectiva reliquidar impuesto de herencia que debe pagar la sucesión en el servicio de impuestos internos y acompañar el certificado que acredite el pago del impuesto”.

En razón de ello, se presenta la segunda modificación de la posesión efectiva y el Registro Civil e Identificación emite un nuevo certificado de posesión efectiva modificado, Nº de folio 00051453636 de fecha 25 de junio de 2021 quedando el inventario de la siguiente forma: - nombre reservado / Capital propio tributario $155.979.548 y - Depósito en cuenta corriente $187.336.060. De esta forma el total de la masa hereditaria se aumentó a un total de $344.312.812.- Acto seguido, se presentó al SII para que recalcularan el impuesto a la herencia y emitiera el nuevo certificado de pago de dicho impuesto, sin embargo, dicha institución denegó la modificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º.- de la Ley Nº19.903 indicaba expresamente que: “El inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante, deberá incluirse en la misma solicitud y hará relación de todos los muebles e inmuebles de la persona cuyo patrimonio se inventaría, particularizándolos uno a uno…”. Con esta información, se solicita nuevamente un certificado de saldos a Banco Santander, y con fecha 27 de julio de 2021 indican: “saldo al fallecimiento $187.336.046.- Saldo al 26 de julio de 2021 por la suma de $115.918.060”

Ante la imposibilidad de realizar el trámite en el SII, se intenta tomar contacto en innumerables ocasiones, sin respuesta hasta que se toma comunicación con la Agente de la sucursal nombre reservado quien reenvía correo de respuesta de parte de la abogada doña Laura Vidal, encargada de la tramitación del caso del causante don nombre reservado, en la que esta señala expresamente: “… según lo que nos aclararon del área de certificados, el causante al momento de su muerte tenía en el banco un saldo en la cuenta corriente por 187 millones. Luego al pasar estos saldos a una cuenta contable el monto baja a 115 millones (quizá un giro retiro post fallecimiento) esos montos son los que serían correctos y emanan en el certificado 2021. Atendido lo anterior, no tenemos como relacionar el ítem de la posesión efectiva declarado en “otros bienes muebles” como nombre reservado concesión Copec Chile $134.749.903”, el saldo en la cuenta corriente, haz esa referencia escrita a mano. ¿Por qué no se habrá puesto como saldo en la cuenta corriente?

De lo anterior, se evidencian los errores, y la poca diligencia del banco en entregar una información certera respecto de la situación acontecida, más aún cuando ésta última respuesta, no se ajusta – siquiera – a lo que ellos mismos habían pedido modificar por tercera vez en el inventario de la posesión efectiva del causante.

En razón de lo anterior, la ilegalidad y arbitrariedad estaría dada con la decisión unilateral en primer término de establecer requisitos no establecidos en ninguna Ley, lo que configura una lesión al derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la no discriminación, estableciendo diferencias arbitrarias, al pretender la designación de un mandatario común, teniendo conocimiento de la circunstancia particular de esta sucesión. Luego, encontrándose asesorados por profesionales instruyen modificaciones a la posesión efectiva, contrarias a derecho haciendo peligrar la situación legal de los herederos, quienes al hacer lo ordenado por ellos, pudieron inclusive verse involucrados en delitos de evasión de impuestos o similares.

Lo anterior, considerando la forma como han dilatando el proceso, no atendiendo las solicitudes mediante correo electrónico y vía telefónica que incontablemente realizaba la recurrente, y la afectación económica que han causado a la masa hereditaria al no poder disponer de los dineros que se encuentran retenidos en la cuenta corriente indicada, vulnerando con ello las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 24° de la Carta Fundamental, solicitando que se le ordene a dicha institución bancaria la entrega inmediata de los dineros existentes en la cuenta bipersonal del causante, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Emilio Gonzales Corante en representación del Banco Santander-Chile, solicitando el rechazo con costas del recurso, ya que no existe acto ilegal o arbitrario ni vulneración a garantías constitucionales por parte del banco.

No resulta discutido que la recurrente y su cónyuge fallecido, eran titulares de una cuenta bipersonal con el Banco. En ese contexto, en cuanto se tomó conocimiento del fallecimiento del cliente, con fecha 30 de mayo del 2019, se cerró la cuenta corriente indicada.

