nombre reservado CON nombre reservado

Antofagasta, veintiséis de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 18, la comparecencia de don nombre reservado, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A., del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial y representante de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en razón de su actuar ilegal y arbitrario, que viene dado por la dictación de la Resolución Nº 309, de fecha 5 de febrero de 2015, que rechazó por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa deducida contra la Resolución de Multa Nº 3382/14/46, de fecha 9 de diciembre de 2014, que lo condenó al pago de una multa ascendente a 60 Unidades Tributarias Mensuales por infracción al artículo 45 del Código del Trabajo, solicitando que se acoja el recurso y se deje sin efecto la citada resolución, ordenando a la recurrida que conozca de la reconsideración deducida.

A fojas 81, la recurrida de autos informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente y carecer el recurso de fundamento jurídico.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en que dentro de sus locales comerciales se encuentra la farmacia ubicada en domicilio reservado, cuyo personal se integra, entre otros, por vendedores auxiliares de farmacia, cuya remuneración tiene un componente fijo, integrado por sueldo base y otros estipendios de monto fijo, y un componente variable, correspondiente a comisiones, bonos y otros conceptos.

Indica que la Resolución de Multa Nº 3382/14/46, de fecha 9 de diciembre de 2014, la sanciona por no contener en el anexo, que constituye parte integrante de las liquidaciones de remuneraciones, una serie de bonos pagados a los trabajadores, condenándola al pago de una multa equivalente a 60 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción al artículo 45 del Código del Trabajo.

Una vez notificada, atendido que la afirmación dicha resolución le parecía incorrecta, mediante presentación enviada por carta certificada a través de Correos de Chile con fecha 10 de enero de 2015 dedujo reconsideración en contra de la referida multa. Sin embargo, por un acto que considera ilegal y arbitrario, con vulneración a sus garantías, la recurrida negó lugar injustificadamente la tramitación de dicha solicitud, al resolver que la solicitud de reconsideración no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, a pesar de estimar encontrarse dentro del plazo para presentar la acción, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo.

Al respecto, sostiene que este hecho la priva del ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 2º, 3º y 24º de la Constitución Política de la República, con el consecuente perjuicio que dicha ilegalidad conlleva, todo lo cual se configura al haberse ejercido y deducido la solicitud de reconsideración dentro del plazo previsto en el artículo 512 del código del ramo, la que, no obstante ello, arbitrariamente no ha sido acogida a tramitación, por haberse computado mal el plazo por parte del ente fiscalizador.

Sobre el plazo de 30 días para deducir la solicitud de reconsideración regulada en el artículo recién citado, en ausencia de norma especial en el libro V del Código del Trabajo, para su cómputo estima que debe aplicarse la norma supletoria del artículo 25 de la Ley Nº 19.880, de manera que el cómputo del plazo para los procedimientos administrativos este días hábiles, entendiendo inhábiles los días sábado, domingo y festivos, resultando, en consecuencia, que el último día de plazo era el 15 de enero del año en curso. Lo anterior ha sido resuelto por la jurisprudencia, conforme a fallos que cita.

Previo desarrollo del derecho aplicable y previas citas constitucionales y legales, solicita tener por interpuesto el recurso de protección y, en definitiva, acogerlo íntegramente y en todas sus partes, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Nº 309, de fecha 5 de febrero de 2015, ordenando el órgano administrativo conocer de la solicitud de reconsideración deducida contra la Resolución de Multa Nº 3382/14/46.

SEGUNDO: Que informa la recurrida, solicitando el rechazo de la acción deducida por no darse ninguno de los elementos de hecho y derecho que exige la constitución como condición para su interposición, resultando evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de su parte.

Al efecto, señala que con fecha 5 de noviembre de 2014 se recepción o denuncia en las dependencias de la Inspección del Trabajo de Antofagasta por incumplimientos de la recurrente relativos al no pago íntegro de las remuneraciones, en particular, por una baja unilateral en el pago de las comisiones, lo que afectó a todos los vendedores donde prestaba labores la denunciante. Producto de ello, se efectuó fiscalización entre los días 2 y 9 de diciembre de 2014, constatándose la infracción a la legislación laboral. Por lo anterior se aplicó la multa Nº 1207/13/24, por no contener el anexo, parte integrante de liquidaciones, el detalle de los montos pagados por concepto de diversos bonos pagados a los trabajadores. Dicha multa fue notificada con fecha 9 de diciembre de 2014.

En ese contexto, sostiene que se presentó recurso administrativo de reconsideración con fecha 10 de enero de 2015, es decir, al día 32 contado desde la notificación de la infracción. Por lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, no admitió a trámite dicha reconsideración, dictando el Ordinario Nº 309/2015, de fecha 5 de febrero de 2015, que declara extemporánea la presentación efectuada por la empresa.

Enseguida, la recurrida afirma que sus actos carecen de ilegalidad y arbitrariedad, pues ha actuado conforme las atribuciones legales de dicho servicio y, en cuanto al cómputo de los plazos para interponer la reconsideración, indica que se debe determinar si el plazo de 30 días señalado para este trámite este días hábiles o de días corridos, para lo cual es necesario analizar el Código del Trabajo. Sobre el particular, cita el artículo 312, relativo a los plazos en la negociación colectiva, y el artículo 435, ninguno de los cuales aplica al citado artículo 512. De este modo, recurriendo a las normas de interpretación establecidas en el artículo 19 y siguientes del Código Civil, sostiene que hay diversos plazos en el Código del Trabajo de los que se puede colegir que la intención del legislador fue establecer, para este caso en especial, que el plazo sea computado por días corridos, lo que se puede deducir de la interpretación sistemática de los artículos 12, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360 y 412 del Código del Trabajo.

