nombre reservado CON TESORERÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veinte de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 2 comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Sr. Tesorero Regional don nombre reservado, o quien le suceda en el cargo, por la afectación a la garantía constitucional establecidas en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A fojas 43, comparece el recurrido, informando del recurso y solicitando su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que conforme a Decreto Alcaldicio de fecha 13 de septiembre de 2013 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Calama, se otorgó a la recurrente el beneficio contemplado en la Ley Nº 20.305 que establece, para los funcionarios públicos y municipales, el bono conocido como bono Post Laboral, ascendente a 50.000 pesos mensuales, destinado a mejorar las pensiones mensuales de los funcionarios cuya tasa de reemplazo fuese inferior al 55% de su última remuneración mensual, remitiéndose el decreto alcaldicio a Tesorería General de la República, junto con la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos legales, para su cumplimiento.

Agrega que pese al cumplimiento de aquellos requisitos, y arrogándose facultades que no le son propias, en diciembre del año 2014 se le informa la negativa del recurrido de efectuar el pago, pretendiendo con ello alterar un decreto alcaldicio cuya validez no le corresponde cuestionar. Al respecto, indica que conforme al artículo 8º de la Ley 20.305, el rol de Tesorería se limita a efectuar el pago del bono y en ningún caso a calificar la pertinencia ni procedencia del mismo, de manera tal que al hacerlo actuó en vulneración al principio de legalidad establecido en el artículo 7 de la Constitución afectando con ello la garantía constitucional establecida en su artículo 19 Nº 24.

Solicita en definitiva que, acogiéndose el presente recurso, se ordene dejar sin efecto el acto administrativo que rechaza el pago del beneficio aludido y en su lugar se ordene al recurrido disponer el pago del mismo en forma retroactiva, conforme a derecho y con costas del recurso.

SEGUNDO: Que a fojas 43 consta el informe evacuado por don nombre reservado, Director Regional de la Tesorería Regional de Antofagasta, quien solicita el rechazo de la acción de protección, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, por cuanto el Ordinario Nº 737/2013 mediante el cual Servicio de Tesorería devolvió los antecedentes a la Ilustre Municipalidad de Calama, es de fecha 9 de octubre del año 2013, de manera tal que a la fecha de interposición de la acción la recurrente ya conocía de los antecedentes en exceso del término de 30 días corridos conforme exige el Auto Acordado pertinente, lo que se corrobora con lo señalado en su misma presentación en cuanto a haber tomado conocimiento de éste en el mes de diciembre de 2014.

Indica luego que la cuestión debatida es ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protección, advirtiendo que el recurrente pretende plantear una controversia en orden a que, contrariamente a como se analiza en el dictamen N° 3.931 de 2011 de la Contraloría General, el otorgamiento y percepción del bono previsto en la ley N° 20.305, se encontrarían ajustados a derecho, desconociéndose las facultades de este Organismo Fiscalizador sobre la materia, asunto que, por su propia naturaleza, es ajeno a la finalidad propia de un recurso de protección, la que en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos.

En cuanto al fondo del asunto, expresa en primer lugar que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal, toda vez que el artículo 8º de la Ley N° 20.305, modificada por la Ley N° 20.403 y la Ley 20.636, establece que efectivamente el Servicio de Tesorería pagará el bono a los beneficiarios, pero que dicho pago se hará previa remisión de copia del acto administrativo que concede el bono, al que se deben adjuntar los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2, remisión exigida por el legislador que no puede considerarse estéril y meramente formal, sino que debe tener un objetivo, que no puede ser sino que se verifique que efectivamente se cumplan los supuestos legales para acceder al bono, lo que se refrenda por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.041, que confiere a la Tesorería un rol fiscalizador de los egresos no tributarios (como lo es el bono post laboral) en resguardo del interés Fiscal, y lo señalado por Contraloría General en dictamen N° 3.931 de 2011, mediante el cual señaló que Tesorería, en su rol fiscalizador, está facultada para verificar el cumplimiento de todas las exigencias establecidas en la Ley 20.305, y no sólo las contenidas en los números 2 y 4 de su artículo 2º, pudiendo "devolver los antecedentes del caso al servicio respectivo, a fin de que éste practique una nueva evaluación de los mismos o con el objeto de que se complementen aquellos, absteniéndose de pagar éste, en conformidad con los principios de eficiencia v coordinación con que deben actuar los organismos públicos, según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".

