nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Soraya Muñoz Pérez, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber retenido indebidamente los fondos correspondientes a los subsidios de incapacidad laboral de la recurrente. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, toda vez que la fundación recurrida se niega a entregar los montos que le fueron remitidos por la Caja de Compensación Los Andes, correspondientes a licencias médicas debidamente autorizadas y pagadas por el organismo competente, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, integridad psíquica y propiedad, garantizados por la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el pago de la suma de $5.799.404.

Informan la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que presta servicios para Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez desde el 3 de marzo de 2014, desempeñándose como educadora de párvulos en la Unidad Administrativa Carnavalito de la ciudad de Antofagasta, con contrato de trabajo indefinido y sueldo base de $1.187.641.

Señala que, producto de su embarazo, le fue concedida licencia médica prenatal el 23 de julio de 2025, correspondiente a la licencia N° 3-121524539-6, con un período de reposo de 42 días; y, posteriormente, el 25 de agosto de 2025, la licencia postnatal N° 3-123067562-3, por un período de 84 días. Agrega que, con anterioridad a dichas licencias maternales, debió hacer uso de licencias médicas durante los meses de abril, mayo y junio de 2025 a causa de complicaciones derivadas de su embarazo, entre ellas la licencia N° 3-119951864, que cubre el período desde el 16 de junio de 2025.

Expone que la Fundación Integra se encuentra afiliada a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, institución con la cual mantiene un convenio de pago delegado al amparo del artículo 24 de la Ley N° 18.833, en virtud del cual el pago del subsidio por incapacidad laboral es remitido por la caja al empleador, quien debe entregarlo al trabajador respectivo. En ese marco, indica que la caja de compensación aprobó el recálculo de sus licencias médicas, determinando un saldo a su favor por la suma de $5.799.404, el que sería pagado a través del sistema de convenio empresa, esto es, por conducto de la fundación. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso dicho monto no le había sido enterado y su liquidación de sueldo del mes de diciembre de 2025 solo alcanzó la suma de $293.961.

Sostiene que el no pago de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, que componen su período postnatal, constituye una omisión ilegal y arbitraria de la fundación recurrida, que vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución, al privarla de dineros que le pertenecen; su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19, N° 2, al dispensarle un trato injustificadamente diferenciado respecto de otros trabajadores en idéntica situación; y su derecho a la integridad psíquica del artículo 19, N° 1, atendida su condición de puérpera con un hijo recién nacido, privada del único sustento económico con que contaba para desarrollar su período de postnatal.

Finalmente, solicita que se ordene el pago de la suma de $5.799.404, en un plazo no superior a 10 días hábiles.

SEGUNDO: Que evacúa informe Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, quien solicita el rechazo total del recurso de protección interpuesto en su contra, con costas.

Expone que la fundación es una institución educacional de derecho privado sin fines de lucro, cuyo financiamiento proviene principalmente de aportes públicos mediante la ley de Presupuestos anual a través del Ministerio de Educación, administrando más de 1.200 establecimientos a nivel nacional, incluidos 34 en la Región de Antofagasta. Señala que la institución se rige por sus estatutos, el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y, en materia laboral, por el Código del Trabajo, encontrándose además sometida a fiscalización de la Contraloría General de la República conforme con el Dictamen N° 41.025, de 2016.

Explica el mecanismo de anticipo y pago de licencias médicas implementado en virtud del convenio vigente desde 1992 con la Caja de Compensación Los Andes, conforme al cual, una vez autorizadas las licencias médicas por el organismo competente, la caja diputa a la fundación para efectuar el pago de los subsidios por incapacidad laboral a sus trabajadores. Agrega que el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Fundación, Libro I, Título XIII, establece además el beneficio de anticipo con fondos propios del subsidio legal correspondiente, sujeto a que las licencias sean aprobadas y pagadas por las instituciones correspondientes, con reembolso posterior de dichos anticipos.

Argumenta que el recurso reposa sobre una premisa equivocada, toda vez que la sola autorización de una licencia por la Compin no genera automáticamente un derecho indubitado de la trabajadora a exigir el pago directo e inmediato del empleador, siendo la entidad legalmente obligada al pago del subsidio por incapacidad laboral el organismo previsional respectivo y no la fundación. En ese orden, sostiene que los anticipos y los reembolsos no se liquidan licencia por licencia, sino mediante un proceso global de regularización. A partir de la cuadratura practicada respecto del período que va desde el año 2017 a la fecha, que cruza los montos anticipados por la fundación y los subsidios efectivamente reconocidos y pagados por la caja, concluye que no existe deuda alguna con la recurrente, sino, por el contrario, un saldo negativo en contra de la trabajadora ascendente a $847.252, derivado de anticipos que no fueron reembolsados en su totalidad por el organismo previsional en virtud de reducciones y rechazos de licencias médicas pretéritas.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe solicitado y el rechazo del recurso de protección deducido.

TERCERO: Que evacúa informe Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo total del recurso de protección.

Expone el marco normativo que rige a las cajas de compensación de asignación familiar en materia de subsidios por incapacidad laboral, señalando que se encuentran sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social. Indica que los requisitos habilitantes para el pago del subsidio, conforme a los artículos 4° y 6° del DFL N° 44, son: seis meses de afiliación a un régimen previsional, al menos tres meses de cotizaciones en ese lapso, licencia médica autorizada por la Compin y vigencia de la relación laboral.

