nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Antofagasta, a dos de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, cédula de identidad Nº RUT reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, ingeniero electricista, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado,ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, notificado con fecha 14 de abril de 2025, que rechazó solicitud de retiro de fondos para extranjeros, a fin de que se acoja la misma, adoptándose las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida, instando por el rechazo de la acción.

Asimismo, remitió informe la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo solicitado.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en que don nombre reservado, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Luego, a través de correo electrónico, con fecha 19 de marzo de 2025, es informada del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente:

“[...]Constancia de Afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos superando la vigencia indicada en dicho documento. Por lo que, no es posible acreditar que se encuentra cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. El cual, debe cubrir ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Cabe hacer presente que usted adjunta una constancia de afiliación emitida por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Chile, de fecha 07 de junio de 2022, que acredita su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el día 05 de febrero de 2022 hasta la fecha de emisión del mencionado certificado. Sin embargo, aquello no acredita que dicha afiliación haya perdurado por la totalidad del período cuya devolución se ha solicitado. Lo anterior deberá ser acreditado por certificado de afiliación actual y debidamente legalizado.”.

Agrega que, se debe tener en consideración lo establecido en los artículos 1º en relación con el 7º, ambos de Ley Nº 18.156, ya que el recurrente realiza la solicitud al ser profesional extranjero que cumple con los requisitos señalados en la norma.

Al respecto, alega que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Así, estima que la del tenor del rechazo, se advierte que la recurrida reconoce que el recurrente se encuentra afiliado, explicando que la ley solo exige que el solicitante esté afiliado, sin efectuar distinciones de la oportunidad o época en que tendría que producirse, lo que evidencia su actuar arbitrario e ilegal, al limitar el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de los fondos depositados.

Añadió que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que insertó, mediante una simple búsqueda del código alfanumérico que se encuentra en la parte inferior del documento, lo que ejemplifica con la constancia de afiliación electrónica obtenida con fecha 01 de abril de 2025.

Entiende que lo anterior evidencia la conducta omisiva de la recurrida en orden a verificar la afiliación, lo que deviene en arbitrario e ilegal, pues el argumento del rechazo es que el documento no se encuentra vigente, no obstante emanar de un organismo público y verificable en la web oficial de la institución, con el agravante que acompañó el certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable mediante código QR.

Luego, agrega que la constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y puede ser verificable, por lo que estima yerra la recurrida al argumentar su rechazo, pues fue acreditado mediante distintos medios la afiliación que mantiene el recurrente, aunado al hecho de que el certificado de afiliación fue legalizado ante el Consulado de Venezuela y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, antes del rompimiento de las relaciones diplomáticas.

A modo ejemplar, indica que otras administradoras de Fondo de Pensiones, han verificado la afiliación de la forma propuesta, concluyendo que se cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Explica que la recurrida insiste en señalar que los documentos acompañados no se pueden comprobar, porque el certificado expedido por el Consulado de Venezuela y, legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no se encuentra vigente, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, por lo que concluye que actualmente el recurrente encuentra un obstáculo imposible de superar.

A mayor abundamiento, explica que existe otro mecanismo para validar el certificado, ingresando al link que insertó y efectuar la consulta con el número de cédula de identidad del recurrente. Por ende, la recurrida tenía distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, sin embargo, adoptó una decisión contraria a derecho.

Señala que la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, por exigir requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado.

Finalmente, asevera que el recurrente se encuentra fuera del país, según consta en pasaje aéreo, con fecha de salida 03 de diciembre de 2024 con fecha de llegada a la ciudad de Caracas 04 de diciembre de 2024, lo cual puede ser acreditado con el timbre de salida expedido en el pasaporte del recurrente, por lo tanto, estima que eso sustenta aún más su teoría, evidenciando que la recurrida actuó de forma arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud de devolución de fondos impetrada.

Hace presente Jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, causa Rol Nº 28881-2022, que señala:

“…Que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N° 16.744. Adicionalmente, se ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida, supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador.”.

