nombre reservado con SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a ocho de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogados, en representación de nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Antofagasta, representado legalmente por su Director nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, pidiendo que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta 1199 y todas aquellas acciones destinadas a poner término a la jefatura del departamento de recursos físicos del recurrente, reintegrando el saldo remuneracional adeudado a la fecha de la sentencia, producto del cambio de grado de contratación de la administración, con costas en caso de oposición.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se funda en la existencia de un acto arbitrario e ilegal de la recurrida consistente en la dictación de la resolución exenta 1199 de fecha 27 de abril de 2022, notificada al recurrente el 2 de mayo de 2022, que dispone el término de su función de jefe de departamento de recursos físicos y dispone la modificación de su grado contractual de funcionario pasando a ser grado 10° E.U.S.

Expone que con fecha 01 de marzo de 2020 el recurrente ingresó a trabajar al Servicio de Salud de Antofagasta, en calidad de contrata, como jefe del departamento de recursos físicos, Grado 5 E.U.S., cargo que posee una manifiesta naturaleza técnica y que en nada responde a una designación de confianza. Refiere que la última contrata se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año. Desde la fecha de nombramiento, el actor ha tenido un excelente desempeño funcionario.

El 2 de mayo de 2022, de manera sorpresiva y sin mediar circunstancia alguna, el recurrente es notificado de la resolución exenta 1199 de fecha 27 de abril de 2022, que pone término a su función de jefe de departamento recursos físicos y dispone que su nuevo grado de contratación corresponderá al número 10° E.U.S., trasladándolo al Hospital Regional de Antofagasta como profesional de apoyo, es decir, con una jerarquía menor, junto a una merma considerable en sus ingresos.

La resolución que dispone lo anterior, es absolutamente ambigua y carente de motivación. No expone los argumentos y los hechos objetivos y comprobables para afectar su puesto de trabajo. No se apoya en ningún informe técnico u objetivo y su única argumentación son “razones de buena administración”.

Una vez notificado el recurrente, fue en búsqueda de explicaciones con el Director del Servicio de Salud de Antofagasta, quien indicó que dicho suceso era por encargo directo de la delegación presidencial, sin que tuviera algún reproche en su labor.

Tal actuación afecta sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Asimismo, se debe tener presente que el acto impugnado se encuentra carente de motivación.

Por lo anterior solicitó se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta 1199 y toda aquella destinada a poner término a la jefatura del departamento de recursos físicos del recurrente, reintegrando el saldo remuneracional adeudado a la fecha de la sentencia, producto del cambio de grado de contratación de la administración, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que comparece Marcos Bastías Merino, abogado, en representación del Servicio de Salud de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Expresa que la recurrida es un servicio público perteneciente a la Administración del Estado que, específicamente tiene el carácter de organismo estatal y cuyo actuar se rige estrictamente por el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Es improcedente el empleo de la presente acción de protección para declarar o constituir nuevas situaciones jurídicas como pretende el recurrente. Así, las meras expectativas no corresponden a derechos subjetivos públicos que puedan ser amparados por este mecanismo de tutela constitucional, la cual persigue, justamente, hacer cesar los efectos ocasionados por un acto u omisión arbitraria o ilegal restableciendo las condiciones que permitan el legítimo ejercicio del derecho conculcado.

Nunca se ha afectado la estabilidad laboral del recurrente en el Servicio. No es efectivo que exista ilegalidad o arbitrariedad en el acto jurídico referido por el actor, en razón de que la baja de grado efectuada en la prórroga de su contrata se ajusta absolutamente a derecho. Cita al efecto jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en Dictamen N° 46.839/2006.

El acto administrativo por el cual se disminuyó el grado del recurrente se encuentra fundado, en concordancia con lo resuelto por la Contraloría General de la República y la normativa que regula la materia. La Contraloría señala de manera clara que los funcionarios de la Administración Pública tendrán una remuneración de acuerdo al cargo, función y responsabilidad que ejerzan, por lo cual, cambiando sus condiciones, se encuentra absolutamente fundamentado un cambio de su grado.