Como se aprecia de la posesión efectiva inicialmente ingresada, se incluyó en el inventario, la descripción de los dineros depositados en dicha cuenta corriente bipersonal, la indicación de que esos dineros correspondían a “Capital concesión Copec Chile S.A”, lo que era un error porque dichas sumas, correspondían a los dineros de la cuenta indicada con el Banco.

Efectivamente con fecha 24 de marzo a través del Memo 163-SGL 2037513, la Fiscalía del Banco solicitó la modificación de la posesión efectiva, para incluir el inventario de los bienes que el causante tenía a la fecha del fallecimiento, informando a esa fecha la suma de $187.336.046. La información entregada a los herederos respecto a la suma precisa de los bienes de la herencia fue $187.336.046.

Conforme la obligación del artículo 44 de la ley 16.271, el banco podrá entregar los valores que tenga en su poder, una vez que se acredite que el impuesto a la herencia se encuentra pagado, respecto de la totalidad de los bienes quedados al fallecimiento del causante, cuyo saldo a la fecha del fallecimiento era de $187.336.046.

En consecuencia, el banco solo ha exigido el cumplimiento de la obligación contenida en la ley 16.271.

En el mismo lineamiento indicado, aparece del tenor del recurso que el rechazo de la solicitud de realizar un nuevo cálculo de impuesto a la herencia, ha sido realizado por el Servicio de Impuestos Internos, por lo cual opone excepción de falta de legitimidad pasiva, puesto que no es de responsabilidad del Banco liquidar o reliquidar un impuesto, más aún cuando la obligación contenida en la ley 16.271, establece regulación expresa para que las entidades bancarias entreguen los dineros que los clientes fallecidos han dejado en sus cuentas.

Finalmente, da cuenta que el recurso debiera ser rechazado, dado que esta Corte de Apelaciones no tiene competencia para ordenar que se entreguen los dineros existentes en una cuenta corriente sin que la solicitante cumpla con lo dispuesto en la ley 16.271, esto es, que se acredite que los bienes del causante constan en el inventario de sus bienes y se han pagado los impuestos por los asignatarios.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, el Banco recurrido ha alegado la falta de legitimidad de su parte basada en que la negativa de emitir el certificado necesario para la entrega de los dineros depositados en la cuenta del mismo banco, corresponde al Servicio de Impuestos Internos.

Desde ese prisma, la alegación desde ya se desechará, porque más allá de las consideraciones de fondo y los requisitos legales que se pueden o no haber infringido, lo cierto es, que el actuar arbitrario e ilegal que se le imputa al banco, no está dado únicamente por la no emisión de un certificado de pago de impuestos, sino que se sustenta en el actuar del recurrido durante toda la tramitación de la solicitud de entrega de dichos dineros, proceso en el cual se le imputan negligencias, errores y arbitrariedades que han incidido en la imposibilidad de retirar los dineros depositados en la cuenta bipersonal de la recurrente y su cónyuge fallecido, cuestiones que deben ser ponderadas a la luz de los antecedentes de la causa, al analizar el fondo de la cuestión controvertida.

SEXTO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la institución bancaria recurrida, consistente en las negativas constantes de entregar los dineros depositados en la cuenta corriente bipersonal de la recurrente con su cónyuge fallecido don nombre reservado, fundada en diversos requerimientos que escapan las obligaciones legales contenidas en la ley de herencia, y que se han sustentado en negligencias y arbitrariedades por parte del Banco Santander.

SEPTIMO: Que, no es controvertido en la causa, y así se desprende de las alegaciones contenidas en ambos escritos, la existencia de una cuenta bipersonal cuya titularidad corresponde a la recurrente y a su cónyuge fallecido don nombre reservado.

Asimismo, consta que don nombre reservado, falleció con fecha 13 de marzo del 2019, y que la cuenta bipersonal aludida fue bloqueada, conforme la información entregada por el Banco, el 30 de mayo del 2019.

