nombre reservado con SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA DE BUSES HUALPEN LTDA.,CENTRO DE TRABAJO PROVINCIA EL

Antofagasta, a quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Rolando Frez nombre reservado, en representación de nombre reservado, y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA DE BUSES HUALPÉN LIMITADA, CENTRO DE TRABAJO PROVINCIA EL LOA Y DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL-CODELCO CHILE, persona jurídica del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el proceso de censura que culminó con su destitución del sindicato perdiendo con ello su fuero, por constituir una actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que se realizó una segunda censura sobre los mismos hechos incumpliendo las normas estatutarias sobre votación, vulnerando, con ello, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho de propiedad y de asociación, garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 3 inciso 5°, 24, 15, respectivamente. Por lo que solicita acoja el recurso, ordene la reincorporación inmediata de los recurrentes a sus cargos directivos, con restitución de sus derechos a contar del 11 de marzo de 2025, con costas.

Se solicitó informe al recurrido, quien no lo evacuó no obstante haber sido notificado válidamente, por lo que se resolvió a fojas 30 prescindir de su informe.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente señala que sus mandantes junto a don nombre reservado, eran directores del Sindicato de Establecimiento de empresa de Buses Hualpén Limitada, centro de trabajo Provincia El Loa y División Gabriela Mistral-Codelco Chile. Ocupando don nombre reservado, el cargo de presidente, don nombre reservado el cargo de tesorero y doña nombre reservado, el cargo de secretaria.

Expresa que con fecha 10 y 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo votación de censura del directorio referido y debido al resultado de la votación, y conforme lo dispuesto en el artículo 243 del Código del Trabajo, el mismo día de las votaciones, y una vez producido el escrutinio, sus mandantes perdieron el fuero laboral que les asistía.

En una cronología de los hechos ocurridos, refiere que el 25 de octubre de 2024, una comisión de censura formuló un primer conjunto de cargos contra la directiva sindical, el 12 de noviembre de 2024, se realizó la primera votación de censura, con el siguiente resultado: Con 55 votos a favor -de 151 socios-, la censura es rechazada al no alcanzar la mayoría absoluta (36,42% de aprobación).

Luego 12 de enero de 2025 una nueva comisión de censura notificó a la directiva la realización de un nuevo proceso de censura, utilizando cargos idénticos a los presentados en octubre de 2024.

El 13 de enero de 2025 la comisión solicitó un ministro de fe a la Inspección del Trabajo, presentando una nómina de 26 firmantes y declarando un total de 130 socios. El 27 y 28 de febrero del mismo año la directiva presentó cartas ante la Inspección del Trabajo de El Loa, Calama, denunciando irregularidades en el proceso de censura.

Finalmente, el 10 y 11 de marzo de 2025, se lleva a cabo la segunda votación de censura de forma electrónica, esta vez participaron 91 socios; votos a favor: 82 (64,6%; votos en contra: 9 (11,53%). Así, la censura fue aprobada, provocando la destitución de la directiva y la pérdida de su fuero laboral.

Alega violación del principio non bis in idem por cuanto el sindicato no podía iniciar un segundo proceso de censura fundado en los mismos hechos que ya habían sido sometidos a votación y rechazados por los socios, subraya que los cargos formulados el 12 de enero de 2025 son una copia exacta de los presentados el 25 de octubre de 2024. Invoca la doctrina del Tribunal Constitucional (Rol 3054, 2018) que establece el principio non bis in idem como una prohibición de juzgamiento múltiple.

Además, afirma que se ha producido el efecto de "Cosa Juzgada", al entender que el rechazo de la primera censura equivale a una "absolución" de los directores respecto a esos cargos, lo que impedía volver a juzgarlos por los mismos hechos, asemeja esta prohibición a la garantía del artículo 76 de la Constitución sobre procesos fenecidos.

En cuanto a los cargos formulados contra la directiva, refiere que en ambos procesos de censura, se basaron en presuntos incumplimientos de los estatutos sindicales, en particular, identificó los siguientes:

1.Realizar una elección complementaria irregular para llenar la vacante dejada por la renuncia de nombre reservado, eligiendo a nombre reservado con solo 6 votos, lo que constituiría una infracción al artículo 12° del estatuto.

2.Ignorar a la "cuarta mayoría" (nombre reservado) que, según los censores, debía asumir el cargo vacante.

3.Considerar un acto irregular el ingreso de nombre reservado como dirigente, ignorando a la cuarta mayoría.

4.No realizar asambleas al menos una vez cada dos meses para informar a los socios, artículo 3° del estatuto.

5.No realizar las citaciones a asambleas con dos días de anticipación mediante carteles, mensajes electrónicos u otros medios, artículo 4° del estatuto.

Incumplimiento general del artículo 30 por no comprobar que los gastos e inversiones se ajustaran al presupuesto, no fiscalizar el debido ingreso y correcta inversión de los fondos, no velar por los libros de ingreso y egreso, no confeccionar el informe financiero y contable anual dentro de los primeros 90 días.

Reclama que el segundo proceso de votación constituyó a los votantes en una "comisión especial" no reconocida por la ley ni los estatutos, en particular, refiere falta de Quórum en la Solicitud de Censura, según el requisito estatutario contenido en el artículo 36, la petición de censura debe ser formulada por al menos el 20% del total de los socios.

Afirma que ocurrió una discrepancia en el Padrón, pues la comisión de censura declaró 130 socios, requiriendo 26 firmas (20%). Sin embargo, los recurrentes afirman que el número real de socios en enero de 2025 era de 143, lo que exigía un mínimo de 29 firmas, en circunstancias que la petición solo tuvo 26. Suma el hecho que firmó la petición un “No-Socio” -nombre reservado- quien había sido expulsado del sindicato el 28 de octubre de 2024 y, según el artículo 43 de los estatutos, no podía reingresar antes de un año.

