SOCIEDAD AISLACIONES TERMICAS INDUSTRIALES AGUIRRE Y AGUIRRE LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRA

Antofagasta, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Eduardo Tapia Díaz, quien en representación de la sociedad Aislaciones Térmicas Industriales Aguirre y Aguirre Limitada (ASTER CHILE), interpuso recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa - Calama, representada por la Inspectora Provincial jefe del Trabajo de El Loa, solicitando que se ordene a la recurrida eliminar toda publicación, anotación o registro de las multas ya aludidas de los Registros del Estado de Chile, incluyendo entidades públicas y particulares; abstenerse de ejercer cualquier orden o acto de cobro y/o ejecución de las multas; ordenar a la Tesorería General de la República suspender y/o anular cualquier cobro o retención de dineros, todo lo anterior, mientras la resolución administrativa ya descrita no se encuentre firme y ejecutoriada y; se anule lo obrado en la fiscalización que concluyó con la resolución sancionatoria que aplicó las multas y se retrotraiga al estado de emplazarse válidamente o, en su defecto, se retrotraiga al estado de notificar válidamente la resolución Nº 207/2019/31 que aplicó las multas (también denominadas específicamente como Nº20720190031-1, Nº20720190031-2, Nº20720190031-3 y Nº20720190031-4), con costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se fundó en la existencia de un acto ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en primer lugar, en hacer pública información sensible derivada de multas que no han sido notificadas legalmente, dando ejecutoriedad a una resolución administrativa que aún no tiene dicha naturaleza, titulo o causa jurídica fehaciente y, en segundo lugar, en ordenar a la Tesorería General de la República girar o retener los dineros de sus cuentas corrientes. Lo anterior, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°2, 3 inciso 5°, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señaló que el diez de febrero del presente la recurrente tomó conocimiento de la aplicación de cuatro multas, ya que ese día no fue autorizada por su mandante a entrar a ejecutar sus trabajos en las obras de remodelación y ampliación del Hospital Higueras en la comuna de Talcahuano. Por ello, se verificó el certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, constatando la existencia de las multas. Por lo anterior, solicitó un informe empresarial de DICOM, en el cual figuraban cuatro morosidades ‘de la Inspección.

Así, al indagar el origen de las multas y las resoluciones que las motivaron, tomó conocimiento de que fueron impuestas por la recurrida, sin que se haya tomado conocimiento formal de las mismas, pues no han sido notificadas.

El call center de la Dirección le otorgó el número de seguimiento de la carta certificada de notificación, en virtud del cual se advirtió que esta fue despachada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, pero no ha sido entregada al destinatario, apareciendo “en tránsito” desde el tres de diciembre de dos mil veinte, y aparentemente se encuentra en una sucursal de Concepción. En consecuencia, no ha existido notificación legal ni emplazamiento, por lo que la resolución N°207/2019/31 que impuso las multas no se encuentra firme y ejecutoriada.

Así, estimó que la conducta de la recurrida ha afectado y coartado sus operaciones y fuentes de ingresos, ya que en virtud de dicha información, su empresa mandante no le autoriza el ingreso a faena.

Asimismo, la Inspección actuó de forma arbitraria e ilegal al ordenar la retención por la Tesorería, pues las multas aparecen como pagadas, sin que la recurrente efectuara pago alguno. Además, en la página de consulta de multas ejecutoriadas de la Dirección, estas aparecen con este estado desde el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo que no es efectivo.

En cuanto a las garantías vulneradas, en primer lugar, estimó que se infringió la igualdad ante la ley, produciéndose una diferencia arbitraria entre la recurrente y las otras empresas del mercado, viéndose excluida de sus labores. En segundo lugar, se vulneró su derecho a la defensa jurídica, al no existir un procedimiento administrativo legalmente tramitado, al no existir notificación. Asimismo, se infringió el derecho al respecto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y a la protección de sus datos personales, al informar a terceros una situación que no se ajusta a la realidad, dañando su imagen. Finalmente, se vulneró el derecho a la propiedad, mediante la orden de retención, embargo y/o giro de fondos por medio de la Tesorería.

Concluyó solicitando que se ordene a la recurrida eliminar toda publicación, anotación o registro de las multas ya aludidas de los Registros del Estado de Chile, incluyendo entidades públicas y particulares; abstenerse de ejercer cualquier orden o acto de cobro y/o ejecución de las multas; ordenar a la Tesorería General de la República suspender y/o anular cualquier cobro o retención de dineros, todo lo anterior, mientras la resolución administrativa ya descrita no se encuentre firme y ejecutoriada y; se anule lo obrado en la fiscalización que concluyó con la resolución sancionatoria que aplicó las multas y se retrotraiga al estado de emplazarse válidamente o, en su defecto, se retrotraiga al estado de notificar válidamente la resolución Nº 207/2019/31 que aplicó las multas (también denominadas específicamente como Nº20720190031-1, Nº20720190031-2, Nº20720190031-3 y Nº20720190031-4), con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Eduardo Machuca Cereceda en representación de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa - Calama, solicitando el rechazo del recurso.

Indicó que las multas fueron cursadas por cuatro infracciones constatadas en virtud una fiscalización efectuada de acuerdo a la normativa legal y administrativa aplicable, participando en todo momento un representante legal de la recurrente, al que se le notificó el inicio y motivos de la misma. Asimismo, la recurrente presentó documentación en las dependencias de la recurrida el día veintisiete del mismo mes, por lo que debe entenderse que siempre tuvo conocimiento del proceso administrativo y sus alcances.

En este contexto, de acuerdo al procedimiento administrativo aplicable y lo prescrito en el artículo 508 del Código del Trabajo, la resolución de Multas N°1207/2019/31, fue depositada en la oficina de Correos de Chile con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve para su notificación postal.

