Protección contra Tesorería Regional de Antofagasta

VISTOS:

La comparecencia de Juan Pablo Ovalle Cerpa, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, representada por el Tesorero Regional nombre reservado nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de ñntofagasta, por considerar que la institución recurrida ha vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 16, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, al proceder a trabar embargo sobre las remuneraciones del recurrente en todo aquello que exceda a 5 Unidades Tributarias Mensuales, por lo que solicita que se deje sin efecto el referido embargo o, en subsidio, se ordene la aplicación de las disposiciones del Código del Trabajo.

Se evacuó el informe requerido por nombre reservado

nombre reservado, Director Regional de la Tesorería Regional de Antofagasta, quien solicitó el rechazo del recurso por estimar que no ha cometido acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción en que como consecuencia de la baja productividad de sus negocios personales y una enfermedad sobrevíniente que le ha acarreado importantes gastos entre 2010 y 2016, se vio sumido en deudas comerciales, bancarias y tributarias, las que ha tratado de ir resolviendo en la medida de sus posibilidades, principalmente con los dineros que recibe como académico de la Universidad de ñntofagasta y los adicionales obtenidos de UATSA.

PODER JUDICIAL M F U I t > C A 9 1 ( R U I C0*1t 01 AJ9£L*00**S*f*0*MyWTA A n t o f a g a s t a , o n c e d e a b r i l d e d o s m i l d i e c i s é i s .

Entre las deudas que mantiene se encuentra una deuda tributaria que según embargo practicado por la Tesorería Regional de Antofagasta asciende a 57.296,941, la que mantiene impaga. Con fecha 1 de marzo de 2016, al inicio del año académico, se le comunica por la sección de Tesorería de la Universidad que el 29 de febrero pasado fue notificada por la Tesorería Regional de ñntofagasta con la finalidad de proceder al embargo de bienes de propiedad del deudor, señalando en particular todas las remuneraciones que excedan de 5 Unidades Tributarias Mensuales, a la fecha de presentación del recurso todo lo que exceda de $225.900, debiendo remitirse el saldo a la Tesorería Regional de Antofagasta, lo que se hará efectivo a contar del 19 de marzo de 2016, fecha de pago de las remuneraciones de los funcionarios.

Al respecto, señala que el articulo 170 inciso 2° del Código Tributario establece que el embargo puede recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a 5 Unidades Tributarias Mensuales; pero, previas citas de los artículos 54 bis, 57 y 58 del Código del Trabajo y articulo 13 del Código Civil, sostiene que el referido acto administrativo contraviene el principio relativo a que las remuneraciones son inembargables, salvo en aquello que excede de 56 Unidades de Fomento, es decir, a la fecha, de $1.443.344, que quedaría a favor del trabajador, generándose una contradicción normativa que debe resolverse por la norma laboral conforme al criterio de especialidad.

Alega que existe un acto arbitrario e ilegal de la recurrida, quien prefiere la aplicación de la citada norma tributaría sin fundamento y análisis alguno, debiendo preferir la del Código del Trabajo y respetando los principios que imperan en materia de remuneraciones.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, señala que este acto afecta derechamente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, en todo aquello que considera ilegalmente embargado; luego, también estima infringido su derecho a la libertad del trabajo y su PODER JUDICIAL k * F El I t 1 C * 6 t t m t lco«:í cc *?CL>ctot«íwrFCí*gí4TA protección, señalando que la protección a las remuneraciones es un principio rector del derecho del trabajo que ha sido lesionado; por último, sostiene que dicho acto afecta sus derechos fundamentales en su esencia; solicitando, en definitiva, que se deje sin efecto el referido embargo o, en subsidio, se ordene la aplicación de las disposiciones del Código del Trabajo.

SEGONDO: Que la recurrida evacuó informe señalando que el contribuyente está demandado por una serie de expedientes administrativos que individualiza, de los cuales aparece que la deuda liquidada corresponde a $25.130.058, que derivan del no pago de impuesto a la renta correspondiente a los períodos tributarios 2013 y 2014.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que el Ministro de Fe/Recaudador Fiscal, Leonardo Zamora Ramírez, con fecha 20 de enero de 2016 se constituyó en el domicilio tributario del actor y trabó embargo sobre las remuneraciones que excedan de 5 U.T.M. que el contribuyente debía percibir de su empleador la Universidad de Antofagasta, notificándosele dichas actuaciones por cédula. Además, se enviaron cartas certificadas con timbre de correo el 22 de enero de 2016, por lo que el recurrente tomó conocimiento del embargo con más de treinta días antes a la fecha de interposición del recurso.

Enseguida, alega la inadmisibilidad del recurso por improcedente, habida consideración que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario para el conocimiento y juzgamiento de esta clase de obligaciones, regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, procedimiento en el cual se pueden oponer y deducir las excepciones que correspondan, siendo los tribunales ordinarios los llamados a pronunciarse sobre las excepciones deducidas, lo que el recurrente no realizó. En tal sentido, sostiene que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen los procedimientos ordinarios, estimando improcedente que por esta vía se ataque el cobro ejecutivo de impuestos fiscales y haciendo presente que el recurso de protección no es procedente en contra de resoluciones judiciales, citando jurisprudencia al efecto.

