nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Antofagasta, a uno de abril del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, representado por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los números 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que es de nacionalidad venezolana, y solicitó la devolución de sus fondos previsionales a través del portal de la AFP, siendo notificado del rechazo bajo el argumento de que el certificado de afiliación a la seguridad social de su país de origen no cumplía con los requisitos exigidos, particularmente por no encontrarse vigente o debidamente validado según los criterios de la administradora.

Sostiene que tal decisión desconoce la normativa especial contenida en la Ley N° 18.156, la cual establece que los trabajadores técnicos extranjeros pueden eximirse de cotizar en Chile y, en caso de haber efectuado cotizaciones, solicitar su devolución, siempre que se encuentren afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación. En ese contexto, afirma haber cumplido íntegramente con dichos requisitos, acompañando certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente apostillado y además verificable mediante un sistema electrónico con código alfanumérico, lo que permite corroborar su autenticidad en línea.

Agrega que la recurrida ha incurrido en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, al exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley, tales como una determinada vigencia del certificado o su validación mediante mecanismos que resultan de difícil o imposible cumplimiento, especialmente considerando la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide la obtención de ciertos documentos consulares. En tal sentido, sostiene que la constancia electrónica acompañada es plenamente válida, por cuanto emana de una autoridad competente, contiene mecanismos de verificación y puede ser comprobada directamente en el sitio web oficial del organismo emisor.

Asimismo, indica que otras administradoras de fondos de pensiones han aceptado este mismo tipo de documentación mediante su verificación electrónica, lo que evidencia un trato desigual por parte de la recurrida, quien no solo omitió verificar los antecedentes aportados, sino que además rechazó la solicitud sin una motivación suficiente, incurriendo en una actuación arbitraria. De este modo, estima que se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, así como su derecho a la igualdad ante la ley, al imponerle exigencias no previstas legalmente y distintas a las aplicadas en casos análogos.

En cuanto a la procedencia del recurso, señala que la acción ha sido deducida dentro del plazo legal de treinta días desde la notificación del acto impugnado, configurándose una actuación que perturba el legítimo ejercicio de derechos fundamentales protegidos por el artículo 20 de la Constitución. Precisa que el acto recurrido es ilegal por contravenir la normativa aplicable, y arbitrario por carecer de razonabilidad y fundamento suficiente, al incorporar requisitos no contemplados en la ley.

Desde el punto de vista jurídico, argumenta que la Ley N°18.156 no exige formalidades adicionales para acreditar la afiliación al sistema previsional extranjero, bastando con que esta exista y pueda ser demostrada por medios idóneos, lo que en la especie se cumple mediante la documentación acompañada y su verificación electrónica. Añade que exigir requisitos adicionales vulnera también el artículo 19 N°26 de la Constitución, en cuanto impide el ejercicio del derecho en su esencia mediante condiciones no establecidas por el legislador. Refuerza su argumentación citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, ordenando que se tenga por válida la documentación acompañada, se emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y procediendo a la devolución de los fondos previsionales, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

SEGUNDO: Que, informó Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse de una materia de lato conocimiento que requiere debate probatorio y contradictorio, destacando que esta acción constitucional tiene un carácter urgente y cautelar, destinada únicamente a restablecer el imperio del derecho frente a vulneraciones evidentes de garantías fundamentales, lo que no ocurre en la especie, toda vez que el derecho invocado por la parte recurrente es de carácter discutido o dubitado, al pretender el reconocimiento de un derecho a la devolución de fondos previsionales cuya procedencia depende del cumplimiento de requisitos legales cuya verificación resulta controvertida.

En cuanto a los hechos, reconoce haber rechazado la solicitud del actor de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, fundada en el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio excepcional. En efecto, señala que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada, documentos que no cumplen con las exigencias legales, por carecer de firma, no estar apostillados o legalizados, y no acreditar de manera específica la cobertura previsional en el extranjero durante todo el período de prestación de servicios en Chile, conforme lo exige la normativa y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, la cual ha establecido que solo las certificaciones emanadas de la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizadas y que acrediten cobertura integral en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, constituyen medios idóneos para tales efectos, descartándose expresamente el valor probatorio de constancias genéricas o declaraciones juradas del propio afiliado.

Asimismo, indica que el recurrente habría incurrido en manifestaciones contradictorias respecto de su afiliación previsional, al haber cotizado en Chile mientras alegaba mantener afiliación en su país de origen, lo que, conforme a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones y de los tribunales superiores, impide tener por cumplidos los requisitos de la Ley N° 18.156, en particular la exigencia de manifestar inequívocamente la voluntad de mantenerse afiliado al sistema extranjero desde el inicio de la relación laboral. A ello se suma que el actor cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que, según ha señalado la jurisprudencia, refuerza la improcedencia de la devolución de fondos, atendido el riesgo de que, en el futuro, el Estado deba financiar prestaciones previsionales con cargo a recursos fiscales, desnaturalizando el carácter excepcional de la normativa aplicable.

Luego, la recurrida desarrolla extensamente el marco normativo aplicable, destacando que el sistema previsional chileno, regulado por el Decreto Ley N° 3.500, establece que los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual tienen un destino único y exclusivo, consistente en el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, estando las Administradoras de Fondos de Pensiones legalmente impedidas de otorgar beneficios distintos a los expresamente contemplados en la ley, salvo las excepciones estrictamente reguladas, como la contenida en la Ley N° 18.156, cuya aplicación es de carácter restrictivo por tratarse de una excepción a la regla general de obligatoriedad de cotizar en el sistema chileno. En este sentido, enfatiza que dicha ley permite la exención de cotizar o la devolución de fondos a técnicos extranjeros únicamente si concurren copulativamente los requisitos de acreditar su calidad de técnico, demostrar afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura integral y haber manifestado expresamente en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que en el caso de autos no se encuentran acreditados.