Se pronuncia en cuanto a la admisibilidad del recurso, el cual estaría dentro de plazo, y añade argumentos de derecho en relación al actuar que considera arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, citando la Ley N° 18.153 ya referida, y lo pertinente en cuanto a las garantías constitucionales que considera agraviadas, esto es las consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, e insistiendo en que la normativa especial no exige un documento legalizado, solicita que en definitiva, que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informó Daniel Santoni, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, arguye que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues conforme a la naturaleza del recurso de protección, tanto la doctrina como jurisprudencia, sostienen que la acción fue ideada como medio eficaz para situaciones urgentes, por lo que concluye, que lo que solicita el recurrente es una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, pretendiendo discutir la Constitucionalidad del DL 3.500, lo que no se condice con la finalidad de la acción. Agrega que, en los autos no se desprende la existencia de un derecho indubitado, sino un derecho controvertido.

Luego, alega la falta de legitimación pasiva de PROVIDA, argumentando que debió comparecer la Superintendencia de Pensiones, ya que es el órgano Estatal a cargo de la Supervigilancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Finalmente, en subsidio de lo anterior, alega la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por parte de la Administradora de Fondo de Pensiones, reconociendo el rechazo de la solicitud de devolución de fondos, explicando que la constancia de afiliación aportada no cumplía con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Además, dicha constancia hace referencia a la Administradora de Fondo de Pensiones PLAN VITAL S.A., y no PROVIDA S.A.

Refiere que por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, PROVIDA debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de fondos en calidad de técnico extranjero, haciendo presente el Ord. Nº 5376, de 28 de marzo de 2025, donde la Superintendencia de Pensiones en caso igual al de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por cuanto en la especie no se cumplían con los requisitos legales y/o normativos.

Luego, expresó que en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, exponiendo su caso para efectos de obtener pronunciamiento del regulador.

En cuanto al derecho, citó las normas del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980 que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, como asimismo los artículos 1º y 7º de la Ley Nº 18.156, indicando que ésta normativa junto con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal. Así, explica que estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: a) Que detenten la calidad de técnicos; b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al respecto, señala que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Por todo lo anterior, estima que queda claro que el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que se solicitó informe a la Superintendencia de Pensiones, el cual fue evacuado en tiempo y forma, al tenor de lo solicitado, señalando lo siguiente:

Primero, da cuenta someramente de la acción deducida, luego informa que el recurrente no registra ante el organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° y 7º de la Ley N° 18.156, que citó.

Explicó que la devolución de fondos previsionales establecidas en la norma citada constituye una excepción, que debe ser interpretada de forma restrictiva y aplicada solo en el supuesto que se cumpla con las exigencias copulativas.

Por ello, manifiesta que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Luego, expresa que de conformidad con el N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones. En el ejercicio de dicha facultad legal, ha emitido la norma y la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Al respecto, hacer presente que el N° 1 del Título XI, del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la referida ley, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Seguidamente, indica la normativa que esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.

Ahora bien, respecto del caso de autos, expresa que el recurrente habría acompañado a su solicitud de retiro de fondos una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, emitido por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, para acreditar que contaba con cobertura previsional, en los términos antes señalados, durante el periodo de tiempo en que prestó servicios en Chile, pero se encontraba vencido.

Así, señala que dicho documento no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156. Lo anterior, pues, si la Constancia se encontraba vencida a la fecha de su presentación a la AFP, de acuerdo con el plazo de vigencia que le dio la autoridad emisora, en este caso, la sección Consular de la Embajada de Venezuela en Chile, no es posible para la AFP o para esta Superintendencia revivir el plazo de vigencia determinado por la autoridad extranjera competente para acreditar el requisito referido.

