nombre reservado con METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A

Antofagasta, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Ariel Wolfenson Rivas, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, rol único tributario N°97.030.000-7, representado por su Gerente General nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y, en contra de Metlife Chile Seguros de Vida S.A., rol único tributario N°99.289.000-2, representada por su Gerente General nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por su actuar arbitrario e ilegal consistente en negar el pago de los seguros que le corresponden ante la causal de invalidez, estimando de esta forma vulneradas las garantías del artículo 19 N°1, N°3 inciso 5°, N°4, N°9 y N°24 de la Carta Fundamental, solicitando a esta Corte adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente y en particular, declarar y ordenar el pago inmediato de los seguros contratados, con costas.

Informaron ambas recurridas solicitando el rechazo de la acción y la Superintendencia de Pensiones al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que el señor nombre reservado tiene la condición de inválido y que, pese a sus graves enfermedades y accidentes cerebrovasculares, las recurridas han tramitado, confundido, incumplido, y realizado maniobras con el objeto de negar el pago de los seguros de invalidez que tiene contratados desde el año 2019, a pesar de que los accidentes de salud se produjeron de manera posterior, desproveyéndolo de los fondos que le correspondería recibir con ocasión de los seguros contratados, cuyas primas hasta el día de hoy, les siguen siendo descontadas.

Precisa que, con fecha 28 de febrero de 2019, el recurrente contrató un Seguro de Máxima Protección con BancoEstado, Corredores de Seguros y que luego, el 15 de julio de 2019, contrató un Seguro Colectivo Vida e Invalidez Total y Permanente 2/3. Agrega que, con fecha 27 de enero de 2021, según el caso N°367635 del COMPIN, Oficina de Viña de Mar, en Acta de Sesión N°21, se confirmó por peritaje la recomendación de la comisión de “Aprobar la invalidez total” del recurrente, estableciendo además que no existía invalidez previa, emitiéndose el Dictamen N°006.625/2021, informando un menoscabo de incapacidad de trabajo del 91% (igual o mayor a 2/3). Acto seguido, señala que el día 7 de junio del 2022, el recurrente contrató un seguro Accidente Personal Full MP con BancoEstado, Corredores de Seguros.

Añade que, el día 6 de diciembre del 2022, Integramédica de Viña del Mar, emite un certificado suscrito por el Dr. nombre reservado, el que indicaba que el recurrente tenía la enfermedad de Diabetes Mellitus 2 Insulinodependiente, con tratamiento desde abril del 2020. Con la misma fecha y por el mismo facultativo, se emite un segundo certificado que indica que el recurrente tiene antecedentes médicos de dos accidentes cerebrovasculares; el primero ocurrido en mayo de 2021 en fosa posterior secuelado con disminución de agudeza visual, y, el segundo, ocurrido en julio del año 2022.

Señala que, el día 29 de noviembre del 2022, el SEREMI de Salud Región de Valparaíso, por medio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar, emite documento de Evaluación de Invalidez por Seguro de Vida, que en su materia indica que se “Acoge la solicitud y estableciendo un 91% de invalidez definitiva”, según peritaje presencial realizado por la contraloría médica, derivado de los diagnósticos de; “Diabetes mellitus 2 insulino requiriente secuelado polineuropatía sensitivo motora (E11)” y “Accidente cardiovascular fosa posterior secuelado disminución agudeza visual (I61)”.

Luego, indica que el 19 de diciembre del 2022 el actor presentó la documentación respectiva ante Metlife, indicando la aseguradora que la respuesta se emitiría en un tiempo máximo 10 de días, plazo que señala no fue respetado. Finalmente, con fecha 30 de enero de 2023, mediante correo electrónico, fue informado por dicha compañía de seguros del rechazo de todas las coberturas de los respectivos seguros. No obstante la negativa de la cobertura, afirma que continuó pagando mes a mes la prima de los seguros contratados.

Afirma que, por su porcentaje de invalidez (91%), le correspondería el pago de, a lo menos, dos de los seguros contratados, estos son: 1) Seguro Colectivo Máxima Protección, de fecha 28 de febrero de 2019, por el valor de 1.000 UF y 2) Seguro Colectivo Vida e Invalidez Total y Permanente 2/3, de fecha 15 de julio de 2019, por un valor también de 1.000 UF.