Hizo presente que la fecha de la notificación de la multa se determina de manera automática por el sistema, contando el sexto día hábil desde el depósito en la oficina de Correos de Chile, para efectos de informar estas a la Tesorería. Así, una vez que se cumplen los plazos para reclamar, el sistema automáticamente carga la multa al sistema de cobro, funcionando sobre la base de datos objetivos que no se modifican a menos que se tenga noticias de situaciones que los varíen.

En este caso, la recurrida no tuvo conocimiento por parte de la empresa o de Correos que la notificación no fue recibida, por lo que solo se tomó conocimiento de dicha situación con la notificación de esta acción. Así, al requerirse información a la empresa de Correos, esta no entrega antecedentes claros sobre si la carta fue entregada, solo constando que llegó a la planta de destino.

Por lo anterior, estimó que no existió arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del servicio, pues actuó conforme a sus atribuciones legales, realizó las actuaciones pertinentes para notificar las multas, actuó conforme a la información que estaba disponible y posteriormente, realizó las gestiones pertinentes para averiguar el destino de la carta. Por ello, descartó cualquier afectación a las garantías invocadas por la recurrente, pues razonablemente no se podía actuar de manera distinta, ya que la circunstancia de no haber tomado conocimiento de la misiva remitida por el Servicio, no es una cuestión imputable a este último.

No obstante, señaló encontrarse llano a ejecutar las actuaciones que esta Corte determine, solicitando se le exima del pago de las costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la acción se desprende que lo que el recurrente alega como actos ilegales y/o arbitrarios, consisten en las actuaciones realizadas por la Inspección en mérito de la notificación de la resolución que aplicó las multas administrativas, esto es, en primer lugar, hacer pública información sensible derivada de multas que no habrían sido notificadas legalmente, dando ejecutoriedad a una resolución administrativa que aún no tendría dicha naturaleza, titulo o causa jurídica fehaciente y, en segundo lugar, en ordenar a la Tesorería General de la República girar o retener los dineros de sus cuentas corrientes.

En consecuencia, no se impugna por esta vía la ilegalidad o arbitrariedad de la notificación o del procedimiento administrativo que derivó en la aplicación de la multa.

SEXTO: Que para resolver, en primer lugar se tendrá presente lo dispuesto en el articulo 508 del Código del Trabajo, el cual prescribe que “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.”

Así, de la norma transcrita se desprende que la notificación se entiende realizada – en virtud de una presunción simplemente legal – en el plazo que se indica, sin que se requiera que conste que el destinatario de la carta la recepcionó o tomó conocimiento del contenido de la notificación.

SÉPTIMO: Que estimándose que tanto la publicación en EQUIFAX como la información que se remitió a la Tesorería General de la República, derivó de una notificación que fue realizada conforme a derecho – en virtud de la presunción legal citada -, actuando la recurrida conforme al procedimiento establecido al efecto, sin dejar de cumplir sus obligaciones en la tramitación, no puede estimarse que existió ilegalidad o arbitrariedad alguna en dichos actos por parte de la Inspección, pues no habiéndose alegado la nulidad o falsedad de la notificación, no puede exigirse al Servicio actuar de una manera distinta. Por lo tanto, debe concluirse que el actuar del recurrido se ajustó a la normativa vigente y se enmarca dentro de los parámetros de racionabilidad.

Así, como se ha razonado, no existiendo arbitrariedad o ilegalidad alguna por parte de la recurrida – presupuesto básico de la acción de protección – esta debe ser rechazada.

OCTAVO: Que, no obstante lo anterior, sin perjuicio de que existen otras herramientas idóneas para efectuar dicha alegación y conseguir retrotraer el proceso, tanto administrativas como judiciales, sólo teniendo presente que efectivamente las partes están contestes en que por error de la empresa de correos la notificación nunca llegó al empleador, manteniéndose hasta el día de hoy la comunicación en la empresa de correos, por causas que ésta no puede aclarar, por lo que, si bien el servicio ha actuado en todo momento en forma ajustada a derecho y sin ser arbitrariedad (no es menor el hecho que el empleador nunca recurrió administrativamente del acto o de la notificación por lo que aquel servicio no estuvo en posición de poder rectificar lo obrado), es claro que el procedimiento en cuanto tal pasa a ser arbitrario, desde que sin que el empleador haya tomado conocimiento de la sanción, y sin que se hubiese podido defender en términos reales, sufre las consecuencias del mismo, lo que no resulta razonable ni justo bajo ningún respecto, y, por esa sola razón, se acogerá el recurso para restablecer el imperio del derecho.

NOVENO: Que no se condena en costas a la recurrida, por haber tenido motivo plausible para litigar al tenor de lo expuesto.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por el abogado Eduardo Tapia Díaz, en representación de la sociedad Aislaciones Térmicas Industriales Aguirre y Aguirre Limitada (ASTER CHILE), y, en consecuencia, constatado que fue que aquella parte nunca fue notificada de la infracción y sanción en términos reales, se ordena que la Inspección Provincial del Trabajo El Loa - Calama, representada por la Inspectora Provincial jefe del Trabajo de El Loa, deberá proceder a notificar nuevamente la resolución Nº 207/2019/31 que aplicó las multas (también denominadas específicamente como Nº20720190031-1, Nº20720190031-2, Nº20720190031-3 y Nº20720190031-4), dejando sin efecto las actuaciones posteriores realizadas para dar cumplimiento dichas resoluciones, debiendo el referido servicio efectuar las notificaciones pertinentes a las instituciones a quienes comunicó las sanciones en su oportunidad para obtener su cumplimiento, a fin de que no se concreten respecto del recurrente los efectos de las mismas, según corresponda.

Regístrese y comuníquese.

Rol 618 - 2021 (PROT)