Otra irregularidad que invoca es la violación a la universalidad del voto, consistente en la exclusión de votantes, se impidió votar a aproximadamente 43 socios, incluyendo a los tres directores censurados (nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado) y a otros como nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, al no proporcionarles el acceso a la plataforma de votación electrónica (dGO-on Spa). A su vez, se incluyó votantes inhabilitados, se permitió votar a tres personas que no tenían derecho a hacerlo.

Refiere, además, infracción a la garantía del voto secreto, contenida en el artículo 38 de los estatutos y el artículo 244 del Código del Trabajo. Se ordenó a los socios enviar una fotografía de su voto a un grupo de WhatsApp de la comisión electoral, marcando la opción "apruebo censura", con el fin de registrar y asegurar el resultado, identifica a siete votantes que enviaron su voto.

Otra infracción que reclama consiste en la ausencia de procedimientos previos obligatorios como son los contenidos en el artículo 36 y 37 del estatuto que exigen que el comité eleccionario dé a conocer los cargos en una asamblea especialmente convocada o mediante carteles visibles, con al menos cinco días hábiles de anticipación a la votación. Con lo anterior, afirma, se faltó al derecho a defensa impidiendo que la directiva pudiera formular sus descargos y ejercer su defensa ante los socios.

En lo referente a las garantías constitucionales vulneradas anota el artículo 19 N° 3, inciso 5° en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, lo que ocurrió con el proceso de censura viciado y al excluir a una parte de los socios lo que constituyó a su entender una "comisión especial" que juzgó y sancionó a los directores; el artículo 19 N° 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies, sostiene que los directores tienen una "especie de propiedad" sobre sus cargos, consolidada tras superar el primer proceso de censura, y que fueron privados de ella de forma ilegal y arbitraria; y el artículo 19 N° 15, sobre el derecho de asociarse sin permiso previo, al privar a los directores de sus cargos mediante un procedimiento que no cumple con los requisitos establecidos por la propia organización, se infringe su derecho de asociación.

SEGUNDO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, conforme con los antecedentes que obran en autos, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario consiste en la censura de 10 y 11 de marzo de 2025, por infringir garantía constitucionales 19 N° 3 inciso 5°, 24, 15.

QUINTO: Que de los documentos aportados por la recurrente en particular, los certificados de fecha 10 y 11 de marzo de 2025, suscrito por don nombre reservado, funcionario de la inspección del trabajo, fluye que el proceso de votación del mes de marzo de 2025, se abrió el 10 de marzo de y se cerró el 11 de marzo de 2025 con la aprobación de censura del directorio por l 64,06% de los socios de la organización, con 82 votos para la opción apruebo, 9 para el rechazo, siendo un total de 91 votos, la que cumple con lo señalado en el Ord. 3362/53 del 1 de septiembre de 2014, según señalan los referidos certificados.

Por su parte, el certificado N°202/24/563 informa que el sindicato recurrido se encuentra legalmente constituido y sus directivos al 01 de octubre de 2024 eran nombre reservado, presidente, nombre reservado, tesorero y nombre reservado, secretaria.

SEXTO: Que el artículo 36 del Estatuto, dispone que el directorio podrá ser censurado, la petición contra el directorio se formulará por al menos el 20% del total de los socios de la organización y se basará en cargos fundamentados y concretos los que se harán constar en la respectiva solicitud.

Asimismo, deberá requerir la presencia de un Ministro de fe en la votación de la censura y se acreditará ante él que se cumple con el porcentaje indicado.

A su vez, el artículo 38 dispone que la votación debe secreta y para ser aprobada requiere la mayoría absoluta de los socios del sindicato. La aprobación de la censura significa que el directorio debe cesar de inmediato en su cargo.

SÉPTIMO: Que de la documentación acompañada y lo expuesto precedentemente es concluyente que los socios del sindicato tienen derecho a realizar censura en contra de su directorio, sin que la ley establezca un límite temporal o de número para su formulación, las únicas limitaciones que se advierte dicen relación con el quorum de aprobación.

Que el proceso de censura del mes de marzo de 2025 contó con la presencia del ministro de fe exigido por la ley quien certificó la aprobación de la censura y la circunstancia de cumplir con el Ord. 3362/53 del 1 de septiembre de 2014.

Por su parte, de los antecedentes no es posible colegir la vulneración de concurrencia en la votación de persona no afiliadas, como tampoco de la circunstancia de incumplimiento del secreto del voto, de lo que deviene la necesidad de la realización de un juicio de lato conocimiento para determinar con un procedimiento acabado la concurrencia de las circunstancias alegadas.

A su vez, conforme el artículo 420 letra b) del Código del Trabajo son competencia de los Juzgados de letras del trabajo “las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del trabajo.”

Por consiguiente, no se advierte que el acto que se reclama sea ilegal y arbitrario, por cuanto se ajustó a la norma estatutaria y sus cargos fueron fundados debidamente.

Por consiguiente, de los antecedentes expuesto y la relación de los hechos no se advierte que los derechos reclamados sean indubitados ya que se evidencia contradicción de las afirmaciones de la recurrente y la necesidad de una discusión y prueba en un procedimiento especialmente dirigido a su conocimiento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Rolando Frez nombre reservado, en representación de nombre reservado, y nombre reservado, en contra del SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE EMPRESA DE BUSES HUALPÉN LIMITADA, CENTRO DE TRABAJO PROVINCIA EL LOA Y DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL-CODELCO CHILE.

Regístrese y comuníquese.

Rol 589-2025 (Protección)

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