En definitiva, sostiene que el actuar de las recurridas es arbitrario, por cuanto el rechazo carece de fundamento suficiente a la luz de los antecedentes, y que resulta además ilegal, ya que quebranta la normativa de los contratos de seguros suscritos, vulnerando sus garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°3, N°4, N°9 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos, y en particular declarar y ordenar el pago inmediato de los seguros contratados, especialmente del Seguro Colectivo Máxima Protección, de fecha 28 de febrero de 2019 y el Seguro Colectivo Vida e Invalidez Total y Permanente 2/3, de fecha quince de julio de 2019, por el valor de 1.000 UF cada uno.

SEGUNDO: Que informan nombre reservado y Felipe Nazar Massuh, abogados, en representación de la recurrida Metlife Chile Seguros de Vida S.A., instando por el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, sostienen que la presente acción cautelar no es la vía idónea para solicitar la cobertura de un contrato de seguros, toda vez que el derecho a la indemnización no es un derecho indubitado, dado el carácter condicional de la obligación de indemnizar que recae sobre la Compañía Aseguradora. Indican que en atención a los hechos que se denuncian como vulneradores de garantías fundamentales, estos son materia de un juicio de lato conocimiento, siendo otras las vías que el ordenamiento jurídico dispone para que el recurrente pueda hacer valer sus derechos para resolver el asunto de marras, relativo a un supuesto incumplimiento de las obligaciones de un contrato de seguro, ello de conformidad al artículo 543 del Código de Comercio, el que dispone que las dificultades que se susciten entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, serán resueltas por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes o bien, si los interesados no se pusieren de acuerdo en su designación, por la justicia ordinaria, pudiendo incluso optar el asegurado por ejercer su acción ante esta última, en el caso de que el siniestro sea inferior a 10.000 unidades de fomento.

A mayor abundamiento, añade que tanto la Póliza N°340017758 de Seguro Máxima Protección como la Póliza N°493000115 de Seguro de Vida e Invalidez dos tercios, se rigen por las Condiciones Generales inscritas en el Registro de Póliza de la Comisión del Mercado Financiero bajo el POL220130163, que en su artículo N°13 señala: “Cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y el asegurador, sea en relación con la validez o ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta en los términos establecidos en el Artículo 543 del Código de Comercio.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho que tiene el asegurado de recurrir siempre ante el tribunal competente en ejercicio de sus derechos de consumidor conforme a la Ley N°19.496.

No obstante lo estipulado precedentemente, el asegurado, el contratante o beneficiario, según corresponda, podrá, por sí solo y en cualquier momento, someter al arbitraje de la Superintendencia de Valores y Seguros las dificultades que se susciten con la compañía. En el mismo sentido, mencionada variada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, que señalan que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquéllos indubitados”.

En segundo lugar, informan que el rechazo del siniestro denunciado por el recurrente, es decir, la cobertura de invalidez accidental de la póliza N°340017758 y la cobertura de invalidez total y permanente dos tercios de la póliza N°493000115, no constituye un acto ilegal o arbitrario, toda vez que no se cumple con las condiciones para otorgar la cobertura. De esta forma, precisan que la cobertura de la póliza N°340017758, se rechazó porque no se cumple con la condición de que la incapacidad total y permanente sea producida por un accidente. Luego, respecto de la póliza N°493000115, el rechazo de la cobertura se debe a que el siniestro denunciado deriva de una enfermedad preexistente que no fue informada en la Declaración Personal de Salud.

En efecto, tras el proceso de liquidación se arribó a la decisión fundada de negar la cobertura, rechazando el siniestro denunciado de acuerdo con las estipulaciones de la ley –el Código de Comercio- y el contrato de seguro. De este modo, la decisión no puede calificarse de ilegal ya que se enmarcó en un procedimiento regulado por el D.S. 1.055, ni tampoco como arbitraria, ya que se fundamenta en una sanción legal. A mayor abundamiento, señala que, respecto del Seguro Máxima Protección póliza N°340017758, el diagnóstico de hipertensión con ave fosa posterior/DM no se encuentra configurada la incapacidad total y permanente por accidente. En consecuencia, y atendido que la enfermedad que sufre el Sr. nombre reservado que provocó el dictamen de invalidez no es consecuencia de un accidente en los términos señalados en las Condiciones Particulares y Generales del seguro, no es procedente el pago de la cobertura reclamada.

Luego, respecto del segundo seguro -Seguro de Vida e Invalidez Total y Permanente 2/3 póliza N°493000115-, antes de ser diagnosticado con hipertensión con ave fosa posterior/DM, el asegurado tenía antecedentes de HTA con ave fosa posterior/diabetes mellitus, desde el año 2012, condición que constituye una preexistencia, no declarada en la Declaración de Salud realizada por el Sr. nombre reservado.

