nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de don Jorge Correa Fuentes, abogado, en favor de doña nombre reservado, chilena, empleada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Asignación Familiar Los Andes, RUT N°RUT reservado, cuyo representante legal es don nombre reservado, por la afectación a los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3 y N°24, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las medidas tendientes para cautelar su legítimo derecho, además, de ordenar el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de Sociedad Comercial Smart Pos SpA., Rut N°RUT reservado, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro la actora, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, con expresa condena en costas.

Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando se rechace el recurso interpuesto, por falta de oportunidad.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que, con fecha 26 de agosto de 2019, la actora firmó pagaré por el monto total de $3.636.293.- siendo beneficiaria de éste la recurrida en estos autos, dejando de cumplir con su obligación de pago con fecha 30 de diciembre de 2019 al quedar desempleada. Agrega que la recurrida con fecha 23 de junio de 2020, interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, tramitada en causa Rol C-9703-2020. Atendido lo anterior, sostiene que Caja Los Andes nunca debió ni debe seguir descontando extrajudicialmente de manera arbitraria e ilegal su crédito, toda vez que esta ha exigido su cobro en sede judicial, no siendo procedente por consiguiente accionar o perseguir el cobro y cumplimiento de lo adeudado en ambas sedes.

Afirma que se ha visto vulnerada en sus derechos, toda vez que la recurrida comenzó a efectuar descuentos de sus remuneraciones sin aviso ni notificación previa, y lo más importante, ya habiendo ejercido acción judicial tendiente a cobrar el crédito, la que se encuentra a la fecha abandonada, procediendo a revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva a la actora de su derecho a defensa y propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña. Precisa que unilateralmente la recurrida practicó descuentos ilegales desde el mes de marzo de 2025 y continuará efectuándolos. Así, a la fecha de interposición recurso, se ha alcanzado la suma descontada de $104.752.

Considera que lo expresado, ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley regulado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, ya que la recurrida ha actuado de forma caprichosa e injustificada. Luego, alega la afectación del derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que se priva a la recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, resultado de su trabajo honesto.

Afirma que la recurrida no fundamenta ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones adopte las medidas tendientes para cautelar su legítimo derecho, además, de ordenar el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de Sociedad Comercial Smart Pos SpA., Rut N°RUT reservado, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro la actora, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones , con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando se rechace el recurso interpuesto, por falta de oportunidad.

Sostiene que con fecha 26 de agosto de 2019, otorgó a la recurrente, el crédito código 010CON101982234, por la suma de $3.636.293.- a una tasa de 2.15%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $121.769, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2019. Precisa que las dos primeras cuotas fueron pagadas con desfase con fecha 10 de febrero de 2020 y 10 de marzo de 2020, mientras que las cuotas del mes de diciembre de 2019 y enero de 2020 (3 y 4), fueron pagadas con desfase con fecha 10 de abril de 2021 y 10 de mayo de 2021. Finalmente, con fecha 10 de abril de 2025, se recibió la suma de $104.752, cuyo monto se contabilizó como abono en la cuota del mes de febrero de 2020. Señala que, la diferencia de la cuota del mes de febrero de 2020 (5), y las cuotas restantes se encuentran en cobranza judicial.

Arguye que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Por otro lado, la recurrida se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible. Sostiene que mal puede la recurrente pretender evadir el pago sus obligaciones a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional, en un juicio de lato conocimiento.

No obstante, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

En consecuencia, estima que el recurso debe ser rechazado por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que la recurrida ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, la parte recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consistente en instruir descuentos improcedentes en sus remuneraciones, provenientes de un crédito social cuyo cobro se habría ya intentado en sede civil, en procedimiento iniciado por la propia Caja recurrida, seguido en causa Rol C-9703-2020, del 20° Juzgado Civil de Santiago.

SEXTO: Que, atendida las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados al recurso, no se encuentra controvertido el hecho de haberse contratado un mutuo de dinero en modalidad de crédito social, bajo el código crédito código 010CON101982234, por la suma de $3.636.293, otorgado por Caja de Compensación los Andes a la actora, cuyo incumplimiento motivó la interposición de una demanda ejecutiva de cobro de pagaré tramitada en causa Rol C-9703-2020, del 20° Juzgado Civil de Santiago. Asimismo, tampoco se ha controvertido la realización de descuentos instruidos por la caja de compensación desde las remuneraciones de la actora, los cuales se habrían reanudado, según consta en liquidación acompañada al recurso desde marzo del presente año.

SÉPTIMO: Que, para la acertada resolución del presente arbitrio constitucional, debe tenerse presente que las cajas de compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que, considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social.

En este contexto, el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación deben ser deducidas de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de marras, se encuentra establecido que la recurrida, respecto del crédito código 010CON101982234, previamente optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento ejecutivo seguido ante el 20° Juzgado de Letras de Santiago, resultando evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación quien, una vez elegida la vía judicial, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la mentada norma, significando aquello la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando lo anterior una merma considerable en los ingresos de la recurrente, conculcando a su respecto, en consecuencia, el derecho constitucional consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Abona a lo anterior, el antecedente aportado en estos autos por la recurrente, consistente en el e-book de la causa ejecutiva precitada, en la que se advierte la inactividad de la ejecutante en orden a dar curso progresivo a los autos para el adecuado cobro del crédito.

NOVENO: Que, si bien la recurrida indicó en su informe que se dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, lo cierto es que no allegó antecedentes que dieran cuenta de aquello. Por el contrario, mediante presentación rolante a folio 9 de los presentes autos, se advierte un nuevo descuento efectuado por la recurrida, ahora desde la remuneración del mes de abril de la actora, no dándose cumplimiento a la orden de no innovar decretada por esta Corte de Apelaciones mediante resolución de 11 de abril del presente año.

Asimismo, en cuanto a la alegación que procederá a la restitución de las sumas recibidas, debe tenerse presente que ello no se ha verificado, lo que implica que el recurso interpuesto no ha perdido oportunidad como asegura en su informe.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, resulta arbitraria la conducta de la recurrida en orden a informar y efectuar los descuentos del crédito desde las remuneraciones de la trabajadora, con posterioridad a haber iniciado un procedimiento ejecutivo para perseguir su cobro en sede civil, haciendo de esta manera, como se dijo, uso abusivo de la facultad que la ley confiere a estas instituciones de previsión social, razón que basta para acoger el recurso en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Jorge Correa Fuentes, en favor de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes; ordenando a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de informar y efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente en razón del cobro del crédito código 010CON101982234 y, a la vez, proceder a la restitución de todo dinero descontado de sus remuneraciones por este concepto desde el mes de marzo del presente año, dentro de quinto día hábil desde la notificación del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 585-2025 (PROT)