nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a ocho de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece Marco Beltrán Venegas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en beneficio de Jonathan José Barraza Rojas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, domiciliada en domicilio reservado, por negar la solicitud de “prueba nueva” de la demandante, en proceso sobre Tutela de derechos fundamentales y despido injustificado, Rol T-100-2020 radicado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, estimando vulnerado el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, para que acogiendo el recurso se deje sin efecto la resolución dictada en audiencia de fecha 12 de mayo de 2021, y acoja la solicitud de prueba nueva.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que expone que con fecha 01 de marzo de 2021, se llevó a efecto la audiencia de juicio, en proceso sobre Tutela de derechos fundamentales y despido injustificado, Rol T-100-2020 radicado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, cuyo demandante y actual recurrente es Jonathan José Barraza Rojas, abogado y ex funcionario del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Antofagasta.

Sostiene que en audiencia de continuación de juicio de fecha 12 de mayo de 2021, solicitó vía incidente, como “prueba nueva” la comparecencia del testigo, nombre reservado, exfuncionario también de la demandada, quien había renunciado recientemente a dicha institución (a fines del mes anterior).

Ante dicha solicitud, y luego del respectivo traslado y oposición de la contraria, la jueza a cargo del proceso resolvió denegar dicha solicitud de acceder a dicho medio de prueba nueva, atendiendo a que era extemporánea. No obstante, repuso verbalmente contra dicha resolución, corrigiendo la época en que tomó conocimiento de dicha prueba nueva, la cual en la solicitud inicial no había sido del todo clara, ofreciendo para el efecto la prueba del correo electrónico, enviado por el Sr nombre reservado, con fecha 20/03/2021, que acredita que su representado no tomo conocimiento de dicha prueba, sino hasta esa fecha (posterior a la audiencia de juicio anterior). Sin embargo, la magistrada rechazó el recurso de reposición impetrado. Contra dicha resolución ya no procede recurso alguno, salvo esperar recurrir de nulidad.

En la misma audiencia, la recurrida, aceptó que por la contraria declarase en la absolución de posiciones, una funcionaria que no revestía las características de administración y mando que exige el Código del Trabajo, sino una funcionaria que detenta el cargo de fiscal nacional “subrogante” del Servicio Nacional de la mujer y la Equidad de Género, quien está a cargo del control jurídico de dicha institución, pero no tiene injerencias de gerencia y/o administración tales como, en recursos humanos, desarrollo de las personas, entre otras, como exige el código del ramo, argumentando la recurrida, que en atención a que se trataba de un servicio público, se admitía y permitía dicha concesión. Invirtiendo en la práctica el principio indubio pro-operario, generando una discriminación arbitraria e injusta contra su representado.

Estima que tal discriminación resulta arbitraria al carecer de una fundamentación razonable, privando del ejercicio legítimo del derecho a exigir prueba nueva, de la que no se tenía conocimiento con anterioridad a la audiencia, sin otorgarle la facultad de ejercer y defender sus legítimos intereses a través de dicho medio de prueba ante el tribunal, contraviniendo el espíritu del legislador en materia laboral, que consagra general y transversalmente el principio del “Indubio pro-operario”.

Solicita de ordene la recurrida la aceptación y admisibilidad de dicho medio de prueba, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, informa al tenor del presente recurso solicitando el rechazo.

Expone que en audiencia de juicio de causa laboral, RIT: T-100-2020, caratulada "nombre reservado con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Antofagasta desarrollada el 12 de mayo del año en curso, la demandante al inicio de la audiencia promovió incidente de prueba nueva, solicitando que se accediera a la incorporación de prueba no ofrecida en la oportunidad procesal pertinente.

Previo traslado, se estimó que aquella resultaba extemporánea, en atención a que tal, como se ha resuelto reiteradamente, al no encontrar reconocimiento en la legislación laboral la prueba nueva, se han utilizado los criterios que reconoce la Ley 19.968, en cuanto a la concurrencia de la pertinencia y la temporalidad, esto es, que la parte tenga conocimiento del medio de prueba o de su nacimiento, contemporáneamente a la audiencia en que se solicita.

Sostuvo el recurrente que habría tomado conocimiento en enero o febrero del presente año, y constando la realización de una audiencia de juicio en el mes de marzo de los corrientes, se estimó que resultaba extemporánea.

En seguida, el demandante interpuso recurso de reposición, confiriendo traslado a la parte demandada, estimando que los antecedentes no modifican lo resuelto, por lo que se rechazó la reposición.

Finalmente, y en relación con la segunda alegación efectuada, es efectivo que, en la prueba confesional solicitada por la demandante, aquella solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento legal, atendido a que habría comparecido la Fiscal Nacional de la demandada.

Luego, confiriendo traslado a la demandada, se resolvió la solicitud, estimando que, en la especie, al tratarse de una entidad pública, de carácter descentralizado con un orden de subrogancia legal, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 4° del Código del Trabajo, permitía la declaración de la señora nombre reservado, haciendo presente que la demandante no interpuso recurso de reposición en contra de la resolución.

Sostiene que las resoluciones recurridas fueron dictadas en procedimiento legalmente establecido, dictadas por autoridad competente en el marco de sus atribuciones, las cuales se encuentran debidamente fundadas, ello conforme lo dispone el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Concluye que el recurrente, demandante en juicio laboral, ha ejercido los recursos que el procedimiento laboral establece, toda vez que el recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó el incidente de prueba nueva y, en cuanto a la resolución que rechaza la solicitud de apercibimiento respecto de la prueba confesional, no ejerció recurso procesal. Por ende, no existe actuación arbitraria o ilegal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que del mérito de los antecedentes, se observa que la decisión de rechazar la prueba nueva solicitada por el demandante fue resuelta en audiencia de 21 de mayo del año en curso, previo debate, decisión adoptada por tribunal competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y con las formalidades del caso, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el ejercicio de dicha actividad jurisdiccional.

En este sentido, no resulta admisible utilizar el recurso de protección para impugnar una resolución judicial por cuanto los eventuales agravios se encuentran bajo la protección del derecho, desde que, tratándose de un procedimiento regulado por ley, el afectado debe impugnar los agravios por las vías y recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea y, es por esta razón, que el propio constituyente prescindió de la garantía constitucional del debido proceso para restablecer el imperio del derecho en el recurso de protección .

En consecuencia, no existiendo actuación ilegal o arbitraria, desde que, el procedimiento laboral regula los medios, plazos y recursos para impugnar los eventuales agravios, resolviendo la jueza recurrida dentro del ámbito de su competencia y ejerciendo sus atribuciones legales, solo cabe rechazar el recurso, porque se insiste que a través a de una cautelar constitucional sin forma de juicio se incurriría en un grave error entrometerse en un juicio que se desarrolla mediante un procedimiento preestablecido con respeto a todas las garantías procesales y especialmente al debido proceso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de Protección interpuesto por Marco Beltrán Venegas, abogado, en beneficio de Jonathan José Barraza Rojas, en contra de nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 6099-2021 (PROTECCIÓN)