Por otra parte, haciéndose cargo la afirmación del recurrente en cuanto a que la ley solo requeriría que el solicitante acredite encontrarse afiliado a un sistema de seguridad social, “…sin efectuar distinciones de la oportunidad o, de la época en que tendría que producirse…”, indica que para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

En este sentido, la jurisprudencia uniforme del ente fiscalizador ha interpretado que tal cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales. Asimismo, ha señalado que la cobertura debe ser efectiva, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios ya indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella.

Lo anterior, indica que encuentra su fundamento en que la devolución de fondos previsionales se dispone precisamente atendiendo al hecho de que el trabajador técnico extranjero que tuvo cobertura para los cuatro siniestros contemplados en la ley durante el periodo en que prestó servicios en Chile, no requería de la cobertura que le entrega el Sistema Previsional chileno, regulado en el D.L. N° 3.500. Sin embargo, si durante ese tiempo no tuvo una cobertura efectiva en su país de origen, sí pudo hacer uso de los beneficios que entrega el sistema en Chile, por lo cual no procede la devolución de los fondos destinados a ese fin.

En consecuencia, asevera que no resulta jurídicamente admisible concluir como prueba suficiente de la cobertura previsional en el extranjero, un documento que ha perdido vigencia, de acuerdo con lo señalado por el propio emisor, en este caso, el Consulado de Venezuela en Chile; así como tampoco es útil un certificado que no acredita cobertura durante todo el tiempo en que el trabajador extranjero prestó servicios en Chile y, en especial, durante los periodos respecto de los cuales se solicita la devolución de cotizaciones.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la recurrente dedujo acción cautelar en contra de AFP PROVIDA S.A., por estimar arbitraria e ilegal la Resolución que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, dictada con fecha 14 de abril de 2025, fundado en que ésta no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley que regula la materia, esto es, la Ley N° 18.156. Así, la resolución impugnada, rechaza la solicitud argumentando que el certificado de afiliación presentado por el recurrente a la fecha de realizar la solicitud se encuentra vencido, no siendo posible acreditar que se encuentra cubierto durante toda su estadía en Chile, por un sistema de seguridad social extranjera. Además, en el caso de contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Expresando que lo anterior, debe ser acreditado por certificado de afiliación actual y debidamente legalizado.

SEPTIMO: Que, en primer término, se desestima la alegación de AFP PROVIDA S.A., respecto a la improcedencia de la acción, por estimar que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio y que lo solicitado no es otra cosa que la modificación de la normativa que regula el sistema de pensiones, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada, que el propósito del recurrente es proteger las garantías constitucionales que estima infringidas por la errónea interpretación que la recurrida efectuó de la norma, lo que sugiere devino en un actuar arbitrario e ilegal que limita el derecho de propiedad e igualdad ante la ley.

Luego, en el mismo sentido, se desestima la alegación de falta de legitimación pasiva, fundada en que debió comparecer la Superintendencia de Pensiones, ya que habiendo pronunciado la resolución impugnada la administradora recurrida, resulta indiferente si ha efectuado el acto por cuenta propia o por disposición o instrucción de terceros. Lo anterior, aunado a que ha comparecido la Superintendencia de Pensiones, emitiendo el informe correspondiente.

OCTAVO: Que asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, al efecto se deberá tener presente lo señalado en los artículos 1° y 7º de la Ley N° 18.156, los que señalan:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Por su parte, el artículo 7º de la mentada disposición legal, señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos se Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta ley.”.

NOVENO: Que de las normas transcritas, surge que la Ley N° 18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº 1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº 24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

DECIMO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº 18.156, pues sin perjuicio de encontrarse legalizado, se encontraba vencido al tiempo de su presentación, conforme surge de la fecha de expiración que contiene el documento. Asimismo, el mentado certificado hace referencia a otra administradora. Luego, “la constancia de afiliación al IVSS”, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por el recurrente, no constituye el certificado solicitado, no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

UNDECIMO: Que entonces, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional del extranjero en su país de origen.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 653-2025 (PROTECCIÓN)

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