nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

jvz/ Antofagasta, a diez de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Carla Villalobos Fernández, abogada en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien dedujo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), rol único tributario N°RUT reservado, y de la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez de Antofagasta (Compin), por el acto que a su juicio es ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de pago de las licencias médicas.

Informaron las recurridas, instando por el rechazo del recurso promovido.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se deduce acción cautelar de protección, en contra de la resolución exenta N°R-01-UNAAD-41717-2025, mediante la cual se rechazó el reposo prescrito en las licencias médicas folios RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, válidamente emitidas por el médico tratante de la recurrente. Actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto traslada indebidamente a la trabajadora la carga de probar la necesidad del reposo médico prescrito, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

Que, como antecedentes de hecho, expone que la señora nombre reservado, sufrió una crisis de salud mental derivada de un episodio de violencia sufrido a fines de 2023 en su lugar de trabajo, lo que se agravó con el diagnóstico de autismo nivel 2 de su hijo menor en febrero de 2024. Todo ello provocó en la recurrente un cuadro depresivo moderado, con sintomatología que incluía insomnio, ansiedad, anhedonia, y deterioro funcional y cognitivo, por lo que, tras tratamiento médico y psicológico, se le prescribió reposo laboral entre junio y diciembre de 2024.

Que las licencias médicas emitidas fueron rechazadas por la Superintendencia recurrida, argumentando insuficiencia de antecedentes que justificaran el reposo. Sin embargo, según sostiene la recurrente, dicha decisión carece de la debida fundamentación, omite la aplicación de medidas para mejor resolver —como exámenes, fiscalización o solicitud de informes a los tratantes— y traslada arbitrariamente la carga probatoria a la trabajadora, situación que estima improcedente tanto normativa como constitucionalmente.

Que en el recurso se invoca la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1), al haberse perturbado el proceso de recuperación de la salud de la trabajadora con el rechazo injustificado del reposo prescrito; del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), por haberse decidido sin aplicación de criterios objetivos ni medidas fiscalizadoras que garanticen el trato igualitario; y del derecho de propiedad (artículo 19 N°24), por cuanto el rechazo de la licencia implica la revocación arbitraria de un derecho ya incorporado al patrimonio de la trabajadora, junto con afectar la percepción del subsidio por incapacidad laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución exenta N°R-01-UNAAD-41717-2025, ordenándose a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar las licencias médicas correspondientes y adoptar las medidas necesarias para restituir el goce de los derechos conculcados.

SEGUNDO: Que Informó por la recurrida Sebastián De la Puente Hervé, abogado en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, por estimar que la actuación impugnada se ajusta a derecho, no es arbitraria ni ilegal, y no vulnera garantías constitucionales.

En primer término, como excepción previa, la recurrida plantea la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo. Lo anterior, por cuanto el acto que motiva el presente recurso fue dictado respecto de licencias médicas cuyos periodos de reposo datan del segundo semestre del año 2024. Además, la recurrente tomó conocimiento de la resolución en enero de 2025, interponiendo el presente recurso en abril del mismo año, transcurriendo más de 3 meses de la afectación, por lo que el recurso es extemporáneo, por haber transcurrido más de 30 días desde el hecho que lo fundamenta.

En cuanto al fondo, la recurrida señala que la resolución impugnada fue dictada en ejercicio de las atribuciones legales que competen a la SUSESO, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 3° del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en relación con el artículo 11 del D.S. N°3, de 1984, del mismo ministerio. Sostiene que dicha resolución se fundó en el análisis de los antecedentes médicos acompañados por la interesada, y que fue emitida tras agotar los medios de instrucción y verificación disponibles, respetando los principios de legalidad, razonabilidad y fundamentación.

Asimismo, se rechaza que haya existido una inversión de la carga de la prueba, toda vez que en el sistema de licencias médicas es el trabajador quien debe justificar la necesidad del reposo laboral, aportando antecedentes clínicos suficientes. Se argumenta que no corresponde exigir a la SUSESO que disponga medidas para mejor resolver, tales como la citación a peritajes médicos u otras diligencias, dado que la normativa aplicable le permite pronunciarse en base a los documentos aportados, sin estar obligada a una fiscalización activa.

Por otra parte, se descarta la vulneración de derechos fundamentales, particularmente aquellos consagrados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución, por cuanto no existe afectación a la integridad física o psíquica de la recurrente, ni se ha producido discriminación arbitraria, ni menos se ha afectado su derecho de propiedad sobre el subsidio, ya que dicho derecho sólo nace cuando la licencia ha sido aprobada conforme a los requisitos legales.

Por estas consideraciones, y teniendo presente la legalidad de la actuación recurrida, su fundamento en la normativa vigente y la improcedencia de los derechos invocados, se solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez solicitando el rechazo del recurso, fundado en que la actuación de la COMPIN se ajustó estrictamente a derecho, respetando la normativa administrativa y médica aplicable al proceso de tramitación y resolución de licencias médicas.