En este contexto, la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de don nombre reservado, ha sido objeto de dos modificaciones, atendido, en una primera oportunidad, la necesidad de separar en el inventario los bienes de su patrimonio propio de los bienes correspondientes a la concesión de que era titular de la empresa COPEC, a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos conforme se desprende de lo indicado por la recurrente, cuestión que se realizó. Luego, una segunda modificación, a propósito del MEMO 163-SGL 2037513, de la Fiscalía del Banco Santander, requiriendo una modificación respecto de los bienes quedados al fallecimiento del causante, los cuales fueron informados en la suma de $187.336.046.-, en circunstancias que el saldo efectivo que constaba en la cuenta corriente era la suma de $115.918.060.- En virtud de aquello, se realizó la modificación, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos rechazó la solicitud de emisión de un nuevo certificado de pago de dicho impuesto, amparado en lo preceptuado en el artículo 4° de la ley 19.903, relacionado con la forma de realizar el inventario de los bienes quedados al fallecimiento del causante, razón por la cual, el Banco rechaza la solicitud de entrega de los dineros depositados en dicha cuenta, al no contar la recurrente con el certificado de pago del impuesto en comento.

OCTAVO: Que, a propósito del actuar del Banco recurrido, efectivamente se reconoce la exigencia de modificación de la posesión efectiva, haciendo la distinción respecto de los dineros que existían en la cuenta corriente al momento de su fallecimiento- la suma de $187.336.046- y el saldo que efectivamente existía en la misma con posterioridad; en una primera oportunidad al emitir el certificado el 7 de octubre del 2019 y en una segunda emisión de certificado el 27 de julio del 2021, en ambos casos, aludiendo a la suma de $115.918.060, como saldo real contable.- No obstante, las diversas cifras que podemos observar en las modificaciones de la posesión efectiva, consignadas en el inventario y en especial el item relacionado con el capital propio del causante, lo cierto es, que ambas partes coinciden, y no obstante el error del primer certificado emitido por el banco con fecha 07 de octubre del 2019, en el cual se indicaba un saldo de $100.000.- al fallecimiento, que la suma de dinero depositada en la cuenta corriente del causante, correspondía a la fecha de su fallecimiento, esto es, marzo del 2019, a la suma de $187.336.046.- No obstante ello, es la misma recurrente quien indica, que en la necesidad de finalizar todo lo relacionado con el giro de la concesión de COPEC de que era titular su cónyuge debió realizar gestiones previas a la realización de la posesión efectiva consistentes en pago de finiquitos, cierre de pagos con proveedores, entre otros, para así determinar el verdadero activo del causante, de lo que se desprende que la utilización de dichos recursos, presumiblemente se realizó a través de giros de la cuenta bipersonal indicada, luego del fallecimiento del causante, pero antes de que la cuenta se bloqueara en el mes de mayo del 2019.

Refuerza lo anterior, la información dada por el banco en cuanto a que la cuenta se bloquea por el fallecimiento, el mes de mayo del 2019, es decir, dos meses después de la facha del deceso que se produce en marzo del mismo año.

NOVENO: Que en base a los hechos asentados en el considerando anterior, aparece que las modificaciones de la posesión efectiva, que han incidido, en la imposibilidad de generar un nuevo certificado de pago de impuesto por parte del Servicio de Impuesto Internos, consignan una serie de errores en cuanto a la indicación de los montos de la partida relativa a los bienes efectivamente quedados al fallecimiento del actor, yerros que no pueden imputarse únicamente a la errónea información entregada por el Banco, en cuanto a la emisión del primer certificado – en octubre del 2019- en el cual no se consignó la suma que efectivamente se encontraba en la cuenta corriente al momento de fallecer su cónyuge- los [cuenta reservada]., lo que por cierto, en cuanto eventuales responsabilidades civiles, deberá ser analizado en un juicio declarativo.

Ahora bien, en lo que respecta al monto efectivo que se encuentra en la cuenta corriente del banco reseñado no es un hecho discutido que corresponde a la suma de $115.918.060, información que se puede observar consignada en los certificados emitidos el 7 de octubre del año 2019 y el certificado de fecha 27 de junio del año 2021 por el Banco Santander. Si analizamos este elemento con la posesión efectiva y sus respectivas modificaciones dicho monto solo aparece consignado en la última de las modificaciones a la posesión efectiva.