Sobre la base de lo anterior, afirma que su actuación se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo facultado para interpretar y dictar normas obligatorias en la materia, por lo que no puede calificarse como ilegal ni arbitraria, conclusión que ha sido reiteradamente respaldada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, las cuales han rechazado acciones de protección en casos análogos, señalando que la negativa de las AFP a devolver fondos previsionales en ausencia de los requisitos legales constituye una aplicación correcta de la ley y no vulnera el derecho de propiedad de los afiliados, en tanto este derecho se ejerce dentro del marco regulatorio del sistema de capitalización individual.

Concluye sosteniendo que no existe un acto ilegal o arbitrario, no se ha causado agravio alguno al recurrente y no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por tratarse de una acción improcedente tanto en la forma como en el fondo.

TERCERO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo informa que el recurrente no registra reclamos previos ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la acción, careciendo por tanto de antecedentes administrativos directos sobre la controversia.

En lo relativo al derecho aplicable, desarrolla extensamente el marco normativo contenido en la Ley N°18.156, destacando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de carácter excepcional, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, indica que el artículo 7° de la misma ley permite la devolución de fondos previsionales sólo si se acreditan dichos requisitos, enfatizando que, por tratarse de una norma de excepción, debe interpretarse de manera restrictiva. En ese sentido, la Superintendencia señala que su jurisprudencia administrativa ha sido uniforme en exigir que el trabajador extranjero acredite una cobertura previsional efectiva, integral y continua durante todo el período en que prestó servicios en Chile, la cual debe ser certificada por la autoridad competente del país de origen, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias, y no meramente acreditada mediante documentos genéricos o cartolas de cotizaciones.

Precisa que para efectos de acreditar la cobertura previsional exigida por la ley, no basta la presentación de documentos que describan de manera general el sistema previsional extranjero o que den cuenta de cotizaciones aisladas, sino que se requiere una certificación específica que acredite que el trabajador ha contado efectivamente con protección frente a todas las contingencias señaladas por la norma, durante todo el período laboral en Chile, documento que debe emanar de la autoridad previsional competente y encontrarse debidamente legalizado o apostillado conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya. Asimismo, indica que excepcionalmente se han aceptado certificaciones emitidas por embajadas o consulados extranjeros, siempre que conste expresamente que actúan en representación de la autoridad previsional respectiva, lo que en el caso de Venezuela era posible antes del cierre de su representación diplomática en Chile.

Aplicando lo anterior al caso concreto, la Superintendencia concluye que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el recurrente no cumple con los requisitos legales exigidos, por cuanto no se encuentra firmada ni apostillada por la autoridad competente del país de origen, careciendo por tanto de valor probatorio en Chile, y no acreditando de manera específica la cobertura previsional integral exigida por la ley, limitándose a señalar de forma genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano. Agrega que la declaración jurada otorgada ante notario público chileno tampoco resulta idónea para acreditar dicha circunstancia, puesto que no puede sustituir la certificación emitida por la autoridad extranjera competente, ni el requisito de apostilla, siendo irrelevante que dicha declaración haya sido apostillada en Chile, ya que ello sólo autentica su otorgamiento ante ministro de fe, pero no su contenido ni la veracidad de la situación previsional alegada.

Finalmente, cita de jurisprudencia administrativa y judicial, tanto de la Corte Suprema como de diversas Cortes de Apelaciones, las cuales han resuelto en forma reiterada que la falta de apostilla o legalización de documentos extranjeros impide tener por acreditados los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, no configurándose en tales casos un actuar ilegal o arbitrario por parte de las AFP al rechazar las solicitudes de devolución de fondos previsionales.

Concluye sosteniendo que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado susceptible de ser protegido por la vía cautelar del recurso de protección, toda vez que el cumplimiento de los requisitos legales se encuentra controvertido y requiere un análisis que excede el ámbito de dicha acción constitucional.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Provida S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación acompañada no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni comprende las prestaciones médica ni pecuniarias, no siendo suficiente que el documento señale en forma genérica las coberturas, además que tampoco se encuentra apostillada o legalizada.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrida relativa a que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse —a su juicio— de una materia de lato conocimiento que requiere debate probatorio y contradictorio, atendido el carácter cautelar de esta acción, cabe señalar que, si bien el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el ejercicio de garantías fundamentales, su procedencia no se ve excluida por la sola circunstancia de que los hechos puedan resultar controvertidos o de que existan otras vías jurisdiccionales para discutirlos.

Que, en este sentido, la determinación de si el acto impugnado reviste o no el carácter de ilegal o arbitrario, así como la suficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar los requisitos legales que habilitan el ejercicio del derecho que se reclama, constituye una cuestión que dice relación con el fondo del asunto y no con la procedencia formal de la acción intentada, motivo por el cual la alegación de improcedencia de la vía será desestimada en esta etapa, sin perjuicio de lo que se resolverá al analizar el mérito de los antecedentes.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

NOVENO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

DÉCIMO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por la recurrente, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco la declaración jurada adjunta.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por el actor, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 574-2026 (Protección)

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