De tal manera, señala que el artículo 2º de la Ley 20.305 establece que para tener derecho al bono en cuestión será necesario cumplir con, entre otros, el requisito de 4) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres, y 5) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Al no cumplirse con estos dos requisitos, indica, el Servicio de Tesorerías en uso de sus facultades devolvió el decreto, por lo que entiende no existir afectación del derecho de propiedad al tratarse lo alegado de una mera expectativa no amparada por la norma constitucional, ya que para ello se requiere que tal derecho hubiere pasado o ingresado válidamente a su patrimonio, lo que no ha acontecido desde el momento en que no ha cumplido con los requisitos objetivos para su procedencia.

Por otra parte, indica que el decreto que concede el bono en referencia está exento del trámite de razón, pero sí se encuentra sometido a un registro y control ex post, consistente en la incorporación del mismo a un registro público con una relación detallada de su contenido, no habiéndose acompañado por la recurrente el Decreto en su integridad, ni tampoco señalado si el mismo fue registrado previamente por Contraloría Regional, lo que resulta de suma importancia si se considera que sólo con posterioridad a este trámite administrativo, se debe remitir al Servicio de Tesorería copia del decreto que concede el beneficio al funcionario.

Solicita en definitiva se rechace el recurso por no existir un acto arbitrario o ilegal ni tampoco una vulneración de garantías fundamentales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se señalan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que sin perjuicio de la manifiesta extemporaneidad del mismo, la que se deduce de lo señalado por la misma recurrente en cuanto a haber tomado conocimiento del acto denunciado en el mes de diciembre de 2014, lo que da cuenta de haber transcurrido en exceso el término de 30 días corridos desde el conocimiento del acto establecido en el Auto Acordado pertinente, lo cierto es que tampoco se advierte la ilegalidad o arbitrariedad del actuar del Servicio de Tesorerías en cuanto a haberse arrogado facultades que no le correspondían al denegar el pago del bono denominado Post Laboral a la recurrente.

Al efecto, debe tenerse presente que de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 20.305, el Servicio de Tesorerías, para al pago del bono en cuestión, debe tener a la vista los antecedentes, remitidos por el jefe superior del servicio respectivo, que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2° de la misma Ley, exigencia que unida a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley 19.041, que establece a su vez la obligación del Servicio de requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, dentro de los cuales por cierto se encuentra el bono pretendido, permite concluir que en el presente caso el recurrido sí goza de las atribuciones legales para verificar el cumplimiento de los supuestos legales para acceder al bono denominado Post Laboral y, en consecuencia, no cabe sino concluir que el mismo actuó conforme a ley, desechando esa sola circunstancia la ilegalidad que se imputa al acto denunciado, no encontrándose por otra parte discutida la arbitrariedad del mismo, la que en cualquier caso no se desprende de los antecedentes tenidos a la vista.

QUINTO: Que asentada la legalidad del acto, no resulta necesario pronunciarse respecto a si la recurrente cumplía o no con los requisitos legales para acceder al bono ya que, por una parte, ello no formó parte de lo discutido y, por lo demás, la determinación de ello corresponde como se dijo a una facultad privativa del Servicio cuyo contenido no puede ser objeto de discusión a través de una acción de carácter cautelar como lo es el presente recurso, la que sólo tiene por propósito la cautela de derechos indubitados de las personas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA el deducido a fojas 2, por doña nombre reservado en contra Director Regional de Antofagasta, de Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 583-2015 Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. nombre reservado y Sra. nombre reservado. Autoriza el Secretario Subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veinte de marzo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.