Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Antofagasta, a cinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Álvaro Fabio Fernández Núñez, abogado, quien en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Antofagasta, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando el cese de la prohibición de emitir boletas de honorarios por servicios prestados a terceros, alegando como conculcadas las garantías Constitucionales, consagradas en el artículo 19 N°s, 2,21,22 y 24, de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se fundó en el actuar arbitrario en que ha incurrido la recurrida negando la posibilidad de acceder a la documentación tributaria necesaria para el desarrollo de su giro económico.

nombre reservado, el 31 de mayo del año 2022, inició actividades en segunda categoría. Desarrollando actividades combinadas de apoyo a instalaciones y de oficinas principales, códigos 811000 y 701000 respectivamente. Durante los siguientes meses emitió las correspondientes boletas de honorarios por sus servicios prestados, siendo estas cursadas por el Servicio de Impuestos Internos y aceptadas.

Luego, el 14 de febrero del año 2023, a través de la página web del Servicio Impuestos Internos, solicitó la emisión de boleta de honorario por servicios prestados a terceros, durante ese periodo, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. Dicha solicitud fue rechazada por la página, emitiendo el siguiente mensaje: “Sr. nombre reservado: Ud. posee situaciones pendientes que le impiden la emisión de Boletas de Honorarios Electrónicas. Para mayor información se solicita ingresar a Mi SII y consultar la opción: Mi Situación Tributaria, en donde se desplegará la información relativa a las situaciones pendientes. En caso de no poder solucionar las situaciones pendientes señaladas a través de internet, se solicita dirigirse a la Unidad del S.I.I correspondiente a su domicilio”. Consultada la página del Servicio Impuestos Internos en “situación tributaria”, aparece con anotaciones código 51 correspondientes a situación pendiente de una sociedad a la que podría pertenecer, sin señalar cual; y anotación código 52 que señala “incumplimientos relevantes”, sin informar que tipo de incumplimientos. Se trata de anotaciones con imputaciones ambiguas y desinformadas, de las cuales no ha participado en ningún proceso de fiscalización que justifique el bloqueo para emitir boletas de honorarios. En consecuencia, la situación anterior le impide emitir boletas de honorarios por servicios prestados a terceros, no pudiendo cobrar por dichos servicios, consecuentemente no pudiendo ejercer su actividad productiva, solicitando el cese de dicho bloqueo, con el fin de emitir las boletas de honorarios respectivas.

SEGUNDO: Informó nombre reservado, Director Regional de la Segunda Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo de la acción promovida.

Indicó que según consta en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, en adelante SICT, la recurrente dio aviso de inicio de actividades con fecha 31 de mayo de 2022 y registra como actividades económicas o giros, las de “actividades de oficinas principales” y “actividades combinadas de apoyo a instalaciones”; por las cuales obtiene ingresos que se clasifican en la Segunda Categoría, para los efectos de los Impuestos a la Renta. En el SICT, el recurrente posee las anotaciones causales 51 y 52, producto que es socio y/o representante legal de diversas sociedades (que se indican en el numeral 6° de este título), respecto de las cuales registró las anotaciones por las causales 45 y/o 52. Respecto a la anotación causal 51 “Representante Legal o Socio de Sociedades Bloqueadas”, esta consiste en una anotación negativa, cuya glosa de registro es: “REP LEGAL O SOCIO DE SOCIEDAD BLOQUEADA”, y se origina cuando la sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación de actualizar y/o modificar la información. Sobre la anotación causal 52, esta consiste en una anotación negativa, cuya glosa es: “PREVENTIVO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO”. Esta anotación se registró al contribuyente, en atención a que, idéntica causal fue registrada en sociedades a las cuales pertenece como socio y/o representante legal. Por su parte, la anotación 45, es una anotación negativa, que tiene como glosa: “NO UBICADO, VERIFI. ACTIV. O DE FACTURAS”. Anotación que se registra en algunas de las sociedades en las cuales el recurrente es socio y/o representante legal.

Señaló que el registro de las anotaciones comentadas es visible para el contribuyente, quien puede revisar su situación tributaria y conocer las anotaciones registradas por este Servicio, ingresando a su sitio personal, a través del MISII, individualizando las sociedades en que participa el actor, ya sea como socio, representante legal o ambas, compuestas por 07 sociedades.