Respecto a los giros y pagos del impuesto a la herencia acompañados se observa una discordancia entre lo consignado como el total de la masa hereditaria y la base de cálculo para la determinación del impuesto a la herencia, incongruencias que no corresponden analizar en esta sede, y que son de competencia y revisión técnica del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto que, la cuestión final que incide en la no entrega de los dineros de la cuenta corriente de la recurrente, es precisamente la negativa de dicho Servicio de entregar un certificado de pago de impuesto a la herencia.

De los hechos antes expresados solo se puede concluir que los yerros en las conciliaciones manifestada en la posesión efectiva y las modificaciones realizadas por el recurrente, imputables solo a su parte, trajeron como consecuencia, la negativa del Servicio de Impuestos Internos de entregar este segundo certificado de pago de impuesto, al no existir correspondencia de las sumas consignadas en esta nueva modificación de la posesión efectiva con los bienes efectivamente quedados al fallecimiento de su cónyuge.

DECIMO: Que, en el lineamiento anterior, es posible desestimar la existencia de una vulneración de derechos por parte del banco recurrido, desde que la negativa a entregar las sumas de dinero depositadas en la cuenta bipersonal del causante, se debieron en un primer término a la falta de una adecuada conciliación de los montos respecto al saldo efectivamente existente en la cuenta, razón por la cual, se pide la primera modificación, y luego, a la falta del certificado emanado del SII dando cuenta del pago del impuesto reliquidado a propósito de la segunda modificación de la posesión efectiva, cuestión, que obedece a la exigencia legal establecida en el artículo 44 de la ley 16.271, en cuanto la necesidad de que se acredite la calidad de heredero de quien reclama la entrega de los bienes, haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencia que correspondan, y que los bienes consten en el inventario que ha debido practicarse.

Por esta razón, aparece que las negativas dadas por el banco de entregar de los dineros existentes en la cuenta corriente, no responde a un acto de arbitrariedad e ilegalidad, al encontrarse amparado en las exigencias legales, razón por la cual, la vulneración que se estima del derecho de propiedad de la recurrente no puede ser tal, desde que, la imposibilidad de disposición de los dineros existentes en la cuenta corriente, no ha obedecido a un actuar arbitrario o ilegal de la institución bancaria recurrida, sino a sus propios actos que han llevado al error en las conciliaciones de los dineros consignados en el inventario de los bienes quedados al fallecimiento del cónyuge de la actora y con ello a la imposibilidad de actualmente contar con el certificado de pago de la herencia que le permita exigir la entrega de los bienes consignados en la cuenta corriente en cuestión.

Finalmente, no es posible entender que ha existido arbitrariedad en la vulneración estimada al solicitar designación de un mandatario común para el retiro de los dineros, puesto que, dicha cuestión no aparece probada en este proceso, ni tampoco ha sido reconocida por el Banco, razón por la cual, al no constar su realización, no es posible analizar la procedencia de esta exigencia y su legalidad al afecto.

UNDÉCIMO: Que, en estrados, se planteó la cuestión, ya ratificada en el recurso, respecto de la necesidad de una reliquidación del impuesto a la herencia, para poder obtener el certificado de pago de impuesto a la herencia exigido por el banco recurrido, lo que habría sido rechazado por el Servicio de Impuestos Internos, discutiéndose la posibilidad de decretar como medida para mejor resolver, un informe por parte de dicho Servicio, indicando la efectividad de aquellos y la existencia, en su caso, de la reliquidación, sin embargo, se estimó la improcedencia de la medida atendido que los basamentos del recurso no decían estricta relación con aquello, y además considerando que procesalmente requerir al Servicio de Impuestos Internos dicho informe, implicaría ampliar el recurso de protección contra dicho Servicio, incorporando una nueva parte, luego de la vista de la causa, lo que resulta del todo improcedente atendido el estado procesal de la causa.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Nataly Cáceres Milla, en favor de nombre reservado, en contra del Banco Santander-Chile.

Se previene que el Ministro Oscar Clavería Guzmán, estuvo por decretar como medida para una mejor resolución que se informe al S.I.I., para que indique la efectividad de la existencia de una reliquidación del impuesto y si así fuere acompañe la reliquidación íntegra.

Regístrese y comuníquese.

Rol 66-2022 (PROT)