De lo expuesto, estima que debe concluirse que el recurso de autos debe ser desestimado, pues, en la especie, no sólo no ha habido acto u omisión ilegal o arbitraria, sino que, por el contrario, la recurrida ha actuado conforme a derecho, y dentro del marco de la normativa vigente, al rechazar legítimamente y de manera fundada la cobertura solicitada al amparo de las estipulaciones contractuales.

TERCERO: Que informa Daniela Trincado Barboza, abogada por la parte recurrida del Banco del Estado de Chile, solicitando se desestime la acción de protección deducida por falta de legitimación pasiva de su representado.

Indica que de conformidad a la normativa vigente, la recurrida Banco del Estado de Chile, es una empresa autónoma sujeta al régimen general normativo aplicable a las empresas bancarias privadas, estando impedido de ingresar en Chile al desarrollo de actividades comerciales como asegurador o reasegurador sobre la base de retribución por medio de primas, según lo disponen los artículos 4 del Decreto con Fuerza de Ley N°251, de 1931, 40 de la Ley General de Bancos, y 3 y 29 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile contenida en el decreto Ley N°2.079, de 1978. En síntesis, indica que el Banco del Estado de Chile tiene por giro único y exclusivo la actividad bancaria y no la de una compañía de seguros, ni en la intermediación de pólizas de seguro, ni interviene en la confección de las coberturas de seguro y beneficios de las mismas.

Al efecto, agrega que en la página Web del Banco del Estado de Chile se explicita que la venta e intermediación de pólizas de seguro es a través de Banco Estado Corredores de Seguros S.A., persona jurídica distinta y que actúa en representación propia separada del Banco del Estado de Chile. En efecto, la recurrida no podría haber suscrito con la recurrente, ni con ningún otro cliente, contratos de seguro, ya que no es una sociedad anónima de seguros y reaseguros, que tenga por objeto exclusivo el desarrollo de dicho giro y las actividades que sean afines o complementarias a éste, que autorice la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Luego, Banco del Estado de Chile a través de su corredora de seguros, BancoEstado Corredores de Seguros S.A., ofrece a sus clientes ciertos seguros con pólizas colectivas actuando únicamente como oferente y siendo la contraparte del asegurado la compañía de seguros correspondiente, la cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 4 del D.F.L. N°251, en este caso, la empresa Metlife Chile Seguros de Vida S.A., siendo esta la única facultada para asegurar riesgos a base de primas. Por su parte, la única obligación de su representada, que por lo demás cumplía a través de su corredora de seguros, era realizar las correspondientes gestiones para el denuncio en caso de siniestro, pero en ningún caso hacer el análisis de los antecedentes del denuncio y determinación de procedencia de la cobertura.

Respecto del caso de marras, afirma que, a través de su corredora, cumplió con su obligación, ya que esta intermedió en la contratación de las pólizas, las cuales se encuentran debidamente suscritas, pagadas y vigentes. Asimismo, cumplió con lo que correspondía al momento del denuncio del siniestro, remitiéndolos a la empresa aseguradora, quien no rechazó la cobertura por un error en dicho procedimiento de remisión de antecedentes, sino que, fundada, en un caso, en que la enfermedad preexistente no estaba declarada, y en el otro, que el diagnóstico del siniestro no tenía cobertura en la póliza contratada.

En definitiva, alega que la recurrida cumplió con todas sus obligaciones, no siendo en ningún caso el incumplimiento de alguna de estas, la causa de negativa de la cobertura.

CUARTO: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, sosteniendo que la materia reclamada versa sobre la liquidación de un seguro de desgravamen con invalidez, suscrito entre privados, en el ámbito de sus intereses, distinto al seguro de invalidez y sobrevivencia regulado en el D.L. N°3.500 de 1980, para efectos de que los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual accedan, cuando sea pertinente, a pensiones cubiertas por el referido seguro. Así, afirma que el Servicio carece de competencia para emitir su parecer en la materia objeto de controversia, la cual corresponde al ámbito de atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero.

Agrega que, en lo que concierne al sistema de pensiones del D.L. N°3.500 de 1980, si bien el recurrente registra tres solicitudes de pensión y calificación de invalidez, tales requerimientos fueron rechazados por las Comisiones Médicas competentes, por cuanto las enfermedades invocadas como invalidantes le provocan una pérdida de la capacidad de trabajo menor que 50%. Por lo tanto, el Sr. nombre reservado no tendría la calidad de inválido para efectos de pensión de invalidez conforme con las normas del referido decreto ley.

