nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Antofagasta, a nueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y en contra de la Superintendencia de Pensiones, por haber desconocido ilegal y arbitrariamente el certificado de afiliación a un régimen de seguridad social del país de origen y rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, en atención a que obstaculiza la devolución de fondos previsionales pese a cumplir con todos los requisitos legales establecidos, vulnerando, con ello, el derecho fundamental de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, y el derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República.

Informan la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente nombre reservado, RUT N° RUT reservado, previamente individualizado, funda su pretensión exponiendo que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156.

Señala que fue notificado el 15 de diciembre de 2025 del rechazo de su solicitud, bajo el argumento de que faltaba una constancia de afiliación vigente, apostillada o legalizada, y que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización genérica, no al documento solicitado que acreditara coberturas "a todo evento".

El recurrente argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, e incorporando requisitos no establecidos expresamente en la Ley N° 18.156 ni en su portal oficial.

Destaca que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es verificable mediante un código alfanumérico o cédula de identidad en la web oficial del IVSS, y que otras AFP (a modo de ejemplo, AFP Cuprum) han aceptado este tipo de documentos.

Expone que la exigencia de legalización o apostilla es imposible de cumplir debido a la falta de representación diplomática venezolana en Chile, siendo esto un hecho de fuerza mayor que no debe impedir el ejercicio de su derecho.

Alega que la conducta de las recurridas vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad. Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se declare válida la documentación acompañada, y se ordene a la recurrida un nuevo pronunciamiento para la devolución de los fondos previsionales.

SEGUNDO: Que, evacúa informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., RUT N° RUT reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Opone, como cuestión previa, la improcedencia del recurso, argumentando que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, al no existir un derecho indubitado sino una controversia de lato conocimiento.

En subsidio, señala que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, sino en estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que rechazó la solicitud del recurrente porque la constancia de afiliación acompañada no estaba apostillada o legalizada, carecía de firma y correspondía a una constancia de cotización genérica, no a una que acreditara coberturas "a todo evento" para enfermedad (con prestaciones médicas y pecuniarias integrales), invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo laboral en Chile.

Asimismo, indica que la declaración jurada no es un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional.

Agrega que el anexo de contrato donde el trabajador manifiesta su voluntad de mantener la afiliación extranjera es extemporáneo (18 de noviembre de 2025), cuando el contrato de trabajo se inició el 2 de enero de 2024, lo que implica una declaración de voluntad contradictoria.

Destaca, además, que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile y es propietario de un inmueble, lo que pone en riesgo al Fisco en cuanto a futuras pensiones solidarias.

Cita numerosa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que respaldan su estricta aplicación de la Ley N° 18.156 y la exigencia de formalidades y acreditación integral de las coberturas.

Concluye que no ha habido acto ilegal o arbitrario, y que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional, pidiendo el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, evacúa informe la recurrida Superintendencia de Pensiones, RUT N° RUT reservado

Como cuestión previa, opone excepción de improcedencia del recurso, argumentando que la situación reclamada excede el ámbito propio de la acción constitucional de protección, ya que esta acción cautelar solo ampara derechos indubitados y no es idónea para resolver controversias que requieren un proceso jurisdiccional de lato conocimiento.

Manifiesta que no registra reclamo ni presentación alguna del señor nombre reservado respecto de los hechos que motivan el recurso, no existiendo antecedentes sobre una acción interpuesta directamente contra este organismo fiscalizador.

Expone el marco normativo aplicable, explicando que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros obtener la devolución de sus fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°, letra a) (afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura integral para enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la relación laboral) y letra b) (voluntad de mantener dicha afiliación expresada en el contrato).

Argumenta que, conforme a su jurisprudencia administrativa consolidada, no es suficiente un documento genérico o una constancia electrónica sin legalización/apostilla y sin especificación de cobertura efectiva "a todo evento".

Adicionalmente, señala que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo que no asegura su retorno al país de origen y podría generar un perjuicio al Estado en el futuro.

Sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a la normativa legal y reglamentaria vigente, ejerciendo sus facultades interpretativas y que el no cumplimiento de los requisitos no implica la pérdida de los fondos, sino su permanencia en el sistema chileno para futuras pensiones bajo el D.L. N° 3.500.

Finalmente, solicita que se declare improcedente el recurso o, en subsidio, su rechazo por no existir ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, el recurrente nombre reservado dedujo esta acción cautelar en contra de AFP Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por considerar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación presentada cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 que regula la materia.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de las recurridas en base al marco normativo aplicable.

