nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, uno de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de don Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, jefe de mantención, ambos con domicilio en domicilio reservado y cuidad de Antofagasta, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Antofagasta, por la acción arbitraria e ilegal consistente en el descuento de parte de la remuneración del recurrente, sin causa legal justificada, solicitándole a esta Corte que adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3 y N°24, ordenando a la recurrida que efectúe el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen descuentos de sus remuneraciones; todo lo anterior con expresa condena en costas.

Informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por extemporáneo y, en subsidio, por improcedente, al carecer de oportunidad.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Informa el recurrente que don nombre reservado, el año 2011 solicitó un crédito a la recurrida, por un plazo de 47 cuotas mensuales, constituyéndose en mora del pago de las cuotas a partir del 07 de octubre de 2019, esto es de la cuota 93 en adelante.

Agrega que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha ejercido acciones judiciales tendientes a cobrar el referido crédito, lo que consta en causa Rol C-5588-2015 y en causa Rol C-4024-2013, ambas del 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, sin embargo ha decidido forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, ordenando a su actual empleador, la empresa ARAMARK donde se desempeña como jefe de mantención desde 04 de julio de 2022, realizar descuentos de sus remuneraciones, ello desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023, los que en total ascienden a la suma de $3.432.141, exceptuando los meses de junio y julio de 2023 en que al actor se encontraba haciendo uso de licencia médica, privándolo de su derecho de propiedad sobre parte de su retribución.

Precisa que si bien los descuentos se realizaron al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en el presente caso, estamos frente a un trabajador que dejó de pagar regularmente el crédito y obtuvo un nuevo trabajo con un empleador distinto, pretendiendo la institución recurrida continuar con los cobros unilateral y arbitrariamente, situación que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, regulándola expresamente en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567. En virtud de esta, previo a reiniciar los descuentos, la Caja está obligada a enviar un aviso al trabajador informándole que tiene una deuda de crédito social impaga y que los descuentos de las cuotas del crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse, esto es, mediante descuento en sus remuneraciones.

Asimismo, sostiene que el aviso debe contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de la mencionada Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, la indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, otorgando al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses. La circular dispone que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de ese término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

Sostiene que la recurrida no ha realizado la notificación previa, por lo que, no podía ordenar al empleador efectuar la retención de sus remuneraciones, actuando, en consecuencia, de forma arbitraria e ilegal al no tener facultades para obrar como lo hizo, conculcando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Carta Fundamental, al privar injustificadamente a su representado de parte de su patrimonio constituido por sus remuneraciones, desde agosto de 2022 a agosto del año en curso.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte que adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3 y N°24, y artículo 20 de la Constitución Política de la República, ordenándole a la recurrida que efectúe el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “ARAMARK”, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones de su representado; todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Informa doña nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Primeramente, afirma que el recurso impetrado debe ser declarado inadmisible por extemporáneo, toda vez que fue presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, puesto que, la presente acción fue presentada con fecha 01 de agosto de 2023, esto es, transcurrido con creces el plazo legal contado desde el hecho que se denuncia como arbitrario o ilegal, en consideración a que los descuentos se reanudaron en agosto de 2022, adjuntando el actor liquidaciones que dan cuenta de ello.

En subsidio, informa que su representada otorgó al recurrente con fecha 01 de septiembre de 2011, un crédito código 080554432-5, por la suma de $9.774.953 en un plazo de 84 meses. Las cuotas del mes de octubre de 2011 a marzo de 2012 (cuotas 1 a 6) se pagaron regularmente en el plazo establecido, sin embargo las siguientes no se pagaron oportunamente, adeudándose al 24 de noviembre de 2014 la suma de $17.341.944, monto correspondiente al saldo capital insoluto de las cuotas del mes de abril de 2012 a noviembre de 2014 (7 a 38), intereses penales, honorarios de abogados, gastos judiciales y gastos de cobranza.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 24 de noviembre de 2014, el recurrente reprogramó la deuda por la suma $10.152.649, vale decir la Caja bonificó la suma de $7.189.295. El monto reprogramado se otorgó a una tasa de 0.99%, en un plazo de 60 meses, ascendiendo la primera cuota a la suma de $231.496, con vencimiento al 30 de junio 2018. De esta reprogramación, las cuotas del mes de junio de 2018 a junio de 2019 (1 a 13), se pagaron regularmente en el plazo establecido. La cuota del mes de julio de 2019 a abril de 2020 (1 a 23), se pagaron durante el periodo entre el 10 de septiembre de 2022 al 10 de junio 2022. Sin embargo, las cuotas del mes de mayo de 2020 a mayo de 2023 (24 a 60), se encuentran en mora.

Indica que, los descuentos para el pago de cuotas del crédito social son informados al empleador de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y refiere que, por otro lado, su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita judicialmente, de acuerdo a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil. Por lo tanto, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado de un tribunal competente, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible, agregando que la acción de protección no es la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción.