Precisa que el recurrente cita una evaluación médica efectuada en el año 2021, que singulariza bajo el número 367635 del COMPIN, oficina de Viña del Mar, la que en realidad se refiere a la Comisión Médica Regional del D.L. N°3.500 de 1980, con sede en Viña del Mar, oportunidad en que, según sus dichos, se habría confirmado por peritaje la recomendación de la comisión de “aprobar invalidez total” y que, como resultado de ello se estableció en Dictamen N°006.625/2021 un menoscabo de incapacidad de trabajo del 91,0 (igual o mayor a 2/3). Sin embargo, revisados los antecedentes requeridos a la Comisión Médica Regional de Viña del Mar, tal dictamen de invalidez fue revocado por la Comisión Médica Central al conocer de un reclamo presentado por las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, resolviendo que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento.

En efecto, el 30 de octubre de 2020, el actor suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez en A.F.P. Habitat S.A. evaluado por la Comisión Médica Regional de Viña del Mar, la que, mediante Dictamen de Invalidez N°006.625/2021, de 27 de enero de 2021, acordó declarar la invalidez total a favor del afiliado, representada por la pérdida de un 91% de su capacidad de trabajo. Por su parte, las compañías de seguros adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia interpusieron un reclamo en contra del dictamen de invalidez antes singularizado, para ante la Comisión Médica Central. Ésta, mediante Resolución CMC N°4061-2021, del 28 de abril de 2021, acordó aceptar el reclamo; revocar el Dictamen de Invalidez en cuestión; y resolvió que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades invocadas como invalidantes provocan un 28% de menoscabo laboral.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2021, el afiliado recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo en contra de lo resuelto por la Comisión Médica Central, el que fue rechazado por ésta mediante Resolución CMC N°5568-2021, de 7 de junio de 2021, confirmando su resolución anterior. El 12 de diciembre de 2022, el afiliado suscribió una nueva solicitud de pensión y calificación de invalidez, la que fue desestimada administrativamente, porque el recurrente no se efectuó los exámenes e informes que le fueron requeridos, de modo que vencido el plazo legal para dictaminar la Comisión Médica Regional dictaminó el cierre administrativo del expediente. Por último, registra una nueva solicitud de invalidez que data del 12 de diciembre de 2022, aún en trámite ante la Comisión Médica Regional de Viña del Mar.

Finalmente, concluye que los antecedentes tenidos a la vista muestran que las enfermedades invocadas por el actor le provocan una pérdida de su capacidad de trabajo inferior al cincuenta por ciento, con lo cual no procede otorgar pensión de invalidez.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que de las alegaciones de las partes se deprende que el objeto de la acción constitucional deducida consiste en determinar si el actuar imputado a las recurridas, consistente en el rechazo de las coberturas de los respectivos seguros y en consecuencia, al pago de las indemnizaciones establecidas en sus respectivas pólizas, ante el denuncio del siniestro realizado por el recurrido, constituyen un acto ilegal o arbitrario, vulnerador de garantías constitucionales, que haga necesario la adopción de medidas correctivas por esta vía.

OCTAVO: Que de las propias alegaciones y antecedentes acompañados por las partes al recurso, consta que el rechazo a la cobertura de los seguros contratados por el recurrente que fundan la acción constitucional deducida, han sido pronunciados por la recurrida compañía de seguros Metlife Chile Seguros de Vida S.A., por lo que, cabe hacer lugar a las alegaciones de Banco del Estado de Chile, en orden a que, en el caso de marras y a través de su corredora de seguros, BancoEstado Corredores de Seguros S.A., se limitó a cumplir con sus obligaciones de realizar las correspondientes gestiones para el denuncio del siniestro, sin tener participación en el análisis de los antecedentes del mismo y determinación de procedencia de la cobertura, no resultando tampoco obligada al pago de las indemnizaciones conforme a las pólizas respectivas, por lo que, a su respecto deberá necesariamente rechazarse la acción constitucional deducida.

NOVENO: Que, respecto de la alegación de la recurrida de no ser la acción constitucional de protección la vía idónea para la pretensión del recurrente, ya que, son otras las vías que el ordenamiento jurídico dispone para que el recurrente persiga la protección del derecho que alega, esta debe ser rechazada, ya que ello no es impedimento para optar a la protección de los derechos invocados a través de esta acción constitucional, tal como señala la Constitución Política en el artículo 20 en el inciso 2° parte final, al consagrar que la acción puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado en los considerandos anteriores, del análisis de las alegaciones y antecedentes acompañados al recurso y de los informes, se desprende la efectividad de la contratación por el recurrente, a través de BancoEstado Corredores de Seguros S.A., de al menos dos seguros, denominados Seguro Máxima Protección y Seguro de Vida e Invalidez dos tercios, ambos de la compañía Metlife Chile Seguros de Vida S.A., pólizas de condiciones particulares N°340017758 y N°493000115.