Finalmente, alega que este criterio ha sido sostenido por esta Iltma. Corte en fallo que cita y ha sido criterio de la Contraloría General de la República que los plazos deben contarse por días corridos. En definitiva, insiste en que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedades, por ajustarse a la normativa laboral, responde a motivos razonables y son consecuencia de la constatación de hechos determinados, todo lo cual conlleva a estimar que no se han vulnerado garantías de la recurrente, por lo que estima que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, por carecer de fundamento, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

De la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente;

CUARTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

QUINTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEXTO: Que prima facie, si bien la imputación del acto arbitrario o ilegal radica en la decisión administrativa respecto de la cual podía intervenir el Juez del Trabajo según el inciso 2° del artículo 512 del Código del Trabajo, lo cierto es que, por tratarse de derechos indubitados que buscan únicamente restablecer el imperio del derecho y dar debidamente protección al afectado, es el constituyente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República que permite la intervención del recurso constitucional incluso en estos casos cuando pueda presentarse una ilegalidad o arbitrariedad que afecte a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad entendido también sobre bienes incorporales.

SEPTIMO: Que según la forma como ha sido redactada el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esta disposición excluye como objeto del recurso de protección el debido proceso puesto que su artículo 20 se refiere sólo a las afectaciones como consecuencia del juzgamiento mediante comisiones especiales, razón por la cual, necesariamente, se desestimará el recurso en este aspecto.

OCTAVO: Que el plazo en cuestión es aquel señalado en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, que dispone que la solicitud a que ésta norma se refiere debe ser presentada dentro del término de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, sin especificar si se trata de días corridos o hábiles.

NOVENO: Que la reclamación que la actora efectuó ante el Director del Trabajo no es otra cosa que parte del procedimiento administrativo, el que concluiría con ésta decisión, y el sólo hecho que el plazo para reclamar se encuentre incorporado al artículo 512 inciso primero no lo torna parte del procedimiento judicial regido por el Código del Trabajo, pues lo que se conoce en sede jurisdiccional es la decisión terminal del Director del Trabajo que se pronuncia sobre la solicitud escrita que se debió presentar ante dicha Dirección dentro de treinta días.

DECIMO: Que en consecuencia, tal como ya se anunció, el procedimiento seguido ante la Dirección del Trabajo o su Director corresponde a un procedimiento administrativo en los términos del artículo 18 de la ley 19.980, de modo que tratándose de una norma especial aplicable a este tipo de procedimiento, el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 512 debe computarse como de días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, entendiéndose por tales aquellos comprendidos entre los días lunes y viernes, ambos inclusive.

Este razonamiento se ve reforzado por las disposiciones generales contenidas en el Código Civil. Si bien es cierto, el artículo 50 del Código Civil prescribe que los plazos son de días corridos, ello es sin perjuicio, como advierte la misma norma, que una ley especial disponga o establezca un plazo de días hábiles. Una interpretación sistemática, además, debe conducirnos inequívocamente a la aplicación del artículo 25 de la citada ley, por cuanto los artículos 4 y 13 del Código Civil establecen que las disposiciones se aplican con preferencia a las generales siempre que entre una y otra no haya oposición.

Hoy, modernamente aparece la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, que rige a todos los actos de los órganos de la Administración del Estado, cuyas normas recogen el estudio científico-técnico que realizó el legislador justamente para regular todos los conflictos que deban intervenir los órganos del Estado. Ello no es baladí, porque es de conocimiento público y notorio, que en general, los órganos del Estado no funcionan los días sábado y domingo, así como tampoco han desplegado oficinas que trabajen permanentemente para la recepción de presentaciones o escritos en forma diaria. Por ello dispuso en el artículo 25 de la Ley 19.880 que el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos será de días hábiles e incluye como inhábil los días sábado, domingo y festivos, lo que está directamente relacionado con la actividad de esos órganos y parece de justicia así regularlos.

UNDECIMO: Que en razón de lo señalado, al haberse concluido por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que el cómputo del plazo previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, ha incurrido en una infracción de ley que significa privar ilegal y arbitrariamente del derecho del recurrente de la defensa correspondiente en el proceso administrativo, sobre la base de la falta de igualdad ante la ley, ya que ello constituye un principio némine discrepante en cuanto al cómputo de los plazos; asimismo, se ha amenazado el derecho incorporal que tiene el recurrente frente a las expectativas económicas que surgen de los hechos objeto de la infracción.

DUODECIMO: Que por lo razonado y establecido se acogerá el recurso, sin costas, porque así lo ha solicitado el recurrente, no obstante que la Inspección del Trabajo ha tenido motivos plausibles para sostener su tesis en la medida que existe un dictamen obligatorio para ello de la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y artículos 212 y siguientes, 486 y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se dispone que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A., en contra de don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial y representante de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, disponiéndose que la solicitud de reconsideración deducida por el recurrente sea acogida a tramitación y se resuelva en el fondo lo que corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 582-2015.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. Jasna Pavlich Núñez y Abogado Integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veintiséis de marzo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.