Informa que tramitó ante la Compin de Antofagasta las licencias médicas de la recurrente por el período comprendido entre el 16 de junio de 2025 y el 8 de febrero de 2026. Una vez autorizadas las licencias maternales N° 3-121524539 y N° 3-123067562, procedió a calcular los subsidios correspondientes de acuerdo al Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Libro III, utilizando como base de cálculo el monto diario de $19.889,23. Señala que, efectuado el recálculo solicitado por la recurrente, se generó un saldo a su favor por la suma de $5.799.404, el cual fue pagado el 18 de diciembre de 2025 a través del sistema de Convenio Empresa, es decir, por conducto de Fundación Integra. Precisa que la licencia postnatal N° 3-123067562 mantiene pendiente de pago una cuota correspondiente al período del 1 al 8 de febrero de 2026, con fecha probable de pago el 6 de febrero del mismo año, bajo el mismo sistema de pago delegado.

Solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario de su parte en relación con los hechos expuestos.

CUARTO: Que evacúa informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región de Antofagasta, quien señala que la recurrente, nombre reservado, se encuentra afiliada al sistema previsional de Fonasa y ha interpuesto la presente acción debido al impago de la licencia médica postnatal por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

En cuanto a los antecedentes de las licencias involucradas, informa que se trata de dos instrumentos tramitados ante esa Comisión: la primera, Folio N°3-121524539, correspondiente a licencia prenatal por 42 días, desde el 23 de julio al 2 de septiembre de 2025, autorizada el 19 de agosto de 2025; y la segunda, Folio N°3-123067562, correspondiente a licencia postnatal por 84 días, desde el 25 de agosto al 16 de noviembre de 2025, autorizada el 8 de septiembre de 2025.

Expone que Compin ha dado estricto cumplimiento a los plazos establecidos en el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas. Asimismo, hace presente que, conforme a dicha normativa y a los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, las cajas de compensación de asignación familiar están habilitadas para recepcionar, calcular y pagar las licencias médicas de los trabajadores dependientes afiliados a Fonasa cuyos empleadores se encuentren adscritos a ellas, situación que concurre en la especie, toda vez que el empleador de la recurrente se encuentra adscrito a la CCAF Los Andes. En consecuencia, corresponde a dicha entidad verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el pago del subsidio por incapacidad laboral, particularmente los establecidos en el artículo 4 del DFL N°44 de 1978, esto es, afiliación mínima de seis meses y noventa días de cotizaciones dentro de los ciento ochenta días anteriores al inicio de la licencia.

Añade que la función de Compin se limita a la autorización técnica de las licencias, actuando como órgano fiscalizador y garante de la fe pública, sin que le corresponda intervenir en el cálculo ni en el pago del subsidio.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido a esa Comisión Médica, acompañando para tales efectos el maestro de licencias médicas del año 2025 y las resoluciones de las licencias referidas en el recurso.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la recurrente dirige su acción en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, imputándoles la omisión ilegal y arbitraria consistente en el no pago de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes a sus licencias médicas prenatal y postnatal de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, no obstante encontrarse dichos subsidios pagados por la caja de compensación a la fundación en virtud del convenio de pago delegado vigente entre ambas instituciones, ascendiendo la suma reclamada a $5.799.404.

OCTAVO: Que no existe controversia respecto de que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes aprobó el recálculo de los subsidios por incapacidad laboral de la recurrente, determinando un saldo a su favor ascendente a $5.799.404, y que dicho monto fue pagado el 18 de diciembre de 2025 a través del sistema de convenio empresa, esto es, transferido a Fundación Integra para su entrega a la trabajadora. Sin embargo, sí existe controversia acerca de si dicha suma fue efectivamente traspasada por la Fundación a la recurrente. En efecto, mientras la informante Fundación Integra sostiene que no adeuda suma alguna a la trabajadora por concepto de subsidios, argumentando que al practicar la cuadratura global de anticipos otorgados y subsidios reembolsados desde el año 2017, arroja un saldo negativo de $847.252 en contra de la recurrente —derivado de licencias médicas reducidas o rechazadas en períodos anteriores—, la caja de compensación acredita documentalmente haber transferido el monto de $5.799.404 al empleador en diciembre de 2025. Esta situación impide determinar, en el marco sumario del presente recurso, si la fundación procedió a aplicar el monto recibido a una compensación de deudas pretéritas, si existía fundamento para ello, y cuál es el saldo definitivo que eventualmente correspondería a la recurrente, todo lo cual exige el análisis pormenorizado de una cuadratura contable que comprende múltiples licencias médicas con diverso estado de tramitación a lo largo de varios años, materias de innegable complejidad probatoria.

NOVENO: Que, como ya se adelantó, el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, constituye un arbitrio destinado a brindar tutela respecto de derechos indubitados y no discutidos; de modo que no es posible, a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento que dirima la existencia, extensión o cuantía del derecho invocado, ni en general resolver materias cuyo fallo requiere de discusión y tramitación en juicio de lato conocimiento.

Por todo lo anterior, conforme con la información proporcionada y al grado de conocimiento que permite este tipo de acción constitucional, no se logra determinar con la certeza que esta vía exige la existencia de una afectación manifiesta de los derechos fundamentales de la recurrente, toda vez que los antecedentes arrimados al proceso revelan una controversia de carácter laboral y contable relativa a la regularización de anticipos de subsidios por incapacidad laboral, cuya resolución exige el análisis detallado de registros históricos, revisión de cálculos complejos y discusión probatoria que resultan incompatibles con la tramitación sumaria del recurso de protección. Cualquier ahondamiento sobre este punto debe ser complementado por otros antecedentes que no es posible materializar en este tipo de procedimiento, debiendo ser conocidas mediante las acciones ordinarias y especiales que correspondan.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Soraya Muñoz Pérez, en representación de nombre reservado, en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 58-2026 (Protección)

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