nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Antofagasta, veintisiete de Julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada, en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, ambas domiciliados en domicilio reservado, región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber retenido la devolución de impuestos de su representado.

Informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que con fecha 30 de abril de 2021, su representado procede a efectuar su declaración de renta año 2021, a través de internet, solicitando la devolución de aproximadamente $900.000. Sin embargo, el 26 de mayo del presente año, y al no recibir la devolución, ingresó a la página web de la Tesorería General de la República, tomando conocimiento de una retención del siguiente tenor: “El Tesorero que suscribe certifica que con fecha 14/05/2021, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la correspondiente declaración al año 2021, formulario 74-A folio número 333500031. N° de Formulario: 34; N° de Folio: 236304, fecha de vencimiento 03-11-2020; monto compensado: $845.324; Fecha de liquidación: 13-05-2021; Monto liquidado: $14.484.275”. Ese mismo día, vía telefónica, solicitó información acerca de la retención, indicándosele que correspondía a una retención-compensación por deuda CAE.

Señala que con fecha 7 de mayo de 2018, su representado fue demandado en proceso ejecutivo por el Banco Itaú Corpbanca, causa que se tramitó ante el 1º Juzgado Civil de Antofagasta, bajo el rol C-2147-2017, despachándose mandamiento de ejecución y embargo con fecha 9 de mayo de 2018. Luego, el 8 de mayo de 2020, su representado opuso la excepción de prescripción de la acción, solicitando además que se le tuviera por notificado y requerido de pago con esa fecha. Posteriormente, el 12 de mayo de 2020, Itaú Corpbanca presentó desistimiento de la demanda.

Conforme lo anterior, refiere que la retención judicial de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2021, por la suma de $845.324, que ha practicado la Tesorería General de la República, constituye un acto totalmente arbitrario, por haber ordenado una retención que no se funda en resolución judicial alguna, privando a su representado del legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales, particularmente, la garantía prevista en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, pues se le priva de su derecho de propiedad sobre el dinero que debía percibir proveniente de su devolución de impuestos del año tributario 2021, que ya había sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 31 de abril del presente año, en razón de haber practicado una “retención judicial” que no fue decretada en los autos Rol C-2147-2018, tramitados ante el 1º Juzgado Civil de Antofagasta.

En cuanto a la normativa legal aplicable, cita el artículo 19 Nº 24 y 20 de Constitución Política de la República, e indica que su representado tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir su devolución de impuestos de forma íntegra, la que se encuentran dentro de su patrimonio y resguardada constitucionalmente. Por su parte, cita el artículo 17 de la Ley Nº 20.027 que “establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior” y que permite la retención de devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República, afirmando que la referida norma choca con la Constitución Política, debiendo primar ésta última.

Previas citas jurisprudenciales, solicita que se acoja el recurso y se declare que la retención judicial informada y percibida por la recurrida es ilegal, ordenando el reintegro de lo retenido o percibido, y que se abstenga, en lo sucesivo, de efectuar o informar descuentos en los dineros del recurrente, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa nombre reservado, Director Regional Tesorero de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que el recurrente es deudor del crédito con aval del Estado denominado CAE, regulado por la Ley Nº 20.027 y la institución financiera que otorgó el crédito corresponde al Banco Itaú Corpbanca, la que en su oportunidad demandó ejecutivamente al recurrente. En ese contexto, y encontrándose en mora el recurrente y en calidad de egresado, se hizo efectiva la garantía estatal pasando a ser dueño del crédito el Fisco de Chile.

Señala que la Ley Nº 20.027, específicamente en su artículo 5, autoriza al Fisco de Chile para adquirir créditos titularizados que hayan accedido a la garantía estatal y el artículo 18 bis de la mencionada ley, autoriza a la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco de Chile.

Refiere que lo que ocurrido en el presente caso con la devolución de excedentes de impuesto a la renta no fue una retención conforme al artículo 17 de la Ley Nº 20.027, sino que fue una “compensación” producto de la calidad de acreedor y deudor recíprocos entre el Fisco y el referido contribuyente. Así, en este caso no estamos frente a una retención judicial, ni retención alguna que haya debido ser decretada judicialmente, toda vez que lo que operó por el solo ministerio de la ley fue una compensación en los términos del artículo 1.656 del Código Civil.

Conforme lo anterior, señala que no se está afectando derecho de propiedad alguno en los términos el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, instando por el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente QUINTO: Que el primer supuesto de la acción de protección se configura por la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que en la especie y al tenor de las alegaciones, se circunscribe a la retención de los fondos provenientes de la devolución de impuestos a la renta practicada por al recurrida, sin mediar orden judicial.

SEXTO: Que al evacuar su informe la Tesorería General de República, explicó que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 20.027, el dueño del crédito CAE es actualmente el Fisco de Chile y en aquella circunstancia la retención de impuestos a la renta del recurrente obedece a la expuesto en el artículo 18 bis de la mencionada ley, en el sentido de que la Tesorería, en representación del Fisco, está facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, como ocurre en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, y sin que haya mediado sentencia judicial que declare la prescripción de la deuda o haya operado a su respecto algún modo de extinguir las obligaciones, se entiende que la deuda proveniente del crédito CAE se encuentra aún vigente, pudiendo ordenar la Tesorería General la retención de impuestos del recurrente para efectos de obtener el pago del crédito a favor del Fisco de Chile.

OCTAVO: Que, conforme lo anterior, se descarta el reproche de ilegalidad de la recurrente, en atención a que la retención se sustenta en el plano fáctico en la existencia de la una deuda y, desde lo normativo, en los ya citados artículos 5 y 18 bis de la Ley Nº 20.027, sin que sea necesario, como erradamente sostiene la recurrente, la existencia de una resolución judicial que ordene la retención, puesto que la facultad de la recurrida se encuentra entrega por la legislación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 6465-2020