En primer término, se señala que la recurrente, afiliada a FONASA, interpone la acción de protección por el rechazo de las licencias médicas N° 4-18028187, 4-18198446 y 4-18364310, todas emitidas por diagnóstico F32.1 (“Episodio Depresivo Moderado”), por un total de 60 días entre abril y junio de 2024. Conforme al procedimiento de evaluación técnica, estas licencias fueron rechazadas por no contar con causa médica suficiente que justificara el reposo laboral, toda vez que los antecedentes clínicos acompañados no acreditaban una incapacidad laboral de la intensidad ni duración pretendida.

Luego, se detallan los antecedentes de tramitación: respecto de la primera licencia, se solicitó un informe médico protocolizado, el cual no fue acompañado oportunamente, resolviéndose su rechazo. Posteriormente, la recurrente presentó reposición extemporánea. Las otras dos licencias fueron igualmente rechazadas por falta de justificación médica, a pesar de acompañarse informes posteriores, considerados insuficientes, escuetos, sin fecha probable de alta, sin indicación de manejo psiquiátrico, y sin constancia de GES para el cuadro depresivo.

Enfatiza que, en cumplimiento del artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, se adoptaron medidas para mejor resolver, solicitando informes médicos adicionales, lo que demuestra el carácter no arbitrario de su actuación. Se recalca que el diagnóstico presentado —de índole psiquiátrica— requiere para su justificación de reposo prolongado el cumplimiento de exigencias específicas, conforme al Reglamento sobre Guías Clínicas (D.S. N° 7/2013), tales como indicación por médico psiquiatra, informe pericial, escalas de evaluación funcional y tratamientos definidos, requisitos que no fueron satisfechos.

Asimismo, se da cuenta de la existencia de resolución de la Superintendencia de Seguridad Social —Resolución Exenta N° R-01-UME-19994-2025— que confirmó los rechazos dictados por la COMPIN, señalando que los antecedentes médicos no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad que comprometan la capacidad funcional durante el periodo de reposo prescrito.

Por consiguiente, la COMPIN sostiene que su actuar se ha enmarcado en la legalidad vigente, particularmente en los Decretos Supremos N° 3 de 1984 y N° 7 de 2013, y en las instrucciones de la SUSESO, cumpliendo con los plazos, requisitos y procedimientos establecidos, sin haberse producido arbitrariedad ni ilegalidad alguna. En mérito de lo anterior, solicita se tenga por evacuado el presente informe y, en definitiva, se rechace el recurso de protección interpuesto.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, primeramente, corresponde emitir pronunciamiento sobre la alegación por parte de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden al rechazo del presente arbitrio, por extemporáneo. Lo cierto es que la resolución recurrida es la dictada por la Superintendencia, correspondiente a la N°R-01-UNAAD-41717-2025, de 31 de marzo de 2025. Asimismo, el recurso de protección es interpuesto el 19 de abril del mismo año. En este entendido, queda claro que la acción constitucional impetrada se encuentra dentro de los plazos legales permitidos, por lo que resulta ser improcedente la alegación de la recurrida.

SEXTO: Que, en mérito de lo expuesto por las partes del proceso, se logra advertir que lo pretendido, consiste en dejar sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-41717-2025, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, de 31 de marzo de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, a fin de que se ordene a las recurridas que aprueben dichas licencias médicas, y se proceda a su pago por el órgano correspondiente al subsidio laboral que tiene derecho incapacidad laboral.

SÉPTIMO: Que, para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A su turno, el artículo 16 del referido Decreto con Fuerza de Ley dispone que, “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.” Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Por lo tanto, es menester exigir de la resolución que resuelve la reconsideración solicitada por el actor una fundamentación que se haga cargo del fondo de las causales de rechazo de las licencias, debiendo para ello desarrollar un análisis de los antecedentes de salud del recurrente y evaluar nuevamente, si fuera necesario, tal condición a fin de adoptar una decisión basada en criterios tanto objetivos como subjetivos.

OCTAVO: Que, teniendo presente lo anterior, conviene además tener presente la parte considerativa de la resolución exenta recurrida, la que señala:

CONSIDERANDO:

Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 14 de febrero de 2025, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 21 de febrero de 2025, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora.

Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo.

Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo.

RESUELVO:

Rechácese, el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, RUN RUT reservado por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.”

Por lo mismo, la resolución recurrida rechaza el recurso interpuesto por haberse presentado de manera extemporánea.

NOVENO: Que, por lo anteriormente expuesto, se desprende que el recurso de protección se ha interpuesto en contra de una resolución que resuelve con fundamentos jurídicos, establecidos en la legislación, haciendo exigible un plazo por el cual la actora podía y debía recurrir a las resoluciones previas. Que, en esta resolución se rechaza el recurso por extemporáneo, por lo que no se puede observar un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, en cuanto a la falta de cumplimiento de formalidades por la actora, que en este caso corresponde a presentar en el recuro en tiempo y forma.

Expuesto lo anterior, no advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Servicio recurrido el cual fundó su resolución en la normativa vigente y aplicable al caso, el presente recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se resuelve: SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Carla Villalobos Fernández, abogada en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por no haber acto ilegal o arbitrario en su actuar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 641-2025 (Protección)