Al recurrente se le terminaron sus funciones directivas y fue enviado en comisión de servicios al Hospital Regional de Antofagasta para desempeñarse como profesional de apoyo en el establecimiento, sin que ello conlleve funciones directivas. El Hospital Regional de Antofagasta es un hospital de alta complejidad, el cual funciona con la asignación de grados a los profesionales, que no exceden del grado 10, ya que los grados más altos se les asignan a los jefes de unidad y/o departamentos del recinto hospitalario. El acto administrativo se encuentra absolutamente fundado, ya que se explicaron los argumentos normativos y administrativos que justificaban esta acción por parte del Jefe de Servicio, quien actuó en pleno ejercicio de sus facultades legales, las que le habilitaban para poner término a sus funciones si las necesidades del servicio así lo ameritan.

Hace presente que no es efectivo que esta decisión administrativa del Sr. Director de la recurrida tenga origen en un encargo directo de un organismo externo como se señala, a la sazón, la Delegación Presidencial.

El recurrente no ha intentado amparar un derecho garantizado por la Constitución que tenga el carácter de indubitado, por lo que la Corte no es competente para conocer y pronunciarse sobre esta materia.

No se constata la existencia de una acción u omisión atribuible a la recurrida que pueda ser calificada de arbitraria, ya que no ha existido una conducta antojadiza o contraria a la razón, ya que el actuar del Servicio, en lo que se refiere a sus decisiones administrativas respecto del recurrente, se ha apegado en todo momento a la normativa vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la cuestión a dilucidar en la especie, conforme a lo impugnado por el recurrente radica en determinar si la decisión de la autoridad recurrida, en cuanto a poner término a su función de jefe de departamento de recursos físicos para destinarlo como profesional de apoyo en el Hospital Regional de Antofagasta, cambiando sus funciones, y considerando una rebaja en su grado EUS de 5° a 10° y, consecuencialmente, su remuneración, se ajusta a la legalidad y/o constituye un acto arbitrario que vulnere sus garantías fundamentales.

SEXTO: Que al respecto cabe señalar que la Resolución Exenta N° 1199 de fecha 27 de abril de 2022, establece lo siguiente:

“VISTOS: correo electrónico de fecha 26/04/2022 de Subdirectora (S) Gestión de Recursos Físicos y Financieros, el DFL N° 29/2004 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834/1989, DFL N° 04/2017 del Ministerio de Hacienda que aprueba la planta del Servicio de Salud de Antofagasta; la resolución N° 06/2019 de Contraloría General de la República, el DFL N° 1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2763/1979, el DS N° 140/2004 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, y;

CONSIDERANDO.

Que, mediante resolución exenta N° 524 de fecha 15 de febrero de 2021, se complementa resolución exenta N° 638 de fecha 25 de febrero de 2020, en el sentido de dejar establecido que a contar del 01 de marzo del 2020 se encomiendan las funciones de jefe de departamento recursos físicos de la dirección del Servicio de Salud Antofagasta a don nombre reservado, profesional, grado 5 EUS.

Que, la encomendación de funciones es definida como medida de buena administración necesaria para encargar labores que se estimen imprescindibles para la continuidad del servicio a las necesidades públicas o colectivas de una manera regular, continua y permanente, como lo ordenan los artículos 3° y 28 de la Ley 18.575 y que la autoridad puede dar término a estas si las necesidades del Servicio lo ameritan.

Que, en virtud de las facultades consagradas en el Decreto Exento N° 7/2022 del Ministerio de Salud, de las cuales me encuentro investido, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1.- PÓNGASE TÉRMINO a contar del 01 de mayo de 2022 a la vigencia de la Resolución Exenta N° 524 de fecha 15 de febrero de 2021 que complementa la resolución exenta N° 638/2020, la cual encomienda a contar del 01 de marzo de 2020 la función de jefe de departamento recursos físicos a D. nombre reservado, profesional grado 5° EUS.