Sostiene que el recurrente no puede pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en un juicio de lato conocimiento, por lo que rechaza haber actuado de forma ilegal o arbitraria, así como haber infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante lo anterior, afirma que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos al recurrente, advirtiendo que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos. Sin embargo, asegura que dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, solicitando el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad, habiendo accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consistente en efectuar descuentos improcedentes en sus remuneraciones desde el mes de agosto del 2022, provenientes de un crédito social cuya cobro se habría intentado en sede civil, en procedimientos iniciados por la propia recurrida, en causa Rol C-5588-2015 y en causa Rol C-4024-2013, ambas del 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, contraviniendo además lo dispuesto en la circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social, habiendo reiniciado los descuentos en las remuneraciones de su nuevo empleador, sin mediar el aviso exigido en el artículo 1.17.3 del referido instrumento.

SEXTO: Que, atendida las alegaciones y antecedentes acompañados por las partes, es posible dar por establecido que la recurrida ha efectuado descuentos desde la remuneración del actor desde agosto del año 2022 a la fecha, lo que resulta acreditado mediante las liquidaciones acompañadas al recurso. Asimismo, que los referidos descuentos obedecen a una obligación existente entre las partes, en virtud de un crédito otorgado al actor en septiembre del año 2011 que, conforme informó la recurrida, fue reprogramado con fecha 24 de noviembre de 2014, por la suma de $10.152.649 (diez millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos).

SÉPTIMO: Que, primeramente, habiéndose alegado la extemporaneidad del recurso, ésta deberá ser rechazada, desde que los actos alegados como vulneradores, consistentes en el descuento de las remuneraciones del actor, como se ha demostrado, han sido realizados por la recurrida de forma sostenida y reiterada en el tiempo, verificándose incluso en su última liquidación, tendiendo efectos permanentes en el patrimonio del recurrente.

OCTAVO: En cuanto al fondo, respecto de haberse iniciado por la recurrida el cobro del crédito mediante acciones ejercidas en sede civil, no se han acompañado al recurso mayores antecedentes que permitan acreditar dicha alegación, sin que tampoco haya podido esta circunstancia verificarse mediante la consulta de las causas en el sistema del Poder Judicial, a través del ingreso de roles indicados por el actor, atendido la antigüedad de la causa C-4024-2013 y por no coincidir los litigantes en causa Rol C-5588-2015, ambas del segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta atendible la alegación referida al incumplimiento de la normativa aplicable al reinicio de los descuentos en las remuneraciones del recurrente, toda vez que la relación laboral con su actual empleador, Central de Restaurantes ARAMARK Multiservicios LTDA., ha comenzado el 04 de julio de 2022, como se ha acreditado mediante copia del contrato de trabajo acompañado al recurso, de lo que se desprende la veracidad de lo sostenido por el actor, en cuanto a haber teniendo un empleador diverso al momento de verificarse la contratación del crédito, lo que además no fue controvertido por la recurrida, pudiendo llegarse a la misma conclusión respecto de la reprogramación del crédito informada por la caja, pactada en el mes de noviembre del año 2014.

NOVENO: De esta forma, conforme a la normativa aplicable al caso sub lite, si bien la recurrida en principio puede disponer el descuento impugnado actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos para efectuar el cobro de los créditos otorgados a sus afiliados, en el presente caso nos encontramos con otra irregularidad, que hace que la acción realizada sea arbitraria.

En efecto, nos encontramos frente a una situación en que el trabajador dejó de pagar regularmente el crédito, y que frente a un nuevo empleo, la caja de compensación pretende continuar con los cobros, cuestión que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, lo que dicha institución regula en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567, de fecha 4 de enero de 2021.

Cabe considerar que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que, considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes en tal calidad pueden regular su funcionamiento a través de circulares, que son obligatorias para la caja.

En ese contexto, atendido el artículo antes referido, para reiniciar los descuentos la Caja resulta obligada, previo a informar a la entidad empleadora la respectiva cuota del crédito social, a enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones, aviso que deberá contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de dicha Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, aviso que otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses. Dispone la circular que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

Es del caso que, la recurrida no ha alegado ni menos acreditado haber efectuado la notificación previa, por lo que, conforme a la normativa que lo obliga, no podía comunicar al empleador que se debía efectuar la retención, por lo que lo obrado por la caja de compensación resulta ser infundado, al no cumplir las gestiones previas que se han establecido al efecto, lo que deriva en que lo actuado por la recurrida es arbitrario, por no tener facultades dicho organismo para obrar como lo hizo, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar injustificadamente al recurrente de parte de su patrimonio, como lo es su remuneración.

DÉCIMO: Conforme lo analizado precedentemente, solo cabe acoger el presente recurso, toda vez que, si bien la recurrida ha manifestado haber dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas, no ha acompañado a su informe antecedentes que den fe de lo señalado, haciendo necesarias por esta vía, la adopción de medidas que cautelen los derechos vulnerados.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por don Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenando a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente en razón del cobro del crédito adeudado y, a la vez, proceder a la restitución de todo dinero descontado de sus remuneraciones por este concepto, desde el mes de agosto del año 2022, dentro de quinto día hábil desde la notificación del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 6.055 – 2023 (PROT)