Protección contra recurrente

Antofagasta, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Felipe Ignacio Escobar Maturana, abogado, en representación de Protector Security Supermarket SpA., todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduce recurso de protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen la garantía reconocida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, consistente en la no admisión a tramitación de la solicitud de reconsideración de multa administrativa por considerarla erróneamente fuera de plazo.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la presente acción se funda, en que se habría negado la tramitación de reconsideración de multa administrativa, por extemporánea, al interpretar que el plazo es de días corridos, sin ley existente por lo que sería ilegal además de arbitraria.

Alude que el 22 de diciembre pasado se habría notificado mediante carta certificada resolución de multa 3236/17/183 de 15 de diciembre de 2017, y con fecha 29 de enero de 2018 mediante formulario n° 10 se presenta recurso administrativo de reconsideración, y mediante Resolución Ordinaria N° 328 de 23 de febrero de 2018 notificada el 2 de marzo de 2018, se informa que no se cumple con los requisitos legales por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación.

Entiende la recurrente que se interpretó el artículo 512 del Código del Trabajo de forma arbitraria, afectando la garantía de igualdad ante la ley.

Cita los artículos 5 inciso segundo, 6 inciso primero y 7 de la Constitución Política de la República, además del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos por los que se rigen los órganos de administración del Estado.

Argumenta que al considerar el artículo 25 inciso primero de la ley 19.880, debe concluirse que el plazo del artículo 512 referido, al no señalarse si es de días corridos o no, debe aplicarse el artículo mencionado, para lo que cita jurisprudencia al efecto, añadiendo que debe condenarse en costas conforme al artículo 144 del código de Procedimiento Civil.

Solicita se ordene a la recurrida conocer la reconsideración de multa, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Morán Ledezma en representación de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, aludiendo que el procedimiento se inicia a raíz de un reclamo, realizándose fiscalización el 15 de diciembre de 2017, no exhibiéndose la documentación requerida, por lo que se aplica multa que es notificada el 28 de diciembre del mismo año conforme el artículo 508 del Código del Trabajo.

Añade que el recurso de reconsideración conforme al artículo 512 del Código del Trabajo se presenta el 29 de enero de 2018, fuera del plazo de 30 días corridos desde la notificación de la infracción, y es por ello que no se admite a tramitación, por extemporaneidad.

En cuanto al plazo, indica que debe determinarse si es de días hábiles o corridos, y para ello se debe analizar el resto del Código del Trabajo, interpretándose sistemáticamente que la regla general es de días corridos, ya que cuando es de días hábiles lo señala expresamente, por lo que estando claro en ese cuerpo legal, no debe aplicarse el artículo 22 del código Civil y recurrirse a otros cuerpos legales, no siendo aplicable el artículo 25 de la ley 19.880 que es referente a materia diversa. De esto, alude se ha pronunciado en el mismo sentido esta Corte de Apelaciones en Rol 108/2014 así como la Contraloría General de la República, en Dictamen Ordinario N° 17344 de 10/03/2014.

Esgrime que no habría acto ilegal, por ser parte de las atribuciones del servicio, actuando dentro de sus competencias, y no siendo arbitrario ya que obedece lo que hasta la actualidad es la postura de la Contraloría, no existiendo vulneración alguna de garantías, por lo que solicita el rechazo del recurso TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la pretensión de la acción constitucional deducida es revertir la decisión adoptada por la Inspección Provincial del Trabajo en orden a no tramitar el recurso de reconsideración administrativa.

QUINTO: Que en autos, la controversia es meramente jurídica, la que reside en determinar la naturaleza del plazo de días contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo, en cuanto a si refiere días hábiles o corridos.

SEXTO: Que al efecto, existe reiterada jurisprudencia de esta Corte y de la Excelentísima Corte Suprema, roles N° 809-2014, 8384-2014, 4015-2015, 18.414-2015, 16.288-2016, 82.366-2016, 27.862-2017, 4711-2017 y 43.032-2017, que ha sostenido de manera inalterable que la naturaleza del plazo debe concordarse con el artículo 25 de la ley 19.880, tal como sostiene la recurrente, concluyendo que el plazo a considerar debe ser de días hábiles, por encontrarse ante una etapa de orden administrativo y no existir norma expresa que regule dicho plazo.

SÉPTIMO: Que por tanto, debe tomarse en cuenta para el cómputo del plazo que fue notificado el recurrente con fecha 28 de diciembre de 2017 e interpuesta la reconsideración el 29 de enero de 2018, lo que es reconocido por la recurrida.

OCTAVO: Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que según lo señalado en el considerando sexto es el que corresponde aplicar, señala: “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”

NOVENO: Que conforme lo señalado, y habiendo transcurrido el plazo desde el día siguiente a la notificación, computándose desde el día 29 de diciembre al 29 de enero que se presenta al reconsideración, un plazo de 21 días según lo dispuesto en la norma ya referida, por lo que se encontraría la interposición de la reconsideración dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

DÉCIMO: Que habiéndose determinado que la acción que se reclama fue interpuesta dentro del plazo que establece la ley, al no haberse acogido a tramitación por extemporáneo, constituye un acto ilegal en contra de la recurrente, afectándole, por tanto, su garantía a la igualdad ante la ley prescrita en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, lo que debe ser enmendado mediante el presente recurso.

UNDÉCIMO: Que atendido a que fue completamente vencida la recurrida, se le condenará en costas, fijándose en un ingreso mínimo mensual incrementado para efectos remuneracionales.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso deducido por Felipe Ignacio Escobar Maturana en representación de Protector Security Supermarket SpA. contra la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N° 328 de 23 de febrero de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de Resolución de Multa 3236/17/183 de 15 de diciembre de 2017, con costas, fijada en un ingreso mínimo mensual incrementado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 608-2018 (PROT)