nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Jorge Andrés Correa Fuentes, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, denunciando como acto ilegal y arbitrario el descuento unilateral en sus remuneraciones derivado de un crédito social solicitado en el año 2019, lo que -a su juicio- ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el recurso, ordenando el reintegro y devolución de la suma descontada y la abstención de realizar nuevos descuentos en su remuneración, con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Señala el recurrente que, en la liquidación de sueldo del mes de noviembre del año 2025, su actual empleador Solmin Soluciones Mineras Limitadas le realizó un descuento, sin previa notificación ni aviso, por concepto de “Préstamo CCAF Los Andes” por un monto de $540.889, percatándose el recurrente que se trataba de un descuento por un crédito social que solicitó el año 2019 a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Indica que efectivamente pactó un crédito con la recurrida consistente en el pago de 60 cuotas, constituyéndose en mora en la séptima de ellas, cuyo vencimiento fue el 31 de enero de 2020.

Agrega que la recurrida no ha iniciado acciones tendientes al cobro de la deuda, por lo que pretende cobrar de forma extrajudicial e ilegal amparado en la normativa referente a la Ley de caja de compensaciones que contiene un beneficio que se aplica a cobros oportunos, en consecuencia, dicho actuar no le permitió ejercer su defensa como corresponde.

Afirma que la actuación de la recurrida infringe el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, 3.1.17.3, titulado “Reinicio de Descuentos”. Además, se vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que respecto al derecho de igualdad ante la ley, se ha vulnerado toda vez que el actuar de la recurrida, sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, se hallaría prescrita.

Agrega que, respecto al derecho de propiedad, se ha vulnerado ya que el actuar del recurrente lo priva del legítimo derecho a su remuneración completa producto de un trabajo honesto sobre el cual tiene derecho de dominio y debe ingresar a su patrimonio.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se ordene a la recurrida el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de la remuneración, con los intereses y reajustes; y se ordene abstenerse de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte del actual empleador, o por cualquier otro empleador nuevos descuentos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó al tenor de lo solicitado la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

Indica que con fecha 16 de abril de 2019 la Caja de Asignación Familiar Los Andes otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 174CON101450101, por un capital inicial de $1.262.500, a una tasa de interés mensual de 2.85%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $91.993, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de junio 2019. Las cuotas de los meses de junio a abril 2020, N° 1 a N° 11, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 10 de julio 2019 a 10 de marzo 2026. A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado de morosidad las cuotas de los meses de mayo 2020 a mayo 2024, N° 12 a N° 60.

A su vez indica que con fecha 03 de junio de 2019 otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 174CON101560103, por un capital inicial de $9.398.463, a una tasa de interés mensual de 1.75%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $263.298, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto 2019. Las cuotas de los meses de agosto 2019 a abril 2020, N° 1 a N° 9. A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado de morosidad las cuotas de los meses de mayo 2020 a julio 2024, N° 10 a N° 60.

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, y por otro lado, se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, ya que no ha sido declarada judicialmente, por lo que la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el recurrente existe y es plenamente exigible, rechazando haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Refiere que, no obstante, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y, asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Agrega que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos y dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, de manera que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, el acto arbitrario e ilegal que el recurrente reclama consiste en el descuento unilateral, sin previa notificación o aviso, realizado en su remuneración en correspondiente al mes noviembre del año 2025, por la suma de $540.889, manifestando además que la deuda, considerando la data del crédito, se encontraría prescrita.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, no se encuentra controvertido que el recurrente, en el año 2019, obtuvo dos créditos, otorgado el 16 de abril de 2019 y el 03 de junio de 2019, los que se encuentran impagos, y dicha deuda fue cobrada en la liquidación del mes de noviembre de 2025, por un monto de $540.889, respecto de lo cual la recurrida manifestó que el descuento lo realizó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y considerando que no se ha declarado judicialmente la prescripción de la deuda, sin embargo, ha manifestado que procederá a cesar con los descuentos y realizará la devolución del monto descontado.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo normado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, se debe tener presente que, para el reinicio del cobro de las cuotas impagas de crédito social, la Caja debía previamente informar el descuento a la entidad empleadora o pagadora de la pensión la respectiva cuota de crédito social, enviar un aviso al trabajador informándole la existencia de la deuda de crédito social impaga por los meses correspondientes, noticiándole que dichos descuentos se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en sus remuneraciones o pensiones, esto de conformidad a lo establecido en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. aprobado por Resolución Exenta Nº 250 de 29 de marzo de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, en su libro III RÉGIMEN DE CRÉDITO SOCIAL en el título 3.1.17.3 referente al Reinicio de Descuentos.

OCTAVO: Que del informe evacuado por la recurrida no consta que haya existido alguna comunicación o notificación a la recurrente de la reanudación del cobro del crédito, en tal sentido esta obligación no es baladí, toda vez que es una condición esencial para el reinicio de los descuentos, comunicación que debe contener además la información referida a la indicación del crédito otorgado, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan. El aviso otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.

NOVENO: Que, en consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar los descuentos del crédito, toda vez que no ha existido la debida notificación al recurrente de la reanudación del cobro, vulnerando la garantía prescrita en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, específicamente el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, haciendo uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la caja de compensación en cuestión, y el hecho de informar la recurrida que cesara y hará la devolución del monto descontado, no es suficiente per se para restar oportunidad al recurso, razones que bastan para acoger el recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se fija a la recurrida el plazo de 30 días hábiles para proceder al cese efectivo de los descuentos y la devolución de los dineros indebidamente retenidos al recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 60-2026 (Protección)

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