Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Antofagasta, a veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, por sí, de nacionalidad peruana, cédula nacional de identidad para extranjeros RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N°2500100323857 de fecha 18 de diciembre del año 2025, mediante la cual se ordenó el archivo de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que se funda en un presupuesto de hecho erróneo, toda vez que al momento de dictarse la resolución impugnada, la recurrente ya se encontraba en territorio nacional, vulnerando, con ello, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto el acto administrativo impugnado y se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud conforme a los antecedentes aportados.

Evacúan informes el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que la recurrente ingresó a Chile en enero del año 2020 por el paso habilitado de Chacalluta, en calidad de extranjero transeúnte. Posteriormente, se trasladó a Antofagasta, donde celebró contrato de trabajo como niñera en febrero de 2020, empleo que mantiene hasta la fecha.

Indica que obtuvo la regularización migratoria de residencia temporal en 2020, cuya validez se extendió hasta el 27 de julio de 2024. En virtud de lo anterior, presentó una solicitud de Residencia Definitiva con fecha 20 de junio de 2024, cumpliendo, a su juicio, con todos los requisitos legales. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2025, se le notifica la Resolución Exenta N°2500100323857, que ordena el archivo de su solicitud de Residencia Definitiva.

Señala que esta resolución se funda en información de Policía Internacional que indica que se encuentra fuera del país desde el 20 de mayo de 2025, sin nuevos ingresos al territorio nacional.

La recurrente desvirtúa esta aseveración, acompañando un certificado de viajes de fecha 22 de diciembre de 2025, que acredita su salida del territorio nacional el 20 de mayo de 2025, pero también su último ingreso a Chile el mismo día 20 de mayo de 2025, no registrando otra salida posterior, lo cual, a su parecer, deja sin sustento la resolución impugnada.

Además, acusa que no se le concedió en el procedimiento administrativo la posibilidad de aclarar esta contradicción o de acompañar medios de prueba que demostraran su ingreso y permanencia en el país.

Afirma que cumple con todos los requisitos para postular a la Residencia Definitiva, siendo de nacionalidad peruana y sin antecedentes penales.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente argumenta que la acción de protección es admisible por cumplir con los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, ya que la conducta del recurrido es positiva, injustificada, permanente y afecta sus derechos, habiendo sido interpuesta dentro del plazo legal.

Califica la conducta del Servicio Nacional de Migraciones como arbitraria e ilegal, al incurrir en un pronunciamiento injustificado que se sustenta en un error de hecho, específicamente la situación de su permanencia en el país, lo que carece de razonabilidad y proporcionalidad.

Destaca que no existió un cotejo interno de información por parte de la autoridad migratoria antes de emitir el acto administrativo de término, lo cual le impidió la posibilidad de presentar descargos.

En este sentido, aduce que la resolución exenta N°2500100323857 contraviene lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2 y el artículo 41 inciso 4 de la Ley N° 19.880, al no expresar los hechos y fundamentos de derecho correctos y ser una decisión que no se encuentra debidamente fundada ni considera el contexto de la recurrente. Asimismo, denuncia una contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y al artículo 2 de la Ley N° 18.575, pues los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Considerando los antecedentes expuestos, la recurrente sostiene que el actuar de la parte recurrida vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al generarse una diferencia de trato arbitraria, carente de fundamento razonable y justificación, que le impide la obtención de su permiso de residencia definitiva y la mantiene en una completa incertidumbre migratoria, a pesar de cumplir con los requisitos legales y haber ingresado y permanecido en el país de forma regular. Asimismo, acusa la vulneración de la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, dado que no se le concedió la posibilidad de aclarar la contradicción de información o de presentar medios de prueba que desvirtuaran el fundamento erróneo de la resolución impugnada, lo cual denota una tramitación administrativa que no se ajusta a derecho y carece de razonabilidad y proporcionalidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2500100323857, decretando que se acoja la solicitud de Residencia Definitiva de la recurrente.

SEGUNDO: Que, informando a esta Ilustrísima Corte, la abogada doña Pamela Ahumada Zamorano, en representación de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que doña nombre reservado, de nacionalidad peruana, ingresó por primera vez al país el 16 de enero de 2020, por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta, en calidad de turista.