Enfatizó que, el 23 de diciembre de 2022, mediante sistema Administrativo, el contribuyente presentó la petición administrativa folio 77322820381, señalando: “Solicita autorización para emisión de Boletas de Honorarios. No hay motivos para bloquear folios”. Solicitud que fue resuelta con fecha 26 de diciembre de 2022, pudiendo acceder a la respuesta evacuada por la II Dirección Regional Antofagasta, donde se indicó: “Sr. nombre reservado: Debe regularizar situaciones pendientes de Sociedades en la cual usted es Socio y Rep. Legal, en el Depto. Fiscalización. Una vez resueltas estas situaciones podrá emitir Boletas Honorarios Electrónicas por la web del Servicio”, consignando en su informe el detalle del historial de la petición administrativa.

En consecuencia, alegó la extemporaneidad de la acción, desde que al estar en su conocimiento desde hace larga data, el ingresó a la página web de este Servicio, el 23 y 26 de diciembre de 2022, fechas en que respectivamente, el contribuyente efectúa la petición administrativa, y se le da respuesta. Lo que evidencia la extemporaneidad del recurso interpuesto, al exceder los treinta días.

Además, señaló que obró dentro de sus facultades, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, desde que tiene conforme la Ley, facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no este encomendado a otro órgano, que no es el caso. Por lo tanto, sólo ejecutó la competencia que le otorga la Constitución y las Leyes, enfatizando que por lo demás sus anotaciones no son permanente, las que necesariamente deben ser subsanadas, pues esta lo fueron para un adecuado control, siendo relevante que el actor concurra a sus dependencias lo que no ha hecho.

TERCERO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, previo al fondo, el recurrido alegó la extemporaneidad del recurso interpuesto. Al efecto, es necesario tener presente que el supuesto acto lesivo alegado, se ha proyectado en el tiempo, impidiendo de esa forma al actor obtener documentos tributarios, por lo que, no obstante, las solicitudes a las que hace referencia la recurrida recaen en fechas pretéritas a 30 días, desde luego, se tendrá como fecha cierta la que indicó el recurrente, esto es, el 14 de febrero de 2023, lo que se plasma en “pantallazo” que se reiteró la negativa de emisión de documentos tributarios por los motivos que se indican, reviviendo con este nueva acción desplegada por la recurrida el plazo de 30 días, rechazando en consecuencia la excepción de extemporaneidad del recurso de protección deducido por la recurrida.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, resulta necesario situar el marco normativo aplicable. Al efecto el artículo 7 de la Constitución Política de la República establece que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” En el mismo sentido, la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala, en su artículo 2º, que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. Además, los artículos 1° del Código Tributario y 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, corresponde a este organismo “la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”. En el mismo sentido, el artículo 6º, del Código Tributario, señala que “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

SEXTO: Que, impuesto el marco normativo, resulta necesario precisar si el recurrido obró dentro de sus competencias, o bien, ejecutó de manera arbitraria o lesiva, el acto denunciado por la recurrente.

Los hechos reclamados, se encuentran dentro de las competencias o prerrogativas del recurrido. Al efecto, 6°, letra A), N°1, del Código Tributario; y 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; establece que el Director, a través de diversos Oficios, puede disponer que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, lo que sin dudas concurre en la especie. Desde que, las anotaciones que impiden al actor la emisión de documentos tributarios, dicen relación directa con anomalía que registra en su cuenta tributaria, siendo informado como se acreditó por el recurrido, a través de la misma alegación que efectuó en sede administrativa, indicándosele, que debe concurrir a dependencias de la recurrida. Es decir, las anotaciones son informativas y además pretenden que sean subsanadas por un proceso destinado para tal efecto, el que no ha sido cumplido por el actor. En ese escenario, no puede pretenderse en esta sede cautelar, disponer del alzamiento de dichas anotaciones, y obviar la debida corrección que debe efectuar previamente el actor, máxime si el recurrido sólo ejecutó sus atribuciones dentro del marco legal ya indicado. Además, no puede estimarse que la información proporcionada sea vaga, muy por el contrario, resulta suficiente para que el recurrente pueda situar cuales son las anotaciones (número de código), y advertir en la misma página en qué consisten.

En consecuencia, no se divisa la existencia de un acto ilegal o arbitrario del órgano recurrido al efectuar la actuación impugnada, pues la observación aparece fundada en un procedimiento administrativo realizado por el órgano técnico que, por expreso mandato de la ley, es el llamado a ejercer la función fiscalizadora en el ámbito tributario, de modo que la actuación que se reprocha como ilegal y arbitraria ha sido realizada en conformidad a las disposiciones legales aplicables, sin que pueda estimarse que su ejercicio ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales que el recurrente estima afectados.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que:

I. SE RECHAZA, la excepción de extemporaneidad del recurso.

II. SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por Álvaro Fabio Fernández Núñez, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 629-2023 (PROT)

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