Al efecto, se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual señala: “ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”. Es menester reiterar que esta ley constituye una norma de excepción y, como tal, su interpretación debe ser restrictiva, aplicando sus requisitos de forma rigurosa.

OCTAVO: Que, de la revisión de los antecedentes acompañados por el recurrente y las recurridas, se desprende que el conflicto principal radica en la acreditación del requisito de afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, en los términos que exige la Ley N° 18.156 y la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Si bien el recurrente acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada, y argumentó la imposibilidad de legalizar o apostillar dicho documento debido a la situación diplomática entre Chile y Venezuela, las recurridas han fundamentado el rechazo en la falta de cumplimiento de las exigencias formales y sustantivas, que resultan obligatorias en este tipo de trámites.

NOVENO: Que, en efecto, de acuerdo con la información proporcionada por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, y la jurisprudencia administrativa citada, no resulta suficiente un documento genérico o una constancia electrónica sin las formalidades de legalización o apostilla para acreditar la cobertura "a todo evento" exigida por el artículo 1°, letra a) de la Ley N° 18.156.

En el caso del recurrente, la constancia electrónica presentada carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada o apostillada, y aunque incorpora un código de verificación, este no sustituye los requisitos legales formales exigidos para documentos otorgados en el extranjero para que surtan efectos en Chile, según lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Apostilla, del cual Venezuela también es parte.

Además, la Superintendencia de Pensiones ha instruido de manera categórica que las certificaciones electrónicas del IVSS que no cumplan con estas formalidades y que no señalen de forma específica y continua las coberturas "a todo evento" para todos los riesgos (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, no son válidas.

DÉCIMO: Que, asimismo, respecto del requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que exige que el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero "en el contrato de trabajo respectivo", se ha constatado que esta manifestación se realizó mediante un anexo de contrato de fecha 18 de noviembre de 2025, siendo que el contrato de trabajo se inició el 2 de enero de 2024. Esta circunstancia, como ha señalado la Superintendencia de Pensiones en su Oficio 21880 de 17 de noviembre de 2025, configura una declaración de voluntad extemporánea y contradictoria, lo que impide tener por acreditado el cumplimiento inequívoco de dicho requisito. La norma exige que la voluntad se manifieste "en el contrato de trabajo respectivo", lo que implica que dicha voluntad debe ser concomitante o muy cercana al inicio de la relación laboral en Chile, no de forma tardía, después de un largo período de cotizaciones en el sistema chileno.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, y a la luz de lo precedentemente razonado, no se advierte que la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. sea ilegal, toda vez que ha aplicado de manera restrictiva la Ley N° 18.156, la cual, como norma de excepción, exige el cumplimiento riguroso de sus requisitos. Tampoco se configura un acto arbitrario, ya que la decisión de la AFP se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador con facultades interpretativas obligatorias para las AFP, conforme al D.F.L. N°101 de 1980 y el D.L. N°3.500 de 1980. La Superintendencia de Pensiones, en su informe, también desestimó que su propio actuar fuera ilegal o arbitrario, al no existir un acto directo suyo impugnado y al apegarse a su propia interpretación obligatoria.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente (igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 y derecho de propiedad del artículo 19 N° 24), este Tribunal considera que no existe vulneración. La Ley N° 18.156 establece requisitos objetivos aplicables a todos los técnicos extranjeros por igual, y el recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que demuestren un trato desigual o discriminatorio en casos idénticos donde se haya aceptado documentación similar sin cumplir con las formalidades exigidas.

En cuanto al derecho de propiedad, los fondos previsionales en el sistema chileno tienen un destino específico (el financiamiento de pensiones bajo el D.L. N° 3.500), y la posibilidad de su retiro anticipado bajo la Ley N° 18.156 es una excepción que requiere el cumplimiento cabal de sus condiciones. La negativa a la devolución no implica una privación del derecho de propiedad, sino la sujeción de dichos fondos a la regulación general, quedando indemnes los derechos previsionales del recurrente para su ejercicio futuro.

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo demás, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar, dado que no se logra evidenciar las vulneraciones a las garantías constitucionales alegadas, al no configurarse un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de las recurridas. En efecto, existe una controversia respecto al cumplimiento de los requisitos legales y formales para acoger la solicitud de devolución de fondos, lo que implica que el derecho invocado por el recurrente no es indubitado y, por tanto, la acción de protección no es la vía idónea para su declaración, como bien lo ha señalado la Superintendencia de Pensiones en su informe, citando jurisprudencia relevante.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 63-2026 (Protección)

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