2.- DISPÓNGASE en virtud del punto 1) del resuelvo y de los considerandos de la presente resolución que, a contar del 01 de mayo de 2022 se procede a modificar el grado contractual del funcionario que, de acuerdo a la pertinencia en virtud de las nuevas funciones a desarrollar es grado 10° EUS.

3.- ESTABLÉZCASE que el funcionario a contar de la misma fecha, será designado por un período de seis meses en comisión de servicios al Hospital Regional de Antofagasta, dependiendo técnica y administrativamente de dicho establecimiento cumpliendo funciones como profesional de apoyo.

4.- NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesado y envíese copia del acto administrativo al domicilio que se encuentra registrado en los sistemas de información de recursos humanos de la Dirección del Servicio de Salud de Antofagasta”.

SÉPTIMO: Que, de la resolución exenta transcrita, es posible advertir que el recurrente, por resolución exenta N° 638 de fecha 25 de febrero de 2020, y complementada por resolución exenta N° 524 de fecha 15 de febrero de 2021, se le designó para desarrollar la función de Jefe de Departamento Recursos Físicos de la Dirección de Servicio de Salud Antofagasta, con el grado 5° EUS asociado, sin que se establezca cuál es la función anterior o se detalle la forma en que se realiza el nombramiento.

Sin embargo, mediante la citada resolución exenta N° 1199 de 27 de abril de 2022, se puso término a lo que en ese acto se llama encomendación de funciones directivas, siendo designado en comisión de servicios al Hospital Regional de Antofagasta para desempeñarse como profesional de apoyo. En la misma resolución se expresa que se modifica el grado contractual del recurrente, de acuerdo a la pertinencia en virtud de las nuevas funciones a desarrollar, asignándole el grado 10° EUS.

OCTAVO: Que en el presente caso la recurrida ha alegado que la designación del actor como jefe de departamento recursos físicos de la dirección del Servicio de Salud Antofagasta es una encomendación de funciones, figura que no es reconocida por el ordenamiento jurídico como medio para proveer un cargo público, sino que dice relación con una medida de buena administración necesaria para encargar labores imprescindibles que no puedan desarrollarse por un cargo público, ya sea porque éste no existe en la repartición o por ser insuficientes los empleos que allí se consultan, pero, en todo caso, es un designación temporal, que no otorga propiedad en el cargo. Esta es una medida de buena administración, y que la autoridad puede dar término a la misma si las necesidades del servicio lo ameritan, destinándolo a nuevas funciones en calidad de profesional Respecto de este punto la Excma. Corte Suprema ha señalado que “la jurisprudencia reciente de la Contraloría General de la República en el Dictamen N°7613 de 8 de abril de 2020, sostiene que: ‘La encomendación de servicios es una medida de buena administración, no reconocida en el ordenamiento jurídico, necesaria para encargar labores imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden desarrollarse por medio de un cargo público. Así, retirar a un servidor de su encomendación de servicios significa que aquel retomará las labores que son propias del empleo en el cual se le designó’ (causa protección rol N° 131.122-2020).

NOVENO: Que, cabe también tener presente en relación a la necesidad de fundamentar resoluciones administrativas como la cuestionada que, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema “Que, conforme a las normas transcritas, invocadas en el informe para justificar la actuación de que se trata, no discute esta Corte que exista, de parte del jefe superior del servicio, la facultad de organizar la estructura interna del Hospital y asignar los cometidos y tareas a sus dependientes, lo que es una atribución discrecional que le permite elegir la mejor opción para el organismo.

Sin embargo, el ejercicio de dicha potestad queda sometida a las disposiciones de la Ley N°19.880 que consagra, entre otros, los principios de transparencia y publicidad, conforme a los cuales el procedimiento administrativo debe tramitarse de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él, lo que se ratifica en el artículo 11 inciso segundo de la misma ley, que obliga a motivar o fundamentar explícitamente el acto administrativo, presupuesto cuya necesidad se torna aún más patente cuando se trate de decisiones que afecten los derechos de las personas. A este respecto, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: ‘Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada’.