De la misma forma, se ha logrado establecer el hecho de haberse realizado los denuncios respectivos y la respuesta de la compañía de seguros recurrida. Lo anterior consta en carta de respuesta que BancoEstado Corredora de Seguros envía al recurrente de fecha 30 de enero de los corrientes, acompañada al recurso, dando cuenta del denuncio del siniestro N°[cuenta reservada] realizado ante la corredora con fecha 23 de septiembre 2022 por la cobertura de Invalidez Total y Permanente 2/3, de fecha de ocurrencia del 30 de octubre 2020, asociado al Seguro de Vida e Invalidez, el que, remitido con los antecedentes del caso a la Compañía Metlife Chile Seguros de Vida S.A., fue rechazado por “Enfermedad preexistente no declarada en DPS.” Luego, consta igualmente en el referido documento que con fecha 26 de septiembre 2022, se realizó el denuncio de siniestro N°2209260224 por la Cobertura de Invalidez Total y Permanente 2/3 por Accidente, asociado al Seguro Máxima Protección, el que fue enviado a la compañía para su evaluación, siendo igualmente rechazado, señalándose que el “Diagnóstico causante del siniestro, no tiene cobertura en la póliza contratada”.

UNDÉCIMO: Que, de la pólizas de condiciones particulares, así como de los informes de liquidación acompañados por la recurrida Metlife Chile Seguros de Vida S.A., consta haberse realizado por ésta el análisis de los antecedentes referidos al siniestro en conformidad al procedimiento regulado por el D.S. 1.055, que tiene por objeto establecer la ocurrencia de un siniestro, y determinar si este tiene cobertura en la póliza contratada, además de cuantificar el monto de la pérdida y la indemnización a pagar. En este sentido las razones en las que se funda el rechazo a la cobertura solicitada refieren al incumpliendo de las condiciones contractuales.

De esta forma, del informe de liquidación BECS-202560 que versa sobre el rechazo del Seguro Máxima Protección, determinó que la invalidez que padece el recurrente no fue ocasionada por un accidente, tal como lo exige la póliza contratada a efectos de proceder al pago de la cobertura, entendiendo por tal “Todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento que afecte el organismo del asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por contusiones o heridas visibles, y también los casos de lesiones internas o inmersión reveladas por los exámenes correspondientes”. A su vez, el informe de liquidación BECS-202560 que versa sobre el rechazo de la cobertura de Invalidez Total y Permanente dos tercios en el Seguro De Vida e Invalidez Total y Permanente 2/3, concluye que el asegurado tenía antecedentes de HTA Con Ave Fosa Posterior/Diabetes Mellitus desde al menos el año 2012, según da cuenta copia de acta sesión N°489 de fecha 24 de mayo 2020, condición que no fue declarada en la Declaración Personal de Salud del asegurado.

DUODÉCIMO: De lo señalado en el considerando precedente, no es posible advertir un actuar arbitrario o ilegal por parte de la recurrida Metlife Chile Seguros de Vida S.A., la que, ante los denuncios realizados por el recurrente, procedió conforme a derecho y dentro del marco de la normativa vigente, fundando el rechazo de las coberturas solicitadas en conformidad a las estipulaciones contractuales y conforme a los antecedentes acompañados por el propio asegurado.

Abona a lo anterior, el informe remitido por la Superintendencia de Pensiones que da cuenta de que, actualmente, conforme a los antecedentes que obran en su poder, relativos a la determinación de la procedencia de la pensión de invalidez regulada en D.L. N°3.500 de 1980, las enfermedades invocadas por el actor le provocan una pérdida de su capacidad de trabajo inferior al cincuenta por ciento, lo que, sin perjuicio de no estar referido específicamente a la materia de autos, no es posible obviar al momento de resolver el presente arbitrio, por cuanto no guarda coherencia con las alegaciones del recurrente. En consecuencia, y sin perjuicio de las demás acciones ordinarias que puedan deducirse por el actor para resolver la procedencia del pago de las indemnizaciones pretendidas, con mayores y mejores antecedentes, al menos en esta sede, deberá rechazarse el recurso por él incoado.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Ariel Wolfenson Rivas, en representación de don nombre reservado, en contra del Banco del Estado de Chile y de Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 582-2023 (PROT)

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