nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, quince de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció Paula Andrea Cancino Kobeken, abogada en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario cometido al descontar parte de las remuneraciones, por concepto de una deuda prescrita a la fecha, todo lo cual importa una privación al legítimo ejercicio de la garantía establecida en el artículo 19 N°24º de la Constitución Política de la República. Solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, y se ordene que se deje sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones, que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de agosto de 2022, los que ascienden a una suma total de $ 5.740.448, con costas.

Evacuó informe la recurrida, la que solicitó el rechazo por falta de oportunidad.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente indicó que el 10 de julio de 2014, solicitó un mutuo con Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por un total de $13.633.903, pagadero en 60 cuotas de $390.302 iguales, sucesivas y mensuales, cuyo primer vencimiento se computaba el 31 de agosto de 2014.

Señaló que pagó hasta la cuota 21 de 60, encontrándose impagas 39 cuotas, desde el 30 de mayo de 2016. A consecuencia de esto, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra el 1 de diciembre de 2016, por cobro de pagaré, actualmente tramitada ante el 3º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, caratulada “CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES/nombre reservado”, en causa Rol C-5297-2016, por un monto de que ascendía a la suma de $8.862.037, por 39 cuotas morosas sin intereses, cada una de $227.232. Luego, el 30 de agosto de 2024, consta de su tramitación que se acogió el incidente de abandono del procedimiento impetrado por su parte.

Por su parte, expuso que el 2016, cuando trabajaba en alimentación Aliservice, comenzaron los primeros descuentos, luego continuaron cuando trabajaba en Siglo XXI, para proseguir cuando trabajaba en ISS Antofagasta, y en la actualidad mientras se desempeña en Sodexo.

Recalcó que la ejecutante eligió la vía judicial para exigir el cobro de la deuda, por lo que, para lograr el pago de lo adeudado, debió únicamente circunscribirse a esta premisa, y no, al cobro mediante descuentos en las liquidaciones de sueldo.

Mencionó que estos descuentos realizados por su empleador, a solicitud directa de la recurrida, le acarrea un gran perjuicio y para su familia, ya que se ha disminuido un monto importante de su remuneración mensual. Esta situación, no solo afecta su calidad de trabajador, sino que además de manera directa la estabilidad financiera de su familia, quienes dependen de sus ingresos económicos para vivir el día a día. En efecto, estimó que la recurrida ejerce de manera indirecta una especie de autotutela, al descontar sin fundamentos parte de su sueldo, desconociendo con este acto las acciones judiciales que la misma se encuentra realizando en causa Rol C-5297-2016, del 3º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta.

Precisó que lo que acontece en el caso de autos, es que la recurrida optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el empleador de turno, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación.

Enseguida plasmó las argumentaciones jurídicas e indicó que la acción impetrada es del todo procedente, pues ha visto privado, perturbado y amenazado, el legítimo ejercicio referido al derecho esencial garantizado en la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad contemplado en el numeral 24 del artículo 19. Recalcó en tal sentido que, desde diciembre 2024, se desempeña como trabajador de la empresa SODEXO, en el cargo de administrador de contratos, relación laboral pactada a través del contrato de trabajo suscrito con su empleador, por ello, es dable establecer con exactitud y sin duda alguna que es titular del derecho de propiedad sobre su remuneración, la que obtiene mensualmente como fruto de su trabajo.

Con todo, solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, y se ordene a la recurrida que se deje sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones del actor; que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de agosto de 2022, los cuales ascienden a una suma total a la fecha de $ 5.740.448; y que sea condena en costas la recurrida de autos.

SEGUNDO: Que informó Inés Riquelme Arao, abogada en representación de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, la que solicitó el rechazo por falta de oportunidad.

Indicó en esta línea de sus alegaciones que el 10 de julio de 2014 se otorgó al recurrente la operación de crédito código N°RUT reservado, por un capital inicial de $13.633.903, a una tasa de interés mensual de 1.89%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $390.302, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto de 2014. Las cuotas de los meses de agosto 2014 a mayo 2016, cuotas N°1 a N°22, fueron pagadas entre el 10 de septiembre 2014 al 10 de octubre 2017. Producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de junio 2016 a octubre 2017, cuotas N°23 a N°39, el 11 de diciembre de 2017 el actor efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $9.328.379, con una tasa de interés mensual de 0.99%, pagadero en 84 meses, con una cuota de $169.975, cuyo primer vencimiento correspondió 31 de enero 2018. Las cuotas de los meses de enero 2018 a julio 2024, cuota N°1 a N°79, fueron pagadas el 10 de febrero 2018 a 10 de abril 2025. A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de agosto a diciembre, ambos de 2024, cuotas N°80 a N°84.

Por su parte, hizo presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social, son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, señaló que ha procedido al cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, toda vez que conforme las normas aplicables del Código Civil, ésta no ha sido declarada judicialmente. De esa manera, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible. A lo anterior, agregó el hecho que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

No obstante, lo informado precedentemente, enfatizó que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Para el cumplimiento de aquello, señaló que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos; no obstante, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finalmente, previas citas jurisprudenciales, y en mérito de los argumentos planteados, instó por el rechazo de la presente acción por falta de oportunidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para la acertada resolución, se debe tener presente por un lado lo pretendido por el actor, y los términos del informe efectuado por la recurrida.

En tal sentido, primeramente, en relación con la solicitud de la abstención respecto de los descuentos a practicarse en las remuneraciones del actor, es un aspecto al que la recurrida accedió expresamente, pues aseguró que procederá a cesar con los descuentos del crédito otorgado.

Luego, en relación con el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente; para resolver se tiene presente la documentación aportada por el actor, además del allanamiento de la recurrida, tomando en consideración lo indicado, en cuanto será reintegrado y devueltas aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Para el cumplimiento de aquello, señaló que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos; no obstante, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

SEXTO: Que, debido a los antecedentes expuestos por el actor, hecho que motivó el recurso, de los documentos acompañados por el actor, las afirmaciones de la recurrida, especialmente el allanamiento en los términos expuestos, no contradichos por el recurrente, fluye que se han perpetrado los actos arbitrarios o ilegales alegados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Paula Andrea Cancino Kobeken, en representación de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida que se abstenga de realizar descuentos de remuneraciones del actor, y que restituya toda suma indebidamente percibida; si es que ya no lo ha hecho, en los mismos términos indicados al evacuar el respectivo informe.

Regístrese y comuníquese.

Rol 592-2025 (PROT)