Luego, con fecha 20 de junio de 2024, la extranjera solicitó el beneficio migratorio de Residencia Definitiva, bajo ID N° 70654588.3. Mediante comunicación electrónica Folio N° 86464644, de fecha 01 de octubre de 2025, se le informó que no cumplía con los requisitos para obtener el permiso de residencia impetrado, otorgándosele un plazo de 60 días para subsanar documentación, bajo advertencia de rechazo de su solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley N°21.325. Específicamente, se le requirió: a) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PAÍS DE ORIGEN: Remitir mediante CORREO CERTIFICADO, dirigido a RESIDENCIAS DEFINITIVAS, San Antonio N°580, Santiago, el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ORIGINAL debidamente legalizado por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Posteriormente, debía responder dicha notificación de más antecedentes, adjuntando el comprobante de envío de CORREOS DE CHILE, donde se identificara el código de seguimiento de la carta certificada. b) CERTIFICADO DE VIAJES: Remitir el certificado de viajes emitido por Policía Internacional que acreditara las entradas y salidas entre el 27 de julio de 2022 y el 27 de julio de 2024.

Posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 2025, la extranjera remitió documentación al Servicio. Finalmente, mediante REX N° 2500100323857, de fecha 18 de diciembre de 2025, y conforme a lo informado por Policía de Investigaciones de Chile, que señalaba que la recurrente se encontraría fuera del país desde el 20 de mayo de 2025, sin nuevos ingresos al territorio nacional, se resolvió archivar la solicitud de residencia.

Señala que, conforme a lo informado en Ordinario N° 19, de fecha 14 de enero de 2026, emitido por Policía de Investigaciones de Chile, en el presente recurso, se dictó la REX N° 2600100028522, de fecha 16 de enero de 2026, la cual dejó sin efecto la REX N° 2500100323857, que archivó la solicitud de la recurrente, dictando posteriormente la REX N° 2600100028714, de fecha 16 de enero de 2026, la que otorgó el permiso de residencia definitiva a la persona extranjera doña nombre reservado, nacional de Perú, RUN: RUT reservado, ID RUT reservado.

Por lo expuesto, no existe actualmente acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto existe un acto terminal que resuelve la solicitud de la recurrente.

En cuanto al derecho, cita el artículo 78 y 37 de la Ley N° 21.325 Añade que la solicitud de residencia definitiva de la recurrente se encuentra resuelta mediante REX N° 2600100028714, de fecha 16 de enero de 2026, otorgando el permiso de residencia solicitado y que, en tal sentido, no se configuran los presupuestos constitucionales señalados por el recurrente para la interposición de la acción de protección, toda vez que existe un acto terminal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, que otorga el permiso de residencia definitiva solicitado por la extranjera, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, rola el informe evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile, Región Policial de Antofagasta, de fecha 14 de enero de 2026, emitido en virtud del Recurso de Protección Rol N° 6-2026 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. En dicho informe, la Policía de Investigaciones de Chile, en respuesta a lo solicitado respecto de la recurrente doña nombre reservado, señala que, efectuadas las consultas pertinentes por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta al Archivo General de Viajes dependiente de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, se estableció que la recurrente registra múltiples movimientos migratorios de entrada y salida. Específicamente, se detallan los siguientes últimos movimientos: una salida el 27 de marzo de 2025 por Chacalluta, Perú; una entrada el 01 de abril de 2025 por Chacalluta, Perú; una salida el 20 de mayo de 2025 por Chacalluta, Perú; una entrada el 20 de mayo de 2025 por Chacalluta, Perú.

Se aclara que esta información corresponde a todos los controles fronterizos revisados e ingresados en el sistema computacional de la Policía de Investigaciones de Chile. Adicionalmente, se indica que en el Sistema de Gestión Policial no se registran anotaciones respecto de la recurrente.

El informe concluye señalando que es todo lo que se puede informar al respecto del recurso.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°2500100323857 de fecha 18 de diciembre del año 2025, que ordenó el archivo de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, por cuanto la extranjera se encontraría fuera del país desde el 20 de mayo de 2025, sin nuevos ingresos al territorio nacional.

Al efecto, el recurrido señaló que con la nueva información de PDI, mediante REX N° 2600100028714, de fecha 16 de enero de 2026, se dejó sin efecto la cuestionada REX N°2500100323857 de 18 de diciembre del año 2025, lo que implica que el recurso de protección interpuesto ha perdido oportunidad, debiendo desestimarse, según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 6-2026 (Protección)