En cuanto al fondo de lo planteado, señala que la doctrina en forma unánime ha señalado que cuando una ley especial sucede a una ley general, ésta no deroga la ley anterior, a menos que la norma posterior haya tenido la intención de abrogarla, no existiendo antecedente alguno en el caso que permita sostener que el artículo 170 inciso 3o del Código Tributario haya sido derogado por el Código del Trabajo, máxime si no existe una derogación expresa del precepto, pues la intención del legislador no resulta clara del objeto o espíritu de la ley nueva, por lo que tampoco se da el supuesto necesario para estimar que hubiere operado la derogación tácita. En este sentido se ha pronunciado el Director del Servicio de Impuestos Internos en Ord. N° 236 de 16 de enero de 2 0 0 2.

Finalmente, señala que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias es un procedimiento especial que tiene por objeto garantizar el cobro de los tributos y asegurar la igual repartición de las cargas públicas, conforme al artículo 19 N° 20 de la Constitución. Agrega que no es desproporcionada la adopción de esta medida y que, en todo caso, puede acogerse a convenios para el pago de lo adeudado, TERCERO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluyen garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 B" 16 y 24 de la Constitución Política de la República, léase bien "El derecho a la libertad del trabajo y su protección." y "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".

CUARTO: Que del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el "statu quo" vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

QUINTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEXTO: Que el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario establece que "el embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributar i as mensuales del departamento respectivo".

Por su parte, el artículo 57 del Código del Trabajo dispone que "las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento".

De lo anterior, fluye inevitablemente la existencia de una contradicción dentro del ordenamiento jurídico, antinomia que para el caso debe ser resuelta a través de la aplicación de alguno de los criterios establecidos para la corrección de estas inconsistencias normativas.

SÉPTIMO: Que como primer aspecto a considerar, con el objeto de analizar el criterio de temporalidad de las PODER JUDICIAL ■ t ' V I Í ' U & < curtí ÍJW ri M A P E L 4 ÍO ÍÍ *x ic /*c *4 r* normas en cuestión, cabe tener presente que el actual articulo 170 del Código Tributario fue incorporado al ordenamiento jurídico a través del Decreto Ley N° 830 que aprobó el texto del Código Tributario, publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974 y con vigencia desde el 10 de enero de 1975.

El articulo 57 del Código del Trabajo, en tanto, fue incorporado por la Ley N° 18.018, publicada en el Diario Oficial de fecha catorce de agosto de 1981, modificándose con ello el texto primitivo del Decreto Ley N° 2.200, entrando en vigencia desde la fecha de su publicación.

OCTAVO: Que siguiendo lo anterior, tal como lo ha establecido la administración del Estado, específicamente en el Ord. a" 4591/51 de fecha 27 de noviembre de 2013 de la Dirección del Trabajo, se concluye que en cuanto a la regulación legal relativa al monto no embargable de las remuneraciones, se ha producido una derogación tácita del articulo 170 del Código Tributario, pues conforme a lo ordenado por el artículo 52 del Código Civil, la derogación tácita ocurre cuando una nueva ley contiene disposiciones que no pueden concillarse con la anterior.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa de dicho órgano desde el Ordinario N° 4954/237 de 24 de agosto de 1994.

NOVENO: Que en efecto, teniendo presente que el principio de protección a las remuneraciones se encuentra expresamente regulado a partir de los artículos 54 y siguientes del Código del Trabajo; y que no es posible resolver la contradicción normativa a través del criterio de especialidad, puesto que estas normas se dirigen a sujetos y estatutos jurídicos diversos, y son de la misma jerarquía, de manera que sólo es posible resolverla a través del criterio de la temporalidad. En tal sentido, resulta claro que el legislador ha pretendido proteger las remuneraciones hasta la suma de 56 Unidades de Fomento, derogando tácitamente, sólo en lo referido al monto inembargable, lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario.

Lo anterior queda de manifiesto al revisar los términos utilizados por la norma derogada, la que hace referencia a "5 unidades tributarias mensuales del departamento respectivo", dando cuenta de la falta de vigencia del monto consignado. Por lo demás, tal falta de validez presenta esta disposición que la suma de dinero correspondiente a tales 5 unidades tributarias mensuales, ni siquiera alcanza a completar un ingreso mínimo mensual para efectos remuneracionales, actualmente en $250.000, de manera que la regla tributaria ni siquiera respeta la norma más básica del derecho laboral en lo que a protección de remuneraciones se refiere, afectando con ello el derecho fundamental a la protección del trabajo y el de propiedad sobre sus remuneraciones.

DÉCIMO: Que en lo relativo a la petición de extemporaneidad planteada por la recurrida, si bien el embargo de las remuneraciones se determinó a contar del 20 de enero del año en curso, lo cierto es que dicho acto sólo se materializa a partir del 19 de marzo pasado, fecha en la cual se concreta la afectación a los derechos fundamentales invocados por el recurrente, de manera tal que dicha alegación debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el articulo 19 N“ 16 y 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado contra la Tesorería Regional de Antofagasta, dejándose sin efecto el embargo practicado en el juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias seguido en contra del recurrente en expedientes administrativos Rol 2146-2010, 11014-2015 y 10264-2016, en todo aquello que no exceda de cincuenta y seis Unidades Tributarias Mensuales.

PODER JUDICIAL n t t i t i u * i t « m Regístrese, comuniqúese y archívese en su oportunidad.

Rol 647-2016 (PROT)

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. nombre reservado y Sra. nombre reservado. Autoriza la Secretaria nombre reservado. Elena Pérez Castro.

__ oí E n A n t o f a g a s t a , a o n c e d e a b r i l d e d o s m i l d i e c i s é i s , n o t i f i q u é p o r e l e s t a d o d i a r i o l a s e n t e n c i a q u e a n t e c e d e .