Séptimo: Que, de lo expresado, se deprende que es un requisito sustancial en la dictación de un acto administrativo, la expresión del motivo o fundamento, pues la omisión está vinculada a una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima de racionalidad, ya que permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado, calidad que precisamente detenta en este caso la Dirección del Hospital San Vicente de Arauco.

En tal sentido, la falta de razones que justifiquen la determinación de la superioridad del Hospital San Vicente de Arauco, vulnera los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación de la Administración y que exigen la exposición clara de los motivos del acto administrativo, requerimiento no se satisface en este caso esgrimiendo solamente la existencia de una potestad discrecional, por cuanto su ejercicio indudablemente afecta los derechos de los funcionarios, quienes tienen el derecho a que se les indiquen las razones concretas por las cuales no fueron mantenidos en sus cargos, a pesar de no existir reproches sobre su desempeño u otras circunstancias que lo justifiquen” (Sentencia causa protección rol N° 22.039-2021).

En base a dichos argumentos, es claro que una resolución como la dictada por la recurrida debe ser fundada, es decir, explicar en el caso concreto las razones de los cambios de funciones, máxime cuando esto implica un cambio radical de las remuneraciones.

DÉCIMO: Que, así las cosas, del texto de la resolución impugnada aparece de manifiesto que esta no cumple dichos estándares, porque, más allá de que el recurrido tenga la facultad de disponer el término de la encomendación (siendo discutible que aquella calidad sea la del nombramiento anterior desde que los documentos acompañados no dan cuenta a ciencia cierta que la función que se deja sin efecto fuera resultado de dicha forma de designación, sobre todo porque no se indica cuál era la función anterior, y porque en este nombramiento avanzó de una suplencia a uno a contrata estando en el cargo del cual se le pretende poner término), en casos como el presente, en que el funcionario no vuelve a su anterior función o a su anterior remuneración (antes de este cargo incluso tenía grado superior), sin lugar a dudas se requiere explicar las razones de la decisión, al menos en forma resumida, máxime cuando se altera una contrata vigente asignada a una remuneración determinada, disminuyendo drásticamente su sueldo y considerando que en las anteriores funciones nunca se ha asignado al funcionario un grado tan bajo, por lo que sólo cabe concluir que la resolución no está suficientemente fundada, pues el requerimiento no se satisface esgrimiendo solamente la existencia de una potestad discrecional, por cuanto su ejercicio indudablemente afecta los derechos del funcionario, entre otros, afectando su nombramiento vigente y, sobre todos, sus ingresos, quien, como lo ha sostenido en casos similares la Excma. Corte Suprema, tiene el derecho a que se le indiquen las razones concretas por las cuales no fue mantenido en su cargo y por las cuales se le reducen en forma relevante los ingresos, a pesar de no existir reproches sobre su desempeño u otras circunstancias que lo justifiquen.

Dicha falta de fundamentación de la actuación administrativa, se torna arbitraria y, por lo mismo, también ilegal, afectando en este caso sin lugar a dudas el derecho del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al alterar a la baja y en forma relevante las remuneraciones que el trabajador percibe mensualmente, lo que resulta suficiente para acoger el presente recurso, dejando sin efecto el acto en cuestión.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Excma. Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por los Abogados Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Antofagasta, en cuanto se dispone que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1199 de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, del Director (S) del Servicio de Salud de Antofagasta, restituyendo las condiciones económicas que detentaba el recurrente hasta la fecha de dicha Resolución, y mientras no medie una resolución debidamente motivada para el cese o modificación de sus funciones o la asignación de otras labores, conforme a su profesión y decreto de nombramiento vigente.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículos 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 6473-2022 (PROT)

Redacción del Ministro Titular Sr. Juan Fernando Opazo Lagos.

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